NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL – CURSO DERECHO A LA SALUD

Introducción al derecho a la salud  el Nuevo Código Civil y Comercial.- Este es curso introductorio donde se brindara las principios nuevo codigo civilgenerables del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, enfatizando los institutos que pertenecen a la disciplina de
los Derecho a la Salud  y Discapacidad. Concepto de salud en el nuevo código. Naturaleza y rasgos generales. Estructura de derechos que implica. Capacidad en materia de salud. Distintas categorías.- Es Gratis para los primeros 20 en anotarse, suscribite Comienza el 20 de Agosto del 2015.-

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El Nuevo Código no es solo en cambio de visión sino directamente un cambio de paradigma, que modificará la percepción de todo el sistema jurídico y que afectará el sistema social, económico, político y cultural existente.El nuevo Codigo Civil y Comercial unificado es un hecho historico, como lo fue también el adelantado Código de Velez, y cambiara asimismo la vida de los ciudadanos.-
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Que es el APE? para que Sirve? entonces a las prepagas y obras sociales le reintegran todo de los discapacitados? porque hay veces que pretenden no cubrir?decreto 53/98-PEN crea la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES como Organismo descentralizado de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con personalidad jurídica propia.

 

La Administraciónde Programas Especiales es un organismo que, por el tipo de servicios que brinda, no se relaciona directamente con los ciudadanos. Sin embargo, todas sus acciones están destinadas a incidir en la prevención, mejora y cuidado de la salud de aquellos beneficiarios de las Obras Sociales Nacionales (sindicales, de dirección y de empresas) que padezcan enfermedades crónicas de alto impacto económico y/o requieran prestaciones de baja incidencia y alto costo. Se trata de aquellas enfermedades que más angustian, más complejas y dolorosas. Basta citar los tratamientos de VIH-SIDA y la atención de las personas con discapacidad, entre otras.

 

La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo descentralizado dela Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Ambiente, con personería jurídica propia y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera.

Su principal objetivo es la implementación y administración de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución afectados presupuestariamente programas especiales de salud destinados a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, conforme ala Ley23661.

Misión

Asegurar a todos los beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud el acceso a prestaciones de alto impacto económico, administrando en forma equitativa y transparente los fondos provenientes del aporte solidario de los Agentes del Seguro.

Objetivos

El objetivo del organismo es satisfacer, en tiempo y forma, los pedidos de Subsidios y/o Reintegros de los Agentes del Seguro de Salud, a fin de financiar la cobertura de prestaciones de alto impacto económico originadas en la atención de enfermedades de baja incidencia y alto costo y de carácter crónico.

Asimismo, complementa su objetivo con el desarrollo e implementación de Programas de detección y/o prevención de patologías de alto impacto económico y aquellas que, por sus características, demanden una atención prolongada en el tiempo.

Es responsabilidad del Organismo realizar controles de la documentación aportada por los Agentes del Seguro de Salud, previo al pago de Reintegros. De la misma manera, en el caso de los Subsidios, una vez entregado el monto acordado para cubrir la prestación médica se controla si el gasto rendido por el Agente del Seguro de Salud se corresponde con el Subsidio otorgado. Mediante esta función de controlla APE completa sus objetivos institucionales.

BUENOS AIRES, 20 ABRIL 1998
VISTO los Decretos Nos. 53/98 y 62/98 del Poder Ejecutivo Nacional y,
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 53/98-PEN crea la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES como Organismo descentralizado de la ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL con personalidad jurídica propia.
Que es menester mantener los actuales “Programas de Asistencia”, que brindan ayuda
econórnica a los Agentes del Seguro de Salud, con el objeto de satisfacer la creciente demanda
de prestaciones de Alta Complejidad, Trasplantes de Órganos, Prótesis y/u Ortesis,
Medicamentos, y otras prácticas e insumos de alto costo, los cuales por su envergadura,
comprometerían las finanzas de los Agentes del Seguro de Salud.
Que es misión de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES, continuar
con el Programa de Asistencia, garantizando a los beneficiarios comprendidos en el Régimen de
las Leyes Nos. 23.660 y 23.661, dentro de un marco de equidad, el derecho y acceso a las
prácticas anteriormente nombradas.
Que el Decreto N’ 53/98 citado precedentemente ha establecido que la Dirección y
Administración de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES, se encuentra a
cargo del Gerente General, a quien se le ha conferido la facultad y atribución de elaborar y
diseñar normas de otorgamiento de subsidios y programas especiales, así como el de
reprogramar los ya existentes y determinar los procedimientos e instrumentos administrativos para
acceder a los subsidios y para efectuar la correspondiente rendición de cuentas.
Que esta nueva Administración propenderá al acceso a los beneficios de alta complejidad
y también, a la calidad y excelencia médica, respetando los criterios de razonabilidad científica.
Que el sistema de Obras Sociales presenta características distintivas y particulares de
otros regímenes de atención de salud, ya que su base filosófica fundacional es la equidad y
solidaridad, lo que permite el acceso igualitario a las prestaciones de salud de aquellos que de
otro modo no tendrian posibilidades de afrontar económicamente prestaciones de alto costo o
tecnologías especializadas.
Que los apoyos financieros que se otorgan a los Agentes del Seguro de Salud para
brindar prestaciones a los beneficiarios, sean titulares o componentes del grupo familiar primario,
provienen prioritariamente del Fondo Solidario de Redistribución sujeto a las disponibilidades
presupuestarias, por lo que corresponde predeterminar las condiciones generales de su
otorgamiento, a fin de procurar una eficiente, adecuada, equitativa y oportuna aplicación de tales
recursos.
Que se ha tenido presente y se dá cumplimiento pleno de la Ley Nº 24.193 y su Decreto
Reglamentario Nº 512/95 y normas complernentarias, que responden al arancelamiento de
servicios que presta el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI) y su Resolución Nº 19/95.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 62/98 y 53/98 - PEN
EL GERENTE GENERAL DE LA
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
RESUELVE :
ARTICULO l°.- Establecer a partir de la Publicación de la presente, el Programa de Cobertura
de Alta Complejidad, a través del cual esta ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES financiará el pago de las prestaciones médicas, prótesis, órtesis, material
descartable que taxativamente se especifica en el Anexo III y concordantes, los cuales forman
parte de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Los Agentes del Seguro de Salud, que requieran el apoyo económico de la
Administración de Programas Especiales, deberán ajustar su solicitud a lo establecido en la
presente Resolución y su otorgamiento se efectuará con arreglo a las disponibilidades
presupuestarias, económicas y financieras, y a las normas que en futuro se implanten.
ARTICULO 3°.- Considérase a los fines de ésta Resolución, prestaciones médicas de Alta
Complejidad a todas aquellas que se encuentran nominadas en el Anexo III.
ARTICULO 4°.- Los agentes del Seguro de Salud solicitarán el apoyo financiero según las
normas requisitos que se aprueban como Anexo I y se obligan a cumplir las condiciones que se
fijan como Anexo II.
ARTICULO 5°.- Apruébanse los Anexos I a X incorporados a la Resolución como parte
integrante de la misma.
ARTICULO 6°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial. Las solicitudes de Apoyo Financiero con destino a prácticas de Alta Complejidad
y demás Programas que hubieran sido iniciadas ante la ADMINISTRACION NACIONAL DEL
SEGURO DE SALUD -ANSSAL- y recibidas o que se reciban de dicho Organismo,
continuarán su trámite ei esta ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES,
aplicándose la normativa vigente en el momento de la presentación del pedido de apoyo
financiero. Toda petición de apoyo financiero iniciada ante ésta Administración de Programas
Especiales se regirá hasta la entrada en vigencia de la presente Resolución por las normas que al
efecto hubiera dictado la ANSSAL.
ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y oportunamente archívese.
RESOLUCION N° 0001/98
ANEXOl
SOLICITUDES DE APOYO FINANCIERO PARA ALTA COMPLEJIDAD
I.-La solicitud de apoyo financiero o subsidio deberá ser presentada por escrito mediante nota
dirigida a la máxima autoridad del Organismo, suscripta por el representante legal de la entidad
solicitante, certificada su firma por institución bancaria o notarial.
II.-La solicitud deberá iniciarse con las siguientes declaraciones expresas de aceptación,
formuladas por la Obra Social:
1. -La Obra Social reconoce que el apoyo financiero peticionado, no es obligatorio para la
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES, que ésta lo podrá otorgar según
las posibilidades presupuestarias y razones de mérito, oportunidad y conveniencia en tanto la
Obra Social haya dado cumplimiento a las condiciones para su otorgamiento. La denegatoria
o concesión parcial en ningún caso generará derecho alguno en favor de la Obra Social.
2. La Obra Social reconoce que es la única obligada freate al beneficiario, con el cual mantendrá
incólume la vinculación, deslindando a la Administración de Programas Especiales, de toda
responsabilidad. Incluso si se le asignara prestador y/o proveedor, dicha asignación se tendrá
por realizada por cuenta y orden expresa de la Obra Social.
3. La Obra Social asume la obligación de presentarse ante toda acción judicial que se inicie
contra la Administración de Programas Especiales por motivo del pedido de apoyo
financiero, exonerándola de toda responsabilidad en el supuesto que, en sede judicial, se
determinara responsabilidad del sistema, sin perjuicio de las que se fijaren a cargo de otras
personas y/o prestadores y/o proveedores.
4. La Obra Social acepta que se efectúen pagos directos a prestadores y/o proveedores por
cuenta y orden, asumiéndolos como propios.
5. La Obra Social acepta, y se ob1iga a hacer saber al beneficiario, sus familiares y/o parientes,
que toda la tramitación es materia exclusiva de la Obra Social, debiendo todos los pedidos,
consultas e informaciones canalizarse a través de la Obra Social, no pudiendo los particulares
realizar gestión de ningún tipo ante la Administración de Programas Especiales y/o sus
diversas áreas, sin ninguna excepción.
III.- A continuación la Obra Social aportará la siguiente información:
1. -Nombre y apellido del paciente, edad, domicilio, tipo y número de documento de
identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil.
2. Número y tipo de beneficiario.
3. Nombre completo y siglas de la Obra Social y numero de inscripcion en el Registro
Nacional de Obras Sociales.
4. Diagnóstico, tratamiento y/o intervención quirúrgica que debe efectuarse al paciente, y
evaluación de la auditoria médica de la Obra Social avalando la necesidad del mismo
fundada en los hechos concretos:
a) Motivo que hacen a la intervención o tratamiento imprescindible.
b) Profesionales o centros consultados.
c) Estadísticas existentes en el pais sobre el procedimiento en cuestión.
d) Historia clínica de1 paciente, realizada por el médico tratante.
5. Certificado de afi1iación por parte de la Obra Social, con fecha de ingreso a la misma e
informe de Ia empresa donde presta servicios, con fecha de ingreso al establecimiento. Grado
de consanguinidad y de parentesco con el titular. Si es ertranjero, fecha de entrada al país, y
el respectivo documento otorgado por la autoridad argentina.
IV.-Se adjuntarán a la solicitud de apoyo financiero, tres (3) presupuestos en originales de firmas
comerciales acreditadas de plaza, manteniendo dicha cotización por un término no menor de 90
dias. El presupuesto se confeccionará ea moneda de curso legal o en dólares estadounidenses por
cada rubro, y se matendrán inc1uso cuando algunos de dichos rubros sean cubiertos por
proveedores ajenos al prestador que confeccionó el mismo (provisión de materia1 descartabIe,
medicamentos y prótesis implantables), siendo la Gerencia de Prestaciones la que dispondrá su
aprobación y solo podrá considerar alguna modificación cuando acredite debidamente variación
en el valor de alguno de los componentes del costo global.
En caso de la existencia de un único prestador/proveedor, esto deberá ser consignado en el
informe por el representante legal, quedando a consideracióü de la Administración de Programas
Especiales su aceptación.
V.- Se deberá adjuntar a la solicitud de subsidio la conformidad por escrito del beneficiario titular.
En caso de menores de edad, la responsabilidad será de los padres y/o tutores de los mismos.
VI.- La presentación del subsidio y documentación se presentará por la Mesa de Entradas, la que
procederá, a verificar la documentación presentada, sin evaluar el contenido, otorgándole número
de expediente, o en su defecto devolución del trámite, con requerimiento de los faltantes.
VII.- La notificación del otorgamiento se efectuará por nota certificada a la Obra Social.
VIII.- La liquidación y pago dei subsidio se practica por medio del procedimiento establecido en
la normativa vigente.
ANEXO II
NORMAS GENERALES
Los Agentes del Seguro de Salud, cuando requieran apoyo financiero con arreglo a la presente
resolución, deberán cumplimentar las normas generales detalladas a continuación:
INCISO lº. - HISTORIA CLINICA
El Agente del Seguro de Salud deberá presentar en el eXpediente por el cual tramita el subsidio,
historia clínica del paciente confeccionada por e1 médico tratante, con indicación expresa de la
práctica a realizar, debiendo estar auditada por el médico de Agente del Seguro de Salud, el que
autorizará la realización de la misma.
INCISO 2°. -VALORES DE LA PRESTACIÓN
Los valores fijados para las prácticas de alta complejidad, prótesis/órtesis, medicamentos y los
transplantes, serán los menores que surjan de cotejar los presupuestos que presenten los
prestadores y el estudio de costos que efectúen la Gerencia de Prestaciones, no pudiendo el
prestador reclamar al paciente o a la Obra Social un valor superior al acordado, ni la Obra Social
podrá solicitar suma alguna al beneficiario por la misma práctica, salvo que el mismo optara por
un prestador de alternativa. En este caso correrá por su cuenta la diferencia entre lo acordado por
la Administración de Programas Especiales y el precio estipulado por el prestador, la que no
podri ser volcada a la facturación de la Obra Social.
Los valores que los Agentes de Seguro paguen a los prestadores por las prácticas que estos
efectúen tendrán carácter global y comprenderán los honorarios, gastos, insumos -(material
descartable y medicamentos)- estudios de laboratorio, diagnóstico por imágenes y cualquier otro
procedimiento que esté incluido en la práctica, representando dichos valores el CIEN POR CIEN
- (100 %) - de1 gasto de la práctica, y no se contemplará reclamo alguno por elementos
adicionales a los fijados en el monto global.
INCISO 3. -MONTOS MÁXIMOS RECONOCIDOS
El valor máximo de la prótesis, órtesis y material descartable a que se hace referencia en el
artículo lº y en el Anexo IV de esta resolución, será e1 que indique la Gerencia de Prestaciones y
surgirá de la consulta de precios de dichos insumos, que se cotizan en la plaza comercial. En el
caso que la Administración de Programas Especiales convenga con los prestadores la realización
de transplantes a un costo menor, se tomara ese valor de referencia, aunque se efectúe en otro
centro. Para los casos de retransplantes, dentro del periodo modulado, esta Administración
reconocerá para esa instancia un importe del veinticinco (25%) por ciento de1 valor primitivo.
INCISO 4º. – REGISTRO DE PRESTADORES
Todos los prestadores que ofrezcan sus servicios a los Agentes del Seguro de Salud para las
prácticas mencionadas en la presente resolución, deberán estar inscriptos en el Registro de
Prestadores de la Superintendencia del Seguro de Salud, Artículo 29 de la Ley 23.661 y
consecuentemente autorizados por la autoridad jurisdiccional para su funcionamiento y cumplir
con todas las normas de la Dirección General Impositiva.
INCISO 5º. - PRIORIDAD DE LOS PRESTADORES
Las prácticas a que hace referencia la presente resolución, se efectuarán prioritariamente en los
Hospitales Públicos y/o efectores propios de la seguridad social (de Obras Sociales y de
Asociaciones de Obras Sociales). Cuando se trate de transplantes de órganos, los prestadores
públicos y/o privados deberán estar habilitados por el INCUCAI.-
INCISO 6”. -MONTO A CARGO DEL AGENTE DEL SEGURO
Los apoyos financieros o subsidios que se otorguen para financiar las prestaciones contempladas
en los Anexos III, IV y V de la presente, cubrirán aquella parte del valor que exceda los tres mil
pesos/dólares ($/U$S 3.000. -), sean los prestadores públicos o privados, debiendo el Agente
del Seguro atender con sus propios recursos las sumas que no excedan el monto indicado o bien
hasta ese monto, cuando los valores sean superiores. Las solicitudes de cobertura de los
pretransplantes se gestionan en el mismo expediente del pedido del transplante. En cuanto al
importe de la procuración del Órgano por la ablación, será abonado por Tesorería de la
Administración de Programas Especiales al INCUCAI, u Organismo Regional, o Jurisdiccional,
quien deberá extender el correspondiente recibo oficial como constancia de pago y la fotocopia
de1 mismo deberá ser incorporada al Ezpediente respectivo por Tesoreria, siendo las autoridades
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, u Organismo Regional
Jurisdiccional, los directos responsables de su distribución y pago correspondiente a tenor de las
disposiciones de Ley; desobligando a los Agentes del Seguro y a esta Administración de
Programas Especiales, de toda instancia judicial por el incumplimiento de ley, sobre el tema en
cuestión fijado en la Resolución Nº197/95 INCUCAI y su efectivo pago queda condicionado a la
información que se requiere en el Inciso 4º del Anexo I de esta Resolución.
INCISO 7º. - PRACTICAS EN EL EXTERIOR
No se subsidiarán prestaciones en el exterior, excepto que se encuentren comprendidas en los
siguientes supuestos:
a) Cuando no exista compatibilidad entre el receptor y sus poteaciales donantes previa consulta
de histocompatibilidad con establecimientos del exterior y que se registren respuestas
afirmativas.
b) Cuando el costo de la prestación en el exterior sea inferior al vigente en el pais para la misma
práctica.
En el primer supuesto el monto a reconocer al Agente del Seguro peticionante, será conforme a
los valores vigentes en este pais para dicha práctica.
En dichas circunstancias, se obviará la exigencia de inscripción del Centro Asistencial en el
Registro de Prestadores de la Superintencia del Seguro de Salud.
Queda a cargo de la Gerencia de Prestaciones evaluar la idoneidad e incumbencia de la
Institución elegida sobre la base de antecedentes e información disponible.
INCISO 8º. – AUDITORIA
La auditoría en terreno de las prestaciones, (Anexo X), que se brindea conforme los términos de
la presente resolución, será efectuada por el Agente del Seguro al que pertenezca el beneficiario
de acuerdo con los procedimientos que tenga implementados, pudiendo esta Administración
supervisarlo por intermedio de sus profesionales o disponer que estos también la efectúen,
quedando relevados de esta norma, cuando la practica se realicen en el exterior.
INCISO 9º. RENDICIÓN DE CUENTAS
El procedimiento y consideración del subsidio se aprueba como anexo VIII de la presente norma.
INCISO 10º. - CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN
Los prestadores públicos y/o privados, y los proveedores que brinden las prestaciones
enunciadas en el artículo lº en base a un pedido de apoyo financiero sujeto a la presente
resolución y/o perciban el pago por dicho concepto, tendrán por conocida y aceptada la presente
resolución y sus anexos, debiendo prestar total colaboración, sin oposición, a la realización de las
auditorias en terreno, y brindar información a los efectos de poder llevar a cabo estadisticas de
evaluación de los beneficiarios trasplantados que realice e1 Agente de1 Seguro. Para el caso de
incumplimiento se aplicaran las sanciones previstas en él articulo 42º y concordantes Ley 23.661
a cuyo fin la Administración de Programas Especiales extraerá testimonio y la remitirá a la
Superintendencia de Servicio de Salud.
INCISO 11º. - CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y DE LA REVOCACIÓN
Los Agentes del Seguro que sean beneficiarios de un apoyo financiero en las condiciones que fija
la presente resolución, deberán cumplir extrictamente con las normas de otorgamiento y en caso
de incumplimiento a las disposiciones dictadas, serán intimados por única vez a su cumplimiento,
en un plazo no mayor de diez (10) días. Si el Agente de1 Seguro de Salud incumple la intimación
se dispondrá la revocación del subsidio otorgado, el que seráre integrado a la Administración de
Programas Especiales en él término de setenta y dos (72) horas, con los intereses que fija la
resoloción Nº 620/93-ANSSAL o la que la suplante en el futuro. En el supuesto de que no se
reintegrara el importe del apoyo económico que se revoque el área juridica promoverá la
respectiva ejecución judicial. Asimismo el Agente del Seguro será sancionado conforme a las
disposiciones del artículo 28 de la Ley 23660 de acuerdo a la Ley y a lo que en su derecho
corresponda remitiéndose testimonio a la Superintendencia de Servicios de Salud para la
intervención de su competencia.
INCISO 12º. -LISTA DE ESPERA EN EL INCUCAI
Los efectores públicos y/o Privados que se encuentren inscriptos en el Registro de Prestadores y
autorizados por la I.N.C.U.C.A.I., deberán poner en la lista de espera a los pacientes que deban
ser trasplantados, comunicando fehacientemente al Agente del Seguro -(Obras Sociales)
inscripción del paciente, y será de cumplimiento obligatorio entre las partes.
INCISO 13º. - FALLECIMENTO DEL PACIENTE
Cuando el paciente trasplantado fallezca durante el acto quirúrgico, la Obra Social deberi
presentar una fotocopia de la Partida de Defunción.
ANEXO III
PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD INCLUIDAS
1º. Injertos de miembros con microcirugia.
2º. Trasplantes de medula ósea para casos de:
a) Aplasia medular idiopatica o adquirida no secundaria a invasión neoplasica.
b) Tumores hemáticos (linfomas, leucemias).
c) Para casos de tumores sólidos.
d) Mieloma múltiple, con informe previo de la Sociedad Cientifica.
e) Y otros, con informe previo de la Sociedad Científica.
3º. Trasplantes renales.
4º. Trasplantes cardiacos.
5º. Trasplantes cardiopulmonares.
6º. Trasplantes pulmonares.
7º. Trasplantes hepáticos.
8º. Trasplantes Intestinales.
9º. Trasplantes de páncreas.
10º. Trasplante masivo de hueso para casos de:
a) Cirugia de tumores óseos.
b) Malformaciones óseas congénitas.
11º. Embolización selectiva de grandes vasos.
12º. Radioneurocirugia cerebral.
13º. Tratamientos de grandes quemados, hasta un monto mázimo de $1.500. -(mil quinientos)
por dia.
ANEXO IV
PRÓTESIS, ORTESIS Y MATERIAL DESCARTABLE
I.- PRÓTESIS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
1. Totales y parciales de caderas cementadas.
Totales y parciales de rodilla cementadas.
Materiales de estabilización de columna.
Prótesis no cementadas.
H.- MATERIALES DESCARTABLES CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
1. -Materiales descartables para realizar cirugia cardiovascular con bomba de circulación
extracorporea.
2. Prótesis cardiacas, mecánicas y biológicas, monovalvas y bivalvas aórtica y mitral.
3. Parches cardiacos, bioprotesicos para corregir defectos congénitos.
4. Prótesis arterial (rectas, bifurcadas y crónicas) bioIógicas y sintéticas.
5. Materiales descartables para practicas endovasculares.
6. Stent coronarios y vasculares periféricos.
III.- CARDIODESFIBRILADOR
IV.- PRÓTESIS PARA NEUROCIRUGÍA
1. -Sistema de derivación ventriculo peritoneal con reservorio.
Drenaje lumbo-peritoneal.
2. -Implante coclear, consistente en valor prótesis y gastos de intervención, el
ANEXO V
A los efectos del cumplimiento de lo determinado en él – inciso 6º, Anexo II – de esta resolución,
la Gerencia de Prestaciones de la Administración de Programas Especiales, procederá a la
inclusión de los valores de los “Módulos de Órganos Perfundidos” establecidos en el Anexo III,
puntos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, enunciados precedentemente, conforme al valor modular
establecido para la procuración de órganos, fijados en la Resolución Nº 167/95 del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (I.N.C.U.C.A.I.) en cumplimiento
de la Ley 24193, su decreto reglamentario Nº 512/95 y normas complementarias que regulan el
arancelamiento de servicios prestados por dicho organismo.
MODULOS DE ÓRGANOS PERFUNDIDOS:
ÓRGANO IMPORTE
Riñón y Uréter $1.800.00
Corazón $4.500.00
Corazón Pulmón $4.500.00
Pulmón $4.500.00
Hígado $4.500.00
Páncreas $4.500.00
Huesos $1.100.00
MODULO DE PRE-TRANSPLANTE DE ÓRGANOS
ÓRGANO IMPORTE
Rinón (hasta) $1.500.00
Corazón (hasta) $4.500.00
Corazón Pulmón (hasta) $4.500.00
Pulmón (hasta) $4.500.00
Hígado (hasta) $4.500.00
Riñon-Pancreas (hasta) $4.500.00
ANEXO VI
:Los agentes de Seguro de Salud integrantes de las Leyes Nº 23660 y 23661 –(bajo jurisdicción
de la Superintendncia de Servicios de alud)- podrán solicitar apoyos financieros para la cobertura
de medicamentos – (no oncológicos) – conforme a lo siguiente:
1. Drogas inmunodepresoras en la etapa posterior a la realización de los transplantre del Anexo
II
2. Tratamiento de la enfermedad “Fibroquistica del Páncreas” medicación pulmozine
3. Materiales descartables, accesorios e insumos para la alimentación parenteral prolongada
debidamente documentada (patologías no oncológicas)
4. Hormona del crecimiento
5. Cobertura de farmacología en “cederase” para la enfermedad de Gaucher
6. Tratamiento de la “Fenilcetonuria”. Medicación y alimentación: debiéndose indicar el
desarrollo pondo estatural y lo parámetros psicosociales en la evaluación.
7. Medicación antihemofi1ica. (50 % por reintegro
8. Tratamiento para drogadependientes, tanto en ambulatorio como en internación según
Programa Aprobado por el M.S.yA.S. de la Nación, y de la Secretaria de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcatrafico
a.-) Consulta y orientación basta $13. - por sesión.
b.-) Hospital de Día ”Módulo de 4 hs.” hasta $350. - por mes.
c.-) Hospital de Día ”Módulo de 8 hs.” hasta $650. - por mes.
d.-) Hospital de Noche hasta $350. - por mes.
e.-) Internación psiquiátrica para desintoxicación, con terapéutica y medicación especifica
”Modulo” de hasta $50. - por mes.
f.-) Internación de ”Conunidades Terapéuticas debidamente autorizados ”Módulo” hasta
$900. - por mes
9. Tratamiento farmacológicos síndrome inmunodeficiencia adquirida. (SIDA). de acuerdo a lo
que a continuación sé norma y valoriza mensualmente:
MODULO 1: DOBLE TERAPIA ANTIRETROVIRAL
COMBINACIONES : (AZT+DDI+AZT+DDC+AZT+3TC
DDI+D4T+D4T+3TC).............................................................. $455. -
MODULO 2: DOBLE TERAPIA ANTIRETROVIRAL CON INHIBIDOR DE PROTEASA
(DDI+RITONAVIR+INDINAVIR+ SAQUINAVIR + NEVIRAPINA)
COMBINACIONES
DDC + INHIBIDORES PROTEASA
D4T + INHIBIDORES PROTEASA
3TC + INHIBIDORES PROTEASA .............................................................................$785. -
MODULO 3: TRIPLE COMBINACIÓN ANTIRETROVIRAL
COMBINACIONES (AZT + DDI + INHIBIDOR DE PROTEASA)
DDI+D4T+INHIBIDOR DE PROTEASA
AZT+3TC+INHIBIDOR DE PROTEASA................................................................ $1.026. -
MODULO 4: TERAPIAS ANTIRETROVIRAL EN PEDIATRÍA
OPCION 1: (DDI MONOTERAPIA+AZT MONOTERAPIA
AZT + DDI).............................................................................................$75. -
OPCION 2 (DDI + D4T)..........................................................................................$302. -
TEST DE CONTROLES TERAPÉUTICOS:
CARGA VIRAL.............................................................................................................$320. -
RECUENTO DE CD3-CD4-CD8 (POR CITROMETRIA DE FLUJO).........................$40. -
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL H.I.V:
La presentación se realiza mediante:
a.- nota como lo especifica el Anexo I puntos I y II
b.-cuadro apaisado con codificación internacional, iniciales del paciente de H.I.V., carácter que
revisten en la Obra Social, el módulo (según detallado anteriormente), monto por mes del gasto
de medicación, y el valor de carga viral y la cantidad de cargas virales que se realizarán por los
doce meses de la presentación (la carga viral se efectúa al iniciar el tratamiento, al mes, al quinto
mes y cada cuatro meses)
c.-Un solo presupuesto (se pagará hasta el tope mencionado en los módulos).
d.-En un expediente se presentan todos los pacientes que recibieron tratamiento en ese periodo.
e.-La Historia Clínica debe estar codificada tal cual el cuadro apaisado del punto b.-
f.-Las prescripciones médicas deben estar firmadas por el médico tratante (infectólogo) y llevar la
fecha de prescripción, y ser codificadas como lo menciona el puato b.-
g.-Las prescripciones del pedido de carga viral deben estar de la misma forma que la prescripción
de la medicación.
h.-Se pagara por mes y su rendición se efectuara mes por mes, con factura, recibo (ya sea en
forma global o parcial por cada paciente) y si tuviera un cambio de medicación deberá aclararlo él
médico tratante, o bien con una evolución del paciente donde conste el cambio de medicación.
Antes del cobro de la última cuota deberán presentar una evolución del paciente, por médico
tratante o médico auditor de la Obra Social.
10. Medicación para drogadependientes.
Los pedidos de subsidio del presente anexo, ser:ín por doce (12) meses, siempre con la
certificación del médico tratante, con el aval del médico Auditor de la Obra Social, pudiendo
renovarse con un nuevo acto resolutivo previo cumplimiento de las disposiciones de la presente
resolución y de las normas de los diferentes anexos que la componen.
A los efectos pertinentes los Agentes del Seguro deberán requerir el apoyo financiero de la
”Cobertura Farmacológica” conforme lo estipula el Anexo I -punto I, al V-.
La resolución de otorgamiento deberá indicar la afectación presupuestaria proporcional según las
cuotas que entren en el ejercicio del año en curso.
ANEXO VII
SOLICITUD DE REINTEGRO COBERTURA DE ALTA COMPLEJIDAD
Cuando los Agentes del Seguro soliciten apoyos financeros en carácter de reintegro de los fondos
invertidos en la “Cobertura de Alta Complejidad” deberán observar lo siguiente:
a.-) Deberá estar debidamente justificada la urgencia, que llevo al Agente del Seguro de Salud
a la correspondiente autorización y posterior pago
b.-) La documentación probatoria (entre la que debe figurar resumen de historia clínica,
resumen de evolución del paciente hasta su alta, parte quirúrgico, factura, recibo,
auditorías en terreno, la misma deberá ser avalada con la firma del profesional
interviniente) deberá ser elevada en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días
corridos a contar de la realización de la práctica. Superado dicho término la
Administración de Programas Especiales, no dará curso al pedido de reintegro.
c.-) Para el caso de reintegro en medicación (Anexo VI) deberán presntar original o fotocopia
certificada por el profesional actuando, factura, recibo y evolución del paciente.
ANEXO VIII
RENDICIÓN DE CUENTAS
El presente anexo explica, fija las normas y procedimientos a los que deberán ajustarse los
Agentes de Seguro en lo atinente a las rendiciones de cuentas.
1. – PRESENTACIÓN
Para considerar presentada la rendición de cuentas, los Agentes del Seguro deberán enviar a esta
ADMlMSTRACIÓN, dentro de los treinta (30) días hábiles de realizada la práctica, la
documentación que se incluirá en el apartado 1.1.
Las rendiciones de cuentas deberán presentarse en original en la Gerencia de Prestaciones-
Departamento Rendición de Cuentas-, la que procederá a:
a) Verificar que la documentación requerida en el punto 1.1. haya sido presentada en su totalidad,
en tal caso se procederá a sellar la copia de la nota de elevación de dicha rendición.
1.1. Las rendiciones de cuenta se presentaran compaginadas según el siguiente orden:
a) Nota de elevación suscripta por la máxima autoridad del agente del seguro.
b) Factura de la práctica realizada, la que deberá ajustarse a las exigencias establecidas por la
R.G. 3419/91 y 3803/ de la DGI, sus modificatorias y complementarias. De estar el ente
emisor exceptuado de su cumplimiento, se deberá acompañar las constancias que asi lo
acrediten. Dicha factura deberá estar conformada por médico auditor de la Obra Social y el
contador de dicha entidad.
c) Recibo oficial de pago de cada uno de los cheques abonados, sustentatorio de la aplicación
de fondos del apoyo financiero otorgado por esta Administración. Dicho comprobante
deberá reunir los requisitos indicados en el apartado 1.1. inc.b), debiendo mencionar número
de cheque, banco pagador, fecha de emisión del recibo, firma del receptor, y aclaración de
firma.
d) Copia de los extractos bancarios que reflejen los movimientos de ingreso y egreso del
beneficio recibido.
e) Relación numerada de comprobantes siguiendo el diseño del formulario que se adjunta al
siguiente Anexo IX, el que deberá ser firmado por la autoridad máxima del Agente del Seguro
de Salud y por el encargado administrativo del mismo.
Un contador independiente firmará y sellará toda la documentación requerida en el punto 1.1.
inciso b-c-d-e y emitirá el dictamen correspondiente con firma certificada por el organísmo
profesional correspondiente.
f) Toda documentación a verificar estará registrada contablemente debiendo constar en la
relación de comprobantes, él número de asiento y folio del libro rubricado por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD el que se encuentre contabilizado
cada movimiento, pudiendo el agente del seguro solicitar la rubricación de un libro auxiliar de
movimiento de fondos para asentar en él, únicamente las operaciones vinculadas con los
apoyos financieros en este carácter recibidos, integrándose mediante asientos resúmenes a la
contabilidad central del ente.
g) Resumen de la historia clinica.
h) Copia del protocolo quirúrgico.
i) Resumen de la evolución del paciente hasta el alta.
j) Auditoria en terrreno según formulario Anexo X.
k) Toda la documentación mencionada en los incisos g, h, i, j deberá ser firmada y sellada por el
médico auditor de la Obra Social.
2. -Cuando las prácticas médico quirúrgicas o los transplantes no se hubiesen realizado y el
subsidio se hubiese efectivizado, corresponde el reintegro de fondos no utilizados debiendo el
agente del seguro;
a) Proceder a la devolución del saldo no utilizado mediante cheque a la orden de la
Administración de Programas Especiales, e ingrsarlo por el Departamento de Tesorería
(Gerencia de Control de Gestión) de la Misma, dejando constancias en la planilla de relación
de comprobante.
b) Motivos por los que la práctica no se realizó
c) Informe del médico de cabecera sobre el estado actual del paciente con el aval del médico
auditor de la Obra Social
Cuando la aplicación de fondos halla sido al monto subsidiado, se procederá conforme al
inciso a.- precedente
3. La Administración de Programas Especiales está facultada a efectuar las verificaciones in-situ
de las rendiciones de cuentas cuando lo considere necesario
4. En todos los casos de incumplimiemto de lo normado será motivo suficiente para la revocación
del beneficio otorgado y la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 28 de la Ley
23660 y art. 42 y concordantes de la Ley 23661 a cuyo fin se remitan testimonio de las
actuaciones a la Superintendencia de Servcios de Salud.
5. La administración de Programas Especiales podrá requerir al Agente de Seguro y/o los
Prestadores intervinientes el seguimientopaciente con posterioridad a la práctica realizada.
6. El departamento de Rendición de Cuentas dictaminará sobre la documentación presentada
7. Posteriormente las tramitaciones se giraran al área jurídica para su dictamen, y en su caso
proyectar el acto administratico correspondiente, elevándose el expediente a la Gerencia
General de esta Administración.
ANEXO IX
RELACIÓN DE COMPROBANTES
OBRA SOCIAL CÓDIGO
RESOL Nº FECHA DE REALIZACIÓN
DESTINO DE LOS
FONDOS EXPEDIENTE Nº
MONTO $
Nro de
Orden
Orden de
pago
Prestador Facturas Cheque Nº de
Recibo
Fecha
débito
Nº cont
Nº folio
Nro. Fecha Nombre Concepto Núm. Pesos Núm. Banco
ESTA PLANILLA PODRÁ SER AMPLIADA
ANEXO X
AUDITORIA EN TERRENO
NOMBRE DE LA OBRA SOCIAL NºRNOS
DATOS DEL PACIENTE
Apellido Edad
Nombres Sexo
DNI Nº Nº de afiliado
DATOS DE LA PRESTACION
Tipo de práctica
Profesional que la indica Nº de matrícula
DATOS INSTITUCION Y PROFESIONALES DONDE SE REALIZO LA PRACTICA
Institución Nº de Insc. Reg. de Prestadores
Jefe equipo médico quirurgico Dirección
Apellido Teléfono
Nombre
Especialidad Nº de matrícula
DATOS DE LA INTERNACIÓN
Fecha de ingreso Urgencia SI – NO
Patología y practicas realizadas
Complicaciones relacionadas con la
Práctica y Procedimientos aplicada para
el tratamiento
1)
2)
3)
4)
Derivación a otro establecimiento
Destino y motivo
Obito-causa
Observaciones
DATOS DE LA AUDITORIA Y DEL AUDITOR
Lugar y fecha Nº de matrícula
Apellido Nombre
Firma de la Autoridad
De la Institución
Firma del
Auditor
Firma del responsable
del área auditoría
Sello Sello Sello

Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
BUENOS AIRES, 10 de Diciembre de 2003
VISTO el Decreto 53/98 y la Resolución Conjunta N° 143/03-
SSSalud- y 1531/03-APE-y 667/03 SSSalud y 5500/03 APE y,
CONSIDERANDO:
Que esta Administración de Programas Especiales, conforme lo
establecido en el articulo 2° del Decreto N° 53/98 tiene como objetivo la
implementación y la administración de los recursos afectados al apoyo
financiero de los agentes de salud y a los planes y programas de salud
destinados a los beneficiarios del sistema, conforme lo establecido en la
Ley 23.661.
Que mediante el Decreto citado precedentemente se le confiere
a la Máxima Autoridad de esta Administración de Programas Especiales la
atribución de elaborar y diseñar normas de otorgamiento de apoyos
financieros y programas especiales, determinando los procedimientos e
instrumentos administrativos para acceder a los mismos.
Que mediante la Resolución conjunta mencionada en el VISTO,
la Superintendencia de Servicios de Salud y esta Administración de
Programas Especiales aprobaron el Programa de Identificación de
Factores de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades
Cardiovasculares en la población de beneficiarios de los Agentes del
Seguro de Salud.
Que por las Resoluciones mencionadas en el VISTO esta
Administración de Programas Especiales suscribió convenios con la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y con la SOCIEDAD
ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA en el marco del Programa mencionado
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
precedentemente con el objeto que estas entidades actúen con capacidad
científica y operativa prestando asesoramiento.
Que constituyen fines del programa la detección y diagnóstico
de factores de riesgo cardiovasculares, al igual que distintas
intervenciones y estrategias para su prevención.
Que para aquellos Agentes del Seguro de Salud que así lo
soliciten, la fuente de financiamiento del citado programa provendrá del
Fondo Solidario de redistribución, conforme lo establece el apartado 4to
del art. 24 de la ley 23.661, en tanto se trata de un programa de salud
destinado a los beneficiarios del seguro por el cual se procurará solventar
los gastos inherentes a la promoción, difusión y material gráfico a ser
utilizados por el programa, como así mismo aquellos derivados de las
prestaciones específicas, con carácter de incentivo.
Que en este marco la Administración de Programas Especiales
debe dictar las normas necesarias y requisitos que deben cumplimentar los
Agentes del Seguro de Salud a fin de otorgarles el apoyo financiero que
estos soliciten.
Que a fs 24, la Gerencia de Control de Gestión de esta
Administración de Programas Especiales según Providencia N°
144.962/03 APE se ha expedido favorablemente acerca de la disposición
de los fondos para la financiación del Programa aprobado por la
Resolución Conjunta N° 143/03-SSSalud- y 1531/03-APE-.
Que el área de Asesoría Jurídica ha tomado la intervención
pertinente.
Por ello y de acuerdo con lo dispuesto a través de los Decretos
Nros. 53/98 y 167/02 P.E.N.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
EL INTERVENTOR
DE LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
R E S U E L V E:
ARTICULO 1° Apruébese el modelo de convenio de adhesión que esta
Administración de Programas Especiales deberá suscribir con los Agentes
del Seguro de Salud que implementen el Programa de Identificación de
Factores de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades
Cardiovasculares que como Anexo I forma parte de la presente.
ARTICULO 2º .- Apruébense las normas de procedimiento para el
otorgamiento de apoyos financieros que deberán cumplir los Agentes del
Seguro de Salud que implementen el Programa de Identificación de
Factores de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades
Cardiovasculares que como Anexo II forma parte de la presente.
ARTICULO 3º .- Apruébense las normas operativas para que los Agentes
del Seguro de Salud implementen el Programa de Identificación de
Factores de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades
Cardiovasculares que como Anexo III forma parte de la presente.
ARTICULO 4º .- Apruébese el Voucher Prestacional Personalizado (VPP)
para la detección de factores de riesgo que como Anexo IV forma parte de
la presente.
ARTICULO 5º .- Apruébese la Constancia de Declaración de Patología que
como Anexo V forma parte de la presente.
ARTICULO 6°.-Apruébense los códigos para el Programa de Identificación
de Factores de Riesgo y Prevención Primaria de Enfermedades
Cardiovasculares que como Anexo VI forma parte de la presente.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ARTICULO 7° Los valores a reintegrar por esta Administración de
Programas Especiales serán los establecidos en el Anexo II de la
presente, para las prestaciones médicas y las determinaciones
bioquímicas.
ARTICULO 8° El gasto que demande el presente Programa se imputará
con cargo a la Partida N° 1-1-2-80.00-913-63-00-01-5-51-517
ARTICULO 9° Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y oportunamente archívese.
RESOLUCIÓN N° 8970/03
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO I
ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LA POBLACIÓN DE
BENEFICIARIOS DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ........ días del mes de
......................... del año 2003, entre LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS
ESPECIALES, en adelante “APE”, representado en este acto en la persona del
Señor Don EUGENIO ZANARINI, en su calidad de Interventor del citado
Organismo, con domicilio en la calle Rivadavia 535 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y por la otra lo hace el Señor en carácter de
presidente de LA OBRA SOCIAL , con domicilio en la calle
de la Ciudad...............de la Provincia .............. en
adelante la “OBRA SOCIAL”, y reunidas las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: Esta Administración de Programas Especiales por
medio del presente acuerdo se compromete a colaborar con los Agentes del
Seguro que implementen el PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE
FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES conforme lo establecido por Resolución Conjunta N°
143/03 SSSalud y 1531/03 APE de fecha 21 de Marzo de 2003 suscripta por la
Superintendencia de Servicios de Salud y esta Administración de Programas
Especiales.
CLAUSULA SEGUNDA: La Obra Social se compromete a implementar el
Programa mencionado en la cláusula primera con el objeto de disminuir la
carga de morbimortalidad surgida por esta causa. desarrollando campañas de
promoción y difusión, bajo las pautas establecidas por esta Administración de
Programas Especiales y la Superintendencia de Servicios de Salud.
CLAUSULA TERCERA La Administración de Programas Especiales se
compromete a subsidiar a la Obra Social los importes previamente aprobados
que se eroguen de las campañas de promoción y difusión e impresión de
material gráfico, cuando los gastos devengados sean debidamente
acompañados de la documentación respaldatoria, de acuerdo a los requisitos
establecidos en el Anexo III de la Resolución N°....
CLAUSULA CUARTA La Obra Social con el fin de implementar el mencionado
programa se compromete a:
A) Efectuar amplia difusión y promoción del Programa entre sus beneficiarios.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
B) Efectuar la detección
C) Emitir vouchers de declaración de patología o de atención y análisis de
laboratorio (según corresponda) por medio del aplicativo que será
suministrado por esta Administración de Programas Especiales.
D) Efectuar las consultas y análisis por medio de su propia red asistencial
E) Abonar los aranceles
F) Suscribir toda la información que se requiera en el aplicativo y remitirlo a la
Administración de Programas Especiales.
La operatoria quedará sujeta a lo reglamentado mediante Resolución N°
Anexos II a VI dictada al efecto.
CLAUSULA QUINTA: La Obra Social una vez detectado el factor de riesgo
deberá continuar con la atención al beneficiario por los mecanismos normales
de asistencia, tal como se establece en el Apartado II punto 2. del Anexo III de
la Resolución N°.........
CLAUSULA SEXTA: La Obra Social que solicite apoyo financiero para el
cumplimiento del programa mencionado deberá ajustar su requerimiento a las
normas y procedimientos establecidos mediante el Anexo II de la Resolución
CLAUSULA SEPTIMA: La Obra Social se obliga por el presente a mantener
toda la documentación respaldatoria (vouchers duplicados) por un plazo de
nueve meses posteriores a la presentación de los respectivos expedientes en
Mesa de Entradas Salida y Archivo de la Administración de Programas
Especiales.
CLAUSULA OCTAVA: Conforme los convenios de cooperación suscriptos
entre La Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración de
Programas Especiales y la Federación Argentina de Cardiología (FAC)
Fundación de la Federación Argentina de Cardiología (FFAC) y la Sociedad de
Cardiología de Cardiología (SAC) la Obra Social podrá disponer de los
profesionales que integran los respectivos Organismos científicos, académicos
y técnicos y celebrar con ellos convenios de atención, asistencia técnica, etc.
CLAUSULA NOVENA: La vigencia del contrato será por tres años (3) a partir
de la firma del presente. Durante la vigencia del contrato y por el período
descripto en la cláusula séptima la Administración de Programas Especiales se
reserva el derecho de auditar toda la documentación de apoyo de la
facturación efectuada por la Obra Social de modo que podrán acceder a la
misma cuando lo considere necesario.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
CLAUSULA DECIMA: Para todos los efectos legales que pudieran derivarse
del presente y a todo evento, las partes fijan sus domicilios en los relacionados
en el comparendo de éste, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que en consecuencia se cursen y acuerdan someterse a la
Jurisdicción de los Tribunales Federales ubicados en Capital Federal con
expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
En muestra de conformidad se firma ......... ejemplares del presente, de idéntico
tenor y a un solo efecto, en .................................................. a los ......... días
del mes de ............................... del año 2003.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO II
NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES DE APOYO
FINANCIERO
I.-Previo a ingresar la solicitud de apoyo financiero con carácter de reintegro
por ante esta Administración de Programas Especiales, el Agente del Seguro
deberá cumplimentar el siguiente procedimiento:
a) Actualizar la versión del SIAPE desde internet.(www.ape.gov.ar)
b) Imprimir el manual operativo de uso del nuevo módulo correspondiente
al presente programa.
c) Una vez instalado el aplicativo y siguiendo las instrucciones del manual
se iniciará la presentación de los expedientes para solicitar el apoyo
financiero correspondiente.
d) El Agente del Seguro deberá firmar el acuerdo de implementación del
Programa que como Anexo I forma parte de la presente. Sin la
suscripción del mismo no se podrá acceder a los apoyos financieros
regulados en el presente Anexo.
II El Agente del Seguro podrá solicitar apoyo financiero en carácter de
subsidio por los gastos que demanden las campañas de difusión, impresión
de los folletos de promoción, difusión del material gráfico y recursos humanos
necesarios, deberá acompañar la siguiente documentación:
1.-Nota dirigida a la máxima autoridad del Organismo, suscripta por el
representante legal de la entidad solicitante.
2.- Deberá acompañar tres presupuestos por el valor que demanden las
campañas de difusión y promoción y esta Administración de Programas
Especiales aprobará el más conveniente en forma total o parcial de acuerdo a
las disponibilidades presupuestarias con que cuente esta Administración de
Programas Especiales.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
3.- Una vez otorgado el apoyo financiero al Agente del Seguro, éste deberá
rendir cuentas del mismo en los plazos y en las condiciones establecidas en
la Res. N° 7800/03-APE- bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
proceder a la revocación del subsidio recibido.
III. Asimismo el Agente del Seguro de Salud podrá solicitar apoyo financiero
en carácter de reintegro por la atención médica que se realice a cada
beneficiario y esta Administración de Programas Especiales reintegrará:
- el valor de hasta Pesos $ 7 (siete) por consulta
- el valor de hasta Pesos $ 3 (tres) por análisis de laboratorio.
Los expedientes que inicien los Agentes del Seguro por estos conceptos
deberán ser tramites colectivos de no menos de doscientos (200)
beneficiarios cada uno, debiendo acompañarse la siguiente documentación:
1. Nota dirigida a la máxima autoridad del Organismo, suscripta por el
representante legal de la entidad solicitante.
2.- Diskette con las planillas correspondientes a prestaciones médicas de
laboratorio y de actividades de educación para la salud.
IV- La solicitudes mencionadas en los apartados anteriores y se presentaran
por la Mesa de Entradas, la que procederá a verificar la documentación sin
evaluar el contenido otorgándole número de expediente. En su defecto, no
dará ingreso al trámite comunicando el requerimiento de los faltantes.
V- La Administración de Programas Especiales sólo reintegrará o reconocerá
como válido un (1) voucher por cada beneficiario bajo programa, cuyos
cupones de Laboratorio y Consulta estén completados en todos sus términos.
No reconociéndose cupones incompletos en todos o en algunos de sus
componentes.
VI-El Agente del Seguro esta obligado a resguardar la documentación de
apoyo, durante un plazo de (9) nueve meses período en el cual esta
Administración de Programas Especiales se reservará el derecho de realizar
auditorías cada vez que sea necesario.
VII- Estará a cargo de la Gerencia de Prestaciones de este Organismo evaluar
el desarrollo del programa.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO III
NORMAS OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
I) PROMOCION Y DIFUSION
Para llevar a cabo las campañas de promoción y difusión del presente
Programa la Administración de Programas Especiales entregará el modelo del
material gráfico, afiches y otros en el cual el Agente del Seguro de Salud
deberá insertar su logo imprimiendo dicho material.
I.-a) La Obra Social dispondrá de todas las formas efectivas posibles para la
amplia difusión y promoción del programa (dípticos en los centros de salud,
lugares de trabajo, vía pública, medios gráficos, radiales, etc.)
I.-b) El objetivo de la difusión es propiciar la concurrencia del beneficiario a la
Obra Social
II) ENCUESTA
1. Las bocas de atención de las Obras Sociales deberán efectuar a los
beneficiarios contemplados en el presente Programa, las siguientes
preguntas:
1.1 ¿Fuma?
1.2 ¿Tuvo o está en tratamiento por azúcar elevado en sangre?
1.3 Obesidad: ¿Se considera obeso? ¿Ha hecho o está en
tratamiento por sobrepeso?
1.4 ¿Tuvo o está en tratamiento por Hipertensión?
1.5 ¿Tuvo o está en tratamiento por hipercolesterolemia?
1.6 ¿Se fatiga al caminar? ¿Tuvo o tiene palpitaciones? ¿Está o
estuvo en tratamiento por problemas cardíacos?
2. Si se obtienen 3 o más respuestas positivas, en Agente del Seguro
deberá:
2.1 Emitir por medio del aplicativo correspondiente y entregar al
beneficiario la Constancia de Declaración de Patología, (CDP)
con lo que finaliza su paso por el presente Programa,
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
2.2 Continuar su asistencia por los mecanismos normales del Agente
del Seguro.
3. Si se obtienen 2 o menos respuestas positivas, el Agente del Seguro
deberá:
3.1 Emitir el Voucher Prestacional Personalizado, (VPP) por
duplicado, que contiene las autorizaciones para las prestaciones
del programa.
III DETECCION DEL RIESGO:
1. Se efectuará mediante la emisión del Voucher Prestacional Personalizado
(VPP), que como Anexo IV forma parte de la presente, por parte de las
bocas de atención de los Agentes del Seguro de Salud, a través del
aplicativo distribuido por Superintendencia de Servicios de Salud y
Administración de Programas Especiales.
2. Se emitirán VPP a todos los beneficiarios sin diagnóstico previo de
enfermedad cardiovascular o de factores de riesgo, de entre 30 y 49 años
de edad si son varones y de entre 40 y 59 años de edad si son mujeres.
3. No se emitirán VPP a quienes se declaren portadores y/o en tratamiento
por HTA o cualquier otra patología cardiovascular. En estos casos, el
sistema recogerá los datos filiatorios y emitirá la Constancia de
Declaración de Patología (CDP) que como Anexo V forma parte de la
presente. El sistema bloqueará todo intento posterior de ingreso al
Programa.
4. Por medio de los cupones integrantes del VPP, los beneficiarios estarán
autorizados a realizarse
4.1 Laboratorio: Glucemia, Colesterolemia Total, HDL y LDL
colesterol.
4.2 Examen clínico con Evaluación del Riesgo Cardiovascular.
5. Las bases de datos creadas por el aplicativo en las bocas de atención de
los Agentes del Seguro serán enviadas mensualmente a la Administración
de Programas Especiales.
La Administración de Programas Especiales cruzará los datos con el
padrón de beneficiarios de la Superintendencia de Servicios de Salud y
conformará el padrón de beneficiarios del Programa, emitiendo un
informe mensual con información estadística. Las siguientes son algunas
de las posibilidades:
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
5.1 Total de beneficiarios que pasaron por el sistema, por Agente del
Seguro, Provincia, Región, sexo y edad.
5.2 Número de VPP emitidos por Agente del Seguro, Provincia,
Región, sexo y edad.
5.3 Número de CDP emitidas por Agente del Seguro, Provincia,
Región, sexo y edad.
5.4 Número de beneficiarios incorporados al Programa por Agente
del Seguro, Provincia, Región, sexo y edad.
5.5 Distribución de beneficiarios a quienes se emitieron VPP por
Agente del Seguro, Provincia, Región, sexo y edad.
5.6 Número de beneficiarios por tipo de Riesgo, por Agente del
Seguro, Provincia, Región, sexo y edad.
5.7 Patologías detectadas, por Agente del Seguro, Provincia,
Región, sexo y edad.
6. A partir del sexto mes de iniciado la Administración de Programas
Especiales emitirá semestralmente y en forma acumulativa, indicadores de
prevalencia e incidencia de enfermedades cardiovasculares, IAM y ACV
de la población bajo programa. Para ello utilizará la información devuelta
por los Agentes del Seguro a través de los expedientes de reintegro
iniciados según lo establecido en el Anexo II de la presente.
7. El beneficiario concurre a efectuarse los estudios de laboratorio,
entregando el cupón duplicado correspondiente, desprendiéndolo del
voucher general.
8. El laboratorio
8.1 Efectúa las determinaciones e incorpora los resultados en los
cupones original y duplicado.
8.2 Entrega al original al beneficiario y guarda el duplicado, para
presentarlos como documentación respaldatoria ante el Agente
del Seguro.
9. El beneficiario, portando el cupón original de Laboratorio, que contiene los
resultados de los análisis, concurre al médico que determine el Agente del
Seguro.
10. El médico deberá efectuar:
10.1 Examen médico en consultorio, compuesto de Búsqueda de
antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, hipertensión
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo y hábitos
deportivos o sedentarismo.
10.1.1 Toma y registro de la tensión arterial.
10.1.2 Control de peso y talla y estimación del índice de masa
corporal.
10.1.3 Examen físico cardiovascular (toma de pulsos
periféricos; auscultación cardíaca y pulmonar).
10.1.4 Evaluación de los resultados de los análisis
10.2 Emite decisión sobre riesgo cardiovascular del beneficiario y
decide la conducta a seguir, según los siguientes parámetros:
10.2.1 HIPERTENSION ARTERIAL: valores de TA ³ 140/90
mm Hg.
10.2.2 TABAQUISMO: consumo de por lo menos 1 cigarrillo
por día, durante por lo menos 1 año, y que ha fumado
durante el último año.
10.2.3 SOBREPESO: Indice de Masa Corporal (IMC) 25 y 30
10.2.4 OBESIDAD. Indice de Masa Corporal (IMC) > 30
10.2.5 HIPERCOLESTEROLEMIA: colesterol total ³ a 240
mg/%
10.2.6 DIABETES MELLITUS. Glucemia en ayunas ³ a 126
mg/%.
10.3 incorpora los resultados en los cupones de consulta original y
duplicado, según CIE-9, incluyendo el código, según lo
establecido en el Anexo VI de la presente Resolución.
10.4 Entrega al original al beneficiario y guarda el duplicado, para
presentarlo como documentación respaldatoria ante el Agente
del Seguro.
10.5 Decide asistencia del beneficiario según nivel de Riesgo CV
detectado.
11. Los laboratorios y médicos facturan a los correspondientes Agentes del
Seguro entregando los cupones duplicados respectivos con los resultados
de los análisis e informes de consulta.
12. Los Agentes del Seguro deberán:
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
12.1 Abonar los aranceles convenidos.
12.2 Cargar en el aplicativo correspondiente, los resultados
incorporados por los laboratorios y médicos (códigos CIE-9,
según Anexo VI de la presente) en los cupones originales de
Consulta y Laboratorio.
12.3 En diskette entregar los resultados de los estudios y resumen
emitido por el aplicativo en soporte magnético.
13. La Administración de Programas Especiales, deberá:
13.1 Cruzar la información con el padrón de beneficiarios de la
Superintendencia de Servicios de Salud.
13.2 Incorporar a las bases la información de laboratorio y del médico
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO IV
VOUCHER PRESTACIONAL PERSONALIZADO
El Voucher Prestacional Personalizado (VPP) será emitido por el aplicativo por
duplicado. Estará dividido en dos cupones y contendrá los siguientes datos:
1. En los dos cupones:
1.1. El logotipo de la Administración de Programas Especiales y el
membrete del Agente del Seguro.
1.2. La frase “PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES” en lugar destacado.
1.3. El Número de Voucher autogenerado por el aplicativo
2. Cupón 1 -Consulta-
2.1. La palabra CONSULTA preimpresa y destacada
2.2. Nombre y Número de Inscripción en el Registro Nacional de Obras
Sociales de la Obra Social
2.3. Apellido y nombre del beneficiario
2.4. DNI
2.5. CUIT / CUIL
2.6. Fecha de nacimiento y sexo
2.7. N° de afiliado
2.8. Domicilio y teléfono
2.9. Fecha de emisión
2.10. Espacios para
2.10.1. Fecha de consulta
2.10.2. Resultados del examen clínico, según puntos 6.1 y 6.2
2.10.3. Diagnóstico según CIE-9 (incluyendo el código, ver Anexo VI de
la presente)
2.10.4. RIESGO CARDIOVASCULAR, según siguiente clasificación:
2.10.4.1. RIESGO LEVE: Presencia de un solo factor de riesgo.
Se excluye diabetes e hipercolesterolemia familiar.
2.10.4.2. RIESGO MODERADO: Colesterol LDL elevado y menos
de dos factores de riesgo.
2.10.4.3. RIESGO ELEVADO: Dos o más factores de riesgo.
2.10.4.4. RIESGO MUY ELEVADO: Diabetes e
hipercolesterolemia familiar.
2.10.5. Conducta a seguir: casilleros para marcar con X
2.10.5.1. NO REQUIERE TRATAMIENTO
2.10.5.2. INICIA TRATAMIENTO
2.10.5.3. DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
2.10.6. Firma, aclaración y matrícula profesional del profesional
actuante.
3. Cupón 2 –Laboratorio-
3.1. Las palabras GLUCEMIA, COLESTEROLEMIA TOTAL, HDL Y LDL
COLESTEROLEMIA preimpresas y destacadas
3.2. Nombre y Número de Inscripción en el Registro Nacional de Obras
Sociales de la Obra Social
3.3. Apellido y nombre del beneficiario
3.4. DNI
3.5. CUIT / CUIL
3.6. Fecha de nacimiento y sexo
3.7. N° de afiliado
3.8. Domicilio y teléfono
3.9. Fecha de emisión
3.10. Espacio para
3.10.1. Firma y aclaración, con matrícula profesional, del profesional
bioquímico responsable de los análisis. Sello del profesional y/o
Laboratorio.
3.10.2. Fecha de realización de los análisis
3.10.3. Resultados, según punto 4.1. del capítulo Detección de riesgo
del Anexo III de la presente.
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO V
CONSTANCIA DE DECLARACIÓN DE PATOLOGÍA
1. Será emitido solamente en original, que se entregará al encuestado.
2. El sistema recogerá los datos para ser enviados a la Administración de
Programas Especiales junto con el resto de la información relevada por la
boca de atención.
3. Contendrá los siguientes datos:
3.1. El logotipo de la Administración de Programas Especiales y membrete
del Agente del Seguro.
3.2 La frase “PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES” en lugar destacado.
3.3 El título "CONSTANCIA DE DECLARACIÓN DE PATOLOGÍA",
DEBAJO DEL ANTERIOR.
3.4 Número autogenerado por el aplicativo.
3.5 Nombre y Número de Inscripción en el Registro Nacional de Obras
Sociales de la Obra Social
3.6 Fecha de emisión
3.7 El siguiente texto: "En el día de la fecha el/la Sr/a. .................................
DNI....................... de sexo ......... y ..... años de edad, Nº de afiliado
......................... deja constancia que se halla bajo control y/o
tratamiento por patología que lo excluye de incorporarse a la
detección de riesgo cardiovascular".
3.8Patología declarada, según CIE-9 incluyendo el código, según lo
establecido en el Anexo VI de la presente
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
ANEXO VI
CODIGOS CIE-9 PARA EL PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE
FACTORES DE RIESGO Y PREVENCION PRIMARIA DE
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
Los códigos a utilizar serán los siguientes:
1- IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
HIPERTENSION ARTERIAL
401 Hipertensión esencial
TABAQUISMO
305.1 Abuso de drogas sin dependencia: tabaco
SOBREPESO Y OBESIDAD
278 Obesidad y otras formas de hiperalimentación
HIPERCOLESTEROLEMIA
272.0 Hipercolesterolemia esencial- familiar-primaria-pura-hereditaria
DIABETES MELLITUS
250.0 Diabetes mellitus sin mención de complicación
250.9 Diabetes con complicaciones no especificadas
2- ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO Selección de códigos
correspondientes a patologías mas frecuentes, agrupados por Grandes
Grupos de Enfermedad y cuyo diagnóstico está al alcance del médico en
una consulta y con los estudios aportados.
ENFERMEDAD CARDIACA REUMATICA
390 Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca
391 Fiebre reumática con complicación cardiaca
ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON
410 Infarto agudo de miocardio
413 Angina de pecho
ENFERMEDADES DEL PERICARDIO, ENDOCARDIO Y MIOCARDIO
420 Pericarditis aguda
Ministerio de Salud
Administración de Programas Especiales
422 Miocarditis aguda
TRASTORNOS DE LA CONDUCCION
426.0 Bloqueo auriculoventricular completo
DISRITMIA CARDIACA
427.0 Taquicardia paroxística supraventricular
427.3 Fibrilación y aleteo auriculares
INSUFICIENCIA CARDIACA Y NO ESPECIFICADAS
428.9 Insuficiencia cardiaca sin especificación
ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR
435 Isquemia cerebral transitoria
438 Efectos tardíos de la enfermedad cerebrovascular
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS
441 Aneurisma aórtico
443 Otra enfermedad vascular periférica

Responsabilidad Civil en función de los medicamentos.Responsabilidad del laboratorio.Ámbito de la responsabilidad . Vicios del diseño. Vicios de fabricación. Falta de advertencias.

 

  • Responsabilidad Civil en función de los medicamentos

Generalidades

Los medicamentos han logrado un rol fundamental en el desarrollo del ser humano, innúmeros progresos en el tratamiento de las enfermedades, al punto tal que hoy no se conciben terapias que no involucren sustancias medicinales. Coetáneamente, semejante explosión produjo una concentración económica que permitió encarar investigaciones de alta complejidad, hoy son los laboratorios los que inician costosas experiencias que han producido exitosos descubrimientos. El fenómeno convocó a la estadística, la matemática, la computación, la ingeniería, la farmacología y otras áreas del conocimiento que se reúnen alrededor del estudio de una nueva segmentación del saber, generándose una conjunción inesperadamente productiva.

Si pensamos en los efectos adversos, señalaremos que el propio sistema está abriendo los caminos para su superación a través de la biotecnología y la aplicación de procedimientos científicos más sanos.

Sin embargo, estos hechos están reñidos con las valoraciones, puesto que la imagen del sistema transita por los peldaños más bajos en la consideración de las sociedades de todo el mundo.

Hay un nuevo escenario dibujado por la producción, por la venta y por la prescripción masiva de medicamentos. Lejos estamos de aquel galeno que preparaba la poción de medicina para cada paciente. Ello genera también un daño cuantificable, estadístico, “visible” para los ojos del ciudadano, y desvinculado cada vez más de la noción súbita del accidente; es habitual.

Hay una diferenciación de campos entre los laboratorios, médicos, farmacéuticos, publicistas, distribuidores, que son los prestadores del servicio y sus consumidores.

Ello conduce a identificar grupalmente a los presuntos autores del perjuicio en aquellos que sirven el medicamento.

Abonan este impacto las políticas de mercado que colisionan con las razones científicas y las omisiones estatales en el debido contralor.

Valor y disvalor, -las significaciones jurídicas se incrustan en esta fractura, sin poder mantener, muchas veces, el equilibrio necesario.

Una primera hipótesis pregunta para qué hablar de una responsabilidad civil si el propio sistema va brindando sus soluciones, si los daños son menores que los beneficios y deben ser asumidos por la sociedad como un costo del desarrollo. El exceso de regulaciones produce un resultado adverso y ahuyenta las iniciativas innovadoras, desapropiando al sistema de su característica más valiosa, cual es el dinamismo. Se admitirían entonces débitos de reparación en situaciones residuales, como cuando hay culpa grave o dolo.

Otra vía resultaría el postular la protección de la víctima aplicando los factores objetivos de atribución y la reparación plena. El riesgo de estas alternativas suele residir en su simplicidad, en no captar las heterogeneidades que presentan los diversos protagonistas del daño y la propia víctima. Muchas veces se entra en contradicción con otras regulaciones del mismo Estado, y en otras se pretende adjudicar a la responsabilidad civil funciones que no tiene.

El problema no es estar a favor o en contra de la actividad, sino regular su funcionamiento. Ello supone afirmar que la industria debe existir, pero deben corregirse sus efectos disvaliosos, estabilizando el sistema, previniendo los daños, la tendencia a causarlos y reparándolos cuando ya se ocasionaron.

Se trata de ver la responsabilidad como uno de los mecanismos relativos al control social de la empresa, lo cual no implica postular su desaparición.

La cuestión reside entonces en identificar a los distintos protagonistas, qué daños producen cada uno, por qué causas, y los instrumentos de prevención y reparación disponibles. Hay cierta simplicidad en la aplicación de un factor de atribución sobre un responsable; una mirada más lejana, nos vislumbra a la responsabilidad como una constelación que se dispersa en busca de mayor equidad, “dando a cada uno lo suyo”.

La responsabilidad se perfila entonces como una distribución de costos de conformidad con criterios económicos, morales y de justicia, siendo ello aplicable principalmente a sectores que tienen aptitud para provocar dicho reacomodamiento. Si los laboratorios tienen beneficios pero externalizan sus costos, puesto que los terminan pagando los consumidores con precios altos y daños no compensados, o el presupuesto de salud de una Nación, es posible que el mecanismo compensatorio reequilibre las cosas.

La responsabilidad también orienta la prevención, puesto que deben cargar con parte del resarcimiento aquellos que están en posición de evitar el daño y no lo hacen; ésta es la función preventiva de la culpa. Si el médico, por ejemplo, sabe que puede responder ante la víctima por recetar desaprensivamente, se cuidará de no hacerlo.

Sin embargo, hay situaciones que escapan a ambos criterios. Puede ocurrir que el galeno medique mal porque hay una limitación para ello que ha sido impuesta por el Estado a fin de beneficiar económicamente al consumidor; o puede ser que el medicamento produzca daños, pero los beneficios son mayores como ocurre en muchos supuestos en que la ciencia determina un daño aceptable. Estos efectos disvaliosos suelen ser eximentes de responsabilidad, ya que son soportadas por la sociedad en su conjunto.

Es un hecho incontrastable que los análisis económicos penetran en la responsabilidad civil; para nosotros, ello no significa una alteración axiológica, es decir, volvernos economicistas. Antes bien supone reubicar el tema de la responsabilidad en las relaciones macrosociales, como corresponde en una sociedad donde los autores y los daños se causan y se sufren sectorialmente; para ello hay que utilizar las ciencias que se ocupan de ello.

Sin embargo, así como en la era de la culpa el débito de responsabilidad era una cuestión de justicia conmutativa, hoy lo es de justicia distributiva. Esta se antepone a la economía que debe frenar sus deseos imperialistas.

Responsabilidad del laboratorio

Cuando se indaga la demandabilidad del laboratorio, hacemos referencia a aquel que es el elaborador, al proveedor de tecnología o quien la adquiere, puesto que el que compra la innovación también carga con los riesgos que ella implica.

Del mismo modo pueden existir supuestos de autoría plural, que suceden ante la falta de identificación del elaborador. Esto ocurre en casos en que la distancia temporal entre el perjuicio y la adquisición del producto, impide saber a quién se compró y quién lo produjo.

En nuestro derecho se ha dicho que, con fundamento en la responsabilidad colectiva, podría arribarse a una autoría plural, presumiéndose el nexo causal con todo el grupo de laboratorios que habrían fabricado el fármaco, en proporción a la participación en el mercado.

Ámbito de la responsabilidad

Existencia de contrato

Puede suceder que la responsabilidad surja en el ámbito de un contrato, sea éste expresa o implícitamente celebrado. Este es un supuesto de excepción, que se da cuando el consumidor adquiere la cosa al fabricante; cuando habiendo eslabones en la comercialización pretende el resarcimiento de quien contrató con él, o bien cuando el que reclama es el intermediario.

En dichos casos se ha fundado la responsabilidad en dos tesis disímiles.

La primera, que compartimos, señala la existencia de un deber de seguridad, implícito o expreso. En el plano de las obligaciones interpartes, este débito es accesorio de las dos obligaciones nucleares del convenio celebrado, pero resulta valorativamente relevante en cuanto el contenido de la prestación comprometida es la preservación de la salud.

En el caso de fármacos, es obvio que se persigue la salud y que la seguridad de la otra parte depende de la calidad del producto elaborado; de modo que estamos ante un fin causalizado, una causa fin que integra la trama prestatoria. Esta motivación, que surge de la intención común de las partes, alcanza al efecto preciso de evitar que el consumidor no sufra daños como consecuencia de un producto que tiene justamente el fin de evitarlos; se trata por lo tanto de una obligación de resultado según la doctrina clásica. Nosotros preferimos señalar, superando la distinción, que dicho débito es el poner todos los medios técnicos, humanos y comerciales de que dispone el fabricante a fin de precaver que el producto sea dañoso.

Cuando se habla de daños, debe precisarse que se trata de aquellos que exorbitan el ámbito propio del perjuicio que ocasiona el medicamento como efecto adverso legitimado por el beneficio que produce.

Hay un deudor profesional a quien se le debe exigir el conocimiento de un experto (laboratorio), y hay una pérdida de control sustancial de la seguridad por parte del consumidor para enajenarla en manos de lo previsto por el primero; surge entonces claramente el débito de seguridad con fundamento en el art. 1198 del Cód. Civil.

Otro sector de la doctrina encontró en estos casos un supuesto de vicios redhibitorios. El art. 2176 del Cód. Civil dispone que si el vendedor (laboratorio) conocía o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá que indemnizar los daños y perjuicios.

Es interesante destacar que este artículo señala un débito de advertencia que surge del oficio; el experto debe prevenir al inexperto, y si no lo hace incurre en responsabilidad.

El deber de reparar supone la existencia de un defecto oculto al tiempo de la adquisición, que haga impropia la cosa para su destino (art. 2164) y que se halla optado por la rescisión (art. 2176), teniendo en cuenta que esta acción prescribe a los tres meses (art. 4041). La víctima debería escoger la rescisión, lo que es altamente improbable que suceda; el laboratorio podría incorporar una cláusula de renuncia de esta responsabilidad (art. 2166); El defecto oculto es una noción que sólo con mucho esfuerzo puede ser aplicada para explicar normativamente los problemas derivados de medicamentos; hay una imposibilidad de reclamar daños extrínsecos y un brevísimo plazo de prescripción. Estas razones han motivado el rechazo de esa fundamentación.

Inexistencia de contrato

Esta situación es la más común: el laboratorio celebra contratos con los distribuidores del medicamento, lo promociona frente al médico y al paciente, pero no alcanza a vincularse expresamente con el consumidor.

Un grupo de autores ha creído necesario aplicar análogamente los parámetros contractuales, siguiendo la tendencia a la inflación obligacional que se produjo, sobre todo, en el derecho francés. Habría entonces una serie de ventas encadenadas que se van aplicando una sobre otras, que terminan entrelazando convencionalmente al elaborador y al consumidor final que es quien adquiere la propiedad definitiva. Sintéticamente se expresa que el fenómeno contemporáneo de la intermediación en la venta de masas, no debería distorsionar la perdurabilidad de los rasgos típicos del negocio, cuya impronta normativa iría contagiando a quienes acceden a intervenir en el tráfico. Así, la promesa de seguridad que originariamente asume el elaborador, se ensancharía en su manto protectorio hasta alcanzar al consumidor final, sin que éste haya tenido nexo alguno con aquél.

También se ha dicho que la oferta de un producto rotulado por el fabricante, que lleva su marca, se dirige a los consumidores, y siendo aceptada por éstos, se produce el perfeccionamiento del contrato. Los intermediarios se transformarían en “servidores del contrato”.

Esta tesis ha tenido recepción jurisprudencial y se ha insistido en algunos congresos en los deberes de lealtad y de seguridad que asume el productor farmacéutico de un modo directo frente a los pacientes.

Se ha criticado esta tesis señalando objeciones de orden técnico, tales como la violación del principio de los efectos relativos de los contratos; la imposibilidad de ceder tácitamente un crédito (art. 1454) o bien la posibilidad de que el elaborador presente defensas típicamente contractuales, como la exceptio non adimpleti contractos, que complicarían la reparación.

Todo ello sin perjuicio de admitir que, sustancialmente, coincide la solución con la del art. 1113 del Cód. Civil, puesto que se impone un deber de seguridad de resultado, que supone un factor objetivo de imputación.

Otro sector ubicó la responsabilidad en el ámbito extracontractual.

Hoy es la doctrina mayoritaria, aunque existen diferencias sobre el factor de atribución.

Una opinión sólidamente sostenida, plantea la atribución de culpa como fundamento de la responsabilidad, invocando el art. 1109 del Cód. Civil. Obviamente no es la acepción clásica de esta imputación, sino una remozada, que incorpora presunciones de culpa derivada del vicio o defecto dañoso, aligeramiento de la carga probatoria puesto que bastaría demostrar una “creencia razonable” y no necesariamente un caso minuciosamente evidenciado, y la noción de que cuando hay daños vinculados al producto, las cosas hablan por sí mismas (Res ÿsa loquitur, thinghs speaks hor himself) y se invierte la carga demostrativa.

Se han tonificado las presunciones a un punto tal que hay autores que se han preguntado qué diferencia existe realmente entre este sistema y el de la atribución objetiva.

La doctrina mayoritaria se inclina por aplicar la imputación objetiva por el riesgo creado por las cosas de las cuales se sirve el fabricante (art. 1113).

Dicha tendencia se acentuará de aprobarse el proyecto de reformas al Cód. Civil, porque se incluiría a esta actividad dentro de las peligrosas que contempla el art. 1113 y el 2176 proyectados.

Más allá de estos debates, lo que interesa es determinar qué débitos concretos se imponen al laboratorio. Sobre este punto coinciden en mucho los autores y la jurisprudencia, sin perjuicio de las discrepancias de fundamentos.

Antijuridicidad

La obligación genérica

Como aspecto nuclear se admite que hay una seguridad prometida al consumidor o razonablemente esperada por éste respecto de la inocuidad del producto; ello involucra la aplicación del principio de buena fe y comprende los deberes de lealtad y completividad de la información, sea que la causa fuente sea contractual o no, ya que siempre el factor de atribución es objetivo.

Cuando hay contrato, hay una seguridad prometida; cuando no hay negocio, hay una seguridad esperada por el consumidor, la que resulta legítima por el principio de buena fe.

Tratándose del primer caso, esta atribución de responsabilidad es objetiva, puesto que surge de una obligación determinada de inocuidad del producto, la que sólo permite eximirse demostrando la culpa de la víctima, la de un tercero o el casus. Cuando no hay convención, se aplica el art. 1113, en cuanto a la responsabilidad por riesgo creado.

Esta doctrina, que siendo poco a poco mayoritaria puede tener recepción legislativa, necesita algunas puntualizaciones en cuanto a los alcances precisos del deber mentado.

Las obligaciones específicas

1) Los vicios de diseño

El laboratorio, titular del registro, puede haber diseñado por sí mismo el medicamento o ser licenciatario. En este último caso debe soportar las cargas peligrosas del mismo, conforme al art. 1113 del Cód. Civil.

El diseño consiste en la programación de un producto con finalidades medicinales, que debe ser aprobado por el Estado. Este diseño siempre resulta riesgoso puesto que todos los fármacos lo son debido a que su peligrosidad debe ser analizada en función de varios parámetros: composición interna, efectos adversos previsibles, imprevisibles, dosis, interacción con otros medicamentos.

El diseño encierra por consiguiente un balance de la relación entre el beneficio que producen y el riesgo que implican.

Si el factor de atribución fuera la culpa, habría que analizar si el laboratorio hizo un fármaco irrazonablemente peligroso (imprudencia) o calculando mal sus efectos adversos (negligencia). En el primer caso, el balance es bastante difícil, sobre todo atendiendo a la existencia de una aprobación estatal; si se basa en la culpa, podría defenderse el laboratorio aduciendo la falta de la misma ya que ajustó su conducta a lo exigible por el ordenamiento nacional.

Si el factor de atribución fuera el riesgo creado, entendemos que no cabría aplicarlo diciendo que todos los medicamentos son peligrosos y entonces siempre es posible sustentar una imputación de responsabilidad. Así como en el caso anterior habría una retracción de supuestos dibitorios, en éste se presentaría una hiperresponsabilidad.

Antes bien, pensamos en la posibilidad de un “vicio” de la cosa. En general la doctrina, cuando explica este tema, señala que hay que demostrar el “error de diseño”, pero como estamos en su supuesto de imputabilidad objetiva, preferimos prescindir de esa noción cercana a la culpa. Debe entonces existir un elemento calificante del riesgo de las cosas; así ocurre con los automóviles que lo son, pero no generan la responsabilidad del fabricante ante cualquier accidente.

El medicamento se torna peligroso por la existencia de un vicio; veamos entonces en qué consiste.

El elaborador debe tener los conocimientos de un experto (art. 2176, Cód. Civil), lo que supone estar al tanto de todas las noticias científicas de cómo se elabora un medicamento, cuáles son las medidas de seguridad habituales, cuál es el método científico aplicable. Por lo tanto y a tenor del art. 909 del Cód. Civil, se le exigirá un máximo grado de previsión de las consecuencias dañosas del producto que incorpora al mercado, que sean derivación natural y ordinaria del fármaco (art. 906).

Esta previsibilidad es juzgada en abstracto, ya que no se trata de un pronóstico de culpabilidad. Debe estarse entonces a varios parámetros: a) la utilidad del producto; b) los daños que dicho medicamento causa y su relación objetiva con el beneficio; c) la posibilidad objetiva de hacer dicho medicamento más seguro, lo que puede surgir de la comparación con otros medicamentos en el mercado. Aquí entendemos que el juez puede juzgar la previsibilidad causal tomando en cuenta lo que sucede en otros países, sobre todo tratándose de empresas que tienen un acceso inmediato a dichas posibilidades, como ocurre con los laboratorios. Sabido es que, por múltiples causas, los medicamentos en nuestro país son más riesgosos que en otros, por lo que no habría imposibilidad de tomar en cuenta prescripciones de la F. D. A. de los E. U. Si el laboratorio ha realizado estudios locales que, aún no siendo obligatorios, demuestran que hay una justipreciación selectiva del fármaco ajustada a las coordenadas típicas del país, no habrá evidentemente vicio. Este criterio obviamente redundará en beneficios notorios para el desarrollo nacional; d) el seguimiento del método científico para la investigación y presentación del producto.

Nos interesa detenernos en dos aspectos vinculados a esta previsibilidad “in abstracto”. El primero refiere a si las consecuencias mediatas resulta previsibles. El fármaco puede haber sido correctamente diseñado pero mal usado, puesto que se produce una farmacocinética o farmacodinámica distinta por la interacción con otros medicamentos, por ejemplo. En estos casos, existe la ergonomía, que como ciencia debe integrarse a los procesos productivos para calcular cómo actuará el hombre, y por lo tanto resultan predictibles una serie de comportamientos del paciente que tienen rango estadístico. Si el mal uso o la automedicación excesiva son comunes, no son eximentes en tanto son consecuencias mediatas previsibles. Ello sin perjuicio de la interrupción del nexo por parte de una actuación del médico o del farmacéutico.

Otro problema es hasta cuándo debe preverse. Los medicamentos pueden ser perfectamente diseñados y seguros al momento de la aprobación, pero luego de un lapso de tiempo presentar algún efecto adverso no previsto al momento de la calificación estatal. Este es el supuesto dela Talidomida, que desencadenó una secuela de daños varios años después de la ingestión por los pacientes y se evidenció en los hijos de éstos.

Aquí, la doctrina se ha dividido.

Un grupo de autores señala que estos efectos son un riesgo inherente al desarrollo de los medicamentos, que deben ser soportados por los titulares de las empresas. Otro sector, en cambio, participa de la noción de que el fabricante no es responsable si aporta la prueba de que la cosa no puede ser considerada como defectuosa en función del desarrollo científico y de la tecnología prevalente en el momento de su puesta en circulación.

Tratándose de supuestos de responsabilidad objetiva, como dijimos, debe estarse a un pronóstico causal; el problema reside entonces en determinar si dicho examen debe hacerse tomando en cuenta los datos existentes al momento de la elaboración o aprobación del medicamento, o incluyendo también datos posteriores, desconocidos en el instante genético. En este último caso, como bien lo señalan Alterini, López Cabana, se involucra la tesis de Rumelin, que ha sido calificada como ultra objetiva, puesto que toma en cuenta circunstancias no conocidas por el autor.

Sobre este aspecto nos parece necesario observar que la doctrina de la causa debe ser despojada de ese aire metafísico que algunos autores le dieron; este presupuesto trasunta la idea que tiene el legislador acerca de hasta dónde es prudente obligar a alguien a responder; es decir, sugiere un tema de política legislativa. Por ello, convenimos con Llambías cuando señala que corresponde en primer lugar determinar el hecho que ha generado el daño, aplicando un pronóstico objetivo puro, como el de Rumelin; pero luego, en un segundo paso, surge una rectificación que ha impuesto el legislador, orientado por el prisma de la justicia.

Del primer paso, surge que el medicamento ha producido el daño por una causa no presente al momento de la elaboración; del segundo surge la rectificación que corresponde hacer en tanto se trata de una causa mediata no previsible. Por lo tanto no hay responsabilidad por los riesgos del desarrollo.

Sin embargo, corresponde agregar a ello que de acuerdo a los avances actuales de la ciencia farmacológica, compete al laboratorio encarar un estudio de fase IV, post marketing, que permita el monitoreo permanente del medicamento. Si teniendo en cuenta un adecuado estudio de farmacovigilancia se hubiera podido determinar o advertir la presencia del vicio, habrá responsabilidad en tanto éste se torna previsible (art. 904).

Observado el vicio, incumbirá al laboratorio retirar el medicamento del mercado o bien adoptar las previsiones para neutralizarlo.

Nos parece que de este análisis surgirá una particularización de los casos más beneficiosa, que no se contemplaría con la aplicación in totum de la tesis de Rumelin.

2) Vicios de fabricación

En este caso, el diseño es adecuado, pero en la elaboración no se cumple con la finalidad perseguida. La ley 16.463 impone al elaborador de medicamentos la responsabilidad por la pureza y legitimidad de los mismos, y una falla en este aspecto constituirá un vicio de la cosa que demandará la aplicación del art. 1113 del Cód. Civil. Sobre los problemas temporales que surjan nos remitimos a lo expresado en el punto anterior.

Para la prueba de la existencia del vicio, rigen mecanismos probatorios de cierta lenidad en favor de la víctima, que ha propiciado la doctrina. Se trata de la inexigibilidad de una prueba minuciosa y excluyente, sino de demostración de una probabilidad razonable de que el vicio ha ya causado el daño; ello se sustenta en el parámetro de “probabilidad” que pretende la ley (art. 906) y en lo dificultoso que sería aportar un testimonio preciso en un ámbito donde la policausalidad funcional es la regla.

3) Falta de advertencias

El deber del fabricante es advertir al consumidor sobre los riesgos que presenta el producto que ofrece; el laboratorio debe, específicamente, señalar por deber legal (ley 16.463) los riesgos.

Los aspectos más complejos se plantean en cuanto al discernimiento del volumen de la información y los medios a utilizar con el destinatario.

El laboratorio debe presentar una información técnica básica para el registro, relacionada con las acciones farmacológicas, los índices de efectividad, dosis, margen de seguridad, iatrogenia, precauciones, advertencias, contraindicaciones, efecto de acumulación de dosis, posibilidad de generar habituaciones o toxicomanías. Esta información debe ser luego traducida para el médico y para el paciente.

El médico recibe la información fundamentalmente a través de la propaganda que realiza el laboratorio, de las revistas científicas, de los catálogos y de los prospectos que cada medicamento contiene. Casi todos estos medios informativos tienen su origen en el elaborador. En este aspecto señalamos que éste debe preocuparse porque el volumen de la información sea intensivo, teniendo en cuenta la “costumbre” que nos señala una deficiente formación farmacológica del médico en nuestro país. Asimismo debe utilizar medios que lleguen al profesional y no ocultar la información.

En el caso del paciente, el médico se interpone entre éste y el elaborador porque es quien prescribe. De todos modos, el laboratorio debe hacer un prospecto con información básica sobre la posología y los efectos adversos principales. La jurisprudencia de otros países ha señalado que ésta no debe ser excesiva de modo que asuste al consumidor y perjudique al laboratorio. Debe buscarse un equilibrio de información clara, efectiva, que contemple aún las conductas probables que asumirá el consumidor argentino (por ejemplo, en automedicación).

Causalidad

Además de lo ya referido, nos interesa resaltar una nota típica que asume la demostración del nexo causal en los supuestos de daños en masa o “tecnológicos”.

En estos supuestos, la víctima debe probar el nexo, el contacto entre la cosa y el daño; llevado a cabo se presume la adecuación y el presunto responsable debe demostrar la ruptura.

ESTUDIO DVA ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO A LA SALUD, DERECHO MEDICO, MALA PRAXIS, AFECCIONES POR MEDICAMENTOS.

¿Considera usted que el deterioro de su salud es consecuencia del uso de un fármaco prescrito de forma inadecuada, de una falta de información explícita del laboratorio sobre sus efectos secundarios, o de una falta de control adecuado en su consumo? La lista de medicamentos que a lo largo de las últimas décadas han sido retirados del mercado por producir en quienes los consumían efectos secundarios graves de todo tipo, incluso la muerte, sería prácticamente interminable. Son numerosos los laboratorios que afrontan en la actualidad múltiples pleitos en los tribunales por esta razón. Unas veces por ocultar datos experimentales cuyo conocimiento público por los organismos reguladores hubiera impedido probablemente la comercialización del producto, y otras por presentarlos como válidos para ciertas patologías en las que no había sido suficientemente demostrada su eficacia

Estudio de la ley de Promoción de la utilización de Medicamentos por su nombre genérico Ley 25649. Causas. Consecuencias.

  • Ley 25.649 de Promoción de la utilización de Medicamentos por su nombre genérico

La ley indicada, que fuera sancionada enla Cámara de Diputados en el mes de agosto del año 2002, regula la prescripción por nombre genérico y la dispensa, por parte del farmacéutico, de los sustitutos convenientes, articulando un sistema particular, relacionado con los derechos del consumidor de medicamentos.

Por su parte, se establece para el médico, la obligatoriedad de recetar por el nombre genérico, constituyendo una formalidad esencial, bajo pena de nulidad de la prescripción (arts. 2° párr. 1° y 3°).

Correlativamente, del listado de medicamentos autorizados y comercializados al presente, únicamente el farmacéutico está habilitado, a pedido del consumidor, a “sustituir por” o bien, a dispensar, una especialidad medicinal de menor precio, con igual principio activo, concentración, forma farmacéutica y equivalencia de cantidad de unidades. (art. 2°, párr. 2° y 3°).

En la anterior normativa, se hacía referencia al acto de reemplazo, acto que se encontraba facultado a realizar el farmacéutico de acuerdo al art. 11 Dec      . 150/92 según res. MS 326/2002.

Por el art. 9° de la ley, la autoridad nacional creará un listado (Vademécum) de Especialidades Medicinales Genéricas o “formas comerciales autorizadasen base a su contenido de principio activo” o “monodroga“.

La novedad de la norma consiste en que, por primera vez, se establece una definición de Especialidad Medicinal Genérica: especialidad medicinal identificada por el nombre genérico que corresponde a su composición (art. 4°, ley).

Sin perjuicio de lo dicho, una futura normativa, basada en los antecedentes legales internacionales reseñados, debería definir la categoría de especialidad medicinal genérica en su aspecto técnico, sus caracteres esenciales, los requisitos de aprobación y exigencias a las que deberán adecuarse dichas especialidades.

No obstante, los lineamientos internacionales considerados, no pueden ser extrapolados, sin más, a nuestra realidad para definir técnicamente a estos productos, sino que, a nuestro juicio, resultaría conveniente contemplar la realidad de nuestro mercado farmacéutico y la de los consumidores, todo en función de la garantía del efectivo acceso de la población a los medicamentos.

En torno a la reglamentación de la ley N° 25.649 de utilización de medicamentos por su nombre genérico, se lo hace a través del decreto 987/2003, y constituye un importante capítulo en la historia de la regulación del mercado de medicamentos. Pocas veces un instrumento normativo constituyó un punto de inflexión tan acentuado. Podría, considerarse este decreto como una declaración de guerra. Pero se confunde quien considere que en ella el enemigo son los laboratorios productores. La lucha es contra la falta de acceso a los medicamentos y consiste en cambiar las reglas del mercado. Los laboratorios han operado como causa y consecuencia de dichas leyes pero, al menos enla Argentina de los últimos cinco años, ello no siempre les trajo beneficios. De hecho el volumen de unidades vendidas se había retraído en los años anteriores al dictado de la norma en cuestión a casi a la mitad de los valores registrados en 1999.

Como primer punto de análisis, la Política Nacionalde Medicamentos establece un nuevo marco regulatorio con reglas fijas y claras que pueden beneficiar a todo el sistema sanitario en su conjunto. Dicha política se plantea en el decreto de necesidad y urgencia Nº 486/2002 que establece la emergencia sanitaria en el territorio nacional, es ratificada a través de la ley de utilización de medicamentos por su nombre genérico (N° 25.649), e instrumentada luego a través de este decreto.

La prioridad absoluta asumida por la Política Nacionalde Medicamentos consiste en promover el acceso de la población a los medicamentos. De acuerdo a la experiencia internacional al respecto se han identificado para ello dos ejes. El primero consiste en la regulación del mercado de fármacos y el segundo en la provisión directa de medicamentos para aquellos que no disponen de medios para adquirir los medicamentos en las farmacias. Al establecer de forma explícita la forma en que deben realizarse las prescripciones de medicamentos, el decreto 987 representa un avance en ambos sentidos.

El decreto establece una adecuada división de roles en la promoción del acceso a medicamentos. En primer lugar, los médicos y odontólogos están obligados a prescribir por nombre genérico (artículo 2°). Aunque se preserva la facultad para incluir en la receta también el nombre comercial del medicamento, se ratifica que serán consideradas no válidas las recetas que no cumplan con este requisito (en el artículo 3º). No hay ni en Argentina ni, probablemente, en el mundo antecedentes de medidas tan drásticas. Esto significa que a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial en Argentina sólo son válidas las recetas emitidas por nombre genérico.

En segundo lugar, el decreto rescata y jerarquiza el rol del profesional farmacéutico. Este es responsable por verificar la validez de la receta y no puede delegar en dependientes no matriculados las obligaciones contempladas en la ley y su reglamento (Artículo 7º). Pero, además, el decreto asume que el acto farmacéutico involucra no sólo el asesoramiento y correcta información al usuario sobre todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de ellos y sus distintos precios; sino también responsabilidad legal en dicho acto. El farmacéutico debe documentar este acto profesional consignando en la receta, de su puño y letra, la conformidad del adquirente con relación a la información recibida y al medicamento dispensado, individualizando el mismo por su nombre genérico y de marca comercial o del laboratorio, según el caso, seguido de la fecha, firma y sello donde conste su nombre, apellido y matrícula profesional. También deberá dejar constancia de que informó al usuario al respecto si la receta, además de consignar el nombre genérico, insiste en un nombre comercial.

En tercer lugar, el decreto exige un rol muy activo del gobierno. Otorga un papel central a las autoridades regulatorias, en particular la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica -ANMAT-, en primer lugar porque ratifica que esta institución es la responsable del Registro de Especialidades Medicinales que son las únicas que pueden ser comercializadas en las farmacias argentinas. En segundo lugar, porque debe enumerar las especialidades medicinales que el farmacéutico no estará habilitado para reemplazar, debido a sus características de biodisponibilidad y/o estrecho rango terapéutico. Además fortalece el rol del Estado en la vigilancia y fiscalización al establecer que “ante la falta de información sobre los medicamentos y sus precios por principio activo o combinación de ellos los farmacéuticos serán pasibles de las sanciones de la ley N° 24.240” (Artículo 7º).

Las medidas que han demostrado a nivel mundial un mayor impacto sobre el acceso a medicamentos no consisten en la regulación del mercado farmacéutico, sino en substraer a los remedios de su lógica a través de la provisión directa a la población por parte del Estado o de las instituciones de seguros de salud. En la Política Nacionalde Medicamentos esa tarea ha sido asignada al Programa Remediar, implementado para garantizar el acceso gratuito a medicamentos ambulatorios para 15 millones de personas en condiciones de pobreza.

Sin embargo, desde la década del noventa los países más avanzados se han esforzado por incrementar la regulación de los mercados de fármacos, garantizando un mayor acceso a dichos productos. De todas las estrategias políticas posibles, la utilización de genéricos ha demostrado ser la más poderosa en todos los sentidos. Fundamentalmente, porque orienta la competencia de los laboratorios productores por precio y calidad. Medidas ensayadas en décadas pasadas como el congelamiento de precios han demostrado tener efectos adversos serios como el estímulo al agio y a los mercados negros. Algo similar ocurrió con los subsidios directos por parte del Estado, que pocas veces demostraron una asignación efectiva y transparente.

En Argentina se dieron excelentes condiciones que viabilizaron la política de utilización de medicamentos por su nombre genérico. En primer lugar, la calidad de los productos es garantizada por la ANMAT que es una institución pionera en la región y de funcionamiento ejemplar. En segundo lugar, la recesión económica sostenida sumada a una regulación insuficiente condujo a todos los actores del sector a una situación insostenible. Al mismo tiempo que las necesidades sanitarias crecían, el consumo disminuyó, las ventas de laboratorios, mayoristas y minoristas se retrajeron y los financiadores se atrasaron en los pagos o recortaron la cobertura. En tales condiciones un cambio en las reglas de juego del mercado no sólo se hacía necesario sino impostergable. En tercer lugar, en Argentina hay muy pocos productos protegidos por patente, de manera que el mercado de genéricos involucra prácticamente a todas las especialidades medicinales disponibles. Por último, el margen de dispersión de los precios era (y continúa siendo) demasiado alto y esto significa que la substitución de productos permite obtener grandes ahorros sin perjudicar el acceso.

Haciendo hincapié en optimizar el régimen actual, se nos ocurre, como primer punto, regular la publicidad médica. La misma induce una demanda que generalmente no es adecuada ni racional y expande innecesariamente los gastos. En Estados Unidos de Norteamérica los gastos en anuncios directos al consumidor de medicamentos de venta bajo receta representan sólo un 15,7%. Sin embargo, si a ese número se agrega el costo de las muestras que se entregan gratuitamente a los médicos, el porcentaje asciende al 32 %. Muchos países han avanzado en dicha regulación limitando la publicidad, o incluso gravándola con impuestos adicionales.

En segundo lugar, para regular de forma más adecuada privilegiando el acceso se pueden incorporar criterios de costo-efectividad en el registro. Esto significa exigir a los laboratorios oferentes que demuestren que el producto que quieren vender no sólo es más eficaz sino que no encarece innecesariamente el tratamiento. Hasta ahora ningún país lo ha hecho para habilitar la comercialización del producto, pero varios están avanzando en su utilización para las compras públicas y la cobertura de la seguridad social.

Además, este criterio fármacoeconómico se puede aplicar hacia futuro (para habilitar el registro de las nuevas especialidades medicinales) o retrospectiva. Esta última involucra una importante purga del mercado, ya que obligaría a retirar del mercado a aquellos productos para los cuales existan alternativas igualmente efectivas pero cuyo tratamiento involucra costos menores.

Otra línea de medidas imprescindibles consiste en fortalecer la farmacovigilancia incluyendo los aspectos que reglamenta el decreto 987. Esto implica la inspección de todas las farmacias del territorio nacional para verificar el correcto cumplimiento del acto farmacéutico. Entre los aspectos a ser examinados merece destacarse la verificación de: a) que el farmacéutico disponga de las alternativas comerciales más económicas de cada genérico y las ofrezca al consumidor, b) que sólo sea un farmacéutico profesional el que realice la dispensa, y c) que sean rechazadas las recetas no emitidas por nombre genérico.

Por último, y atendiendo a nuestro carácter de país federal, fortalecer la regulación implica favorecer el desarrollo de legislación provincial acorde. En este sentido cabe advertir que además de la ley nacional 25.649 prácticamente todas las jurisdicciones han avanzado en el mismo sentido: Buenos Aires (ley 11.405/02), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 752/02), Córdoba (ley 9.010/02), Corrientes (decreto 1.449/02), Chaco (ley 5.048/02), Chubut (ley 4.842/02), Formosa (ley 1.381/02),La Pampa(ley 1.243/90),La Rioja(ley 7.269/02), Mendoza (ley 7.037/02), Misiones (ley 3.843/02), Neuquen (ley 2.392/02), San Juan (ley 7.266/02), San Luis (ley 5.306/02), Santa Fe (ley 12.043/02), Santiago del Estero (ley 6.581/02), Tierra del Fuego (ley 560/02), Tucumán (ley 7.230/02). Además, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Catamarca tienen leyes que se encuentran en Comisión para adherirse a la ley nacional.

En lo que atañe a la determinación de cuán eficaz ha sido la reglamentación de la ley de medicamentos genéricos, debe decirse, que cuando una política asume como prioridad promover el acceso a medicamentos no corresponde examinar su eficacia exclusivamente a través del monitoreo de precios. Si los precios no varían pero las personas compran las alternativas genéricas más económicas el gasto se reduce y el acceso a los medicamentos esenciales se incrementa.

La Comisión Nacionalde Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), Estudio Multicéntrico que involucra a Adelco, Universidad Maimónides, CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidady el Crecimiento) e IDICSO (Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidaddel Salvador) demostró que la utilización del nombre genérico de los medicamentos involucra un ahorro de $660 millones al año. La estimación surge de aplicar al conjunto de los medicamentos prescriptos exclusivamente por nombre genérico (29%) el porcentaje de ahorro registrado cuando existe sustitución de una marca comercial por otra de menor valor (38%). El resultado se combina con el total del gasto en medicamentos vía farmacia enla Argentina, que se estimó en torno a los 6.000 millones de pesos para el año 2002.

La misma investigación, que también indagó la opinión de médicos, farmacéuticos y pacientes, muestra un importante apoyo de los distintos actores a la ley sancionada en septiembre de 2002, que se tradujo en una rápida difusión de la prescripción por nombre genérico. En efecto, de un total de 4.600 medicamentos con receta analizados en todo el país, en un 57,7% de los casos el médico consignó el nombre genérico. Sin embargo, en más de la mitad de estas recetas también se sugiere una marca comercial determinada. Ello provoca un menor porcentaje de sustitución y por tanto de ahorro para los hogares, el cual podría aumentar significativamente en la medida en que aumente el cumplimiento de la legislación por parte de los profesionales.

  • Un factor relevante a hora de la receta de medicamentos: La Propaganda

La modalidad de recetar por la marca se puede explicar de una forma abierta a muchos factores. Uno de esos puede mostrarse si uno se sitúa en la formación del médico que, entre las disciplinas tratadas se encuentrala Farmacología. Enesta se estudian las drogas genéricas y no las marcas.

Con el ejercicio profesional comienza la función prescriptiva y la relación con los productos del mercado. Pero, además, aparece un actor, el agente de propaganda médica de los laboratorios.

Si por las razones que fueren, el médico no dispusiera de una bibliografía especializada y de actualización, se informará entonces de la propaganda médica y de las publicaciones de los laboratorios. Estos divulgan los productos por su nombre comercial o marca.

Así se asocia un efecto farmacológico con la marca; asociación que induce la prescripción de los medicamentos por aquel nombre en detrimento del genérico.

Puede deducirse casi directamente de lo postulado que a mayor llegada de la propaganda, destinada al médico, mayor asociación y una probabilidad más alta de ser recetada la marca.

  • Algunas precisiones conceptuales a partir de las normas de la materia

Medicamento: es toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico en beneficio de la persona a quien se le administra.

Principio Activo o Droga Farmacéutica: Toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas, de origen natural o sintético, que poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en medicina humana.

Nombre Genérico: Denominación de un principio activo o droga farmacéutica o, cuando corresponda, de una asociación o combinación de principios activos a dosis fijas, adoptados por la autoridad sanitaria nacional o, en su defecto, la denominación común internacional de un principio activo recomendada porla Organización Mundial dela Salud.

Listado de Medicamentos Similares o Bioequivalentes: Nómina de los medicamentos utilizados en el país, designados por su nombre genérico, forma farmacéutica y contenido o composición y de las especialidades medicinales registradas en el país, designadas por el nombre aprobado por la autoridad sanitaria nacional, sea esta una marca de fábrica o comercial o el nombre genérico, y que la autoridad sanitaria nacional considera o acepta como de igual acción o eficacia terapéutica en condiciones similares de uso.

Datos Originales: Son todos los registros o copias certificadas de las observaciones originales, hallazgos clínicos u otras actividades en un estudio clínico, necesarios para la reconstrucción y evaluación del estudio. Tal información incluye: Estudios de laboratorios, memoranda, cálculos y documentos, registro de datos en instrumentos automáticos o exactos, copias verificadas, microfichas, etc. También incluye negativos fotográficos, videograbaciones, microfilmaciones o medios magnéticos.

Resultados: Información obtenida luego de haber finalizado el estudio y que debe ser analizada estadísticamente y comparada con otra información propia o ajena. Generalmente los resultados dan origen a nuevas hipótesis.

Eficacia: Es la capacidad de un medicamento y/o especialidad medicinal para corregir una alteración fisiopatológica o disminuir/eliminar una determinada signo/ sintomatología. La eficacia surge de los resultados del estudio clínico controlado. Entonces, la documentación presentada que cumple con este requisito prueba el extremo de la ley 16.463 (eficacia y seguridad) y será pasible de protección.

Estudio Clínico: Es un estudio sistemático, siguiendo en un todo las pautas del método científico en seres humanos voluntarios, sanos o enfermos realizado con medicamentos y/o especialidades medicinales con el objeto de descubrir o verificar los efectos y/o identificar reacciones adversas del producto en investigación y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo (biotransformación) y excreción de los principios activos con el objeto de establecer su eficacia y seguridad.

PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS POR SU NOMBRE GENÉRICO

Ley 25.649

BUENOS AIRES, 28 DE AGOSTO DE 2002
BO, 19 DE SETIEMBRE DE 2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1 – La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas y su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.

Artículo 2 – Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración. La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades. El farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades farmacéuticas, como así también para su sustitución. En este último caso deberá suscribir la autorización de sustitución en la prescripción. Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.1 ( (B.O. 19/09/2002) ULTIMO PARRAFO VETADO )

Artículo 3 – Toda receta o prescripción médica que no cumpla con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley se tendrá por no prescrita, careciendo de valor alguno para autorizar el expendio del medicamento de que se trate.

Artículo 4 – (VETADO POR DECRETO 1855/02) . Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.2 ( (B.O. 19/09/2002) ARTICULO VETADO )

Artículo 5 – Será obligatorio el uso del nombre genérico: a) En todo envase primario, secundario, rótulo, prospecto o cualquier documento utilizado por la industria farmacéutica para información médica o promoción de las especialidades medicinales; b) En todos los textos normativos, inclusive registros y autorizaciones relativas a la elaboración, fraccionamiento, comercialización, exportación e importación de medicamentos; c) (VETADO POR DECRETO 1855/02) Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.3 ( (B.O. 19/09/2002) INCISO C) VETADO )

Artículo 6 – En los rótulos y prospectos de los medicamentos registrados ante la autoridad sanitaria, se deberán incorporar los nombres genéricos en igual tamaño y realce que el nombre comercial. Cuando se trate de medicamentos constituidos por dos o más nombres genéricos, el tamaño de la tipografía para cada uno de ellos podrá ser reducido en forma proporcional.

Artículo 7 – En el expendio de medicamentos, los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de ellos que la prescrita en la receta médica que se les exhiba y los distintos precios de esos productos. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones previstas por la ley 24.240, de defensa del consumidor.

Artículo 8 – El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. En este marco deberá especialmente diseñar campañas de difusión masiva respecto de los beneficios que reviste el uso de las denominaciones genéricas en las prescripciones médicas

Artículo 9 – (VETADO POR DECRETO 1855/02) Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.2 ( (B.O. 19/09/2002) ARTICULO VETADO )

Artículo 10 (VETADO POR DECRETO 1855/02) Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.2 ( (B.O. 19/09/2002) ARTICULO VETADO )

Artículo 11 – El Poder Ejecutivo propenderá, en materia de medicamentos, a una política de progresiva sustitución de importaciones.

Artículo 12 – Invítase a las provincias a adherir a la presente ley. Ver: Decreto Nacional 1.855/2002 Art.4 ( (B.O. 19/09/2002) FRASE VETADA )

Artículo 13 Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. FIRMANTES CAMAÑO-LOPEZ ARIAS-Rollano-Oyarzún

 

SALUD PUBLICA Decreto 528/2011 . REGLAMENTACION DE LA LEY 26588 LEY DE CELIACOS

SALUD PUBLICA
Decreto 528/2011
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.588 que declara de Interés Nacional
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca.
Bs. As., 4/5/2011
VISTO el Expediente Nº 1-2002-15.365/10-4 del Registro del MINISTERIO DE SALUD y la
Ley Nº 26.588, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.588 se declaró de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Que la enfermedad celíaca es una condición permanente de intolerancia al gluten contenido
en diversos alimentos, que ocurre en individuos genéticamente predispuestos, y se
manifiesta como una enteropatía mediada por mecanismos inmunológicos, cuyo único
tratamiento disponible, hasta el momento, es una dieta libre de gluten. En este sentido, la
detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para evitar
complicaciones secundarias de esta patología.
Que mediante Resolución Nº 1560 de fecha 27 de noviembre de 2007, el MINISTERIO DE
SALUD ha creado el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD
CELIACA, con el objeto de contribuir a la promoción de la detección temprana de la
enfermedad celíaca y fortalecer el Sistema Nacional de Control de Alimentos en lo referente a
alimentos libres de gluten.
Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE  MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA (ANMAT), organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos del MINISTERIO DE SALUD, por medio del INSTITUTO
NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) es el organismo encargado de autorizar, registrar,
controlar y fiscalizar la calidad y sanidad de los alimentos incluyendo los suplementos
dietarios, así como los materiales en contacto con los alimentos, en coordinación con las
jurisdicciones sanitarias federales y sus delegaciones.
Que el Decreto Nº 815 de fecha 26 de julio de 1999 establece el SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL DE ALIMENTOS, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código
Alimentario Argentino.
Que la mencionada normativa crea, además, la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS
(CONAL) como organismo asesor, de apoyo y  de seguimiento del SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL DE ALIMENTOS, encargada de velar por el cumplimiento del Código Alimentario
Argentino, así como de proponer su actualización. Esta Comisión está integrada por UN (1)
representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; UN (1) representante de la Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos del MINISTERIO DE SALUD; UN (1) representante de la autoridad de
aplicación de las Leyes Nº 22.802 y Nº 24.240 (Subsecretaría de Defensa del Consumidor de
la  Secretaría  de  Comercio  Interior  del  MINISTERIO  DE  ECONOMIA  Y  FINANZAS  PUBLICAS);
DOS (2) representantes del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA); DOS (2) representantes de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT); y TRES (3)
representantes de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Que, en este sentido, la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) resulta el ámbito
adecuado para consensuar y definir las características y condiciones que deben reunir los
alimentos, esto es, por ejemplo, determinar qué cantidad de gluten de trigo, avena, cebada
y centeno (TACC) debe poseer un alimento para ser considerado "libre de gluten", y de esta
forma asesorar al MINISTERIO DE SALUD en el dictado de la norma conveniente.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2) de la
CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.588 que "DECLARA DE INTERES
NACIONAL LA ATENCION MEDICA, LA INVESTIGACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA, LA
CAPACITACION PROFESIONAL EN LA  DETECCION TEMPRANA, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELIACA" que como ANEXO I, forma parte integrante del
presente Decreto.
Art. 2º — El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou. — Juan
L. Manzur.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.588
ARTICULO 1º.- Sin reglamentar.
ARTICULO  2º.-  Facúltase  al  MINISTERIO  DE  SALUD, como Autoridad de Aplicación de la
presente ley, a dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias para
garantizar el pleno funcionamiento de lo previsto por la ley que se reglamenta.
ARTICULO 3º.- Facúltase a la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) —creada por
Decreto Nº 815 de fecha 26 de julio de 1999— para que determine las características que
debe reunir un alimento para ser considerado "libre de gluten", y recomiende su
normatización al MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 4º.- Los productos que posean las características determinadas por la COMISION
NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL), conforme al artículo precedente, se rotularán con la
denominación del producto que se trate seguido de la leyenda "libre de gluten" con
caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad, debiendo incluir además el símbolo que la
mencionada Comisión establezca oportunamente.
ARTICULO 5º.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), mediante el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL),
confeccionará, actualizará y hará público el registro de alimentos libres de gluten.
ARTICULO 6º.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), por medio del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS
(INAL), coordinará acciones con los laboratorios de bromatología provinciales, a fin de
elaborar una Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y el control de los productos
alimenticios libres de gluten, la que será propuesta a la Autoridad de Aplicación como marco
regulatorio para la elaboración de dichos alimentos.
ARTICULO 7º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 8º.- El MINISTERIO DE SALUD articulará con la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual —creada por la Ley Nº 26.522— y los organismos que
correspondan, las acciones necesarias a fin de verificar el cumplimiento del artículo que se
reglamenta.
ARTICULO 9º.- Las obras sociales y entidades que se mencionan en el artículo que se
reglamenta brindarán una cobertura a sus afiliados del SETENTA POR CIENTO (70%) de la
diferencia del costo de las harinas y premezclas libres de gluten respecto de aquellas que
poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica.
A tal efecto, el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) establecerá las cantidades de
harinas y premezclas que deben consumir las personas celíacas en base a criterios
nutricionales, las que deberán ser cubiertas mensualmente por las entidades previstas en el
artículo que se reglamenta. Estos productos deberán encontrarse inscriptos en el registro de
alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5° de la presente reglamentación.
ARTICULO  10.-  El  MINISTERIO  DE  DESARROLLO SOCIAL determinará el procedimiento a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que se reglamenta.
ARTICULO  11.-  El  Programa  Nacional  de  Detección  y  Control  de  la  Enfermedad  Celíaca  —
creado por Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1560 de fecha 27 de noviembre de
2007— tendrá a su cargo el desarrollo de un plan de promoción de la investigación científica
en materia de celiaquía, actuando como espacio de coordinación entre diferentes
instituciones.
Del mismo modo, tendrá a su cargo la elaboración de un plan de acción para el desarrollo de
contenidos educativos que contribuyan a la capacitación, perfeccionamiento y actualización
de conocimientos básicos sobre la enfermedad, promoviendo la conciencia y articulando
intersectorialmente.
ARTICULO 12.- Instrúyese a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), a fin de que eleve a la Autoridad de
Aplicación las modificaciones necesarias para la adaptación dispuesta por el artículo que se
ACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), para que por medio del INSTITUTO
NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) ordene  las acciones correspondientes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que se reglamenta.
reglamenta.
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- Sin reglamentar.
ARTICULO 15.- Instrúyese a la ADMINISTR

LEY 26588 // LEY CELIACA.(2009)

L E Y  C E L Í A C A
Aprobada por Diputados y Senadores
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Diciembre 2009
1. Artículo 1°- Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnostico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
2. Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
3. Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (T.A.C.C.) que contengan por unidad de medida de los productos alimenticios para ser clasificados libres de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan la Autoridad de Aplicación fijará la disminuciòn paulatina de la toxicidad.
4. Art. 4°.- Los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda “libre de gluten” y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación.
5. Art. 5°.- El Ministerio de Salud debe llevar un registro de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que actualizará en forma bimestral y publicará una vez al año, por los medios que determine la autoridad de aplicación.
6. Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe promover el cumplimiento de las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, coordinando acciones con los laboratorios de bromatología.
7. Art. 7º.- Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “libre de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
8. Art. 8º.- Los productores, importadores o cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º, deben difundirlos, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión la leyenda “libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe ser informada visual y sonoramente.
9. Art. 9º.- Las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación , la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación , las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con Celiaquía, que comprende la detección, el diagnostico, el seguimiento y el tratamiento de la misma, incluyendo las harinas y premezclas libres de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de aplicación.
10. Art. 10º.- El Ministerio de Desarrollo Social debe promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con Celiaquía que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación.
11. Art. 11.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las Universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe promover la investigación sobre la Celiaquía, con el objeto de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico, y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos, con el objeto de promover la concientización sobre la Celiaquía y con los organismos públicos nacionales competentes promover medidas de incentivo para el acceso a los alimentos libres de gluten.
12. Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe adaptar las disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo establecido por la presente ley en el plazo de NOVENTA (90) días de su publicación oficial.
13. Art. 13.- Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de la leyenda “libre de gluten” en envases o envoltorios de productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufacturas que se establezcan para la elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “libre de gluten”, de productos alimenticios que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
d) La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista en el artículo 9º , por parte de las entidades allí mencionadas;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las obligaciones establecidas, cometidas en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los incisos anteriores.
14. Art. 14.- Las infracciones a la presente ley, serán sancionados con:
a) apercibimiento;
b) publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo Nacional en forma anual conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC –, desde PESOS MIL ($ 1000) a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas se destinará a las campañas de difusión y capacitación establecidas en la presente ley.
15. Art. 15.- La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido.
Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
16. Art. 16.- Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
17. Art. 17.- Deróganse las leyes 24827 y 24953
18. Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutiv

REGLAMENTACION DE LA LEY 26682 DE MEDICINA PREPAGA

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley 26.682, que estableció un régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga. A través del decreto 1993/2011, publicado hoy en el Boletín Oficial, se sistematizó esta norma, que fija las pautas referidas a las prestaciones que se deben cubrir; modelos de contratos y sus aspectos legales; aranceles a los prestadores y formas de pago.

También se regularon las obligaciones que competen a las partes involucradas y sanciones aplicables por infracciones a la ley, además de los planes de adhesión voluntaria y los superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud.

Firman el decreto la Presidente de la Nación, Cristina de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y el ministro de Salud, Juan Manzur.

Las personas designadas como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades de la Ley 26.682, previamente deberán suministrar a la Superintendencia de Servicios de Salud una determinada información.

Deben presentar certificado emitido por la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que acredite no encontrarse comprendido por las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias de Sociedades Comerciales, y certificación de antecedentes emitida por el Registro de Juicios Universales.

También acreditación del domicilio real expedido por la Policía de la jurisdicción de residencia; certificado de inhibición general de bienes expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble con jurisdicción en el domicilio del interesado, y certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios de Salud designará síndicos, auditores y veedores, que tendrán por cometido la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios de los sujetos mencionados y vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la Ley 26.682 y de esta reglamentación.

El Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley, se denominará Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

Deben inscribirse en este Registro las empresas de medicina prepaga definidas en el artículo 2º de la Ley; las obras sociales comprendidas en el artículo 1º de la Ley 23.660, y las entidades adheridas o que en el futuro se adhieran como Agentes del Seguro al Sistema Nacional del Seguro de Salud regulado en la Ley 23.661, que comercialicen planes de salud de adhesión voluntarios (individuales o corporativos).

También las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, con los alcances del segundo párrafo del artículo 1º de esta Ley.

El Padrón Nacional de Usuarios se creará con la información proporcionada por las entidades, que obligatoriamente deben inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

Los hijos menores de 21 años que desarrollan una actividad profesional, comercial o laboral y cesan en dicha actividad, podrán incorporarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular. 

También podrán sumarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular los hijos incapacitados con certificado de discapacidad vigente y a cargo del afiliado titular, mayores de 21 años; los hijos del cónyuge o del conviviente y los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa o guarda judicial con fines de adopción.

También podrán incorporarse como integrantes del grupo familiar primario a cargo del titular los hermanos incapacitados del afiliado titular, mayores de 18 años, cuya curatela haya sido acordada por autoridad judicial.

La Superintendencia de Servicios de Salud podrá autorizar la inclusión como usuarios de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso autorizará los valores diferenciales de las cuotas por la incorporación de dichas personas.

La Superintendencia implementará la estructura de costos que deberán presentar las entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Además, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que la Superintendencia y las entidades comprendidas en la presente reglamentación, consideren que incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.

La diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento de la entrada del usuario al sistema. Una vez ingresado, la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizadoscon excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los 65 años de edad y que no cuenten con 10 años de antigüedad continua en la misma entidad.

 

MARCO REGULATORIO DE MEDICINA PREPAGA. Ley 26682.

Ley 26682

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes 23.660 y 23.661.Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales.

ARTÍCULO 2º.- Definición. A los efectos de la presente ley se consideran Empresas de Medicina Prepaga a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa.

 

ARTÍCULO 3º.- Limitaciones. No pueden desempeñarse como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta ley:

1) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley 19.550;

2) Los inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos;

3) Quienes por sentencia firme hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno o administración de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley.

 

CAPÍTULO II

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

 

ARTÍCULO 4º.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las Leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda.

 

ARTÍCULO 5º.- Objetivos y Funciones. Son objetivos y funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones en coordinación con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;

b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y el Padrón Nacional de Usuarios, al solo efecto de ser utilizado por el sistema público de salud, en lo referente a la aplicación de la presente ley, no debiendo en ningún caso contener datos que puedan afectar el derecho a la intimidad;

c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y prestacional, así como los recaudos formales exigibles a las entidades para su inscripción en el Registro previsto en el inciso anterior, garantizando la libre competencia y el acceso al mercado, de modo de no generar perjuicios para el interés económico general;

d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y de cualquier otra que se hubiere incorporado al contrato suscripto;

e) Otorgar la autorización para funcionar a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, evaluando las características de los programas de salud, los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes o miembros del órgano de administración y los requisitos previstos en el inciso c);

f) Autorizar y fiscalizar los modelos de contratos que celebren los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los usuarios en todas las modalidades de contratación y planes, en los términos del artículo 8º de la presente ley;

g) Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;

h) Fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas y facturadas por Hospitales Públicos u otros efectores del sector público nacional, provincial o municipal, de acuerdo a los valores establecidos por la normativa vigente;

i) Implementar los mecanismos necesarios en cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar y decidir sobre las entidades inscriptas en el Registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su efectivo cumplimiento;

j) Disponer de los mecanismos necesarios en cada jurisdicción para recibir los reclamos efectuados por usuarios y prestadores del sistema, referidos a condiciones de atención, funcionamiento de los servicios e incumplimientos;

k) Establecer un sistema de categorización y acreditación de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley así como los establecimientos y prestadores propios o contratados evaluando estructuras, procedimientos y resultados;

l) Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley informes demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 19.550;

m) Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota. La transferencia se acordará en el marco del Consejo Permanente de Concertación definido en el artículo 27 de la presente ley y se realizará respetando criterios de distribución proporcional según cálculo actuarial, debiendo contar con el consentimiento del usuario.

ARTÍCULO 6º.- Comisión Permanente. Créase como órgano de articulación de las funciones fijadas en la presente ley una Comisión Permanente que estará constituida por tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

 

CAPÍTULO III

DE LAS PRESTACIONES

 

ARTÍCULO 7º.- Obligación. Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad prevista en la Ley 24.901 y sus modificatorias.

Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden ofrecer planes de coberturas parciales en:

 

a) Servicios odontológicos exclusivamente;

 

b) Servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas;

 

c) Aquellos que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón de usuarios inferior a cinco mil.

 

La Autoridad de Aplicación podrá proponer nuevos planes de coberturas parciales a propuesta de la Comisión Permanente prevista en el artículo 6º de la presente ley.

Todos los planes de cobertura parcial deben adecuarse a lo establecido por la Autoridad de Aplicación.

En todos los planes de cobertura médico-asistencial y en los de cobertura parcial, la información a los usuarios debe explicitar fehacientemente las prestaciones que cubre y las que no están incluidas.

En todos los casos la prescripción de medicamentos debe realizarse conforme la Ley 25.649.

 

 

CAPÍTULO IV

DE LOS CONTRATOS

 

ARTÍCULO 8º.- Modelos. Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden utilizar modelos de contratos previamente autorizados por la Autoridad de Aplicación.

 

ARTÍCULO 9º.- Rescisión. Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30) días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del término de diez (10) días.

 

ARTÍCULO 10.- Carencias y Declaración Jurada. Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período de carencia deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de Aplicación. Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 11.- Admisión Adversa. La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.

ARTÍCULO 12.- Personas Mayores de 65 Años. En el caso de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios.

A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad.

ARTÍCULO 13.- Fallecimiento del Titular. El fallecimiento del titular no implica la caducidad de los derechos de su grupo familiar integrantes del contrato.

ARTÍCULO 14.- Cobertura del Grupo Familiar.

a) Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;

b) La persona que conviva con el afiliado titular en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y sus hijos, según la acreditación que determine la reglamentación.

Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas.

ARTÍCULO 15.- Contratación Corporativa. El usuario adherido por contratación grupal o corporativa que hubiese cesado su relación laboral o vínculo con la empresa que realizó el contrato con uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tiene derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida en alguno de los planes de uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, si lo solicita en el plazo de sesenta (60) días desde el cese de su relación laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa en la que se desempeñaba. El sujeto comprendido en el artículo 1º de la presente ley debe mantener la prestación del Plan hasta el vencimiento del plazo de sesenta (60) días.

ARTÍCULO 16.- Contratos Vigentes. La entrada en vigor de la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo a la situación de los usuarios con contratos vigentes.

ARTÍCULO 17.- Cuotas de Planes. La Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales.

La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.

Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley pueden establecer precios diferenciales para los planes

CD-137/10

prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria.

CAPÍTULO V

DE LOS PRESTADORES

ARTÍCULO 18.- Aranceles. La Autoridad de Aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la mora en el pago a los prestadores hace pasibles a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley de las sanciones previstas en el artículo 24 de la presente.

ARTÍCULO 19.- Modelos de Contrato. Los modelos de contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los prestadores deben adecuarse a los modelos que establezca la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO VI

DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 20.- Hospitales Públicos. Aunque no mediare convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley deben abonar al hospital público u otros efectores del sector público nacional, provincial o municipal, y las de la Seguridad Social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud para los Agentes del Seguro de Salud.

Las mismas deben contar con la correspondiente validación de acuerdo a lo establecido en la reglamentación.

Quedan expresamente exceptuadas de autorización o validación previa, las situaciones de urgencia o emergencia de salud de los usuarios, en que se procederá a la atención del paciente, teniendo un plazo de tres (3) días para su validación posterior.

En caso de rechazo controvertido de una prestación efectuada por un hospital público u otro efector, puede requerirse la intervención de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 21.- Capital Mínimo. Las Empresas de Medicina Prepaga que actúen como entidades de cobertura para la atención de la salud deben constituir y mantener un Capital Mínimo, que es fijado por la Autoridad de Aplicación.

Los Agentes de Seguro de Salud a que se refiere el artículo 1º de la presente ley se rigen, en este aspecto, por las resoluciones que emanen de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 22.- Información Patrimonial y Contable. Los Agentes del Seguro de Salud que comercialicen planes de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios deben llevar un sistema diferenciado de información patrimonial y contable de registros con fines de fiscalización y control de las contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza previstos por las Leyes 23.660 y 23.661.

ARTÍCULO 23.- Planes de Adhesión y Fondo Solidario de Redistribución. Por los planes de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes por parte de la Administración de Programas Especiales.

CAPÍTULO VII

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 24.- Sanciones. Toda infracción a la presente ley será sancionada por la Autoridad de Aplicación conforme a lo siguiente:

a) Apercibimiento;

b) Multa cuyo valor mínimo es equivalente al valor de tres cuotas que comercialice el infractor y el valor máximo no podrá superar el TREINTA POR CIENTO (30%) de la facturación del ejercicio anterior;

c) Cancelación de la inscripción en el Registro. Esta sanción sólo puede ser aplicada, en caso de gravedad extrema y reincidencia.

A los fines de la sustanciación del sumario será aplicable la Ley 19.549 de procedimientos administrativos.

Toda sanción puede ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada ante la autoridad que dictó la resolución, quien remitirá las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.

Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con carácter urgente.

CAPÍTULO VIII

DEL FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 25.- Recursos. Los recursos del Ministerio de Salud con relación a la presente ley, están constituidos por:

a) Una matrícula anual abonada por cada entidad, cuyo monto será fijado por la reglamentación;

b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley a la Autoridad de Aplicación;

c) Las donaciones, legados y subsidios que reciba;

d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 26.- Derecho de los Usuarios. Sin perjuicio de los que establezcan las demás normas de aplicación, los usuarios gozan de los siguientes derechos:

a) Derecho a las prestaciones de emergencia: los usuarios tienen derecho, en caso de duda, a recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado;

b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen derecho a una adecuada equivalencia de la calidad de los servicios contratados durante toda la relación contractual.

ARTÍCULO 27.- Créase como órgano consultivo un Consejo Permanente de Concertación, integrado ad-honorem por representantes del Ministerio de Salud, de la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240, de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, de los usuarios y de las entidades representativas de los prestadores en el ámbito nacional o provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud dictará el reglamento de funcionamiento del citado consejo.

ARTÍCULO 28.- Orden Público. La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 29.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación.

ARTÍCULO 30.- Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente para la adaptación al presente marco normativo.

ARTÍCULO 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

Autores: GORBACZ Y OTROS; VACA NARVAJA Y OTROS

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Detalles del Proyecto final aprobado el 04/05/2011 con cambios introducidos por el Senado:

Contempla que los usuarios podrán rescindir “en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna” y establece que “la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión”.

Estos son los puntos salientes de la norma de 31 artículos aprobada por la cámara baja por 190 votos favorables:

– El proyecto tiene por objeto “establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga”. Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y obras sociales sindicales.

– Se denomina “empresas de Medicina Prepaga a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa”.

– Las empresas “deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio, vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad prevista en la Ley 24.901 y sus modificatorias”.

– Las empresas sólo pueden ofrecer planes de coberturas parciales en: Servicios odontológicos exclusivamente; Servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas; y aquellas empresas que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón de usuarios inferior a cinco mil.

– La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud, que debe “autorizar y fiscalizar los modelos de contratos que celebren” las empresas de medicina prepaga “y los usuarios en todas las modalidades de contratación y planes”.

– Los usuarios “pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con 30 días de anticipación. En caso de falta de pago, las empresas deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del término de 10 días.

– Los contratos entre las empresas y los usuarios “no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período de carencia deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de Aplicación”.

– “Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

– “La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión”. “En el caso de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios”.

– A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad. – El fallecimiento del titular “no implica la caducidad de los derechos de su grupo familiar integrantes del contrato”.

– La Autoridad de Aplicación “debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados”.

– La falta de cumplimiento de las disposiciones incluidas en la ley implicarán sanciones de la Autoridad de Aplicación que incluyen: Apercibimiento; Multa cuyo valor mínimo es equivalente al valor de tres cuotas que comercialice el infractor y el valor máximo no podrá superar el 30 % de la facturación del ejercicio anterior y la cancelación de la inscripción en el Registro, en caso de gravedad extrema y reincidencia.

Abogados en castelar, ituzaingo, haedo, moron. Estudio jurídico Dva

Enfermedades preexistentes.Medicinas Prepagas. Clausula de no cobertura, o rescisión del contrato

 

Resumen:

Cuando uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante en relación con el material probatorio su deber procesal de colaboración se acentúa al punto de  atribuirsele una cargas probatoria mas rigurosa que a su contraparte. Es irrazonable pretender el ejercicio de la cláusula del contrato que prevé la baja por ocultamiento de información habiendo sido admitido ya como afiliado. La falta de detección de la patología que padecía el consumidor solo resulta imputable a la apelante, ya que es quien disponía de los medios para obtener un diagnóstico certero respecto del estado de salud del consumidor. No se trata de consagrar la obligación legal de realizar un examen riguroso para todos los eventuales interesados en ingresar al plan de salud, sino de evitar que la falta de diligencia y previsión de la empresa de medicina pre-paga derive en un perjuicio para el particular, a quien no le era exigible denunciar una patología que no sabía (ni podía saber con seguridad) que padecía” (RDC 1378/0 “Swiss Medical S.A.  C/ GCBA: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad – Sala II 06-08-200/)

 

Buenos  Aires, Capital de la República Argentina, a los             días del mes  de diciembre  de  dos  mil siete,  reunidos  en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional  de Apelaciones  en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos  interpuestos  en  los  autos caratulados: “Wexler Alicia Noemi c/ Qualitas Médica S.A. s/ daños y perjuicios”, respecto  de  la  sentencia  de  fs. 533/539,  el  Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en  el  siguiente  orden  Señores   Jueces   Doctores: GERONIMO  SANSO –   CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-      MAURICIO  LUIS  MIZRAHI  –

A  la cuestión  planteada   el  Dr. Sansó,  dijo:

1. Contra la sentencia de fojas 533/539,   que hizo lugar a la acción de cobro de pesos,  interpusieron  actora y demandada,  recursos de apelación, y los sostuvieron en los respectivos  memoriales de fojas 552/555 y 558/563 (contestados a fojas 564/67 y 569/571).

2.- La crítica de la demandante está dirigida a la parte del decisorio que no admite el reclamo por honorarios médicos que debió abonar, al no hacerlo la prestadora; a la insuficiencia del importe establecido para compensar el daño moral y finalmente a la tasa de intereses.

La demandada se queja del progreso de la acción, arguyendo que estaba demostrado mediante pericial médica, que el hijo de la actora padecía de la enfermedad que dio origen al tratamiento e intervención quirúrgica cuya compensación pretendía la actora, con anterioridad a la inclusión en el plan que contrataran, deduciendo de esto que hubo ocultamiento de la accionante, y por lo tanto justificada rescisión del contrato. Se agravia también del rechazo de las defensas de falta de legitimación activa y pasiva.

3.- Como está en discusión la condena, y por tanto la atribución de responsabilidad, corresponderá abordar primero esta parte de los agravios, dado que en el supuesto de admitirse este recurso, no sería procedente el tratamiento de los agravios de la accionante.

Respecto de la cuestión principal, la apelante se basa en lo que caracteriza como ineficiente apreciación, que el juzgador hiciera de las medidas probatorias, en especial el no acatamiento a las  conclusiones del informe pericial. Cuestiona también haber pasado por alto la declaración testimonial, obviando las otras medidas que enumera a foja 562 bis.

Relativo a las defensas, dice que las facturas que sustentaron la demanda, estaban extendidas a la orden del hijo de la demandante, mayor de edad,  y no de ésta; que correspondían a actividades médicas no contempladas en el contrato que por lo demás estaba concluído por decisión de la prestadora.

4.- En relación con este segmento de la apelación, dejando de lado el desacuerdo, no encuentro que las expresiones de la apelante configuren auténtica crítica de la parte del fallo que pretenden refutar.

Esta parte del escrito  no configura una expresión de agravios, en el sentido que exige la norma del artículo 265 del Código de Procedimientos, porque no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento recurrido que se considere erróneas. El contenido de la queja debe poner a la vista, de manera puntual, clara y precisa la equivocación que se imputa al fallo; no se cumple con el requisito legal, enunciando simplemente desacuerdos u opiniones diversas de aquellas que expuso el juzgador. Una auténtica apelación debe hacer notorio el defecto de la sentencia apelada, mostrando desajustes entre el discurso desarrollado, y los presupuestos que le sirven de sustento; en los hechos comprobados de la causa en comparación con el derecho aplicable. 

En especial porque en el anteúltimo párrafo del capítulo b- de los agravios (foja 560), la apelante reconoce : “por lo expuesto y sin perjuicio de la legitimidad que luego de producida la totalidad de la prueba, ha podido acreditar la actora…”, con o cual la queja deviene solo descontento por lo que se califica como argumentos excesivos y agraviantes del juzgador.

5.- La demandada sostuvo en el responde, y ahora en el memorial, que la ruptura del contrato de prestación asistencial médica, estaba justificada porque la actora al incorporarse al plan que eligiera, ocultó a sabiendas la enfermedad del entonces menor hijo, y que este ocultamiento era de mucha trascendencia, porque alteraba sustancialmente las bases contractuales. El agravio propone un interrogante. Si la sentencia dictada en la anterior instancia, constituye derivación razonada de los hechos comprobados de la causa, y congruente aplicación del derecho. Y la interpretación de la quejosa es negativa.

Pero el único sustento para esta interpretación, mas bien opinión de la apelante, sería que se evaluó la prueba de una manera reticente, porque no se hizo mérito  de la informativa (historia clínica de foja 239, respuesta de Medicus a fojas 280/81) informes  periciales contable (foja 431 vuelta) y médico (foja 462), y declaración testimonial de fojas 451/53.

Y en esto de imputar omisiones a la hora de evaluar medidas probatorias, el recurso invoca también la declaración de un testigo, Héctor Fernández (fojas 452/453), cuyos dichos relacionados con las otras probanzas, convencerían de que el hijo de la demandante padecía de una serie de patologías que no podrían ser ignoradas al tiempo de suscribir la declaración jurada, requisito imprescindible para la incorporación de la interesada y grupo familiar al plan de prestaciones medico asistenciales.

Opuesto a este análisis de las cuestiones, es claro que para la época en que la actora decide ingresar al plan que la relaciona con la demandada, el hijo de aquella mostraba síntomas que al decir del aludido testigo podrían tener mas de una lectura. Es posible aunque esto no haya formado parte del conflicto, que la propia actora presentara síntomas o dolencias.

La cuestión es determinar, si tal como lo remarca la accionada, la demandante ocultó u omitió deliberadamente información en la declaración jurada de salud, y si esto era motivo que justificara resolver el contrato de medicina pre-paga (ver foja 561 segundo párrafo).

Una de las pautas que a modo de parámetro aporta la recurrente, es la opinión doctrinaria que reproduce a foja 561 vuelta atribuida a Eduardo Luis Gregorini Clusellas (La ley año LXVIII N° 250 28-12-2004), conforme a la cual sería inadmisible la omisión dolosa del beneficiario o su culpa grave”.

De inmediato aparece como ausente de prueba, tampoco fue argüido al contestar la demanda, la supuesta “culpa grave” o el “dolo”. En realidad la accionada se refiere a la “omisión maliciosa”, configurada supuestamente al suscribir una declaración jurada sobre: “enfermedades preexistentes, patologías secuelares, cirugías llevadas a cabo, tratamientos recibidos con anterioridad o que se estén llevando a cabo..”.

El señor Juez de la causa entendió que ninguna de estas especificaciones  estaban en juego, y que era la demandada quien al estar en condiciones por actividad, la que dispondría de los medios que permitieran verificar al tiempo de la celebración del contrato, si alguna de aquellas limitaciones existían, o había otras que indicaban inconveniente aceptar al postulante, o en su caso ofrecerle otro tipo de plan.

Es el temperamento que la jurisprudencia suele seguir cuando se trata de casos en que la prestadora rescinde el contrato: “Para juzgar como falsa o inexacta la declaración del denunciante, hubiera sido exigible la presencia de un profesional para facilitar el entendimiento del cuestionario de la solicitud en el momento de contestar las diferentes patologías detalladas. Correspondería a la empresa cargar con la prueba de que el asociado conocía su afección y que la ocultó dolosamente. No todo ocultamiento puede ser considerado como doloso ya que puede ocurrir que éste se deba a la carencia de conocimientos médicos de una persona profana en esa materia. No puede exigirse al hombre común que relacione el malestar que lo aqueja o aquejó en algún momento con los síntomas y signos propios de alguna enfermedad. Distinto es el caso cuando las particulares circunstancias de la afección hacen que sea imposible su desconocimiento por parte del paciente. Cuando uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante en relación con el material probatorio su deber procesal de colaboración se acentúa al punto de  atribuirsele una cargas probatoria mas rigurosa que a su contraparte. Es irrazonable pretender el ejercicio de la cláusula del contrato que prevé la baja por ocultamiento de información habiendo sido admitido ya como afiliado. La falta de detección de la patología que padecía el consumidor solo resulta imputable a la apelante, ya que es quien disponía de los medios para obtener un diagnóstico certero respecto del estado de salud del consumidor. No se trata de consagrar la obligación legal de realizar un examen riguroso para todos los eventuales interesados en ingresar al plan de salud, sino de evitar que la falta de diligencia y previsión de la empresa de medicina pre-paga derive en un perjuicio para el particular, a quien no le era exigible denunciar una patología que no sabía (ni podía saber con seguridad) que padecía” (RDC 1378/0 “Swiss Medical S.A.  C/ GCBA: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad – Sala II 06-08-200/)

Ciertamente los jueces forman convicción atendiendo a hechos comprobados, y también presunciones sumando indicios,  que autoricen a considerar que la realidad de lo controvertido se ajusta a la propuesta de uno u otro litigante.

Al contrario de lo que adujo y sostuvo la apelante en el responde, el testigo Fernández no detecta una patología exacta, sino que advierte signos que inclinan a realizar otros estudios, y todo ello en febrero del año en que se celebrara el contrato (afiliación del 9 de enero de 2002).

En vista de todo ello, me inclino por el rechazo de este segmento de los agravios.

6.- La sentencia apelada no acoge el reclamo por honorarios del doctor Jorge Reparaz, quirurgo que operó a Ariel Romano. Aparte de que la actora misma reconoce que no pagó suma alguna, el juzgador determinó que no había constancia del supuesto coste de la operación.

En el agravio, la demandante sostiene que su oponente no desconoció la intervención misma, ni el costo con lo cual prácticamente se habría allanado al reclamo al no tratarse de un hecho controvertido.

En realidad de entre las negativas que opuso la accionada cuenta específicamente la que se refiere a los honorarios “supuestamente” pactados con el doctor Reparaz (ver foja 136).

Que no hubiera cuestionado la internación, ni la cirugía no implica que consintiera con los reclamos de la actora.

Considero que esta parte de la queja tampoco debe prosperar.

7.- Daño moral. Ambas partes impugnan el decisorio. La demandada porque considera improcedente y excesiva. La actora porque estima exiguo el importe.

Aquella aduce que la ruptura del contrato obedeció a la culpa imputable de la accionante, y por tanto no correspondía resarcimiento ninguno. Esto ha sido materia del precedente capítulo cinco, en el que se descarta la imputabilidad de la demandante.

La actora opone el descontento, que en sí no constituye crítica eficiente.

A mi juicio basta con la ruptura intempestiva, y los inconvenientes  que de ello derivaron para considerar que todo ello, tuvo consecuencias en el espíritu y personalidad de la  demandante,  y que la entidad de estas afecciones alcanzaba importancia que requería ser traducida en una composición, a mi juicio bien calificada y  estipulada por el señor Juez de la causa, que de ninguna manera puede caracterizarse como exagerado, o insuficiente.

8.- Intereses. En el capítulo V del memorial (fojas 554 vuelta a 555) la actora introduce un tema no explicado ni propuesto en el escrito de inicio, cual sería la fijación de una tasa de intereses denominada  activa promedio.

Al hacerlo se remite a jurisprudencia de alguna Sala de este Tribunal, y a un proceso inflacionario que estaría deteriorando los créditos.

La cuestión que ahora pretende incluir en el conflicto, no fue propuesta al interponer la acción, cuando la realidad económica en lo que concierne a proceso inflacionario, y  escasez de remedio a través de la tasa pasiva, estaban también vigentes. Quiero decir que la demandante en el escrito de inicio se limitó a la genérica expresión de “intereses y costas”, y en consecuencia no podría sin alterar el principio de la garantía de la defensa en juicio, abordarse aquí y ahora la problemática que el memorial de queja  trata de incorporar.

Por las precedentes consideraciones, propongo que al rechazarse los agravios de las partes, se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide. Costas de esta instancia en el orden causado.

Los   Dres.  Ramos Feijóo y Mizrahi por análogas  razones a  las  aducidas por el Dr. Sansó,  votaron  en el mismo sentido a  la cuestión propuesta.

Con  lo  que  terminó el acto: GERONIMO SANSO  – CLAUDIO RAMOS FEIJOO   MAURICIO   LUIS  MIZRAHI –

 

Buenos Aires, diciembre                                           de   2.007.-

Y  VISTOS:  Por  lo  que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios. Con costas de esta Instancia en el orden causado.

Notifíquese  y  devuélvase.-

Comentario:

Con la nueva ley se podo salvar muchos de los problemas que vienen sucediendo asi el ARTÍCULO 10. nos habla de las Carencias y Declaración Jurada que dice:

Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período de carencia deben estar suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de Aplicación.

Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Sinembargo no nos habla de , quien tiene que probar si la persona en la declaración jurada dijo o no “la verdar” si hubo “culpa o dolo” en su accionar , si hubo encubrimiento o simplemente le era imposible saber si estaba enfermo o no, cosa que este fallo sienta un precedente importante sobre la teoria de las pruebas dinamicas.

No se trata de consagrar la obligación legal de realizar un examen riguroso para todos los eventuales interesados en ingresar al plan de salud, sino de evitar que la falta de diligencia y previsión de la empresa de medicina pre-paga derive en un perjuicio para el particular, a quien no le era exigible denunciar una patología que no sabía (ni podía saber con seguridad) que padecía” (RDC 1378/0 “Swiss Medical S.A.  C/ GCBA: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad – Sala II 06-08-200/)

Autor: Damian g villa abrille Estudio DvA

Medicina Prepaga. Modificación unilateral del valor de las cuotas.Aumento por razones de Edad. Articulos 11 y 12 de la nueva ley de medicina prepaga.R. Ll., R. E. c/ Qualitas Médica S.A. s/ sumarísimo” (exp. nro. 40.425/01)

Introduccion:

La nueva ley de medicina prepaga viene a salvar este problema que la jurisprudencia fallando a en contra de la modificacion unilateral por razones de Edad. La nueva norma nos dice en su articulos:

ARTÍCULO 11.- Admisión Adversa. La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.

 

ARTÍCULO 12.- Personas Mayores de 65 Años. En el caso de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios.

A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad.

 

Fallo que sentó precedentes ara la nueva ley:

En Buenos Aires, a los             días del mes de marzo de dos mil cinco, reunidos los SeñoreJueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “R. Ll., R. E. c/ Qualitas Médica S.A. s/ sumarísimo” (exp. nro. 40.425/01), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Monti, Di Tella, Caviglione Fraga.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1498/1515/?

El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I- Viene apelada la sentencia de fs. 1498/1515 por la cual el primer sentenciante admitió la demanda deducida por R. E. R. Ll. y ordenó a Qualitas Médica S.A. abstenerse de aplicar incremento alguno diferencial por razones de edad en la cuota del contrato de medicina prepaga que vinculaba a las partes.

II- Relató el actor en su escrito de inicio que la accionada habría modificado unilateralmente el contrato de medicina prepaga que los vinculaba, imponiéndole un aumento de un 25% en la cuota correspondiente.

III- De su lado, la demandada explicó que el aumento se debía a que las personas mayores de 70 años incrementan notoriamente el uso de los servicios, tornando necesario el mayor importe para mantener la ecuación que permitiera el normal funcionamiento de la empresa. Aclaró que cuando el afiliado cumple 69 años se le envía una nota recordándole el cambio de categoría a partir de los 70 años, a fin de que decida continuar con el contrato o renunciar a él. Afirmó que en el caso se remitieron comunicados al domicilio del actor y sostuvo que la negativa a abonar el incremento de la cuota implicaba una alteración del contrato.

IV- La jueza consideró que el contrato de medicina prepaga era un contrato aleatorio para las dos partes y, por ello, sería nula la cláusula que neutralice, excluya o limite el riesgo de la empresa. En ese sentido, entendió que la estipulación -invocada por la demandada- según la cual el predisponente se reserva la facultad de modificar las condiciones impuestas en el reglamento era abusiva y desnaturalizaba la relación

V- Apeló la demandada. El argumento central de sus quejas radica en  que el actor celebró el contrato con conocimiento de la existencia de la cláusula que autorizaba los aumentos a partir de los 70 años. En ese sentido, afirma que si al actor no le convenían las estipulaciones pactadas bien pudo no haber adherido.-

VI- A mi modo de ver, corresponde en primer término examinar si el escrito de fs. 1522/1529, con el que se ha pretendido sostener el recurso, cumple con lo preceptuado por el art. 265 Cód. Procesal. En este orden, cabe anticipar que la exigencia legal no ha sido debidamente satisfecha, pues la pretendida expresión de agravios no contiene una “crítica concreta y razonada” de las conclusiones del fallo recurrido, crítica que debió centrarse en cada uno de los fundamentos expuestos por la primer sentenciante a fin de desvirtuar la validez de sus conclusiones mediante un razonamiento basado en la lógica jurídica y en la adecuada ponderación de los hechos. Pero la demandada solo formula su disconformidad con la sentencia, sin atender los parámetros preindicados, circunstancia que sería suficiente para desestimar su recurso. No obstante, estimo del caso añadir algunas precisiones sobre los aspectos centrales del litigio.

VII- En esa linea, es del caso poner de resalto que la demandada pretende impugnar el criterio de la juez a quo tomando sólo párrafos aislados de la sentencia, sin aportar una explicación fundada que desvirtúe el cuidadoso y exhaustivo desarrollo argumental que la precede con precisa exposición de los antecedentes normativos examinados en apoyo de sus conclusiones.

En ese sentido, la queja no se hace cargo de las consideraciones que hace la primer sentenciante en punto a la inaplicabilidad de la estipulación según la cual la demandada se reservaba la facultad de modificar unilateralmente y ad nutum las condiciones impuestas en el reglamento. Y tampoco se hace cargo de las razones para excluir la propia cláusula que agravaba las condiciones a partir de cierta edad, confiriendo a la empresa la atribución de fijar una cuota adicional. Hacer hincapié en esta última, sin posibilidad para el usuario de alegar su inoponibilidad o ineficacia, salvo la alternativa de  rescindir el convenio exponiendo su salud a un riesgo falto de cobertura precisamente en la etapa de mayor exposición y pese a haber aportado las cuotas durante muchos años en periodos de menor vulnerabilidad, constituía en el caso una exigencia abusiva que desnaturalizaba la relación, trasladando injustificadamente todo el riesgo del negocio al afiliado, tornando aplicable lo dispuesto en el art. 37, inc “a”de la ley 24.240.

Ha sostenido esta Sala en un caso análogo la exigencia de contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los elementos esenciales de una relación jurídica de esta especie, esto es, el precio de la prestación médica y las condiciones previstas para la prestación del servicio (arts. 1137 y 1197, Cód. Civil), toda vez que un proceder contrario sería incompatible con la exigencia de buena fe en la ejecución de los contratos y con la regla rebus sic stantibus, que impone el equilibrio de las prestaciones entre las partes durante la vigencia del vínculo (art. 1198, cód. cit.). Es claro que si se condicionara la permanencia de la cobertura al pago del aumento o al cambio de “plan” y el  aquí demandante, ante la necesidad de no quedar excluido del sistema de protección médica, se viera constreñido a desembolsar el importe adicional, habríase configurado una hipótesis de lesión (arg. art. 954, cód. cit.)(ver esta Sala, in re “Montorfano c/Omaja, del 23/11/00; LL-2001-B, pág. 743).

Por último, es del caso recordar que el convenio que regula una prestación de servicios asistenciales médicos se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la ley 24.240 (conf. su art. 1; Cám. Nac. Cont.-Adm., sala 2da., 8-10-96, in re “Medicus S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones” y causa “Montorfano” ya citada). Desde tal perspectiva, una exigencia como la señalada desnaturalizaría las obligaciones de la demandada (art. 37, cit. ley), la cual tiene el deber de mantener la prestación de sus servicios conforme lo convenido inicialmente (art. 19 de aquella ley), además de un deber específico de información (art. 4), que constituye el presupuesto lógico de la conformidad que ha de requerirse del afiliado ante la alteración de las condiciones establecidas inicialmente. En caso de duda “se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor” (art. 3, in fine; ver esta Sala, 22-8-96, en “A. Y., J. c/Medical Cover Cobertura Médica Privada S. A. s/ord.”), tesitura que resulta acorde con la tutela impuesta expresamente por el art. 42 de la Constitución Nacional.-

En síntesis, la demandada no aporta ningún fundamento que permita descalificar las conclusiones arribadas en la resolución apelada en cuanto a la ineficacia de la cláusula que permitía el aumento en la cuota a los afiliados al momento de cumplir ellos 70 años. El criterio de la a quo en este aspecto es coincidente con los precedentes del tribunal y deberá ser mantenido.

VIII- Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, corresponderá confirmar la sentencia apelada en su totalidad, con costas a cargo del recurrente (art. 68, 1er. párrafo, Código Procesal). Así voto.-

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Bindo B. Caviglione Fraga y Héctor M. Di Tella adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de

Cámara, Doctores

 

 

 

 

Buenos Aires,          de marzo de 2005.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas de esta instancia a la demandada.-

Monti, Caviglione Fraga, Di Tella. Ante mí: María Gabriela Vassallo.

Es copia del original que corre a fs.               de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.