NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL – CURSO DERECHO A LA SALUD

Introducción al derecho a la salud  el Nuevo Código Civil y Comercial.- Este es curso introductorio donde se brindara las principios nuevo codigo civilgenerables del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, enfatizando los institutos que pertenecen a la disciplina de
los Derecho a la Salud  y Discapacidad. Concepto de salud en el nuevo código. Naturaleza y rasgos generales. Estructura de derechos que implica. Capacidad en materia de salud. Distintas categorías.- Es Gratis para los primeros 20 en anotarse, suscribite Comienza el 20 de Agosto del 2015.-

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OTROS CURSOS INFORMATIVOS SOBRE EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO:
El Nuevo Código no es solo en cambio de visión sino directamente un cambio de paradigma, que modificará la percepción de todo el sistema jurídico y que afectará el sistema social, económico, político y cultural existente.El nuevo Codigo Civil y Comercial unificado es un hecho historico, como lo fue también el adelantado Código de Velez, y cambiara asimismo la vida de los ciudadanos.-
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Ampliación de la ley de Diabetes.Decreto 1286/2014.-

-Ampliación de la ley de Diabetes-

La norma garantiza la cobertura del 100% de los medicamentos y reactivos de diagnóstico a todos los que padecen esta enfermedad. Las obras sociales y entidades de medicina prepaga deberán ponerla en práctica.

La diabetes ya alcanza al 11% de los adultos en la Argentina, según indica un estudio que se hizo en el país.-

Mediante el decreto 1286/2014 que fue publicado en el Boletín Oficial el 8 de agosto pasado, se determinó que “el aprovisionamiento de medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol será financiado por las vías habituales de la Seguridad Social y los sistemas de medicina privada para cubrir las necesidades de los pacientes”.En el escrito se determinó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se ocuparán de “la cobertura a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social”.”La diabetes constituye el tercer factor de riesgo en importancia como causa de muerte a nivel global y el octavo en relación con la pérdida de años de vida ajustados por discapacidad”, según se indicó en los considerandos del proyecto.

En el mismo dice además que, “la correcta detección de la diabetes y su adecuado control son de suma importancia para evitar o retrasar las complicaciones de la misma y mejorar la calidad de vida de las personas que presentan esta enfermedad”.

En su primer artículo, la reglamentación indica que, “el Ministerio de Salud acordará, a través de las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las medidas necesarias para garantizar a los pacientes con diabetes el aprovisionamiento de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol que se estimen como elementos indispensables para un tratamiento adecuado”.

“El aprovisionamiento de medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol será financiado por las vías habituales de la Seguridad Social y los sistemas de medicina privada para cubrir las necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos, quedando a cargo de los gobiernos de las distintas jurisdicciones la cobertura a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social”, agrega la reglamentación.

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 23.753 y sus modificatorias

ARTICULO 1°.- El MINISTERIO DE SALUD acordará, a través de las autoridades
sanitarias de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las medidas necesarias para garantizar a los pacientes con diabetes el
aprovisionamiento de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol que
se estimen como elementos indispensables para un tratamiento adecuado, según lo que
se establezca en las Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos a aprobarse
acorde el artículo 5° de la Ley N° 23.753 y sus modificatorias. El aprovisionamiento de
medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol será financiado por las vías
habituales de la Seguridad Social y los sistemas de medicina privada para cubrir las
necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos, quedando a cargo de los
gobiernos de las distintas jurisdicciones la cobertura a aquellos pacientes carentes de
recursos y de cobertura médico social.
El MINISTERIO DE SALUD instará a las jurisdicciones a que en previsión de
situaciones de emergencia que afecten la cadena de producción, distribución o
dispensación de medicamentos y reactivos de diagnóstico, establezcan las medidas de
excepción que resulten necesarias.
ARTICULO 2°.- SIN REGLAMENTAR
ARTICULO 3°.- Se considerarán Juntas Médicas Especializadas, en los términos del
artículo 3° de la Ley N° 23.753 y sus modificatorias, a las comisiones médicas creadas
por la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias.
ARTICULO 4°.- El MINISTERIO DE SALUD constituirá en su ámbito comisiones
médicas para intervenir en cualquier controversia de las previstas en el artículo 4° de la
Ley N° 23.753 y sus modificatorias.
ARTICULO 5°.- El MINISTERIO DE SALUD elaborará en los plazos fijados por la
Ley N° 23.753 y sus modificatorias las Normas de Provisión de Medicamentos e
Insumos. En las mismas se establecerán los medicamentos e insumos de cobertura y sus
modalidades, acorde el tipo de diabetes y el esquema terapéutico recomendado.
Todos los Agentes del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD
enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, las Entidades de Medicina Prepaga
(Ley N° 26.682), el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (Ley N° 19.032), la OBRA SOCIAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACION, la DIRECCION DE AYUDA SOCIAL PARA EL
PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION, el INSTITUTO DE OBRA
SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS y las OBRAS SOCIALES
UNIVERSITARIAS (Ley N° 24.741) deberán garantizar la cobertura del CIEN POR
CIENTO (100%) de todos aquellos medicamentos y reactivos de diagnósticos para
autocontrol autorizados. Al momento de la prescripción, los profesionales médicos

Corte Suprema de Justicia de la Nación . AMPARO VS IOSPER

Partes: Q. V. s/ su presentación   Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación   Fecha: 23-feb-2012

Procuración General dela Nación

-I-

El Tribunal Superior de Justicia de la Provinciade Entre Ríos, en lo que interesa, hizo lugar a la apelación dedúcida por el Instituto de Obra Social de la Provinciade Entre Ríos (IOSPER) y, en consecuencia, rechazó el amparo promovido por la actora. Alegó, para asi resolver, que el reclamo fue deducido cuando ya habían transcurrido los treinta días previstos en el artículo 3°. inciso c) , de la ley local n° 8.369. Agregó que las presentaciones impetradas ‘por el Defensor de Pobres y Menores carecen de efecto suspensivo respecto del plazo de caducidad legal, más aun, cuando no se alegó una razón de urgencia que afecte en manera inminente y grave la salud de la peticionaria (cfse. Is. 56164 y 92/94 del expediente principal).

Contra el pronunciamiento la actora dedujo, in forma pauperis, recurso extraordinario, que fue denegado por carecer de fundamentación autónoma, de tema federal y de gravedad extrema, dando origen a la presentación en estudio (fs. 102, 107/111, 113/116 Y 121/123 y fs. 16 y 36/41 del cuaderno respectivo).

– II –

La amparista impugnó, in forma pauperis, la decisión del tribunal a qua por injusta y arbitraria (v. fs.102).

Por intermedio del representante del Ministerio Público dela Defensahizo hincapié en el perjuicio irreparable que el fallo irroga al derecho a la salud, intimamente vinculado con el derecho a la vida, y en la seria afectaciqn de la defensa en juicio y el debido proceso.

Con cita de las Reglas de Brasilia, resaltó la condición de vulnerabilidad de la parte que, además de discapacitada, carece de medios económicos y es mujer -reglas 3,7,8, 15, 16, 17 y 20-, condición que no ignoraba la demandada puesto que la amparista, como ex-afiliada dela Obra Social, fue atendida e intervenida quirúrgicamente, en reiteradas ocasiones, en el marco asistencial provisto porla Inslitución.

Denunció apartamiento de la solución legal, falta de fundamentación y discriminación, con apoyo en los articulas 75, inciso 22 , dela Constitución Nacionaly 19 y 21 dela Constituciónprovincial, referentes a la protección integral de la salud, de la familia y de las personas con discapacidad y a la igualdad de oportunidades.

 

Dijo que la condición de la actora, además de suficientemente probada, fue reconocida por el IOSPER al denegar la reafíliación con sustento en la preexistencia de una patología (resol.n° 1.061/95), extremo que vulnera normas locales, nacionales (leyes nº 9.891, 24.091 y 26.378) e internacionales (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Pacto de San José de Costa Rica ; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos ; etc.).

Subrayó que la demora en iniciar la acción se enmarca en la situación de la actora, discapacitada, sin recursos económicos, habitante de una pequeña localidad de provincia y falta de información para defender sus derechos y determinar su plan de vida, por lo que no debe tomarse como un incumplimiento sino como una consecuencia de la situación de la que es victima, a lo que se agrega que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta persiste a la fecha (v. fs. 107/111).

 

A fojas 16 de la presentación arribada a estudio, por su parte, la actora reitera -por si- su petición ante V.E., mientras que a fojas 20, tras disponer la reconstrucción del expediente extraviado (fs. 17), se confiere vista de las actuaciones al Sr. Defensor Oficial antela Corte, quien asume su Intervención en el marco de los artículos 60, inciso a) , de la ley n° 24.946; 21 del decreto-ley n° 1285/58, redacción según ley nº 26.183 , y 12 dela Acordada CSJNn° 04/2007 .

 

Sostiene el Sr. Defensor Oficial, en suma, que lo resuelto por el a qua compromete la interpretación dé normas que integran el bloque de constitucionalidad federal, particularrnente, en lo relacionado con los derechos a la salud y a la vida y con el principio de efectividad de los instrumentos procesales dirigidos a garantizarla Vigenciade los derechos humanos (fs. 36/41 del cuaderno respectivo).

 

– III –

 

La actora, por intermedio del Defensor de Pobres y Menores, promovió demanda de amparo contra el IOSPER. Delegación Diamante, peticionando la incorporación a la entidad en condición de “hijo mayor de edad de titular obligatorio” (su progenitora). Adujo que formó parte de la obra social como “afiliado hijo menor de edad” y, luego, como “afiliado estudiante” hasta cumplir los veinticinco años. y que cuando pidió su inclusión voluntaria fue rechazada por portar una patologia preexistente (hidrocefalia). Dicho padecimiento -acotó- le generó una incapacidad permanente y condujo a reiteradas intervenciones quirúrgicas que la tornaron ‘válvulo dependiente” Objetó la resolución IOSPER 1.061/95 (v. fs. 48), que veda la afiliación voluntaria en los casos de enfermedades de origen congénito y/o preexistente (cfr. fs 17/36 del principal) .

 

El lnstituto de Obra Social dela Provinciade Entre Ríos, a su turno alegó la caducidad del amparo con base en que fue deducido más de cuatro meses después de notificada la negativa de la afiliación. Sumó a ello que la resolución IOSPER n° 1.061/95. para preservar el equilibrio prestacional respecto de los afiliados naturales, veda la adhesión voluntaria en el caso de que medie, como aqui, una dolencia preexistente. Expuso que atalie al Estado, no al IOSPER, garantizar que la actora goce de un adecuado acceso al servicio de salud y que es facultad de toda obra social reglamentar lo vinculado con las coberturas no obligatorias (v. fs 49/54).

 

El juez de grado, por su parte, acogió la pretensión y condenó al Instituto a incorporar a la amparista en calidad de “afiliado adherente hijo mayor de edad” de la titular de la afiliación (su madre). Para asi decidir, con cita -entre otros- de Fallos: 330:4647, arguyó que no se contiende que la actora fue afiliada al IOSPER como adherente de su madre (hija menor. hasta los 21. y estudiante, hasta los 25 años) ni que desde su nacimiento padece una hidrocefalia por bloqueo del espacio subaracnoideo. Tampoco se discute -dijo- que se le han colocado diversas válvulas neonatales, a punto tal de ser un paciente válvula dependiente, ni que sufre una minusvalia permanente y parcial. En ese marco, añadió. ellOSPER no puede abstenerse de incorporar a un familiar del grupo primario de un afiliado obligatorio, por portar una patologia previa. pues ello contradice el principio de protección y asistencia integral de la discapacidad asumido por el Estado Nacional como política del pais. Consideró irrazonable, por último, imponer a la actora que acuda a los servicios públicos de salud cuando le resulta posible al IOSPER prestar la cobertura -como lo hizo durante veinte años- y dada la urgencia explicitada en el litigio (fs. 56/64).

 

Apelada la decisión por la accionada, fue revocada por el a qua, extremo que. en definitiva. dio lugar a la presentación en estudio (fs. 70, 78/81. 85 Y 92/94 del expte. principal).

 

-IV-

 

Emerge de las actuaciones que la peticionaria, nacida el 28/04/80 en la localidad de Diamante (Pcia. de Entré Ríos), gozó de los beneficios asistenciales del Instituto de Obra Social dela Provincia-desde 1985 y hasta que cumplió veinticinco años de edad, en 2005- como integrante del Ilúcleo familiar primario de la titular de la afiliación (su progenitora, empleada provincial).

 

También surge que el 10/06/08 la madre de la amparista solicitó el alta de su hija ante el IOSPER como “adherente hijo mayor de titular forzoso”, la que fue negada el 30/06/08 por la presencia de una enfermedad preexistente, todo lo cual se expuso en una presentación antela Defensoria Oficial, con énfasis en que la interesada directa carecía de Obra Social desde abril de 2005. presentación que la propia actora reiteró el 23/10/08 (cfr. fs. 2/6. 9 y 10).

 

Habiendo requerido, a su turno, el Sr. Defensor Oficial la reafiliación de la pretensora en el IOSPER mediante los oficios nº 283, 393 y 396, del 12/8/08 y 31/10/08, el resultado fue negallvo (v. fs.7/8 Y 13/16) Cabe destacar que a fojas 11 del principal obra un informe médico que expone que la actora sufrió una hemorragia perinatal por premadurez que desencadenó una “hidrocefalia secundaria por bloqueo del espacio subaracnoideo” y que desde esa época ha necesitado distintas intervenciones quirúrgicas para la colocación de válvulas neo natales que la tornan una persona válvula dependiente. Dice, además, el informe que su vida es ajustada a la edad, que fue apoyada en la niñez y adolescencia por retraso en la maduración psico- motriz y que, en la actualidad, tiene una válvula de derivación ventrículo perítoneal de la que depende su vida (informe del 03/09/08).

 

A fojas 12, por últímo, obra un informe médico forense que expone que el padecimiento de la accionante es grave y que, si bien puede realizar una vida casi normal. es una persona discapacitada para una serie de actividades, pues su vida depende del buen funcionamiento de la válvula que le fue implantada, pudiendo exigir, en caso de obstrucción. urgente atención médicc peligrando su vida de no recibirla. Agrega que la minusvalía resulta permanente y que no existe posibilidad de recuperación plena de la salud, al ser dependiente valvular de por vida (informe del 12/11/08).

 

Con fecha 29/11J08,presentado en la carta-poder otorgada el 10/11/08. el Sr. Defensor Oficial promovió la presente demanda de amparo e inconstítucionalidad (v fs. 1 y 17/36) –

 

-V-

 

Ante todo, coincido con la representante del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y con el Sr. Defensor Oficial antela Corteen orden a que la presentación de fojas 102 y 107/111 satisface los recaudos mínimos exigibles para su admisión formal ante V.E. y por tanto, estimo que fue erróneamente desestimada por el a q ua (v. fs.113/116 del principal y 36/41 del cuaderno respectivo).

 

Ello es así, singularmente a la luz de los intereses en juego, explicitados en ocasión de reclamar y posteriormente (v. fs. 17/36 y 107/111), yen el marco de la doctrina de V.E. que descalifica el excesivo ritualismo, en particular, cuando se hallan comprometidos derechos constitucionales como la vida y la salud (cfr. Fallos: 327:5210; 329: 1226 ; 330:4647: 332:1200 : 333:380 y sus citas; etc.).

 

Por lo demás, y si bien no se trata estrictamente de una presentación in fonna paupeJis, es decir, de la petición recursiva informal suscripta por una persona privada de su libertad, con posterior asistencia letrada (cfse, Fallos: 310:492, 1934; 314:1163, 1909; 315:2984 y 318:674 ), no cabe dudar aquí de la voluntad impugnativa de la aclara, asistida, más tarde, por los representantes del Ministerio Público (efr fs, 102 y 107/111 del principal y 16 y 36/41 del cuaderno respectivo), ni de la difícil situaCión en la que se encuentra, como lo puso de resalto el Sr, Defensor General interino dela Provinciaa fojas 107 y vta, (cf. Fallos: 320 1824 y sus citas: etc,), El Superior Tribunal de Entre Ríos, vale anotarlo, confirió a la diligencia de fojas 102 el tratamiento de una presentación recursiva in forma pauperis (cfr, fs, 103, 106, 112,118 Y 121, punto 1), con arreglo a un temperamento que no fue objetado por el lOSPER ni por el Ministerio Fiscal (fs, 104 y 118/20 y fs, 113/116), y más allá de la crítica a la “insólita actitud’ y “reprochable maniobra” del Defensor Oficial en el sentido de requerir la notificación personal de la actora para “forzar un recurso in pauperis’ -cuestión encuadrable, en su caso, en un marco disciplinario-, lo cierto es que la alzada no imputó al planteo defeclos formales o temporales sino, más tarde, una fundamentación Insuficiente (v, fs, 98/100, 101vta” 102,121 vta.items IV y V y 123 ítem VI), Cabe recordar que el reglamento establecido por medio dela Acordada CSJNnº 04/2007, ,no se aplicará a los recursos interpuestos in forma pauperis” (cfse, art, 12),

 

A lo dicho se suma que, en palabras de VE, la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, ‘por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado rigor formal. o no se exhibiese como derivación razonada del derecho aplicable”, La alegada urgencia en el restablecimiento de lo solicitado (fs, 11/12) y el hecho no discutido de que el IOSPER negó el pedida de la actora, ponen de manifiesto que el fallo irroga a esa parte agravios de difícil o improbable reparación posterior (Fallos: 330:4647 y sus citas, entre otros),

 

– VI –

 

Sentado lo anterior y en cuanto al argumento esgrimido por la a qua con apoyo en el articulo 3º inciso e) , de la ley n° 8.369 (caducidad del plazo). corresponde decir que preceptos como el mencionado no constituyen un escollo insalvable a lo requerido en la medida en que con la acción incoada se denuncia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, originada antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo ulterior (v. Fallos: 329:4918 , etc.).

 

Se suma a ello que, si bien en el marco de supuestos fácticos distintos, pero vinculados a la cobertura de prestaciones de salud. VE ha interpretado que toca a los jueces buscar solución, que se avengan ccn la urgencia que conlleva este tipo de pedidos. para lo cual deben encauzar los trámites por las vias expeditivas e impedir que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela constitucional, lo cual se produciria si el reclamo tuviera que aguardar al inicIo de un nuevo proceso (cl. Fallos 327:2127: 329:4918:330:4647:331 :563; etc.).

 

En ese plano, la sentencia que rechazó el amparo no apreció. como es menester la cuestión que la accionante llevó para su consideración dado que, desde que se dedujo el reclamo, la actora hizo saber de la necesidad de que le restablezcan la cobertura médica y se ocupó de acreditar la persistencia de sus problemas de salud e incapacidad, por lo que aquélla deviene “rbitraria y debe invalidarse judicialmente (Fallos 327:5373 : 330:5201 : entre otros).

 

Cabe añadir, por lo demás, que el IOSPER -persona juridica autárquica enmarcada en el Ministerio de Bienestar Social dela Provinciade Entre Ríos, a través de su Secretaría ce Salud Pública, cuyo titular, presupuesto, normativa, control, etc . determina el Ejecutivo y cuyas operaciones garantiza el Estado local (v. arts. 1,7,9 inc. e), 11 inc. g), 12 incs. a) b), k) y r). in fine, 14, 20, 27, 30 Y 32, ley local n° 5326)- se limitó a argüir condicionamientos presupuestarios y potestades privativas para justificar la no reafiliación de la accionante y a enfatizar la responsabilidad del Estado Provincial en estos casos a través de su red de hospitales oúblicos y de los restantes servicios de salud (cfr. fs. 52/53, ítems 8, 9 Y VI).

 

A la par de que con arreglo a la normativa reseñada en el párrafo que antecede resulta cuanto menos discutible la nítida ajenic1ad del IOSPER respecto del Estado local ha reiterado VE que el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida y reafirmado en los tratados internacionales (v. arto 75. incs. 22 y23, C.N.)- involucra no sólo a las autoridades públicas sino. también. en la medida de sus obligaciones, a las jurisdicciones locales. obras sociales y entes de medicina prepaga (cf. Fallos: 324:3569 ; 327:2127: 328: 1708 ; 329:2552: 330:4160 ; etc.).

 

En el supuesto, a mi ver.al cesar en la prestación de los beneficios de que disfrutaba la actora y llegarse a restablecerlos por la via de incorporarla como adherente voluntaria -hijo mayor de edad del titular obligatorio u otra categoria análoga- el Instituto faltó al compromiso que. como ente de la seguridad social. contrajo con su afiliada, al punto tal de comprometer sus derechos constitucionales (cfr. doctrina de Fallos 324:677; 327:5373; 330:3725: entre otros) y es que cabe tener presente, por de pronto, que la actora formó parte del IOSPER durante veinte años, periodo en el que fue asistida reiteradamente por la grave dolencia que la incapacita. En ese plano, la negativa del Instituto a su reafiliación onerosa so pretexto de la patología preexistente. además de preterir las dificultades de la reclamante de acceder en el futuro a una entidad similar dada su condición sanitaria. aparece presidida por el fin inadmisible de desentenderse de la continuidad del tratamiento de la dolencia (doctrina de Fallos: 324:677 y 325:677).

 

A lo dicho se añade que resulta aparente el argumento esgrimido por la demandada en punto a que la negativa a la reafiliación encuentra justificativo en un supuesto equilibrio económico-financiero de la entidad, toda vez que no se acreditó que la atención de los eventuales gastos de la actora pudiera traducirse en un gravamen patrimonial irreparable. máxime. cuando ella pasaría a tributar en condición autónoma, como afiliada voluntaria dela Obra Social(v. Fallos: 325:677; etc.).

 

– VII-

 

Por lo expresado, opino que corresponde hacer lugar a la presentación. dejar sin efecto la sentencia y restituir la causa al tribunal de origen. a sus efectos, o bien, de juzgarlo pertinente V. con ajuste al artículo 16 de la ley nº 48. expedirse sobre el fondo del asunto y condenar al lOSPER a la reafilíación de la actora.

 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011

 

MARTA A. BEIRO de GONÇALVEZ

 

Corte Suprema de Justicia dela Nación

 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012

 

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Q. V. en la causa Q., V. s/ su presentación”, para decidir sobre su procedencia.

 

Considerando:

 

Que las cuestiones planteadas encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.

 

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, segundo párrafo, de la ley 48, se condena a la demandada, Instituto de Obra Social dela Provinciade Entre Ríos (IOSPER), a reafiliar a la actora, señora V. Q.  Recaratúlese la presente como recurso de queja, agréguese al principal, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA.

 

ES COPIA

Competencia de Amparos contra Obras Sociales en Provincia de Buenos Aires

Mas alla de lo que establece la legislacion de amparo en la provincia de buenos aires, va a ir a la justicia civil y comercial federal de la jurisdiccion

En las jurisdicciones provinciales, será competente la Cámara Federal con jurisdicción en el domicilio del sancionado..

En el cono urbano bonaerense puede ir o a San Martin a La plata .

Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Provincia de Buenos Aires (GUEMES 3053 (1651) San Martin,Provincia de Buenos Aires, Tel.: 4753-8569/8669/8769/8869/8969/8721 4754-2097)

Compuesta por dos Salas (las que se dividen en tres secretarías, dos penales y una Civil)

Competencia por materia: múltiple excepto electoral y seguridad social

Competencia territorial: Provincia de Buenos Aires, Partidos: General San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Morón,La Matanza, Merlo, Moreno, Marcos Paz, Hurlingham e Ituzaingó, Alberti, Bragado, Carmen de Areco, Chivilcoy, General Rodriguez, Luján, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha.

Es alzada de los Juzgados Federales Civiles, Comerciales y Contencioso-Administrativo de San Martín Nº 1 y 2, Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº 1 y 2 , Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1 y 2 , Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 1 ,2 y 3, Mercedes, Campana y Caseros.

JUZGADOS FEDERALES con asiento en San Martín

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN
Guemes3053 (Calle 99) – SAN MARTIN – Tel.: 4753-8569 / 8669 / 8769
4753-8869 / 8969 / 8721 – FAX: 4754-2097SALA I – CÁMARA FEDERAL DE SAN MARTÍN
Güemes 3053 (Calle 99)- 2º Piso – San Martin – Tel.: 4753-8569 / 8669 / 8721
4753-8769 / 8869 / 8969
Fax: 754-2097
Secretaría Civil: 1º Piso – Tel.: Int. 154
Secretaría Penal Nº 1: 1º Piso – Tel.: Int. 152
Secretaría Penal Nº 3: Planta Baja – Tel.: Int. 151

SALA II – CÁMARA FEDERAL DE SAN MARTÍN
Güemes 3053 (Calle 99)- San Martín – Tel.: 4753-8569 / 8669 / 8721
4753-8769 / 8869 / 8969
Fax: 4754-2097
Secretaría Civil: 1º Piso – Tel.: nt. 154
Secretaría Penal Nº 2: Tel.: Int.150
Secretaría Penal Nº 4: Tel.: Int: 162

JUZGADO FED. EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE SAN MARTÍN Nº 1
Calle 85 (Ex – Bonifacini) Nº 1770 – Tel.: 4752-2094 / 1894
4753-4011 // 4755-4914
Receptoria: Planta Baja – Tel.: 4752-2094/1849 // 4753-4011
Secretaría Nº 1: 3º Piso – Tel.: 4753-4011
Secretaría Nº 2: 3º Piso – Tel.: 4752-1894
Secretaría Nº 3: 3º Piso – Tel.: 4752-2094
Secretaría Nº 4: 3º Piso – Tel.: 4752-1894

JUZGADO FED. EN LO CIVIL Y COM. Y CONT. ADM. DE SAN MARTÍN Nº 2
Calle 85 (Ex – Bonifacini) Nº 1770 (1650) – 3º Piso – San Martín – Tel.: 4752-1994
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Receptoria – Tel.: 4755-5974 / 1612
Secretaría Nº 1: 5º Piso – Tel.: 4755-5974
Secretaría Nº 2: 5º Piso – Tel.: 4755-1612
Secretaría Nº 3: 4º Piso – Tel.: 4755-1326
Secretaría Nº 4: 1º Piso – Tel.: 4755-5974

JUZGADO FED. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE SAN MARTÍN Nº 1
Calle 54 (Ex – Mitre) Nº 3527 – San Martín – Tel.: 4753-3551 // 4755-2828 // 4752-0296
Secretaría Nº 1: 2º Piso – Tel.: 4754-9224
Secretaría Nº 2: 1º Piso – Tel.: 4754-9225
Secretaría Nº 3: 1º Piso – Tel.: 4755-2828

JUZGADO FED. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE SAN MARTÍN Nº 2
Calle 91 (Ex – San Lorenzo) Nº 2374 – San Martín – Tel.: 4753-4677 / 4589 // 4713-4780 4755-5829
Secretaría Nº 4: Tel.: 4753-4589
Secretaría Nº 5: Tel.: 4713-4780
Secretaría Nº 6: Tel.: 4755-5829

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN Nº 1*
Villate Nº 2121 – (1636) – Olivos – Tel.: 4791-1880 // 4796-3022 // 4796- 3035 / 2208
Fiscalía: Tel.: 4718-1125

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN Nº 2**
Ugarte Nº 1735 – (1636) – Olivos – Tel.: 4794-6665 / 6444 / 6556 // 4790-1374
Fiscalía: Tel.: 4794-6644

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN Nº 3
Yapeyú Nº 1922 – San Martin – Tel.: 4752-1677 // 4755-5920
4713-2088
Fiscalía: San Lorenzo esq. Ballester – Tel.: 4764-5592

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN Nº 4
Calle 46 (Ex – Lincoln) Nº 391 – San Martín – Tel.: 4713-2521
Fiscalía: Calle 91 (Ex – San Lorenzo) Nº 904 PB. Esq. Int. Ballester – Tel.: 4764-5597

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN Nº 5
Calle 97 (Ex – Intendente Ballester) Nº 3853 – 1º Piso – San Martín – Tel.: 4738-3912 // 4738-8027
Fiscalía – Tel.: 4764-5603

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN
Calle 99 (ex – Güemes) Nº 3053 – San Martín – Tel.: 4753-8569 / 8669 / 8769
4753-8869 / 8969 / 8721
Fax: 4754-2097

Superintendencia:
Güemes 3053 – Planta Baja – Tel.: Int.158 / 155
Prosecretaría de Jurisprudencia y Menores
Güemes 3053 – 1° Piso – Tel.: Int: 141 / 177
Biblioteca: Güemes 3053 – 2º Piso – Tel.: Int.165
Intendencia: Güemes 3053 – Planta Baja – Tel.: Int. 181 / 183
Habilitación: Güemes 3053 – 2º Piso – Tel.: Int. 148
Ujiería: Güemes 3053 – 2º Piso – Tel.: Int. 138
Centro de Cómputos: Güemes 3053 – Planta Baja – Tel.: Int: 159

AMPARO EN SALUD. ESTUDIO JURIDICO DVA. ABOGADOS ZONA OESTE

Nueva ley de amparo para la provincia de Buenos Aires LEY 14192. Modificación de la ley 13928. Derogación de la ley 7166.

LEY 14192

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

 

LEY

 

ARTÍCULO 1º: Sustitúyense los artículos 4º, del Capítulo III; 5º, 6º, 7º, del Capítulo IV; 8º, del Capítulo V; 10 , 11, del Capítulo VI; 15, del Capítulo VII; 18 , 19, del Capítulo IX; 21, del Capítulo X; de la Ley 13.928, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

 

“Artículo 4º: Tienen legitimación para accionar por vía de amparo el Estado, y toda persona física o jurídica que se encuentre afectada en sus derechos o intereses individuales o de incidencia colectiva.

 

Artículo 5º: La acción de amparo tramitará según las reglas establecidas en la presente ley. La misma deberá deducirse dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada.

Dicho plazo no será interrumpido por intimaciones particulares o presentaciones en sede administrativa.

En el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas, el plazo comenzará a computarse respecto de cada uno de éstos.

 

Artículo 6º: La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:

1)      Nombre, apellido, razón o denominación social, domicilio real y constituido del accionante.

2)      La justificación de la personería invocada conforme las leyes en vigor.

3)      La individualización en lo posible, del autor del acto u omisión.

4)      La relación circunstanciada de los hechos, actos u omisiones que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía cuyo amparo se pretende.

5)      Ofrecimiento de toda prueba de la que intente valerse, adjuntando la que obrare en su poder.

6)      La petición, en términos claros y precisos.

Será admisible todo tipo de prueba que no se contraponga con los principios de celeridad y economía procesal.

 

Artículo 7°: En el caso de amparos de incidencia colectiva, la demanda tendrá que contener, además de lo establecido en el artículo anterior, la referencia específica de sus efectos comunes.

Respecto de los procesos sobre intereses individuales homogéneos, la pretensión deberá además de concentrarse en los efectos comunes, identificar un hecho único o complejo que cause la lesión; el interés individual no debe justificar la promoción de demandas individuales, y debe garantizarse una adecuada representación de todas las personas involucradas.

La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del mismo, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la debida notificación y publicidad del litigio y el planteo de cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo.

 

Artículo 8º: El Juez deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción inmediatamente.

Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el Juez mediante acto fundado la rechazará sin sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones.

En el caso de declarar la admisibilidad de amparos de incidencia colectiva, por cumplirse los extremos requeridos para la misma, el Juez deberá ordenar la inscripción de dicha causa en el Registro especial creado en la presente ley, que informará en el plazo de dos (2) días sobre la existencia de otras acciones que tengan un objeto similar o que estén referidas al mismo derecho o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial al mismo colectivo.

En caso de que del informe surgiere la existencia de otros juicios, la causa se remitirá al Juzgado que previno.

 

Artículo 10: Declarada la admisibilidad de la acción, el Juez deberá dar traslado de la demanda, si la acción de amparo hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión de autoridad pública o persona privada que afecten derechos individuales. La contestación de la demanda, deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días. El Juez está facultado para adecuar dicho plazo conforme la naturaleza de la cuestión planteada.

 

Artículo 11: Conjuntamente con el traslado previsto en el artículo anterior, el Juez de oficio o a pedido de parte podrá citar a audiencia simplificadora de prueba. La audiencia deberá realizarse dentro del plazo de diez (10) días.

En dicha audiencia el Juez, quien la presidirá personalmente bajo pena de nulidad, deberá:

1)      Invitar a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución del conflicto. Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas.

2)      Resolver sobre el levantamiento, sustitución o modificación de las medidas cautelares ordenadas.

3)      Proveer las pruebas que considere admisibles y pertinentes, las que deberán producirse dentro del término de cinco (5) días.

4)      En caso de que no sea necesaria la producción de prueba, pasar los autos a sentencia.

 

Artículo 15: La sentencia firme que hace cosa juzgada respecto del amparo individual o colectivo, deja subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.

En los procesos colectivos, la sentencia alcanza a todo el grupo de afectados, y será oponible al vencido en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción. En caso de rechazo de la acción, cualquier legitimado que no haya intervenido en el proceso podrá intentar la misma acción con idéntico objeto, si se valiera de nueva prueba y se encontrare dentro del plazo establecido para interponer la acción.

 

Artículo 18: Todos los términos son de carácter perentorio. El traslado de la demanda junto a la citación a la audiencia, la sentencia y el traslado del recurso de apelación se notificarán por cédula o personalmente.

 

Artículo 19: Las costas del proceso se impondrán al vencido. El Juez, en los casos de amparo colectivo, podrá además aplicar supletoriamente en materia de costas lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación de demanda, cesara el acto u omisión que motivó el amparo.

 

Artículo 21: Créase en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva, en el que se registrarán los procesos de dicha naturaleza, su objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas, y sentencias de todas sus instancias.

Este Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y organización estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.”

 

ARTÍCULO 2º: Incorpóranse como artículo 17 bis en el Capítulo VIII, como Capítulo XI, los artículos 22, 23, 24 y 25; y como Capítulo XII, el artículo 26, a la Ley 13.928, los siguientes:

 

“Artículo 17 bis: En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción.”

 

CAPÍTULO XI

Artículo 22: En este proceso no podrán articularse cuestiones previas, demandas reconvencionales ni incidentes. El Juez o Tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará todos los vicios e irregularidades del procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de esta vía, la vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación del procedimiento, el Juez o Tribunal interviniente, podrá ordenar allanamientos y solicitar el auxilio de la fuerza pública. En este juicio no procede la recusación sin causa, siendo deber inexorable del Juez excusarse “ex oficio” cuando se encontrare legalmente impedido para conocer.

 

Artículo 23: En cualquier estado de la instancia el Juez o Tribunal podrá ordenar a petición de parte o de oficio, medidas de no innovar, las que se cumplimentarán en forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación. En caso de hacerse lugar, el Juez o Tribunal podrá exigir la contracautela pertinente para responder de los daños que dichas medidas ocasionaren. La solicitud deberá resolverse en el mismo día de su presentación.

Cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte al servicio público o a la administración; podrá ser dejada sin efecto por el Juez o Tribunal, quien deberá declarar a cargo de la autoridad demandada o personalmente de los que la desempeñen, la responsabilidad de los perjuicios que se deriven de la ejecución.

 

Artículo 24: En los casos en que el órgano o agente de la administración pública requerido demorase maliciosamente, de manera ostensible o encubierta, negare o en alguna forma obstaculizare la sustanciación de la acción, el Juez o Tribunal ordenará pasar las actuaciones a la justicia competente a los fines previstos en el Código Penal.

 

Artículo 25: Será de aplicación supletoria, en tanto no contraríe la operatividad de esta garantía constitucional, lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Los jueces están facultados para acelerar el trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

 

CAPÍTULO XII

 

Artículo 26: Derógase la Ley 7.166 (T. O. según Decreto 1067/95)”.

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.

 

AMPARO EN SALUD. ESTUDIO JURIDICO DVA. ABOGADOS ZONA OESTE

LEY DE AMPARO . Ley Nº 16986.CONTRA ACTOS Y OMISIONES DE AUTORIDAD PUBLICA. 2) Amparo contra actos u omisiones de particulares, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley 17.454 y sus reformas 3) Amparo por mora de la Administración – Régimen nacional de Procedimientos Administrativos.Ley 19.549. 4) Amparo del elector – Código Electoral Nacional, Ley 19.945 5) Amparo Sindical – Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, Ley n° 23.551. 7) Amparo Código Aduanero Ley 22.415. 8).Amparo de la ley de Solidaridad Previsional – Ley 24.655.

Ley Nº 16986

 

18 de Octubre de 1966

LEY DE AMPARO

 

Estado de la Norma: Vigente


DATOS DE PUBLICACIÓN

Boletín Oficial: 20 de Octubre de 1966

ASUNTO

LEY N° 16.986 – Ley de Accion de Amparo.

expandir GENERALIDADES


contraer TEMA

LEY DE AMPARO-DERECHO CONSTITUCIONAL-ESTADO NACIONAL -ACCION DE AMPARO-CONSTITUCION NACIONAL -DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES -PROCEDIMIENTO JUDICIAL

 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

 

SANCIONA:


contraer Artículo 1:

ARTICULO 1° – La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.

contraer Artículo 2:

ARTICULO 2° – La acción de amparo no será admisible cuando:

a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate;

b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley N° 16970;

c) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado;

d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas;

e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.

contraer Artículo 3:

ARTICULO 3° – Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones.

contraer Artículo 4:

ARTICULO 4° – Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.

Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción.

Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.

contraer Artículo 5:

ARTICULO 5° – La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1°. Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien público.

contraer Artículo 6:

ARTICULO 6° – La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:

a)El nombre, apellido y domicilios real y constituido del accionante;

b)La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados;

c)La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional;

d)La petición, en términos claros y precisos.

contraer Artículo 7:

ARTICULO 7° – Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga, o la individualizará si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre.

Indicará, asimismo, los demás medios de prueba de que pretenda valerse.

El número de testigos no podrá exceder de cinco por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa a la audiencia, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.

No se admitirá la prueba de absolución de posiciones.

contraer Artículo 8:

ARTICULO 8° – Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.

El requerido deberá cumplir la carga de ofrecer prueba en oportunidad de contestar el informe, en la forma establecida para el actor.

Producido el informe o vencido el plazo otorgado sin su presentación, no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo.

contraer Artículo 9:

ARTICULO 9 – Si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá ordenarse su inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá tener lugar dentro del tercer día.

contraer Artículo 10:

ARTICULO 10 – Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasarán los autos para dictar sentencia.

contraer Artículo 11:

ARTICULO 11 – Evacuado el informe a que se refiere el artículo 8° o realizada, en su caso, la audiencia de prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo.

contraer Artículo 12:

ARTICULO 12 – La sentencia que admita la acción deberá contener:

a)La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo;

b) La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución;

c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

contraer Artículo 13:

ARTICULO 13 – La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.

contraer Artículo 14:

ARTICULO 14 – Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8°, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo.

contraer Artículo 15:

ARTICULO 15 – Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3° y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido. En caso de que fuera denegado, intenderá dicho Tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.

contraer Artículo 16:

ARTICULO 16 – Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.

contraer Artículo 17:

ARTICULO 17 – Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor.

contraer Artículo 18:

ARTICULO 18 – Esta ley será de aplicación en la Capital Federal y en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, será aplicada por los jueces federales de las provincias en los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional.

contraer Artículo 19:

ARTICULO 19 – La presente ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

contraer Artículo 20:

ARTICULO 20 – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase.


FIRMANTES

ONGANIA – Martínez Paz – Etchebarne


 

Amparo contra actos u omisiones de particulares, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley 17.454 y sus reformas

 Art. 321. Proceso Sumarísimo

Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498:
1) (…)
2) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección.

 Art. 498 Trámite

En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si correspondiese que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido por el procedimiento ordinario, con estas modificaciones:
1) Con la demanda y la contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental.
2) No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento,
ni reconvención.
3) Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que será de cinco días.
4) Contestada la demanda se procederá conforme al artículo 359. La
audiencia prevista en el artículo 360 deberá ser señalada dentro de los
diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.
5) No procederá la presentación de alegatos.
6) Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que
decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá
en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la
sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se
otorgará en efecto suspensivo.

 

 

Amparo Impositivo, Ley 11683 (T. O. 1978 Ley 21.858)

Art. 164.- La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la D.G.I., o de la Administración General de Aduanas, podrá ocurrir ante le Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos.

Art.165 – El Tribunal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del funcionario a cargo de la D.G.I. o de la Administración General de Aduanas que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.

Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, podrá el Tribunal resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.
El vocal Instructor deberá sustanciar los trámites previstos en la primera parte del presente artículo dentro de los tres (3) días de recibidos los autos, debiendo el Secretario dejar constancia de su recepción y dando cuenta inmediata a aquél.
Cumplimentados los mismos, elevará inmediatamente los autos a la sala, la que procederá al dictado de las medidas para mejor proveer que estime oportunas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la elevatoria, que se notificará a las partes.
Las resoluciones sobre la cuestión serán dictados prescindiendo del llamamiento de autos y dentro de los cinco (5) días de haber sido elevados los autos por el Vocal Instructor o de que la causa haya quedado en estado, en su caso.

 

 

 

Amparo por mora de la Administración – Régimen nacional de Procedimientos Administrativos.Ley 19.549.

 Art. 28 – El que fuere parte en un expediente administrativo, podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijado y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere lo razonable si emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente quien en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

 


Amparo del elector – Código Electoral Nacional, Ley 19.945

 


Art. 10 – Amparo del Elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.  

 

 

Art. 11 – Retención indebida de documento cívico. El elector también puede pedir amparo al juez electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.  

 

 

Art. 129 – Negativa o demora en la acción de amparo. Se impondrá prisión de tres meses a dos años al funcionario que no diere trámite a la acción de amparo prevista en los artículos 10 y 11 o no la resolviera dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta e igual pena al que desobedeciere las órdenes impartidas al respecto por dicho funcionario.

 

 

 

Procedimiento especial en la acción de amparo al elector. Sustanciación.

ARTICULO 147. – Al efecto de sustanciará las acciones de amparo a que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley, los funcionarios y magistrados mencionados en los mismos resolverán inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplirán sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario, y en su caso serán comunicadas de inmediato al juez electoral que corresponda. La jurisdicción de los magistrados provinciales ser concurrente, no excluyente, de la de sus pares nacionales. A este fin los jueces federales o nacionales de primera instancia y los de paz mantendrán abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.
Los jueces electorales podrán asimismo destacar el día de elección, dentro de su distrito, funcionarios del juzgado, o designados ad hoc, para transmitir las órdenes que dicten y velar por su cumplimiento.
Los jueces electorales a ese fin deberán preferir a los jueces federales de sección, magistrados provinciales y funcionarios de la justicia federal y provincial.

 

 

 

 

 

Amparo Sindical – Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, Ley n° 23.551

 


Art. 47 – Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga si correspondiere el cese inmediato del comportamiento antisindical.

 


Amparo Código Aduanero Ley 22.415

 


Art.1660. La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos.

 


Art. 1161.- 1. El Tribunal Fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del Administrador Nacional de Aduanas que dentro de breve plazo informa sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.
2. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo podrá el Tribunal Fiscal resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente.

 

 

 

Amparo de la ley de Solidaridad Previsional – Ley 24.655

 


Art. 2 Los juzgados creados por la presente serán competentes en (Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social): (…)
d) El amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19.549, modificada por la ley 21.686, en materia de Seguridad Social

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