SALUD PUBLICA .Decreto 1093/2011 Reglamentación de la Ley Nº 25.415 sobre el “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia”.

SALUD PUBLICA
Decreto 1093/2011
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.415 sobre el “Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia”.
Bs. As., 21/7/2011
VISTO el Expediente Nº 6528/2009 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley Nº 25.415, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº  25.415 estipula el derecho de todo niño recién nacido a que se estudie
tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento si lo necesitare enforma
oportuna, incluyendo la detección y tratamiento de la hipoacusia infantil entre las
prestaciones obligatorias para las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Que según datos actuales de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
la incidencia de la hipoacusia se cifra en CINCO (5) de cada MIL (1.000) recién
nacidos.
En los casos de hipoacusias moderadas a profundas, las cifras oscilan entre UNO (1) y
TRES (3) por MIL (1.000), y en las hipoacusias severas a profundas los valores se
sitúan aproximadamente en UNO (1) de cada MIL (1.000) recién nacidos.
Que en lo que respecta al diagnóstico de la hipoacusia infantil, la precocidad en la
realización de los estudios exploratorios resulta de fundamental relevancia ya que
advertir la deficiencia a tiempo permite iniciar en forma oportuna una rehabilitación
temprana, evitando los impedimentos que la deficiencia auditiva produce en el
desarrollo normal del lenguaje y de las capacidades cognitivas que de él se derivan.
Que la presente reglamentación tiene como objetivo impulsar el desarrollo,
fortalecimiento e implementación de un Programa Nacional que coordine y administre
las acciones existentes, planificando y desarrollando aquellas que se consideren
necesarias a los efectos de garantizar progresivamente el diagnóstico y el tratamiento de
la hipoacusia infantil a todos los recién nacidos en el territorio de la República
Argentina
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
SALUD ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1
y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.415 sobre el
“PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA
HIPOACUSIA” que como ANEXO I forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D.
Fernández. — Juan L. Manzur.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.415 DE
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA
HIPOACUSIA
ARTICULO 1º — El MINISTERIO DE SALUD será la Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 25.415, debiendo promover las políticas necesarias a los efectos de garantizar,
progresivamente, la realización de una pesquisa auditiva a todos los recién nacidos en el
territorio de la REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 2º — La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento de
diagnóstico temprano de la hipoacusia acorde al avance de la ciencia y la tecnología y a
las posibilidades que presente la red federal sanitaria.
ARTICULO 3º — La Autoridad de Aplicación fijará las prestaciones esenciales
necesarias a incluir en el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO para la atención de
la hipoacusia, las que se actualizarán toda vez que el avance de la técnica y la ciencia lo
ameriten.
ARTICULO 4º — El PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y
ATENCION DE LA HIPOACUSIA funcionará en el ámbito de la SECRETARIA DE
PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS del MINISTERIO DE SALUD, y
deberá coordinar sus acciones con aquellos programas existentes que al momento del
dictado del presente Decreto estén relacionados con los lineamientos y objetivos
previstos por el artículo 5º de la ley que se reglamenta con el objeto de asegurar su
eficiencia y eficacia.
ARTICULO 5º — Facúltase al MINISTERIO DE SALUD a dictar las normas
complementarias que se consideren necesarias para garantizar el pleno funcionamiento
del PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION
DE LA HIPOACUSI

Salud Pública LEY25.673 Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Objetivos.OBRAS SOCIALES DEBEN CUBRIR MEDICAMENTOS METODOS ANTICONCEPTIVOS AL 100%

Cobertura de Obras Sociales y Prepagas

La cobertura en métodos anticonceptivos que tanto las obras sociales nacionales comprendidas en las leyes N° 23.660 y 23.661 como las empresas de medicina prepaga están obligadas a brindar, es la contenida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) –Resolución del M. Salud N° 1991/2005, y en las leyes nacionales específicas-. Otra resolución este Ministerio, la Nº 310/2004 (también dentro del PMO) en su punto 7.3 indica que:

«Tendrán cobertura del 100% para los beneficiarios, a cargo del Agente del Seguro de Salud, los medicamentos de uso anticonceptivo incluidos en los Anexos III y IV y que se encuentran explícitamente comprendidos en la norma de aplicación emergente de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.»

Los medicamentos al 100 % incluidos en este grupo (en los Anexos III y IV) son los siguientes:

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES DE USO SISTEMICO

– ETINILESTRADIOL entre 0,015 y 0,035 mgr. Combinado con LEVONORGESTREL entre 0,10 y 0,30 mgr.
– GESTODENO 0,06/0,75 mgr.
– DESORGESTREL 0,15 mgr.
– NORGESTIMATO 0,250 mgr.
– ACETATO DE CIPROTERONA 2 mgr.
– ENANTATO DE NORETISTERONA 50 mgr. / VALERATO DE ESTRADIOL 0,5 mgr.
– ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 25 mgr./CIPIONATO DE ESTRADIOL 5 mgr.
– DIHIDROXIPROGESTERONA ACETOFENIDO 150 mgr./ESTRADIOL ENANTATO 10 mgr.
– ETINILESTRADIOL entre 0,03 y 0,04 mgr. Combinado con
LEVONERGESTREL entre 0,05 y 0,125 mgr.
– GESTODENO 0,05-0,1 mgr.
– NORGESTINATO 0,180-0,250
– LEVONORGESTREL 0,030 mgr.
– LINESTRENOL 0,5 mgr.
– NORGESTREL 0,075 mgr.
– ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 mgr.»

De este modo los beneficiarios de estos sistemas de cobertura no deben abonar nada siempre y cuando la prescripción médica del anticonceptivo sea sobre los genéricos descriptos, y en sus correspondientes formas farmacéuticas (comprimidos o inyectables).
También está incluida la cobertura de los dispositivos intrauterinos o DIU  (Resolución 310/04): «Anticonceptivos intrauterinos, dispositivos de cobre. La cobertura estará a cargo de los Agentes del Seguro al 100%.»
Esto incluye tanto el costo del DIU como su colocación no estando previsto en la normativa el cobro de coseguro o copago alguno.
Además, el sistema de cobertura debe ofrecer una red de prestadores registrados que ofrezcan este servicio.
Por otro lado, también están incluidos en dichas normativas los condones, diafragmas y espermicidas al 100 %.

Por último, cabe aclara que el médico está obligado a hacer siempre las prescripciones sobre los genéricos y no sobre las marcas.

A partir de diciembre 2006 se incluye la
cobertura gratuita de Anticoncepción Quirúrgica
(ligadura tubaria y vasectomía),
y en marzo 2007 se incluyò en el PMO
la Anticoncepción Hormonal de Emergencia

Salud Pública
LEY25.673
Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Objetivos.
Sancionada: Octubre 30 de 2002.
Promulgada de Hecho: Noviembre 21 de 2002.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° Créase el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 2° Serán objetivos de este programa:
a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud
sexual y procreación responsable con el fin de que pueda
adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o
violencia;
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
c) Prevenir embarazos no deseados;
d) Promover la salud sexual de los adolescentes;
e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías
genital y mamarias;
f) Garantizar a toda la población el acceso a la información,
orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;
g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Art.  3°El programa está destinado a la población en general, sin discriminación alguna.
Art. 4° La presente ley se inscribe en el marco del ejercicio
de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno
goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley
23.849).
Art. 5° El Ministerio de Salud en coordinación con los
Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Medio
Ambiente tendrán a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
a) Mejorar la satisfacción de la demanda por parte de los
efectores y agentes de salud;
b) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos, vinculados a la salud
sexual y a laprocreación responsable en la comunidad educativa;
c) Promover en la comunidad espacios de reflexión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa;
d) Detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar contención a los grupos de riesgo, para lo cual se
buscará fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles
de prevención de enfermedades de transmisión sexual, vih/
sida y cáncer genital y mamario.
Art. 6° La transformación del modelo de atención se
implementará reforzando la calidad y cobertura de los ser
vicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud
sexual y procreación responsable. Adichos fines se deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control de salud
para la detección temprana de las enfermedades de transmisión sexual, vih/sida y cáncer genital y mamario. Realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
b) Ademanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada
sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales
y aquellos aprobados por la ANMAT;
c) Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido.
Art. 7°  Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y
en el nomenclador farmacológico. Los servicios de salud
del sistema público, de la seguridad social de salud y de
los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas,
en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 8° Se deberá realizar la difusión periódica del presente
programa.
Art.  9 ° Las instituciones educativas públicas de gestión
privada confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones.
Art. 10º. Las instituciones privadas de carácter confesional
que brinden por sí o por terceros servicios de
salud, podrán con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6°, inciso b), de la presente ley.
Art. 11º. La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento y evaluación
del programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que cada una organice
el programa en sus respectivas jurisdicciones para lo cual
percibirán las partidas del Tesoro nacional previstas en el
presupuesto.
El no cumplimiento del mismo cancelará las transferencias
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud, se
establecerán las alícuotas que correspondan a cada provincia y a laCiudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12º. El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la
Administración Nacional.
Art. 13º. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14º. Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA
SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS  DEL MES  DE
OCTUBRE  DEL AÑO  DOS MIL DOS.

DECRETO NACIONAL 1.282/2003

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.673 DE CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE
VISTO
el Expediente Nº 2002-4994/03-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley Nº 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, y
CONSIDERANDO
Que dicha norma legal crea el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD.
Que la Ley Nº 25 673 importa el cumplimiento de los derechos consagrados en Tratados Internacionales, con rango constitucional, reconocido por la reforma de la Carta Magna de 1994, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Que el artículo 75, inc. 23) de nuestra CONSTITUCION NACIONAL, señala la necesidad de promover e implementar medidas de acción positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la misma y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, antes mencionados.
Que la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define el derecho a la planificación familiar como «un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país.»
Que lo expuesto precedentemente implica el derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, educación y servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo.

Que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.

Que estadísticamente se ha demostrado que, entre otros, en los estratos más vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y varones, ignoran la forma de utilización de los métodos anticonceptivos más eficaces y adecuados, mientras que otros se encuentran imposibilitados económicamente de acceder a ellos.
Que en consecuencia, es necesario ofrecer a toda la población el acceso a: la información y consejería en materia de sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual incluyendo el HIV/SIDA y patología genital y mamaria; así como también la prevención del aborto.

Que la ley que por el presente se reglamenta no importa sustituir a los padres en el asesoramiento y en la educación sexual de sus hijos menores de edad sino todo lo contrario, el propósito es el de orientar y sugerir acompañando a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, procurando respetar y crear un ambiente de confianza y empatía en las consultas médicas cuando ello fuera posible.

Que nuestro ordenamiento jurídico, principalmente a partir de la reforma Constitucional del año 1994, incorporó a través del Artículo 75, inc.) 22 la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, y con esa orientación, ésta ley persigue brindar a la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, siendo aspectos sobre los que, de ninguna manera, nuestros adolescentes pueden desconocer y/ o permanecer ajenos.

Que, concretamente, la presente ley reconoce a los padres, justamente, la importantísima misión paterna de orientar, sugerir y acompañar a sus hijos en el conocimiento de aspectos, enfermedades de transmisión sexual, como ser el SIDA y/o patologías genitales y mamarias, entre otros, para que en un marco de responsabilidad y autonomía, valorando al menor como sujeto de derecho, mujeres y hombres estén en condiciones de elegir su Plan de Vida.

Que la Ley Nº 25.673 y la presente reglamentación se encuentran en un todo de acuerdo con lo prescripto por el artículo 921 del CODIGO CIVIL, que otorga discernimiento a los menores de CATORCE (14) años y esta es la regla utilizada por los médicos pediatras y generalistas en la atención médica.
Que en concordancia con la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, se entiende por interés superior del mismo, el ser beneficiarios, sin excepción ni discriminación alguna, del más alto nivel de salud y dentro de ella de las políticas de prevención y atención en la salud sexual y reproductiva en consonancia con la evaluación de sus facultades.

Que el temperamento propiciado guarda coherencia con el adoptado por prestigiosos profesionales y servicios especializados con amplia experiencia en la materia, que en la práctica asisten a los adolescentes, sin perjuicio de favorecer fomentar la participación de la familia, privilegiando el no desatenderlos.

Que en ese orden de ideas, las políticas sanitarias nacionales, están orientadas a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud, y a garantizar a la población el acceso a la información sobre los métodos de anticoncepción autorizados, así como el conocimiento de su uso eficaz, a efectos de su libre elección, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de Derechos Humanos y en ese contexto a facilitar el acceso a dichos métodos e insumos.

Que, en el marco de la formulación participativa de normas, la presente reglamentación ha sido consensuada con amplios sectores de la población de los ámbitos académicos y científicos, así como de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática, las jurisdicciones locales y acordado por el COMITE DE CRISIS DEL SECTOR SALUD y su continuador, el CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR SALUD.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades emergentes del artículo 99, inciso 2º) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 
Artículo 1.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 25.673 que como anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2.- La Reglamentación que se aprueba por el artículo precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3.- Facúltese al MINISTERIO DE SALUD para dictar las normas complementarias interpretativas y aclaratorias que fueren menester para la aplicación de la Reglamentación que se aprueba por el presente Decreto.

Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.673

Artículo 1.- El MINISTERIO DE SALUD será la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.673 y de la presente reglamentación.

Artículo 2.- A los fines de alcanzar los objetivos descriptos en la Ley que se reglamenta el MINISTERIO DE SALUD deberá orientar y asesorar técnicamente a los Programas Provinciales que adhieran al Programa Nacional, quienes serán los principales responsables de las actividades a desarrollar en cada jurisdicción. Dicho acompañamiento y asesoría técnica deberán centrarse en actividades de información, orientación sobre métodos y elementos anticonceptivos y la entrega de éstos, así como el monitoreo y la evaluación.
Asimismo, se deberán implementar acciones que tendientes a ampliar y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la satisfacción de la demanda.
La ejecución de las actividades deberá realizarse con un enfoque preventivo y de riesgo, a fin de disminuir las complicaciones que alteren el bienestar de los destinatarios del Programa, en coordinación con otras acciones de salud orientadas a tutelar a sus beneficiarios y familias.
Las acciones deberán ser ejecutadas desde una visión tanto individual como comunitaria.

Artículo 3.- SIN REGLAMENTAR.

Artículo 4.- A los efectos de la satisfacción del interés superior del niño, considéreselo al mismo beneficiario, sin excepción ni discriminación alguna, del más alto nivel de salud y dentro de ella de las políticas de prevención y atención en la salud sexual y reproductiva en consonancia con la evolución de sus facultades.
En las consultas se propiciará un clima de confianza y empatía, procurando la asistencia de un adulto de referencia, en particular en los casos de los adolescentes menores de CATORCE (14) años.
Las personas menores de edad tendrán derecho a recibir, a su pedido y de acuerdo a su desarrollo, información clara, completa y oportuna; manteniendo confidencialidad sobre la misma y respetando su privacidad.
En todos los casos y cuando corresponda, por indicación del profesional interviniente, se prescribirán preferentemente métodos de barrera, en particular el uso de preservativo, a los fines de prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA. En casos excepcionales, y cuando el profesional así lo considere, podrá prescribir, además, otros métodos de los autorizados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) debiendo asistir las personas menores de CATORCE (14) años, con sus padres o un adulto responsable.

Artículo 5.- Los organismos involucrados deberán proyectar un plan de acción conjunta para el desarrollo de las actividades previstas en la ley, el que deberá ser aprobado por las máximas autoridades de cada organismo.

Artículo 6.- En todos los casos, el método y/o elemento anticonceptivo prescripto, una vez que la persona ha sido suficientemente informada sobre sus características, riesgos y eventuales consecuencias, será el elegido con el consentimiento del interesado, en un todo de acuerdo con sus convicciones y creencias y en ejercicio de su derecho personalísimo vinculado a la disposición del propio cuerpo en las relaciones clínicas, derecho que es innato, vitalicio, privado e intransferible, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º del presente, sobre las personas menores de edad.
Entiéndase por métodos naturales, los vinculados a la abstinencia periódica, los cuales deberán ser especialmente informados.
La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA (ANMAT) deberá comunicar al MINISTERIO DE SALUD cada SEIS (6) meses la aprobación y baja de los métodos y productos anticonceptivos que reúnan el carácter de reversibles, no abortivos y transitorios.

Artículo 7.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en el plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá elevar para aprobación por Resolución del MINISTERIO DE SALUD, una propuesta de modificación de la Resolución Ministerial Nº 201/02 que incorpore las previsiones de la Ley Nº 25.673 y de esta Reglamentación.

Artículo 8.- Los Ministerios de SALUD, de EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA y de DESARROLLO SOCIAL deberán realizar campañas de comunicación masivas al menos UNA (1) vez al año, para la difusión periódica del Programa.

Artículo 9.- El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA adoptará los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.673.

Artículo 10.- Se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación del ejercicio profesional de cada jurisdicción.
Los objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad pública institucional como en la privada.
Los centros de salud privados deberán garantizar la atención y la implementación del Programa, pudiendo derivar a la población a otros Centros asistenciales, cuando por razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser exceptuados del cumplimiento del artículo 6, inciso b) de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar la presentación pertinente por ante las autoridades sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el primer párrafo de este artículo cuando corresponda.

Artículo 11.- SIN REGLAMENTAR.

Artículo 12.- SIN REGLAMENTAR.

Artículo 13.- SIN REGLAMENTAR.

Artículo 14.- SIN REGLAMENTAR.

Sanción.- 23 de mayo de 2003
Publicación B.O.- 26 de mayo de 2003

“El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) tiene en apariencia un corto camino recorrido (2002 la Ley, 2003 el Programa), pero es fruto de décadas de luchas de distintos sectores de la sociedad, que a partir de diferentes acciones políticas han podido establecer los marcos sociales para que hoy en día se estén generado desde el Estado programas y políticas públicas en la materia, que promueven el bienestar de la población.

El Programa tiene como propósito promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades, en el campo de la salud sexual. Esto implica un pensamiento colectivo que nos permita construir acciones transformadoras de la realidad, mejorando el acceso a los servicios de salud sexual.

Es necesario extender las conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos a todos los sectores sociales que habitan las diferentes regiones, territorios y barrios. Estos derechos en nuestra vida cotidiana implican: acceder a información basada en el conocimiento científico,  acceder a atención de calidad con buen trato y continuidad, acceder  gratis a métodos anticonceptivos y preservativos. Para esto también es necesario generar las condiciones para el ejercicio de estos derechos.

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la
Ley Nacional Nº 25.673. Reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no deseados.
Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos.
Por eso, promueve la «Consejería» en Salud Sexual y  Reproductiva en los servicios de salud pública de todo el país; es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva.

Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de infecciones y VIH/sida.


Alcance del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable

A fines del año 2006 los centros de salud y hospitales con prestaciones del Programa superan los 6100 en todo el país, siendo 1.900.000 las usuarias y usuarios del mismo.

La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable abarca:

• Entrega de insumos a las provincias para su distribución gratuita en los Centros de Atención Primaria y hospitales públicos, a solicitud de las/los usuarias/os, con asesoramiento o consejería especializada.
Los insumos de salud sexual y reproductiva que distribuye el Programa actualmente son preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental para su colocación.
• Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales, para la implementación de programas locales en todas las provincias.
• Capacitación a los equipos de salud mediante la articulación con el Programa de Médicos Comunitarios.
• Producción y entrega gratuita de materiales didácticos  de difusión relacionados con el tema.
•Actividades de comunicación social y campañas.
• Articulación de actividades con áreas y programas de la Secretaría de Programas Sanitarios: Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y ETS, Plan Nacer, la Dirección de Maternidad e Infancia, Programa de Médicos Comunitarios, la Dirección de Programas Sanitarios la Dirección Nacional de la Juventud y  el Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social  y Organizaciones no gubernamentales: científicas, de desarrollo comunitario, académicas

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Ley 23.413.Salud pública–Exámenes obligatorios recién nacidos– Prueba obligatoria de rastreo para la detección de la fenilcetonuria en niños recién nacidos.

QUE EXÁMENES SON OBLIGATORIOS PARA LOS RECIÉN NACIDOS??

Salud pública — Prueba obligatoria de rastreo para la detección de la fenilcetonuria en niños recién nacidos. Sanción: 01/10/1986; Promulgación: 23/10/1986 (Aplicación art. 70, C. Nacional); Boletín Oficial 13/02/1987.

sustitución:

reglamentación:

modificación:

adhesión:

LEY 23413

PODER LEGISLATIVO NACIONAL (PLN)

ARTICULO 1° – La realización de una prueba de rastreo para la detección precoz de la fenilcetonuria será obligatoria en todas las maternidades y establecimientos asistenciales que tengan a su cuidado a niños recién nacidos.

ARTICULO 2° – La prueba se realizará en todos los recién nacidos nunca antes de las 24 horas de haberse iniciado la alimentación láctea.

ARTICULO 3° – La realización de esta prueba será obligatoria en todos los establecimientos estatales que atiendan recién nacidos.

ARTICULO 4° – Las obras sociales y los seguros médicos deberán considerarla como prestación de rutina en el cuidado del recién nacido.

ARTICULO 5° – Comuníquese, etc.

MEDICAMENTOS .Que cobertura me tienen que reintegrar o cubrir las prepagas y obras sociales?Cobertura de medicamentos DEL 70%?? ¿Existen drogas con cobertura al 100%?

MEDICAMENTOS .Que cobertura me tienen que reintegrar o cubrir las prepagas y obras sociales?Cobertura de medicamentos DEL  70%?? ¿Existen drogas con cobertura al 100%?

SINTESIS:

Para cierto tipo de patologías crónicas, tanto las Obras Sociales como las Empesas de Medicina Prepaga están obligadas a efectuar la cobertura del 70% de determinados medicamentos.Las enfermedades Oncologicas tienen que tener cobertura del 100% asi como otras patologias.

IMPORTANTE: Con el certificado de discapacidad, la cobertura debe ser siempre del 100%.

Muchas veces hacen caso omiso obras sociales y prepagas a la Ley por lo que se debe reclamar y hacer valer sus derechos Llámenos o consulte por este medio, estamos para ayudarlo Estudio Dva abogados especialistas en Salud

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS CON COBERTURA DEL 70% SOBRE EL PRECIO DE REFERENCIA PARA PATOLOGÍAS CRÓNICAS MÁS FRECUENTES

1 ¿En qué porcentaje se amplió la cobertura de medicamentos para enfermedades crónicas más frecuentes?
La cobertura de medicamentos para patologías crónicas más frecuentes aumentó de un 40% a un 70%. (Resolución 310/04 M.S.Resolución 758/04 M.S. y Resolución 82/05 MSyA)
Se amplió la cobertura sobre el precio de referencia de aquellos medicamentos destinados a las enfermedades de curso crónico y gran impacto sanitario, que requieren de modo permanente y/o recurrente del uso de fármacos.

2 ¿Quiénes son los beneficiarios de este nuevo descuento? 
Esta medida beneficia a los afiliados de Obras Sociales Nacionales, Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y a los socios de empresas de medicina prepaga.

3 ¿Por qué se decidió ampliar la cobertura de las patologías crónicas más frecuentes? 
Esta nueva medida propicia el cumplimiento de los tratamientos evitando las complicaciones propias del abandono de los mismos, constituyendo una medida sanitaria que mejora la accesibilidad económica de los beneficiarios, y evita los gastos generados por el incumplimiento terapéutico para los Agentes del Seguro y la pérdida de calidad de vida de los beneficiarios.

4 ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes contempladas en esta nueva medida?
A) Enfermedades Cardiovasculares y Tratamientos de Prevención primaria o secundaria:
 Hipertensión Arterial Esencial
 Hipertensión Arterial Secundaria
 Insuficiencia Cardíaca
 Arritmias
 Terapéutica Antiagregante
 Prevención Primaria de la Cardiopatía Isquémica

B) Enfermedades Respiratorias:
 Asma Bronquial
 Fibrosis Pulmonar

C) Enfermedades Neurológicas
 Enfermedad de Parkinson
 Epilepsia

D) Enfermedades Psiquiátricas
 Trastorno Bipolar
 Psicosis orgánicas

E) Enfermedades Inflamatorias Crónicas y Enfermedades Reumáticas
 Gota Crónica

F) Enfermedades Oftalmológicas
 Glaucoma

G) Enfermedades Endócrinas
 Hipertiroidismo
 Hipotiroidismo
 Dislipemias

5 ¿Qué significa el concepto «precio de referencia»?
El precio de referencia es el promedio de todos los precios de venta al público de los productos autorizados por ANMAT, que se comercializan en el mercado farmacéutico nacional, con el mismo principio activo, forma farmacéutica, concentración y cantidad de unidades.

6 ¿Existen drogas con cobertura al 100%?
Sí, tienen cobertura al 100% los medicamentos que a continuación se detallan:
 Eritropoyetina destinada al tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica.
 Dapsona destinada al tratamiento de lepra en cualquiera de sus formas clínicas.
 Medicamentos para uso oncológico según protocolos oncológicos aprobados por la autoridad de aplicación.
 Drogas para el tratamiento de la tuberculosis.
 Cobertura de insulina (100%). (Diabetes). Resolución 301/99 MSyAS.
 Cobertura al 100% de la piridostigmina (comprimidos 60 mg), destinado al tratamiento de la Miastenia Gravis y en la dosis diaria necesaria para cada caso. Resolución 791/99 MSyAS 
 Medicamentos de uso anticonceptivo. Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Entre otros.

7 ¿Existe alguna modificación y/o actualización de los precios y principios activos establecidos en la Resolución 310/04 MS?
Las Resoluciones 758/04 M.S. y 82/05 MSyA modifican las Resoluciones 201/02 y 310/04 M.S. en relación con las altas o bajas, tanto de principios activos como de precios, en la cobertura de medicamentos para los beneficiarios del Programa Médico Obligatorio de Emergencia.

La Superintendencia de Servicios de Salud publica periódicamente en su sitio web las modificaciones que se produzcan en los precios de los medicamentos, sus presentaciones, forma farmacéutica y concentración.

8 ¿Dónde pueden realizar consultas los beneficiarios y obtener mayor información ?
En la Superintendencia de Servicios de Salud, Av. Pte Roque Sáenz Peña 530.
Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.

Buscador de medicamentos con 70% de descuento

LEYES Y REGLAMENTACIONES DE DIABETES?. Ley 23753 Sanción: 29/09/1989. Reglamentación: Decreto 1271/1998 (B. O. 02/11/1998). Programa Nacional de diabetes – Medicamentos e insumos.Resolución 301/99 MSyAS. 100% de cobertura en INSULINA??

Que normas protegen a los diabeticos??
Las siguientes son las leyes y reglamentaciones vigentes en todo el territorio nacional de la República Argentina sobre la trata de la Diabetes Millitus.
Leyes, anexos y normas de organización para la atención de los enfermos de esta dolencia así como de otros.
LEY 23.753 – Decreto Reglamentario 1271.
 Programa Nacional de diabetes – Medicamentos e insumos.
  1. Normas de organización y funcionamientos de servicios de diabetes en establecimientos de atención medica.                                                                                                                      Resolución 301/99 MSyAS.   100% de cobertura en INSULINA.

 

 

 

 

 


El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° .- El Ministerio de Salud y Acción Social dispondrá a través de las áreas pertinentes el dictado de las medidas necesarias para la divulgación de la problemática derivada de la enfermedad diabética y sus complicaciones, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, tendiente al reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento y adecuado control.
Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país a fin de coordinar la planificación de acciones; y deberá abocarse específicamente a los problemas de producción, provisión y dispensación para asegurar a todos los pacientes los medios terapéuticos y de control evolutivo, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.

ARTICULO 2° .- La diabetes no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado.

ARTICULO 3° .- El Ministerio de Salud y Acción Social dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas para determinar las circunstancias de incapacidad específica que puedan presentarse para el ingreso laboral, así como para determinar incapacidades parciales o totales, transitorias o definitivas, que encuadren al diabético en las leyes previsionales vigentes y en las que con carácter especial, promueve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a la reglamentación.

ARTICULO 4° .- En toda controversia judicial o administrativa en la cual el carácter de diabético sea invocado para negar, modificar o extinguir derechos del trabajador, será imprescindible el dictamen del área respectiva del Ministerio de Salud y Acción Social por intermedio de las juntas médicas especializadas del artículo 3º de la presente ley.

ARTICULO 5° .- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la promulgación.

ARTICULO 6° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.


El Poder Ejecutivo Nacional
BUENOS AIRES , 23 OCTUBRE 1998VISTO el Expediente Nº 2002-4252/96-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, y considerando:
Que por el mismo tramita la reglamentación de la Ley 23.753, que contiene previsiones sobre aspectos relevantes de la prevención de la diabetes y de distintos problemas derivados de la atención de pacientes diabéticos.
Que resulta necesario dictar la correspondiente reglamentación a efectos de posibilitar su aplicación en el más breve plazo posible.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1° .- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL , por intermedio de la SECRETARÍA DE PROGRAMAS DE SALUD y de las áreas técnicas de su dependencia que correspondieran, actuará como Autoridad de Aplicación de la Ley 23.753 y del presente Decreto reglamentario.

ARTICULO 2° .- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL promoverá, por la vía que corresponda, la adhesión de las provincias y eventualmente de otras jurisdicciones al régimen de la citada Ley y de la presente Reglamentación.

ARTICULO 3° .- La Autoridad de Aplicación dispondrá a través de las distintas jurisdicciones las medidas necesarias para garantizar a los pacientes con diabetes el aprovisionamiento de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol que se estimen como elementos indispensables para un tratamiento adecuado, según lo establecido en el Programa Nacional de Diabetes y en las normas técnicas aprobadas por autoridad competente en el orden nacional.

ARTICULO 4° .- El aprovisionamiento de medicamentos y demás elementos a que se refiere el artículo precedente será financiado por las vías habituales de la seguridad social y de otros sistemas de medicina privada para cubrir las necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos, quedando a cargo del área estatal en las distintas jurisdicciones el correspondiente a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social.

ARTICULO 5° .- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL instará a las distintas jurisdicciones a lograr la cobertura del CIEN POR CIENTO (100) de la demanda en el caso de la insulina y de los elementos necesarios para su aplicación y una cobertura progresivamente creciente nunca inferior al SETENTA POR CIENTO ( 70) para los demás elementos establecidos en el mencionado Programa y las normas técnicas correspondientes.

ARTICULO 6° .- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL instará a las jurisdicciones a que en previsión de situaciones de emergencia que afecten la cadena de producción, distribución o dispensación de insulina, establezcan las medidas de excepción que estimen necesarias para asegurar lo establecido en el artículo 3º de la presente reglamentación.

ARTICULO 7° .- Son competentes, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º de la ley 23.753 , las comisiones médicas creadas por la Ley 24.241 modificadas por la Ley 24.557. Se constituirán comisiones médicas en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL para intervenir en cualquier controversia de la previstas en el artículo 4º de la Ley 23.753.

ARTICULO 8° .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese


Acorde con la Ley Nº 23.753/89 y el Decreto Nº 1.271/98 que la reglamenta, queda comprendida dentro de sus disposiciones la siguiente lista de medicamentos e insumos para el control y tratamiento del paciente con diabetes mellitus.

MEDICAMENTO E INSUMO

COBERTURA

Insulina

100 %

Hipoglucemia orales

70 %

Jeringas de vidrio para insulina

 100 %

Jeringas descartables para insulina

100 %

Agujas para inyecciones subcutáneas

100 %

Jeringa lapicera para insulina

100 %

Bomba de infusión continua de insulina

100 % (*)

Lancetas descartables para punción digital

100 %

Digitopunzor automático

70 % o +

Tiras reactivas para determinar glucosa en sangre

70 % o +

Tiras reactivas para determinar acetona en orina

70 % o +

Tiras reactivas para determinar glucosa y acetona en orina

70 % o +

Reflectómetro para la lectura de la determinación de la glucosa en  sangre con tiras reactivas

70 % o + (*)

 

 


(*) Su otorgamiento deberá ser evaluado y eventualmente aprobado por la auditoría de la institución correspondiente, ante la indicación expresa y fundamentada del facultativo especializado.

 

 



1.- Obras Sociales y Sistemas de Medicina Privada.
Implementarán la provisión, dispensación y cobertura de los medicamentos e insumos enunciados a través de los procedimientos que resulten más eficaces para el cumplimiento de la presente Resolución.2.- Área de Salud Estatal.

El Área de Salud Estatal a través de las distintas jurisdicciones (Nacional, Provincial, Municipal), cubrirá las demandas correspondientes a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

2. 1.- Requisitos socio-económicos: 

2.1.1.- Residencia en el territorio de la República Argentina. Se utilizará como constancia el domicilio registrado en el DNI , Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica.
2.1.2.- Carecer de cobertura de Salud. (*)
2.1.3.- Carecer de recursos o ingresos, que le permitan costear los medicamentos e insumos. (*)

(*) La evaluación será efectuada por el Servicio de Asistencia Social de la Institución.

2.2.- Cancelación de Beneficios:

2.2.1- Renuncia del titular al beneficio.
2.2.2- Radicación del beneficiario fuera del país.
2.2.3- Dejar de reunir los requisitos socio-económicos citados
2.2.4- Incompatibilidad con otros beneficios.

2.3.- Procedimiento para la obtención de los medicamentos e insumos:

2.3.1.- El paciente iniciará la gestión en el Centro Asistencial Estatal al que concurre para su control y tratamiento y ante su médico de consulta.
2.3.2.- Deberá cumplir con los requisitos previstos en el ítem 2.1., para lo cual formulará una declaración jurada que tendrá validez anual y que será refrendada por el Servicio Social.
2.3.3.- En los recetarios correspondientes el médico deberá completar los datos filiatorios y clínicos que se soliciten del paciente y prescribir la cantidad de los medicamentos e insumos que se requieran para un trimestre de tratamiento.
2.3.4.- Con la documentación antedicha el Centro Asistencial solicitará directamente o a través de la dependencia que correspondiere de la Secretaría o Ministerio Salud de la cantidad necesaria de medicamentos e insumos para un período de tres meses de tratamiento.
2.3.5.- Cada jurisdicción (Nacional, Provincial o Municipal) podrá adaptar a su propia modalidad el procedimiento referido, en tanto no se modifique la esencia del mismo.

 

2.4.- Descripción de medicamentos e insumos y de la cantidad a ser otorgados por el Área Estatal:(*) Insulina: Concentración U – 100. Frascos o cartuchos.
Tipos: Lispro. Corriente. NHP. Lenta. Ultralenta.
Origen: Bovino. Porcino. Humano. Análogo.
Cantidad: Según prescripción.
(**) Hipoglucemiantes Orales: Glibenclamida (comp. 5mg)
Metformina (comp. 500mg)
Cantidad: Según prescripción.

(*) Jeringas de vidrio para insulina U-100: 1 por año .
(*) Jeringas descartables para insulina U-100: 24 por año.
(*) Agujas para inyecciones subcutáneas: 100 por año.
(*) Jeringa lapicera para insulina: 1 cada 2 años.

(***) Lancetas descartables: 50 por año.
(***) Digitopunzor automático: 1 cada 2 años.
(*) Tiras reactivas para glucosa en sangre: 400 tiras por año.
(**) Tiras reactivas para glucosa en sangre: 50 tiras por año.
(*) Tiras reactivas para acetona en orina: 50 tiras por año.
(***) Tiras reactivas para glucosa en orina: 100 tiras por año.

(*) En diabéticos tipo 1 insulinodependientes.
(**) En diabéticos tipo 2 no insulinodependientes.

2.5.- Cobertura:

El porcentaje de cobertura será el establecido al comienzo.
Se procurará elevar la cobertura al 100% en los medicamentos e insumos a los que se les asigna
un mínimo de 70% , en concordancia con las posibilidades presupuestarias de cada período

IMPORTANTE :    la INSULINA tiene un 100% de cobertura, Resolución 301/99 MSyAS.  ver link

¿Existen drogas con cobertura al 100%?
Sí, tienen cobertura al 100% los medicamentos que a continuación se detallan:
 Eritropoyetina destinada al tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica.
 Dapsona destinada al tratamiento de lepra en cualquiera de sus formas clínicas.
 Medicamentos para uso oncológico según protocolos oncológicos aprobados por la autoridad de aplicación.
 Drogas para el tratamiento de la tuberculosis.
 Cobertura de insulina (100%). (Diabetes). Resolución 301/99 MSyAS.
 Cobertura al 100% de la piridostigmina (comprimidos 60 mg), destinado al tratamiento de la Miastenia Gravis y en la dosis diaria necesaria para cada caso. Resolución 791/99 MSyAS 
 Medicamentos de uso anticonceptivo. Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Entre otros.

 

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EMBARAZADAS PREVENCIÓN. Ley 26.369 – Control y Prevención de Embarazadas respecto del examen de detección del estreptococo Grupo B Agalactiae

Realización del examen de detección del estreptococo Grupo B Agalactiae a todas las embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37. Incorporación con carácter obligatorio como práctica rutinaria de control y prevención.

Sanción: 16/04/2008; Promulgación: 06/05/2008; Boletín Oficial 07/05/2008

El Senado y Cámara de Diputados

dela Nación Argentinareunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1º – Incorpórase con carácter obligatorio como práctica rutinaria de control y prevención la realización del examen de detección del estreptococo Grupo B Agalactiae, a todas las embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo.

ARTICULO 2º – Si el resultado de la detección fuere positivo, se establece la obligatoriedad del tratamiento correspondiente con la modalidad y tiempo previsto por la ciencia médica, a fin del control de la bacteria de referencia.

ARTICULO 3º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina tanto por parte de establecimientos de atención de la salud públicos o privados, como por obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo otro organismo financiador de prestaciones de la salud.

ARTICULO 4º – El Ministerio de Salud dela Nación, como autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y del Gobierno dela Ciudad, dispondrá de los programas de investigación de prevalencia a nivel provincial y/o local, necesarios para la formación de los agentes de salud, acerca de la sepsis bacteriana temprana del recién nacido por estreptococo Grupo B Agalactiae, estrategias de prevención, y obligaciones de los médicos y centros de salud, a fin de que se proceda de forma uniforme a la aplicación del examen bacteriológico de detección y la profilaxis, en todo el país.

ARTICULO 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA ENLA SALA DESESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.

- REGISTRADA BAJO EL Nº26.369 –

LEY DE AUTISMO y TGD . chubut ley 4542 y reglamentacion Dto. N° 1614/11.

Si bien no es de aplicación en todo el país ya que es una ley provincial,  impulsa al congreso nacional a que tomen las mismas medidas y terminen de aprobar de una vez por todas algunos de los tantos proyectos de ley que pasaron por el congreso sobre TGD . (La Ley de Autismo de Chubut data del año 1999 fue reglamentada recién en 2011). En el 2010 en la Provincia de buenos Aires  también se dicto una ley sobre el TGD ley 14191. Se encuentra en otro articulo en la pagina.

 

Ley Provincia de Chubut N° 4.542

 

Sistema de protección integral de las personas afectadas por el síndrome autísticoRAWSON, 17 DE DICIEMBRE DE 1999BOLETIN OFICIAL, 17 DE DICIEMBRE DE 1999LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

TEMA

BIENESTAR SOCIAL-ASISTENCIA MEDICA-DISCAPACITADOS-AUTISTAS

GENERALIDADES

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 0013

CAPITULO I

Objeto. Ambito de aplicación material y personal (artículos 1 al 4)

Artículo 1

ARTICULO 1º.- La presente ley tiene por objeto instituir un sistema

de protección integral de las personas afectadas por el síndrome

autístico y de su familia, con el fin de procurarles asistencia

médica, protección social, educación y capacitación para su eventual

formación profesional e inserción laboral.

Es también una finalidad perseguida por esta ley promover la paula-

tina organización de un conjunto de estímulos tendientes a que los

afectados por el síndrome autístico puedan contrarrestar las desven-

tajas que esta discapacidad específica les provoca, asegurando su

derecho a desempeñar un rol social digno, que les permita integrarse

activamente a la comunidad.

Artículo 2

ARTICULO 2º.- A los fines de esta ley, se consideran autistas a

aquellas personas que presenten:

a) Alteraciones básicamente cualitativas en la

reciprocidad social, en la comunicación verbal

y no verbal, y en el comportamiento;

b) Pobre actividad imaginativa o ausencia de

ella;

c) Espectro de intereses estrecho, con predominio

de actividades repetitivas.

Artículo 3

ARTICULO 3º.- A los fines de esta ley se consideran familiares

del autista a aquellas personas vinculadas a éste por lazos de

parentesco por consanguinidad o afinidad, que lo atiendan, convivan

o mantengan con él una relación inmediata, habitual o permanente.

También serán asimiladas a la calidad de familiares aquellas perso-

nas que, careciendo de vínculos de parentesco, cumplan respecto del

enfermo las funciones enumeradas en el párrafo precedente.

Artículo 4

ARTICULO 4º.- A los fines de la aplicación de esta ley, la condi-

ción de autista será efectuada y certificada por el organismo que

determine el Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la inter-

vención de profesionales especialistas en autismo.

La calificación de familiares de afectados por el Síndrome autísti-

co también será efectuada y certificada por el organismo que esta-

blezca el Ministerio de Salud y Acción Social.

En cualquiera de los casos podrá requerirse el asesoramiento de

especialistas en la materia.

CAPITULO II

Políticas de protección y asistencia (artículo 5)

Artículo 5

ARTICULO 5º.- El Estado Provincial brindará a los afectados por el

síndrome autístico las siguientes prestaciones:

a) Médico – sanitarias:

1. Asistencia del autista y sus familiares, mediante tratamien-

tos y abordajes a realizar a través de los órganos descentrali-

zados de la salud tales como los hospitales públicos;

2. Capacitación multidisciplinaria del personal técnico y

profesional a su cargo, en el diagnóstico y tratamiento del

síndrome;

3. Cobertura de los tratamientos médicos y farmacológicos y

demás terapias que se consideren necesarias en cada caso para

las personas afectadas por el síndrome y sus familiares, inde-

pendientemente de su edad;

4.Inclusión de la atención y tratamientos del síndrome autístico

en los nomencladores del Instituto de Seguridad Social y Seguros, 

considerando a esta enfermedad como una discapacidad autónoma

y permanente, en tanto científicamente mantenga tal carácter;

5. Asistencia domiciliaria en aquellos casos que resulte

necesario.

b) Educativas:

1. Educación especial pública, gratuita y adecuada a su

condición;

2. Proceso educativo y formativo del autista impartido en

forma personalizada, buscando el logro de la más plena

inserción social posible del autista;

3. Centros educativos específicos del autista con no más de

cuatro alumnos por profesor, que cuenten con la asistencia

de especialistas médicos, psicólogos, fonoaudiólogos,

psicodegagogos, profesores de educación física, musicote-

rapeutas y todos aquellos profesionales que tengan

participación en la educación del niño autista.

c) Deportivas y recreativas:

1. Los programas a elaborar por el Estado deberán contemplar

actividades recreativas y deportivas que aseguren la partici-

pación activas de las personas afectadas por el síndrome.

d) Difusión de la temática:

La autoridad de aplicación difundirá el conocimiento del

síndrome a través de los medios de comunicación, buscando

despertar en la sociedad actitudes integradoras y coopera-

tivas hacia los afectados por la enfermedad.

e) De ayuda social:

El Estado proveerá la atención y protección social de las

personas autistas adultas en situación de desamparo familiar.

CAPITULO III

Autoridad de Aplicación (artículos 6 al 7)

Artículo 6

ARTICULO 6º.- Será autoridad de aplicación de esta ley el Ministe-

rio de Salud y Acción Social, a través del organismo de su dependen-

cia que se determine en la reglamentación.

Artículo 7

ARTICULO 7º.- La autoridad de aplicación tendrá por funciones:

a) Elaborar y mantener actualizado un relevamiento de los afecta-

dos por el síndrome en la Provincia. Para la conformación de

la base de datos a crearse deberá observarse las disposiciones

del artículo 56 de la Constitución de la Provincia del Chubut;

b) Promover la investigación del síndrome autístico, recabando

información de organismos internacionales y nacionales, con la

finalidad de propulsar su estudio con rigor científico y capa-

citar prestadores en las áreas de salud y educación especial;

c) Elaborar programas residenciales para aquellos autistas que

requieran apoyo continuo y que, debido a su edad, ámbito fami-

liar, edad avanzada de sus padres o familiares responsables, o

por carencia de estos, o por otros motivos atendibles, requie-

ran una contención y asistencia permanente fuera de su ámbito

familiar;

d) Coordinar las áreas de prestación de asistencia a los autistas

pertenecientes a la educación y a la salud.

Referencias Normativas: Constitución de Chubut Art.56

CAPITULO IV

Consejo de Coordinación y Asesoramiento (artículos 8 al 9)

Artículo 8

ARTICULO 8º.- La autoridad de aplicación conformará un Consejo

de Coordinación y Asesoramiento en la materia compuesto por

representantes del Ministerio de Salud y Acción Social, del

Ministerio de Cultura y Educación, de las áreas sociales de los

Municipios que adhieran a esta ley, de las asociaciones de padres

de autistas existentes en la Provincia y de otras organizaciones

no gubernamentales relacionadas con la materia, en la forma que

se determine en la reglamentación de la presente ley. La participa-

ción de los representantes de organismos públicos y entidades civi-

les en el Consejo es ad-honorem.

Artículo 9

ARTICULO 9º.- El Consejo de Coordinación y Asesoramiento tendrá

por funciones programar, coordinar y supervisar la planificación

y ejecución de las actividades y prestaciones debidas por el

Estado con la finalidad de asistir y recuperar al afectado por el

síndrome autístico, en el marco de lo prescripto por esta ley.

CAPITULO V

Disposiciones Finales (artículos 10 al 13)

Artículo 10

ARTICULO 10º.- Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley

serán previstos anualmente en la ley del presupuesto dentro de las

partidas correspondientes a las áreas de salud, educación y promo-

ción y asistencia social.

Artículo 11

ARTICULO 11º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de

los noventa días de su entrada en vigencia.

Artículo 12

ARTICULO 12º.- Invítase a los Municipios a adherir, en lo pertinen-

te, a las disposiciones de esta ley, creando en el ámbito de sus

competencias los organismos y programas de protección de las perso-

nas afectadas por el síndrome autístico.

Artículo 13

ARTICULO 13º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

Dr. Mario Jorge Cimadevilla Juan Carlos Chayep

Vice-Presidente Primero Secretario

 

 

 

DECRETO PROVINCIAL PODER EJECUTIVO: Apruébase la Reglamentación de la Ley I N° 207. Dto. N° 1614/11.

de Foud Chubut, el Martes, 11 de octubre de 2011 a la(s) 19:12

 

DECRETO PROVINCIAL

PODER EJECUTIVO: Apruébase la Reglamentación

de la Ley I N° 207.

Dto. N° 1614/11.

Rawson, 30 de Septiembre de 2011.

VISTO:

El Expediente N° 3376/11 MCG; la Ley I N° 207; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el visto se tramita la reglamentación de la Ley I N° 207 (antes ley N° 4542) referente a la institución de un sistema de protección integral de las personas afectadas por el síndrome  autístico y su familia;

Que la presente reglamentación representa un avance importantísimo en la legislación ya que si bien existen derechos ya adquiridos a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, especifica un poco más algunos de los aspectos de las prestaciones tanto de salud como educativas que facilitarán en el futuro una mayor agilidad para el acceso a las personas con trastornos autistas a los servicios que necesitan;

Que la medida representa un hito histórico por ser la primera norma específica sobre autismo del país;

Que ha tomado intervención el Asesor General de Gobierno;

POR ELLO:

El Gobernador de la Provincia del Chubut

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley I N° 207 que como Anexo A forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendadopor el Señor Ministro Secretario de Estado en el departamento de Coordinación de Gabinete.-

Articulo 3°.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y Cumplido Archívese.-

MARIO DAS NEVES

Cdor. PABLO SEBASTIAN KORN

 

ANEXO A

Artículo 1°.- Entiéndase por Sistema de Protección Integral a las acciones para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas descriptas en el artículo 2° siguiente, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Este Sistema de Protección Integral implica también las acciones de prevención y detección precoz, difusión y concientización social, y todas aquellas acciones señaladas por la Ley Nacional N° 26.378, que serán instrumentadas por los organismos estatales y privados que correspondan por su jurisdicción e incumbencia. Tales organismos implementarán sus acciones entendiendo por conjunto de estímulos a las diferentes  configuraciones de apoyo y ajustes razonables conforme lo indicado por la Ley Nacional N° 26.378.-

Artículo 2°.- A los fines de esta ley, se entiende que las personas con Síndrome Autístico y/o Trastornos Generalizados del Desarrollo, presentan alguno de los trastornos del espectro autista (TEA) enunciados en el D. S. M. 4 (Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales), C. I. E. 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades 10), C. I. F. (Clasificación Internacional de Funcionamiento) y sus actualizaciones, y otras clasificaciones internacionales propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin perjuicio de lo mencionado en el Artículo II del Capítulo I, Título I de la Ley I N° 296.-

Artículo 3°.- A los efectos de esta ley, aquellas personas que carezcan de vínculo de parentesco, deberán acreditar su asimilación a la calidad de familiar mediante certificación profesional avalada por el Ministerio de Familia y Promoción Social.-

Artículo 4°.- A los fines de esta ley podrán brindar certificación diagnóstica: médico neurólogo, psiquiatra o pediatra.-

Dado la complejidad del diagnóstico, se aconseja contar con la evaluación de equipos multidisciplinarios y protocolos de diagnóstico de reconocimiento internacional tales como: M-CHAT, A.D.O.S.-G, A.D.I.-R, C.A.R.S. y sus actualizaciones, así como cualquier otro método que se implementare al mismo efecto y con similar reconocimiento internacional.

A los efectos de la obtención del Certificado de Discapacidad será de aplicación lo reglamentado en la

Ley Provincial I Nº 296. Para la calificación de familiares será de aplicación lo reglamentado para el artículo precedente.

Artículo 5°.- Inc. a) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial I N° 296 y leyes nacionales y provinciales complementarias, incluyendo las metodologías de diagnóstico y tratamiento según lo señalado en el artículo 2º precedente. Dicha cobertura abarcará la libre elección de prestadores, y cubrirá como mínimo los valores del nomenclador nacional. Asimismo, cubrirá operadores calificados (cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, operadores convivenciales, y auxiliares, entre otros) certificados por la autoridad competente en salud y/o

educación y/o familia y/o trabajo. El Estado Provincial y sus municipios promoverán la

capacitación en las metodologías de diagnóstico y tratamiento señaladas en el artículo 2º precedente, a través de todos sus organismos centralizados y descentralizados, y su articulación con las  agrupaciones de la sociedad civil.

Inc. b) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial VIII N° 91/10 y leyes nacionales y provinciales complementarias. A tales efectos corresponderá implementar los ajustes

razonables y criterios establecidos por la Ley N° 26.378, a fin de cubrir las necesidades educativas especiales para personas con discapacidad. Para la consecución de dicho objetivo, la educación

se impartirá en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social, permitiendo el uso de los dispositivos especiales y/o tecnológicos, de resultar apropiados.

Las prestaciones educativas cubrirán la de maestra integradora o desempeño de personal no docente, durante toda la jornada escolar en todos los niveles

educativos.

El Ministerio de Educación reglamentará el desempeño de personal no docente para alumnos comprendidos en los términos definidos en el artículo 2º precedente, en todo establecimiento educativo de gestión estatal. Dicho reglamento contemplará las funciones y obligaciones del personal no docente en su acompañamiento de la persona con discapacidad durante su permanencia en el establecimiento educativo y actividades que el mismo desarrolle dentro y fuera del aula, en el caso de salidas educativas o plan de recreación o deporte, así como actividades de higiene y alimentación. Los ajustes razonables realizados contemplarán las indicaciones aportadas por el equipo interdisciplinario que asista a la persona con discapacidad. Asimismo las prestaciones cubrirán la asistencia a centros educativo- terapéuticos especializados y centros de día especializados con la modalidad de talleres y de tratamientos para los jóvenes y adultos incluidos dentro de la población señalada en el artículo 2º precedente, y los materiales didáctico-terapéuticos.

El Estado Provincial y sus municipios promoverán la capacitación docente según lo señalado por la presente reglamentación.

Inc. c) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial I N° 296, y la Ley 26.378, y leyes nacionales y provinciales complementarias.

Inc. d) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial I N° 296, sus actualizaciones y leyes nacionales y provinciales complementarias. El Estado Provincial promoverá la difusión de métodos y mecanismos de detección precoz del síndrome autístico conforme la definición del artículo 2º precedente, y la concientización social del mismo, teniendo en cuenta los lineamientos internacionales.

Inc. e) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial I N° 296, y leyes nacionales y provinciales complementarias, Asimismo, para aquellas personas señaladas en el artículo 2º precedente, que no hayan podido tener acceso a educación y/o capacitación laboral, se crearán

mecanismos de contención de conformidad con lo especificado en la Ley N° 26.378, tales como casas de respiro, residencias, y hogares de tránsito.-

Artículo 6°.- Dadas las características interdisciplinarias de la presente ley, la Secretaria de Salud, u organismo que lo reemplace en tales funciones y competencias ejercerá la aplicación de la presente

estableciendo las multas y sanciones derivadas de su incumplimiento, entre los restantes aspectos, de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Coordinación de Gabinete, u organismo que lo reemplace en tales funciones y competencias.-

Artículo 7°.- Para elaborar y mantener actualizado el relevamiento de los afectados por Síndrome Autístico en la Provincia, se tomará como base de inicio los datos ya recabados por las Juntas Evaluadoras de Discapacidad. A los fines de ampliar la base de datos se recabará información de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales.-

Articulo 8º.- Se creará dentro del Consejo Provincial de Discapacidad (Ley I Nº 294) una comisión especial integrada por representantes de las agrupaciones de la sociedad civil que atienden a personas con el Síndrome Autístico debidamente reconocidas por la Inspección General de Justicia.-

Artículo 9°.- La comisión referida en el artículo precedente, redactará su reglamento de  funcionamiento dentro del marco de la legislación vigente.-

Artículo 10°.- Entiéndase conforme a la Organización Administrativa Provincial Actual.-

Artículo 11°.- Sin reglamentar.-

Artículo 12°.- Sin reglamentar.-

Artículo 13°.- Sin reglamentar.-

 

PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT   AÑO LIII – Nº 11328 Martes 11 de Octubre de 2011   Edición de 20 Página


 

. Que hacer cuando somos discriminados que ley nos ampara? PENALIZACION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS LEY 23592 de Agosto de 1988. LEY 25.280 APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ley anti discriminacion es la 23592, a los fines de hacer sesar el acto discriminatorio y reparar materialmente el daño moral y material, contra todo acto discriminatorio.La autoridad de aplicacion de la Ley es el INADI: http://inadi.gob.ar/

Específicamente contra discapacitados esta la CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

 

LEY 23592

PENALIZACION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS BUENOS AIRES, 3 de Agosto de 1988
BOLETIN OFICIAL, 05 de Septiembre de 1988 Vigentes

GENERALIDADES
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 4

TEMA
DERECHOS HUMANOS – DISCRIMINACION – DISCRIMINACION RACIAL O RELIGIOSA – DISCRIMINACION POR MOTIVOS IDEOLOGICOS, POLITICOS O GREMIALES-DISCRIMINACION POR CONDICION ECONOMICA O SOCIAL-PROPAGANDA DISCRIMINATORIA-PENA-AGRAVANTES DE LA PENA

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: ARTICULO

1.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

ARTICULO 2.- Elevase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

ARTICULO 3.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

*ARTICULO 4.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la ley.

Modificado por: Ley 24.782 Art.1Incorporado. (B.O. 03-04-97).
*ARTICULO 5.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de

treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente. En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:»Frente a cualquier acto

discriminatorio, usted puede recurrirá la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia.
ARTICULO 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FIRMANTES

PUGLIESE – MARTINEZ – BRAVO – MACRIS

LEY 25.280

APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TRATADOS INTERNACIONALES – DISCRIMINACION – DISCRIMINACION POR ENFERMEDAD – DISCAPACITADOS

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1 – Apruébase la CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE Discriminación CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, suscripta en Guatemala -REPUBLICA DE GUATEMALA- el 8 de junio de 1999, que consta de CATORCE (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.

ARTICULO 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

ANEXO A: CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON Discapacidad

ARTICULO I: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad El término «discapacidad» significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.2. Discriminación contra las personas con discapacidad a) El término «discriminación» contra las personas con discapacidad» significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

ARTICULO 2: Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

ARTICULO 3:Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativaza) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;b) La detección temprana e intervención, tratamiento,rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

ARTICULO 4:Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a:1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.2. Colaborar de manera efectiva en:a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación integración a la sociedad de las personas con discapacidad;yb) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.

ARTICULO 5:1. Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.2. Los Estados Parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.

ARTICULO 6:1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado Parte.2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede.3. Los Estados Parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados Parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente Convención.5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados Parte. Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados Parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma.6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 7:No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita que los Estados Parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado Parte está obligado.

ARTICULO 8:1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.2. La presente Convención está sujeta a ratificación.3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 9: Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado.

ARTICULO 10:1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO 11:1. Cualquier Estado Parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados Parte.2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

ARTICULO 12:Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

ARTICULO 13:La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados Parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia.

ARTICULO 14:1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen

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PROTECCION LEGAL A EPILEPTICOS. LEY 25404 ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA.REGLAMENTACION DE DICHA LEY Decreto 53/2009

 

BREVE SÍNTESIS Y OBJETIVOS DE LA LEY: En la ley se contemplan tres aspectos fundamentales: el derecho de los pacientes a recibir la medicación antiepiléptica en forma gratuita, cuando carecen de cobertura social. La no discriminación laboral, escolar o social.

EMPLEO DEL EPILÉPTICO:  siempre y cuando se posea un certificado médico de aptitud laboral (que puede extenderlo el médico que habitualmente lo atiende  en dicho certificado si fuere necesario se indicarán las limitaciones) , SI ES IDONEO Y se le negare un puesto en virtud de su enfermedad, se estará cometiendo un acto ilegal y se incurrirá en una discriminación en los términos de la ley 23.592 que establece la penalización de actos discriminatorios.

EDUCACIÓN DEL EPILEPTICO: También en este caso si se impidiera el acceso a la educación EN CUALQUIERA DE SUS NIVELES sobre la base del padecimiento de la epilepsia se estaría cometiendo un acto discriminatorio y será penalizado conforme lo establecido en la ley 23.592.

LEY 25404
ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA

BUENOS AIRES, 7 de Marzo de 2001

BOLETIN OFICIAL, 03 de Abril de 2001

Vigentes

GENERALIDADES

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONENLA NORMA13

TEMA

DERECHOS HUMANOS-EPILEPSIA-DISCRIMINACION-DISCRIMINACIONPOR ENFERMEDAD-SALUD PUBLICA-OBRAS SOCIALES

El Senado y Cámara de Diputados dela Nación Argentinareunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

artículo 1:

ARTICULO 1 – La presente ley garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requiere su condición de tal.

artículo 2:

ARTICULO 2 – La epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 7.

artículo 3:

ARTICULO 3 – Todo paciente epiléptico tiene derecho a acceder a la educación en sus distintos niveles sin limitación alguna que reconozca como origen su enfermedad.

artículo 4:

ARTICULO 4 – El paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna.

artículo 5:

ARTICULO 5 – El desconocimiento de los derechos emergentes de los artículos 2 y 3 de la presente ley será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley N 23.592.

Ref. Normativas: Ley 23.592

artículo 6:

ARTICULO 6 – Las prestaciones médico asistenciales a que hace referencia la presente ley quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio aprobado por resolución N 939/00 del Ministerio de Salud, sin perjuicio de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las leyes N 22.431 y N 24.901 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Ref. Normativas: Ley 22.431Ley 24.901

artículo 7:

ARTICULO 7 – El médico tratante extenderá al paciente, a requerimiento de éste, una acreditación de su aptitud laboral, en la que se indicarán, si fuere necesario, las limitaciones y las recomendaciones del caso.

artículo 8:

ARTICULO 8 – En toda controversia judicial o extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de los profesionales afectados al programa a que se refiere el artículo 9 de la presente, el que no podrá ser suplido por otras medidas probatorias.

artículo 9:

ARTICULO 9 – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa especial en lo relacionado con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia,prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedaden sus aspectos médicos, sociales y laborales;b) Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permitanel mejor cumplimiento del objeto de la presente;c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país;d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar la discriminación de los pacientes; e) Prestar colaboración científica y técnica a las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a fin de elaborar sus programas regionales; f) Promover la concertación de acuerdos internacionales, especialmente con los países signatarios del Tratado deAsunción, para la formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley; g) Realizar convenios de mutua colaboración en la materia, con lasautoridades provinciales y dela Ciudadde Buenos Aires;h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médico asistencialy carentes de recursos económicos la provisión gratuita de lamedicación requerida;i) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto enla presente y su reglamentación.

artículo 10:

ARTICULO 10. – Déjase sin efecto toda norma que se oponga a lo dispuesto en la presente.

artículo 11:

ARTICULO 11. – Los gastos que demande la presente se tomarán de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud.

artículo 12:

ARTICULO 12. – Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a dictar para el ámbito de sus respectivas jurisdicciones normas de similar naturaleza.

artículo 13:

ARTICULO 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

PASCUAL-LOSADA-Aramburu-Oyarzún

 

Decreto 53/2009

Marco regulatorio uniforme para el diagnóstico y tratamiento de las personas que padecen epilepsia.

Bs. As., 27/1/2009

VISTO la Ley Nº 25.404 y el Expediente Nº 2002- 1689/04-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma legal, sobre protección para Las personas que padecen epilepsia, contiene las medidas tendientes a asegurar la atención de las mismas evitando su discriminación en el orden laboral, sanitario, educacional, constituyendo así un valioso instrumento para asegurar la atención sanitaria de los aludidos pacientes.

Que se hace necesario establecer un marco regulatorio uniforme para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos de que se trata.

Que las prestaciones que brindan actualmente las jurisdicciones a los pacientes con epilepsia son de carácter variable, heterogéneo y de acuerdo a las disponibilidades de cada una de ellas.

Que tal situación tiene su explicación en que no existe un marco regulatorio único para adoptar los criterios de diagnóstico y de tratamiento correspondientes, carencia que el texto legal y el presente Decreto reglamentario pretenden subsanar.

Que mediante la incorporación de dichos pacientes al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA, aprobado por la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº 201, del 9 de abril de 2002, se asegura a los pacientes con cobertura a través de los agentes del Seguro de Salud la provisión de drogas específicas para la citada patología.

Que por otra parte, resulta imprescindible extender la atención y provisión de medicamentos a la población de todo el territorio nacional, afectada por dicha enfermedad y que no cuenta con cobertura médica.

Que, en tal sentido, el artículo 9º de la Ley Nº 25.404 establece que «el PODER EJECUTIVO, por intermedio del MINISTERIO DE SALUD en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa especial en lo relacionado con la epilepsia», estableciendo, entre los objetivos del mismo asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida.

Que en ese orden de ideas resulta oportuno disponer que los Gobiernos de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES puedan adherir a las disposiciones de la Ley Nº 25.404 y a la presente reglamentación.

Que es necesario que los principios contemplados en la Ley, destinados a evitar la discriminación de las personas con epilepsia, resulten operativos, como así también que se promueva la divulgación de las características reales de la enfermedad.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

 

 

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Entiéndese por discriminación, a los fines del artículo 1º de la Ley Nº 25.404, toda invocación que expresa o implícitamente restrinja a la persona que padece epilepsia, el pleno ejercicio de sus derechos en orden a obtener o conservar un empleo, como así también el de acceder al ejercicio de cargos públicos. De igual modo, deberá tener libre acceso a los servicios educativos de salud, y cualquier otro servicio público de carácter asistencial o promocional.

Art. 2º — Sin reglamentar.

Art. 3º — Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 25.404, el MINISTERIO DE EDUCACION será la autoridad de aplicación de las disposiciones del artículo 3º de la Ley, con apoyo de las pertinentes autoridades del MINISTERIO DE SALUD en lo que pudiere corresponder.

Art. 4º — La autoridad de aplicación asistirá a las jurisdicciones que no tengan capacidad para desarrollar programas para la atención de pacientes epilépticos o no cuenten con programas propios a ese fin. Dicha asistencia comprende la práctica de diagnósticos y la provisión de drogas de primera y segunda elección a pacientes epilépticos sin cobertura médico asistencial y carentes de recursos económicos, de acuerdo al listado de medicamentos que, para los citados pacientes establecerá el MINISTERIO DE SALUD Las drogas de primera y segunda elección serán suministradas a través de la Red Sanitaria Jurisdiccional, siendo el diagnóstico de la enfermedad efectuado por profesionales médicos pertenecientes a la citada Red y acreditados por dicho programa. El MINISTERIO DE SALUD establecerá las líneas de acción presupuestaria pertinentes para el otorgamiento de las drogas de segunda elección, en los casos en que no tuvieren cobertura desde un programa específico de la autoridad sanitaria jurisdiccional.

El aprovisionamiento de medicamentos y demás elementos de diagnóstico y tratamiento para cubrir las necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos será financiado con los créditos específicos destinados a la seguridad social y, los de otros sistemas de medicina privada.

Art. 5º — Para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 25.404, actuará el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, creado por la Ley Nº 24.515 y sus modificatorias.

Art. 6º — Las prestaciones médico asistenciales que incorpora la Ley Nº 25.404 al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO se extienden al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA (PMOE) aprobado por la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº 201, del 9 de abril de 2002, sus modificatorias y demás normas complementarias.

Art. 7º — El profesional que tuviere a su cargo el otorgamiento del certificado de aptitud laboral deberá tener en cuenta el tipo de epilepsia de las personas solicitantes, así como la naturaleza de las tareas a desarrollar o las que se encuentra desarrollando, de manera tal que su ejercicio no ponga en peligro la integridad física del interesado o la de terceros.

Para la postulación, ingreso y desempeño laboral, público o privado, serán tenidas en cuenta las aptitudes consignadas en la acreditación expedida por el médico tratante.

Art. 8º — SIN REGLAMENTAR.

Art. 9º — El Programa a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 25.404 se desarrollará en el ámbito de la SECRETARIA DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS del MINISTERIO DE SALUD. Constitúyese en su seno una Comisión Técnica con el objeto de brindar asesoramiento en las cuestiones relacionadas con la materia de la presente ley, cuyos integrantes serán designados por la Autoridad de Aplicación, y desempeñarán su cometido con carácter ad-honorem sin perjuicio de las remuneraciones que perciban por sus respectivos cargos.

El MINISTERIO DE SALUD efectuará un relevamiento en las distintas jurisdicciones del territorio nacional a efectos de identificar cuáles cuentan con programas propios para el tratamiento de la epilepsia e instará, a través del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA), a todas las jurisdicciones a desarrollar programas en ese sentido.

De igual modo el MINISTERIO DE SALUD, con acuerdo de la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional respectiva, impulsará las acciones tendientes a unificar los criterios de accesibilidad, equidad y calidad de los Programas en cada una de ellas.

Los programas a crearse en las jurisdicciones provinciales o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES deberán procurar el cumplimiento de la normativa del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA.

El MINISTERIO DE SALUD a través del citado PROGRAMA deberá establecer la normatización del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con epilepsia, en el plazo de UN (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de la presentereglamentación.

Art. 10. — SIN REGLAMENTAR.

Art. 11. — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a los créditos asignados a las partidas del presupuesto de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.

Art. 12. — La Autoridad de Aplicación invitará a los Gobiernos de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las disposiciones de la Ley Nº 25.404 y de la presente reglamentación.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — María G. Ocaña.

SIDA. LEY NACIONAL DE SIDA. DECRETO REGLAMENTARIO.LEY Nº 23.798.

LEY NACIONAL DE SIDA Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

 LEY Nº 23.798

 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Declaración de interés nacional a la lucha contra el mismo, estableciendo medídas para la detección, investigación, diagnóstico y tratamiento. Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado (expedientes 92. 1.148, 1.781 y 3.295 – D.87; Orden del día Nº 533/90).

 

Artículo 1º – Declárase de interés nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población.

 

Art. – 2º – Las disposiciones de la presente ley y de las normas complementarias que se establezcan, se interpretarán teniendo presente que en ningún caso pueda:

a) Afectar la dignidad de la personwa;

b) Producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación;

c) Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico que siempre se interpretarán en forma respectiva;

d) lncursíonar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la Nación Argentina;

e) Individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de datos, los cuales, a tales efectos, deberán llevarse en fora codificada.

Art 3º – Las disposiciores de la presente ley serán de aplicación en todo el territorio de la República. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a través de la Subsecretaría de Salud, la que podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento de esta ley. Su ejecuciónn en cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias a cuyos fines podrán dictar las normas cornplementarias que consideran necesarias para el mejor cumplimiento de la misma y su reglamentación.

 

Art 4º – A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:

a) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descriptas en el artículo 1, gestionado los recursos para su finananciación y ejecución;

b) Promover la capacitación de recursos humanos y propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos públicos y privados, nacionales, provinciales o municipales e internacionales;

c) Aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima calidad y seguridad;

d) Cumplir con el sistema de información que se establezca;

e) Promover la concentración de acuerdos internacionales para la formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley;

f) El Poder Eíecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la población las características del SIDA, las posibles causas o medios de transmisión y contagio, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos adecuados para su curación, en forma tal que se evite fa dífusión inescrupulosa de noticias iriteresadas.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo estalecerá dentro de los 60 días de promulgada esta ley, las medidas a observar en relación a la población de instituciones cerradas o semicerradas, dictando las normas de bioseguridad destinadas a la detección de infectados, prevención de la propagación del virus, el control y tratamiento de los enfermos, y la vigilancia y protección del personal actuante.

Art. 6º – Los profesionales que asistan a personas integrantes de grupos en ríesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia están obligados a prescribir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detección directa indirecta de la infección.

 

Art. 7º – Declárase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma y otros de los derivados sanguíneos de rigen humano para cualquier uso terapéutico. Declárase obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos para transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para transplante que muestren positividad.

 

Art. 8º – Los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarles sobre el carácter infectocontagiosos del mismo, los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada.

 

Art. 9º – Se incorporará a los controles actualmente en vigencia para inmigrantes, que soliciten su radicación definitiva en el país, la realización de las pruebas de rastreo que determine la autoridad de aplicación para detección del VIH.

 

Art. 10º – La notificación de casos de enfermos de SIDA deberá ser practicada dentro de las cuarenta y ocho horas de confirmado el diagnóstico, en los términos y formas establecidos por la ley 15.465. En idénticas condiciones se comunicará el fallecirniento de un enfermo y las causas de muerte.

 

Art. 11º. – Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de aplicación de esta ley establecerán y mantendrán actualizadas, con fines estadísticas y epidemiológicos, la información de sus áreas de influencia correspondiente a la prevalencia e incidencia de portadores, infectados y enfermos con el virus de la 1.D.H., así como también los casos de fallecimiento y las causas de su muerte. Sin perjuicio de la notificación obligatoria de los prestadores, las obras sociales deberán presentar al INOS una actualización mensual de esta estadística. Todo organismo, institución o entidad pública o privada, dedicado a la promoción y atención de la salud tendrá amplio acceso a ella. Las provincias podrán adherir este sistema de información, con los fines especificados en el presente artículo.Art 12º – La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas de bioseguridad a las que estará sujeto el uso de material calificado o no como descartable. El incumplimiento de esas normas será considerado falta gravísima y la responsabilidad de dicha falta recaerá sobre el personal que las manipule, como también sobre los propietarios y la dirección técnica de los establecimientos.

 

Art. 13º.Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas de profilaxis de esta ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, serán faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudieran estar incursos los infractores.

 

Art. 14º. – Los intractores a los que se refiere el artículo anterior serán sancionados por la autoridad sanitaria competente, de acuerdo a la gravedad y/o reincidencia de la infracción con:

a) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y rnóvil;

b) inhabilitacián en el ejercicio profesional de un mes a cinco años;

c) clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción.

Las sanciones establecidas en los incisos precedentes podrán aplicarse independientemente o conjuntamente en función de las circunstancias previstas en la primera parte de este artículo.

En el caso de reincidencia, se podrá incrementar, hasta el décuplo la sanción aplicada. –

Art 15º. – A los efectos determinados en este título se considerará reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva infracción, dentro del témino de cuatro (4) años contados desde la fecha en que haya quedado firme la sanción anterior, cualquiera fuese la autoridad sanitaria que la impusiera. –

 

Art 16º. – El monto recaudado en concepto de multa que por intermdio de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional, ingresará a la cuenta especial «Fondo Nacional de la Salud», dentro de la cual se contabilizará por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propenden al logro de los fines indicados en el artículo primero.

El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y de la Municipalidad de la Ciuudad de Buenos Aires, ingresará de acuerdo con lo que al respecto se disponga en cada jurisdicción, debiéndose áplicar con la finalidad indicada en el párrafo anterior.

 

Art. 17º. – Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la autoridad sanitaria competente previo sumario con audiencia de prueba y defensa a los imputados. La constancia del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción, y en cuanto no sea enervada por otros elementos de juicio, podrá ser considerada como plena prueba de la responsabilidad de los imputados.

 

Art. 18º. – La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo del testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.

 

Art. 19º. – En cada provincia los procedimientos se ajustarán a lo que al respecto resuelvan las autoridades competentes de cada jurisdicción, de modo concordante con las disposiciones de este título.

 

Art. 20º. – Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley están facultadas para verificar su cumplimiento y el de sus disposiciones mediante inspecciones y/o pedidos de informes según estime pertinente. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a cualquier lugar previsto en la presente ley y podrán proceder a la intervención o secuestro de elementos probatorios de su inobservancia. A estos efectos podrán requerir el auxibo de la fuerza pública o solicitar orden de allanamiento de los jueces competentes.

 

Art. 21º – Los gastos que dernande el cumplimiento de la dispuesto en el artículo 4º de la presente ley serán solventados por la Nación, imputado a «Rentas Generales», y por los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.

 

Art. 22º. – El Poder Ejecutivo reglamentará, las disposiciones de esta ley con el alcance nacional dentro de los sesenta días de su promulgación.

 

Art. 23º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

 

Visto la Ley Nº 23.798, y

Considerando:

Que el artículo 22 de la mencionada ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la misma con alcance nacional.

Que consecuentemente con ello resulta necesaria la aprobación de dichas normas reglamentarias.

Que se actúa en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 86, incisos 1) y 2) de la Constitución Nacional y por el artículo 12 de la ley N9 16.432, incorporado a la ley Nº 11.672 (Comp!ementaria Permanente de Presupuesto).

 

Por ello, el Presidente de la Nacíón Argentina decreta:

Artícuto 1ºApruébase la reglamentación de la Ley Nº 23.798, que declaró de interés nacional la Lucha contra el Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que como Anexo 1 forma parte integrante del presente Decreto.

 

Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social la Cuenta Especial Nº 23.798 con el correspondiente régimen de funcionamiento obrante en planilla anexa al presente.-

 

Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacionad del Registro oficial y archívese

 

DECRETO Nº 1.244.

ANEXO 1 DEL DECRETO Nº 1.244

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 23.798

(01.07.91)

Art. 1º – lncorpórase la prevención del SIDA como tema en los programas de enseñanza de los niveles primario, secundario y terciario de educación. En la esfera de su competencia, actuará el Ministerio deCultura y Educación, y se invitará a las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de E3uenos Aires a hacer la propio.

 

Art. 2º – incisos a) y b). Para la aplicación de la ley y de la presente Reglamentación deberán respetarse las disposiciones de la Convención Amerícana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por Ley N9 23.054, y de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

 

lnciso c). – Los profesionales rnédicos. así como toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una pemona se encuentra infectada por el virus HIV, o se halle enferma de SIDA, tiene prohibido revelar dicha información y no pueden ser obligados a suministrarla, salvo en las siguientes circunstancias:

 

1.- A la Persona infectada o enferma, o a su representante, si se trata de un incapaz.

2.- A otro profesional médico, cuando sea necesario para el cuidado o tratamiento de persona infectada o enferma.

3.- A los entes del Sistema Nacional de Sangre, creado por el artículo 18 de la Ley Nº 22.990, mencionados en los incisos a), b), c), d), e), f), h) e i), del citado artículo, así como a los organismos cornprendidos en el artículo 7mo., de la Ley Nº 21.541.

4.- Al Director de la Institución Hospitalaria, en su caso al Director de su servicio de Hemoterapia, con relación a personas infectadas o enfermas que sean asistidas en ellos, cuando resulte necesario para dicha asistencia.

5.- A los Jueces en virtud de auto judicial dictado por el Juez en causas criminales o en las que se ventilen asuntos de familia.

6.- A los establecimientos rnencionados en el artículo 11, inciso b) de la Ley de Adopción, Nº19.134. Esta información solo podrá ser transrnitida a los padres sustitutos, guardadores o futuros adoptantes.

7.- Bajo responsabilidad del médico a quien o quienes deban tener esa información para evitar un mal mayor.

Inciso d). Sin reglarnentar.

lnciso e). Se utilizará, exclusivamente, un sistema que

combine las iniciales del nombre y del apellido, día y año de nacimiento. Los días y meses de un solo dígito serán antepuestos del númera cero (0).

 

Art. 3º – El Ministerio de Salud y Acción Social, procurará la colaboración de las autoridades sanitarias de las provincias, como asimismo que las disposiciones complementarias que dicten tengan concordancia y uniformidad de criterios.

Se consideran autoridades sanitarias de aplicación del presente al Ministerio de Salud y Acciórr Social por medio de la Subsecretaría de Salud, y a las autoridades de mayor jerarquía en esa área en las Provincias y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 4º –

Inciso a). – Sin reglamentar.

Inciso b). – Sin reglamentar.

Inciso c). – Sin reglamentar.

Inciso d). – Sin reglamentar.

Inciso e). – Sin reglamentar.

Inciso f). – A los fines de este inciso, créase el Grupo Asesor Científico Técnico, que colaborará con la Comisión Nacional de Lucha contra el SlDA en el marco del artículo 8vo. de¡ Decreto 385 del 22 de marzo de 1989. Su campossición y su mecanismo de actuación serán establecidos por el Ministerio de Salud y Acción Social.

Art. 5º – Las autoridades de cada una de las intituciones mencionadas en el artículo 5º de la Ley Nº 23.798 proveerán lo necesario para dar cumplirniento a las disposiciones dicha ley y, en especial lo perceptuado en sus artículos 1º, 6º y 8º. Informarán asimismo, expresamente a los integrantes de la población de esas instituciones de Io dispuesto por los artículos 202 y 203 del Código Penal.

Art. 6º – El profesional médico tratante determinará las medidas de diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de éste. La asegurará la confidencialidad y, previa confirmación de los resultados, lo asesorará debidamente.

De ello se dejará constancia en el formulario que a ese efecto aprobará et Ministeria de Salud y Acción Social, obserlvándose el procedimiento señalado en el artículo 8º.

Art. 7º – A los fines de la Ley, los tejidos y líquidos biológicos de origen humano serán considerados equivalentes a los órganos.

Serán aplicables al artículo 21 de la Ley Nº 22.990 y el artículo 18 del Decreto Nº 375 del 21 de marzo de 1989.

Art 8º – La información exigida se efectuará mediante notificación fehaciente. Dicha notificación tendrá carácter reservado, se extenderá en original y duplicado, y se entregará personalmente al portador del virus VIH. Éste devolverá la copia firmada que será archivada por el médico tratante como consecuencia del cumplimiento de lo establecido por este artfculo.

Se entiende por «profesionales que detecten el virus» a los médicos tratantes.

Art. – 9º – El Ministerio de Salud y Acción Social, determinará los controles mencionados en el artículo 9º de la Ley- El Ministerio del Interior, asignará a la Dirección Nacional de Migraciones Ios recursos necesarios para su cumplimiento.

 

Art. 10º – La notificación de la enfermedad y, en su caso, del fallecimiento, será cumplida exclusivamente por los profesionales mencionados en el artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 15.465, observándose lo prescripto en el artfcuto 2º, inciso e) de la presente reglamentación.

Todas las comunicaciones serán dirigidas al Ministerio de Salud..y Acción Social y a la autoridad sanitaria del lugarde ocurrencia,.y tendrán el carácter reservado.

 

Art. 11º. – Las autoridades sanitarias llevarán a cabo programas de vigilancia epidemiológica a los fines de cumplir la información. Solo serán registradas cantidades, sin identificación de personas.

 

Art. 12º – El Ministerio de Salud y Acción Social establecerá las normas de bioseguridad a que se refiere el artículo 12 de la Ley. El personal que manipule el materal a que alude dicha norma, será adiestrado mediante programas continuos y de cumplimiento obligatorio y se le entregará constancia escrita, de haber sido instruido sobre las normas a aplicar.

 

Art. 13º. – Sin reglamentar.

Art. 14º. – En el ámbito nacional será autoridad competente el Ministerio de Salud y Acción Social.

Art. 15º. – EI Ministerío de Salud y Acción Social, como autoridad competente habilitará un registro nacional de infractores, cuyos datos serán tenidos en cuenta para la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de reincidencia. Podrá solicitar a las autoridades competente de las Provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la información necesaria. para mantener actualizado dichoregistro.

 

Art. 16º, 17º, t8º, 19º, 20º, 21º y 22º. – Sin reglamentar.


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