Es responsable el medico cuando no se obtienen los resultados esperados?“Rubio, Osvaldo c. Medic Gem´S S.A. y otros»

 

El Tribunal destacó que la no obtención del resultado esperado no es causal suficiente para responsabilizar al médico, por cuanto su obligación es de medios, máxime cuando los otros tratamientos posibles no estaban exentos de potenciales efectos perjudiciales.

“Rubio, Osvaldo c. Medic Gem´S S.A. y otros”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, sala II, 09/03/10

 

Morón, marzo 9 de 2010.

¿Es justa la sentencia apelada?

El doctor Jordadijo:

1) De la sentencia de primera instancia apela la actora a fs. 1082 y el recurso se le concede en forma libre a fs. 1083, expresando agravios a fs. 1125/1144vta., los que fueran contestados a fs. 1149/1159vta.

La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 departamental, a fs. 1068/1079 vta. había rechazado la demanda, imponiendo las costas a la actora, por los fundamentos explicitados a lo largo de su fallo.

2) Comienza la apelante refiriéndose al nexo causal, para luego decir que en el presente caso se encuentra demostrada la responsabilidad médica del demandado pues se ha configurado la consecuencia del comportamiento culposo u omisivo atribuible a la mala praxis del profesional conformes de acreditó con la pericia del médico forense, recabada como medida para mejor proveer.

Se refiere luego a tal dictamen pericial ampliamente y luego a las declaraciones testimoniales de las kinesiólogas.

Plantea que con estas declaraciones y la pericial médica quedó demostrada la culpa del médico consistente en colocar como prótesis ortopédica de fijación grapas.

Refiere también que existió otra deficiencia médica en cuanto al yeso colocado, porque debía haberse inmovilizado rodilla y cadera.

Argumenta que la mala praxis médica produjo que los segmentos óseos se desplazaran y no consolidaran, acarreando ello un daño a la salud del actor; dice que el demandado actuó con culpa; agrega que la pierna del actor quedó acortada en cinco centímetros; postula que el tratamiento kinesiológico indicado por el demandado era imposible de efectuar por falta de movilidad en la pierna.

Posteriormente habla de sus impugnaciones a la primera pericia, y dice que el Juez interviniente en la jurisdicción nacional ordenó una nueva pericia frente a dichas impugnaciones, resaltando luego la virtualidad probatoria de las actuaciones del cuerpo médico forense.

Se queja de la no ponderación de la confesión ficta de la codemandada Medic Gems como así también de la no valoración de la ausencia del consentimiento informado.

Postula, más adelante, que el demandado no cumplió con la carga de la prueba asumida al relatar su versión de los hechos.

A partir de allí formula una síntesis de lo acreditado, un resumen de los agravios y de los puntos de la sentencia mal apreciados u omitidos su tratamiento, para aludir -finalmente- a los rubros reclamados.

3) Por razones metodológicas, y como primera medida, debemos destacar que la expresión de agravios presentada por la parte actora contiene suficiente crítica de la sentencia apelada en los términos del art. 260 del C.P.C.C.

No prospera, entonces, el planteo que realiza el demandado en su réplica, mediante el cual denuncia lo contrario.

Luego, como los agravios son técnicamente abordables, debo pasar a su tratamiento.

Para ello recordaré que la Suprema Corte de Justicia Provincia ha definido a la responsabilidad profesional como aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone (Ac. 31.702 fallo del 22/12/1987; Ac. 39.597 fallo del 13/9/1988; entre muchísimas otras), constituyendo parte especial de la responsabilidad en general, sometida a los mismos principios que esta (Sup. Corte Bs. As. Ac. 31.702 fallo del 22/12/1987; Ac. 38.114 fallo del 25/10/1988; Ac. 45.177 fallo del 30/4/1991; entre otros).

La relación médico-paciente, por lo general (y este caso no es la excepción), tiene carácter contractual (Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 498; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. VIII, p. 284).

En tal contexto obligacional, se ha decidido que la responsabilidad médica se asienta sobre la idea de culpa, que debe ser demostrada a través del hecho que la prestación a cargo del profesional ha sido cumplida de una manera deficiente, con omisión de las diligencias que la naturaleza de su desempeño impone y que el juicio de reproche, atribuyendo imprudencia, impericia o negligencia, solo podrá resultar a través de la atenta ponderación del carácter de la obligación asumida y las circunstancias particulares de cada caso, y luego de confrontar la actuación real, con la exigibilidad de una conducta y la previsibilidad del resultado a la acción u omisión del profesional médico (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 2º, ca. 92802 “ Sclavi, Luis Néstor c. Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.” , fallo del 11/4/2000 y ca. 102339 “ Levin, Osvaldo y otros c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.” , fallo del 29/3/2005).

La culpa médica fluye, de este modo, de la confrontación entre la conducta obrada y la debida por el médico de la categoría o clase a la que pertenezca el profesional (CCiv. y Com. San Isidro, sala 1º, ca. 77559 “ Wilson, Nolan c. Clínica Privada s/ Ds. y ps.” , fallo del 26/11/1998).

Así entonces, la Corte local expresará que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 76.198 fallo del 7/2/2001; Ac. 75.676 fallo del 19/2/2002; Ac. 79.009 fallo del 23/12/2002; entre otros).

Rige, entonces, el art. 512 del Código Civil). Afinando un poco las pautas, y a la hora de juzgar responsabilidades, comparto la doctrina jurisprudencial que ha señalado que el Tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto: lo que debe tomarse en consideración no es un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que los profesionales debieron tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuales eran lo elementos con que contaban o podían contar los galenos; así, y salvo casos groseros, lo que se debe juzgar es si la acción que realizaron y la decisión que tomaron, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que vieron, pudieron, o debieron percibir en ese momento (CCiv. y Com. Mar del Plata, sala 2º, ca. 125501 “ Giménez, Juan Manuel c. Hospital Interzonal General de Agudos s/ Ds. y ps.” , fallo del 28/8/2003).

Además, es bueno tener en cuenta que, según pacífica y reiterada jurisprudencia, la obligación de los médicos es, en principio, de medios y no de resultado (Sup. Corte Bs. As. Ac. 91.215 fallo del 5/4/2006 y C96.833 fallo del 13/2/2008).

Esto quiere decir que aunque el resultado del tratamiento no fuere el esperado no genera responsabilidad si no está probada suficientemente alguna conducta considerada reprochable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 81.491 fallo del 16/7/2003 y C90.459 fallo del 26/12/2007).

La naturaleza de la prestación así lo impone, el resultado no puede asegurarse por el médico: no debe perderse de vista que la ciencia médica tiene sus limitaciones y que en el tratamiento de las enfermedades existe siempre un alea que escapa al cálculo riguroso o las previsiones más prudentes y, por ende, obliga a restringir el campo de la responsabilidad; el facultativo no puede comprometerse a salvar la vida del paciente o a curarlo de su enfermedad; su obligación finca en poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la diligente asistencia profesional que su estado requiere (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 3º, ca. 106066 “ Delgado, Cleria Elvira c. Cisilino, Edgardo y otros s/ Ds. y ps.” , fallo del 12/4/2006 y ca. 106974 “ D., B. A. c. A., J. C. y otros s/ Ds. y ps.” , fallo del 27/3/2007).

Resumiendo: la responsabilidad médica es parte de la responsabilidad civil en general, requiriendo la configuración de sus mismos presupuestos; la obligación del médico generalmente deriva de una fuente contractual, tratándose de una obligación de medios, no de resultado.

Por otro lado, y tal los temas en discusión en el caso de marras, debemos tener en cuenta que el sistema de medicina prepaga admite muchas modalidades.

En esencia, se trata de un vínculo contractual mediante el cual una de las partes promete la prestación de servicios médicos a los pacientes, contra el pago de un precio anticipado; la prestación del servicio puede ser desarrollada por el promitente o bien encarándola a otros a quienes le paga por la prestación dada al paciente o bien mediante el reembolso de lo que el paciente ha pagado al médico que ha elegido (Lorenzettti, Ricardo L., La empresa médica, p. 124).

Según ha señalado la Cámara platense la contratación con las empresas que organizan estos sistemas prepagos de prestación de servicios de salud puede asumir diversas modalidades: sistemas abiertos, en los que el asociado elige los profesionales, laboratorios o centros asistenciales, limitándose la empresa a reintegrar los importes abonados, habitualmente dentro de ciertos límites de cobertura; sistemas cerrados, en los que la empresa tiene sus propios prestadores a los que debe acudir el adherente; y sistemas mixtos, donde se pueden dar simultáneamente las dos alternativas precedentes.

En los dos últimos casos se ha dicho que la responsabilidad de la empresa se extiende a la necesaria fiscalización de los profesionales y demás prestadores que ofrece a sus asociados, y responde frente a éstos en todo cuanto hace a la prestación del servicio de salud, su eficacia y la seguridad con que se lleva a cabo (C. 1º Civ. y Com. La Plata, sala 1º, ca. 235437 “ Gavarotto, Hortencia c. Galli, Alberto Cristóbal y otros s/ Ds. y ps.”  fallo del 2/11/2000).

Pero, a no dudarlo, la responsabilidad de la entidad solo nacerá en aquellos casos en que, previamente, llegare a demostrarse el proceder inadecuado de alguno de los prestadores médicos vinculados con la misma.

Es lugar común discurrir, en este tipo de procesos, sobre cuestiones atinentes a la carga de la prueba.

Es sabido que las normas sobre carga de la prueba son reglas de juicio (Devis Echandia, Hernando, Teoría general de la prueba., T. 1, p. 424; CNac. Civ., sala M, 12/10/1990, “ Caja Nacional de Ahorro y Seguros v. Floro, Próspero E.” , JA 1992-IV, síntesis; CNac. Com., sala B, 22/04/1991, “ Cifeba S. A. c. Tutelar Cía. Financiera S. A.” , LA LEY, 1991-C, 339), a las que debe acudir el órgano jurisdiccional para el caso de ausencia de prueba, pues -en el supuesto de existir prueba suficiente- es irrelevante entrar a considerar quien tenía la obligación (mejor, la carga) de arrimarla al proceso (Quevedo Mendoza, Efraín I., Carga y valoración de la prueba: Precisiones, JA 1998-III-630).

Ello así, sólo en el caso en que -luego de valorar la prueba- llegue a la conclusión de que alguno de los hechos invocados no ha llegado a acreditarse, es que deberé ponerme a analizar la cuestión de la carga probatoria, su reparto y la eventual aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas.

Debemos ahora, y ya refiriéndonos al supuesto de marras, comenzar por referirnos a los escritos fundacionales del proceso para, inicialmente, determinar cual ha sido específicamente la mala praxis que el actor endilgó al médico tratante y en base a la cual pretende hacer responsable, además, a la institución médica.

En su escrito de demanda obrante a fs. 68/84vta. el actor Rubio relató los hechos y concretamente postuló que la mala praxis consistió en que el demandado utilizó dos grapas como elemento de fijación, por supuesto inadecuadas, con el agravante que al ser muy pequeñas, provocó que se desplazaran y como consecuencia se produjera la movilidad de los dos segmentos óseos cuando correspondía colocarle una placa y tornillos o elementos similares que le dieran mayor fijeza (fs. 69vta.); agravando más la situación el hecho de que luego del acto quirúrgico el Dr. Giosa le inmovilizó mal la pierna. pues le aplicó una bota de yeso apenas hasta la ingle, cuando correspondía practicársela hasta la cintura inclusive para evitar toda movilidad (fs. 69vta/70); otro error que endilga al médico es haberlo enviado a rehabilitación cuando la pierna no estaba en eje correcto (fs. 70).

Son estas las concretas razones en virtud de las cuales el actor expresó que había existido un inadecuado proceder por parte del médico y pretendió, luego, responsabilizar también a la entidad asistencial Medic Gem´s.

En su demanda, el actor también nos relató lo que hizo posteriormente: el cambio de profesional (Dr. Corvalan Olivera) y la conducta desplegada por este (fs. 71); además describió las consecuencias, lesiones y menoscabos padecidos, según dice, como consecuencia de la mala praxis médica (ver fs. 72 y siguientes).

Pues bien, aun estando mi argumentación en un estado embrionario, puedo ya dar respuesta a ciertos agravios.

Digo respuesta, no tratamiento.

Es que la actora, en su expresión de agravios, trae diversas cuestiones relativas a la ausencia de consentimiento informado (fs. 1134 y siguientes).

Pero, tal como lo advierte la contraria en su contestación (fs. 1156 vta. y siguientes), tales cuestiones no fueron introducidas inicialmente en su demanda.

Con lo cual resultan inabordables para nosotros, a tenor de lo establecido por el art. 272 del C.P.C.C.

No interesa, aquí, lo que la demandada hubiera deslizado en su réplica o lo que pudiera surgir del plexo probatorio; lo central es que la actora no afirmó, como hecho constitutivo de la pretensión, la ausencia de consentimiento informado y sus eventuales consecuencias (carga de la afirmación).

Luego, no puede venir con la cuestión a la Alzada, porque la ley se lo prohíbe (art. 272 del Código Procesal), siendo la razón de tal prohibición clara: la Cámara es instancia de revisión, no de juzgamiento inicial.

Así entonces debo desechar, desde ya y por inabordables en la Alzada, todas las cuestiones que se traen en la expresión de agravios con relación al consentimiento informado.

Es tiempo de corroborar, ahora sí, si se configuró la mala praxis invocada en la demanda, incluyendo también en mi análisis la cuestión que los demandados han introducido en orden a la fractura del nexo causal: el abandono de tratamiento y cambio de profesional (véase fs. 243 vta. y siguientes y fs. 267 y sigtes.) que, como ya lo hemos visto, viene reconocido por el actor en su demanda.

Para ello debemos acudir a la prueba arrimada al proceso, sin olvidar que no estamos obligados a expresar la valoración de todas las pruebas producidas, sino solo las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa (doct. art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial).

En atención al tenor de las cuestiones debatidas, la prueba esencial y dirimente es, sin dudas, la pericial médica, pues se trata de apreciar cuestiones propias de aquellas ciencias, a la luz de sus reglas y principios específicos y técnicos, ajenos al quehacer jurídico (art. 457 del C.P.C.C.).

Aquí tenemos para valorar dos pericias.

Reseñaré los aspectos más significativos de cada una de ellas.

Primero me refiero a la de fs. 762/775.

De ella surge:

* un acortamiento de 5cm. a expensas del fémur en el miembro inferior derecho, hueso que muestra las deformaciones resultantes de las dos osteotomías cicatrizadas y conserva aun una grapa colocada a nivel de la primera (fs. 763)

* describe el genu valgo e indica que la primera indicación quirúrgica fue correcta (fs. 764)

* expresa que si el Sr. Rubio tenía un genu valgu marcado a la derecha debía generar algún tipo de acortamiento en la longitud total del miembro, aunque expresando carecer de pruebas documentales de aquel entonces (antes de la operación) (fs. 764)

* explica el tenor de la operación llevada a cabo por el demandado (osteotomía a nivel metafisario en el fémur derecho en región supracondílea con cunea de sustracción): corta el fémur en cuña en todo su espesor, una vez retirada la cuña tiene el hueso como fracturado, lo que le permite enderezarlo y corregir la angulación del genu valgu (fs. 764vta.) * habla luego de los métodos de fijación, dice que el demando eligió fijar los fragmentos con una grapa y confecciona un yeso ínguino pédico, indica que es uno de los métodos de fijación posible, entre varios otros, no habiendo ninguno 100% exitoso, existiendo siempre un margen porcentual de complicaciones, efectos indeseados o fracasos (fs. 764vta./765)

* indica que la técnica elegida generó un acortamiento de 3cm. y que el desplazamiento del fragmento distal del fémur derecho aumentó dicho acortamiento en 1cm (fs. 765).

* en cuanto a la intervención del Dr. Corvalan (reoperación) aclara el perito que sus consideraciones son hipotéticas porque las historias clínicas son pobres, señalando que -a su entender- el citado médico interpretó que la osteotomía que se había realizado en 1994 no había cicatrizado pero, en el momento de operar, descubrió lo contrario; explica que lo lógico era suturar y no seguir la operación pero que, en cambio, realiza una nueva osteotomía 4 ó 5cm. por encima de la anterior fijándola con otra placa y tornillos, no modificando en absoluto la situación anatómica previa y haciendo perder 1cm. más al miembro (fs. 765vta.)

* dice que el resultado de la intervención efectuada por Giosa ha sido (magüer el acortamiento) bueno (fs. 766)

* expresa que el acortamiento se debe: 3cm. a lo calculado como resultante de la primera operación, 1cm. fue resultado del desplazamiento y 1cm. de la segunda intervención (fs. 766)

* descarta que el Dr. Giosa haya incurrido en mala praxis médica (fs. 767)

* indica que las grapas son un método adecuado (según doctrina) entre varios y que acompañado por la inmovilización enyesada brinda fijación suficiente en términos generales; detalla los riesgos de la fijación con placa y la desvitalización del hueso que origina; explica que el cirujano que opta por fijar con grapa y yeso está siendo respetuoso en cuanto a mantener, a ultranza, la indemnidad de los tejidos mientras que el que coloca una placa prefiere sacrificar mas tejido en pro de mayor solidez, habiendo incluso métodos que sólo inmovilizan con yeso, sin elementos de fijación internos (fs. 767vta.)

* sostiene que las grapas no se desplazaron, sino que lo hizo el fragmento óseo distal -desprendiéndose de ella y elevándose- y que en el caso no fue malo que ocurriera pues si bien hay un ligero desplazamiento lateral, la fuerza de los músculos impactó ambos fragmentos entre sí, manteniéndose la corrección angular, objeto de la operación (fs. 767 vta. y 768 vta.)

* asevera que el yeso ínguino pédico es adecuado (fs. 768)

* explica que la rehabilitación kinésica debe iniciarse rápidamente para evitar hipotrofias musculares (fs. 768)

* el acortamiento es reversible, existiendo técnicas adecuadas al respecto (fs. 769)

Este dictamen ha sido objeto de la “ impugnación”  de la parte actora obrante a fs. 780/792, donde inclusive planteó su nulidad; mientras tanto, la demandada formula la presentación de fs. 819/vta.

A fs. 952 se desestima la nulidad y se ordena la facción de un nuevo dictamen por intermedio del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (los autos habían pasado a la jurisdicción nacional atraídos por el proceso falimentario de la co demandada).

A fs. 972/979 obra glosado el nuevo dictamen

* la decisión de realizar una osteotomía varizante a nivel supracondíleo femoral en un caso de genu valgo es acertada (fs. 977)

* decidida la realización de una osteotomía correctiva se debe elegir el método con el cual se va a fijar la reducción que se logre con la misma (fs. 977)

* en sentido general se puede decir que pueden realizarse fijaciones con yesos o ferulas inmovilizadoras, grapas, clavijas, tornillos, placas y tornillos, tutores externos, etc. (fs. 977)

* en lo que hace a yesos y férulas la regla general establece que ante una solución de continuidad ósea se debe inmovilizar una articulación por arriba y una por debajo de la misma, en este caso en particular se hablaría de inmovilizar rodilla y cadera o sea se requeriría una inmovilización pelvi-sural o pelvi-pédica, ya que la inguino maleolar o inguino pédica no inmoviliza la cadera (fs. 977)

* en muchos lugares del organismo se pueden utilizar grapas como método de fijación interna y, de hecho, se ha utilizado en el nivel femoral supracondíleo, aunque entendemos que a este nivel este método ha caído en desuso actualmente, tal como lo manifestara el trabajo publicado por los profesionales allí indicados en la Revista Clinical Orthopedics and Related Research en marzo de 1993 presentado ante la Annual Meeting de la American Society of Orthopedic Surgeons de 1989, en el cual encontraron complicaciones ocurridas en el 63% de los casos, incluyendo falta de unión ósea y pérdida de la corrección obtenida, ambas asociadas exclusivamente a la fijación con grapas (fs. 977/978)

* sostiene que no se puede comprender lo sucedido en la segunda operación, pudiendo señalar que se dice tratada la pseudoartrosis pero se observa otra osteotomía, más proximal, no entendiéndose si se abrió un nuevo foco en la creencia equivocada de estar en el lugar indicado o si se reconoció encontrar el foco que se pensaba pseudoartrósico como consolidado y se decidió entonces hacer otra osteotomía (lo que no se escribió en el parte) (fs. 978)

* expresa que la osteotomía realizada no corrigió el deseje ya existente y se fijó escasamente, pese a lo cual se logró la consolidación ósea (fs. 978)

* sostiene que el actor padece una incapacidad física del 48% del total, 1/3 en relación a su estado previo, 1/3 en relación a la primer cirugía y 1/3 en relación a la segunda (fs. 978).

Respecto de esta pericia la demandada efectúa la presentación de fs. 985/987, respondiéndola el perito a fs. 990/991, ratificando -en esencia- su dictamen anterior.

Pasaré revista, ahora, a los restantes medios probatorios.

A fs. 522/523 absuelve el co demandado Giosa, de dicha declaración rescato -en esencia- su explicación acerca de la técnica operatoria utilizada, donde el médico nos explica que “ cuando se realiza una cirugía sacando una cuña, para enderezar el eje se debe sacar un milímetro por grado de deformidad, como el paciente tenía 30 grados de fuera de eje debió realizársele una extracción de cuña de aproximadamente tres centímetros de base para recuperar el eje longitudinal, o sea que el acortamiento de tres centímetros es propio y previsible de la técnica quirúrgica empleada”  (quinta posición), reconoce -además- que sacada la cuña reacomoda el eje y fija con grapa metálica, inmovilizando con yeso inguino pédico (primera pregunta en los términos del art. 413 del ritual).

A fs. 542/545 declara la testigo Nora Beatriz Ibarra, de profesión (según lo dice) kinesióloga fisiatra.

Dice que trabaja en el Hospital General de Agudos Pena de Capital Federal y que conoció a Rubio cuando el mismo en Enero de 1995 “ concurre a una evaluación kinesiológica a los efectos de poder tratarse y evaluarse en la medida de lo posible su incapacidad, de tener una opinión médica”  (fs. 542), habla del acortamiento y de la impotencia funcional, como así también de las dificultades que tenía el actor en la flexoextensión de la rodilla y el pie (ver fs. 542vta.); relata la interconsulta con el servicio de traumatología con el objeto de que los especialistas realicen el diagnóstico y las pruebas correspondientes, dice que en las radiografías se observa el desprendimiento de una grapa y el ascenso del traso inferior del fémur sobre el superior y el ascenso y encizallamiento, diagnosticándosele una nueva cirugía y tratamiento de rehabilitación “ que por razones de distancia y por tener él su propia obra social, manifiesta el actor que no continuará el tratamiento en este hospital y que lo hará a través de esta. Que el nombrado no regresó al Hospital Pena que ella le había dado su teléfono particular por cualquier inconveniente y lo volvió a ver en el mes de octubre de 1995 a raíz de que él lo llamó y le contó que le habían practicado una nueva intervención quirúrgica. Que el tenía interés en que ella lo vea nuevamente. Que ella lo vio en el instituto Municipal Dr. Julio Méndez (…) Que vio que persistía el acortamiento del miembro, pero que con la placa con tornillos habían intentado corregir la desviación del fémur”  (fs. 542vta./543), habla de una diferencia biométrica de unos 10cm. sin mediciones específicas (fs. 543).

Habla de las placas que se le exhiben y dice que en la de fs. 67/78 “ se advierte la colocación de una placa con cinco tronillos, la reducción la encizallamiento y la alineación de ambos trazos fracturarios del fémur”  (fs. 543vta.).

Menciona, luego, la forma en que se registraba el ingreso de los pacientes en el Hospital (se le realizaba una ficha de ingreso, sin abrir historia clínica) -ver fs. 543vta.-, explica que en algunas ocasiones es usual dar el teléfono particular de los agentes que atienden a los pacientes “ sobre todo cuando el seguimiento del paciente es dificultoso y se puede prever que en algún momento requiera una nueva consulta. Que en el caso del Sr. Rubio, le entregó el teléfono porque le solicitó que la mantuviera informada si se sometía a una nueva intervención quirúrgica. Destaca que el Sr. Rubio se encontraba desorientado y angustiado por la situación y esta fue la manera de ofrecerle, contención y seguridad si quería seguir atendiéndose en el hospital”  (fs. 544), cuando se le pregunta si dentro de las incumbencias de la kinesiología se encuentra la prescripción y asistencia de la especialidad de traumatología y ortopedia, dice que “ ella no prescribió y por ello la pregunta es erróneamente formulada porque ella le efectuó una evaluación y una derivación al servicio que debía tener intervención”  (fs. 544).

A fs. 546/548vta. luce la declaración de Alicia Marta García, de profesión kinesióloga.

Dice que atendió al actor “ a mediados de Enero de 1995, el fue al consultorio de la clínica Cruz Celeste, con una orden de atención post quirúrgica. Que el diagnóstico que traía la orden era una osteotomía supracondilia derecha, que el tratamiento acostumbrado es tratar de lograr la movilidad y fortalecer la parte muscular, que en ese momento como no presentó radiografía alguna el paciente, la dicente efectuó una inspección y de acuerdo a lo que recuerda, tenía la rodilla en flexión unos 35 grados, que no hizo medición goneométrica, sino que fue una apreciación visual. Que los músculos de la pierna derecha estaban atrofiados y el paciente le relató que había tenido un yeso prolongado, desde la ingle hasta el tobillo. Que la dicente hizo la rutina acostumbrada y no tenía ningún resultado, aparte había dolor. Que no había posibilidad de reducir la rigidez articular que la dicente cuando intentaba mover se palpaba una crepitación a nivel de la rodilla y entonces la dicente le pedía al paciente que volviera al medico informándole lo que la dicente veía en el tratamiento, que la respuesta fue que tenían que seguir, que el Dr. Gioza insiste en que había que seguir con el tratamiento, la dicente lo conversó con el paciente, ella no compartía el criterio del Dr. y que en cualquier caso, cosa que no sabe si era o no ético, la dicente le aconsejó que visitara a otro traumatólogo. Que profesionalmente la dicente no intervino más, ella se entera a través de la esposa como iba evolucionando pero la dicente no interviene más. Que el actor fue a ver otro traumatólogo y ya se encaró el problema de otra forma, en el que la dicente ya no intervino”  (fs. 546/vta.); habla de un acortamiento de cuatro o cinco centímetros (fs. 547).

Cuando se le exhiben las placas de Enero de 1995 dice “ que las radiografías, la dicente tiene ideas de haberlas visto, pero que en cierta forma sirvieron para confirmar lo que ella sospechaba, la dicente las vio después de todo eso que ella hizo en las primeras sesiones, no las vio antes de atenderlo. Que inclusive le llamó la atención el tipo de fijación, porque la dicente, aunque no es su especialidad, no es experta en esas técnicas, pero por su experiencia, no es lo acostumbrado el tipo de grapas que llevaba, se utiliza de otro tipo más resistentes, como placas con tornillo”  asevera “ que en la placa tomada de frente, se ve el desplazamiento del hueso, la lateralización del mismo en su extremidad proximal de la fractura. Hay un desplazamiento de la grapa, no está fijando, está desplazada. Que respecto de la placa tomada de perfil, hay cabalgamiento ensisellamiento de los dos trozos de fractura. Que la parte de la tibia en la placa se ve muy poco”  (fs. 547/vta.).

Refiere que manifestó su desacuerdo con el tratamiento aconsejado en forma verbal al paciente, para que lo transmitiera a su médico, aunque reconoce que podía haber sido conveniente efectuar un informe o interconsulta por escrito con el médico tratante (ver fs. 548/vta.).

A fs. 560/561 declara Juan Jesús Vladimiro Lucas Blasnik, interviniente en la primera operación.

Nos dice que “ que no recuerda al paciente, del punto de visto físico, que recuerda su patología, tenía una deformidad en la rodilla, que no recuerda si era derecha o izquierda, que consistía en un aumento del ángulo devalgo normal de la rodilla, lo que le ocasionó una oteo-artritis o artrosis degenerativa. Que como hacen con el Dr. Giozza en los actos quirúrgicos, en los minutos previos al acto anestésico revisan al paciente”  y que la operación “ Consistió en una osteotomia varizante supra condilea del fémur, seccionar el hueso por encima de los condilos del fémur resecando una cuña ósea de base interna y de tamaño proporcional a la desviación angular que presentaba la rodilla y fijación de dicha osteotomia con elementos metálicos, que en este caso particular fueron grapas. La intervención quirúrgica se complementa con la realización de un vendaje enyesado, en este caso en particular se le realizó un enyesado indino pedio, es un vendaje enyesado que tiene como límite proximal el trayecto inguinal, es decir un línea que va desde el pubis a la espina iliaca antero superior del hueso iliaco, es decir que el yeso fue desde la pelvis hasta el pie inclusive. En primer lugar se colocó este vendaje porque mantiene inmovilizada la rodilla y por ende el foco operatorio en posición neutra, en segundo lugar inmoviliza el pie evitando eventuales movimientos que se pudieran trasladar a la rodilla, en tercer lugar su límite proximal pasa por encima de la articulación de la cadera por lo que limita los movimientos de la misma. Que dicho vendaje debe conservarse de seis a ocho semanas, que es el término medio de consolidación de la operación efectuada. Que el deponente asistió al cirujano en los distintos gestos quirúrgicos”  (fs. 560/vta.), expresa que el ángulo del genuvalvo era de aproximadamente 30 grados (fs. 561).

A fs. 662/666vta. tenemos la declaración de Corvalan Oliver, que fue el médico que llevó a cabo la segunda operación, especialista en traumatología.

Explica que intervino al actor porque “ el paciente presentaba una pseudo-artrosis de fémur, con desplazamiento. Entonces lo intervinieron quirúrgicamente para fijar la fractura y consolidar el proceso”  (fs. 663), dice que la operación consistió en “ en abrir el foco de fractura y colocar la placa con tornillos para fijarla”  (fs. 663), añade que los motivos de la pseudoartrosis “ son varios. Muchas veces se produce por falta de consolidación ósea, o la inmovilización o el implante usado no fueron eficaces para que se consolide el hueso. Que en el caso puede haber sido cualquiera de los dos motivos, no lo puede precisar”  (fs. 663), asevera que la grapa utilizada para la primera operación “ es un método de osteosíntesis válido”  (fs. 663) que debe ir acompañado “ de una inmovilización enyesada”  (fs. 663vta.), explicando que “ hay muchas escuelas. La escuela del dicente, consistente en colocar un yeso pelvipedio. Que es un yeso que inmoviliza la cadera y la rodilla, que es desde la cadera hasta el pie”  (fs. 663vta.).

Luego expone que él utilizó placa y no grapas porque “ el dicente en su escuela de medicina y traumatología, prefieren utilizar las osteosíntesis rígidas, que les garantiza mayor solidez en la fijación del hueso y no realizar inmovilizaciones enyesadas”  (fs. 663vta.).

Refiere que en su primera operación “ se trató el problema que el tenía, se trató la pseudo artrosis de fémur, se trató entonces de fijar el hueso y ayudarlo a consolidar, cosa que no tenía consolidación ósea”  (fs. 664).

Indica, en cuanto al yeso, que “ hay escuelas que hacen otro tipo de inmovilizaciones, que para el dicente y su escuela de traumatología del Hospital de Ramos Mejía, que defiende la osteosíntesis rígida, no son eficaces”  (fs. 664vta.).

Expone, más adelante que “ realizó una nueva osteotomía para corregir el genu varo existente”  y que ello no consta en el parte quirúrgico, lo que atribuye a un olvido (fs. 664vta./665).

Son estos los elementos probatorios esenciales que podemos capitalizar para formar convicción acerca de la viabilidad de la pretensión; los restantes elementos probatorios allegados nada más aportan.

Dejo aquí señalado que de la confesión ficta de Medic Gem´s tampoco extraigo elementos de relevancia.

Bien sabemos que la confesión ficta opera en el contexto general de la causa (art. 415 del C.P.C.C.) debiendo contrastársela con los restantes elementos colectados.

La única posición en cierto modo relevante sería la cuarta del pliego de fs. 1067/vta. pero no se trata de un hecho personal de la absolvente (art. 409 del C.P.C.C.), por lo que debe descartársela.

Pero antes de construir mi razonamiento decisor creo que es necesario hacer algunas otras reflexiones genéricas, especialmente en lo que hace a la discrecionalidad del galeno en cuanto al tratamiento a emplear.

Es que la medicina, como cualquier otra ciencia, tiene metodologías de acceso al conocimiento que constituyen su contenido y sobre el cual los científicos polemizan y tratan de avanzar en la búsqueda de nuevos horizontes, en pos de un desarrollo superador.

Frente a esta “ situación objetiva-científica” , el profesional médico tiene en una “ patología-paciente concreta y subjetiva” , caminos alternativos de elección terapéuticas que podemos considerar “ adecuadas”  en función de la detección de determinado “ diagnóstico”  y de los “ medios de implementación”  que posee para pragmatizar alguno de aquellos senderos científicos.

Ambos casos, deben ser evaluados por el profesional.

La “ discrecionalidad científica”  es un “ derecho del profesional” .

Establecido el diagnóstico, el camino terapéutico y su pragmatización en el paciente que resulta, según esa ciencia, una de las posibles alternativas adecuadas, actuales y válidas, el magistrado no puede realizar una “ intromisión científica” , sino que debe respetar el abordaje realizado limitándose a “ constatar”  que se cumplan las premisas científicamente aceptadas; lo contrario implicaría una intromisión científica de incumbencias, que deslegitima a quien la efectúa y conlleva a la “ arbitrariedad”  del pronunciamiento judicial.

El magistrado debe llegar a la “ convicción, elemento subjetivo”  de la dialéctica de que la discrecionalidad ha sido “ adecuada”  conforme a los criterios científicos aceptados por cada disciplina, “ elemento objetivo”  de la dialéctica; control que ejerce, para evitar que la discrecionalidad pueda transformarse en un autoritarismo sin causación científica (Weingarten, Celia – Ghersi, Carlos A., La discrecionalidad de la estrategia terapéutica. La responsabilidad del Estado por la seguridad de los pacientes en hospitales, JA 1997-II-429).

La ciencia médica actúa como criterio normalizador pues el galeno, que tiene discrecionalidad técnica en el desarrollo de la prestación, dentro de esa libertad de actuación debe guiarse por los dictados científicos: debe optar entre métodos científicamente aprobados, sin que pueda exigírsele lo que se hace en la medicina de experimentación ni tampoco pueda liberarse prestando métodos precientíficos (Lorenzetti, Ricardo L., Responsabilidad civil, cit., T. II p. 29).

Por todo ello, explica Morello, el experto en derecho y decisor se detiene y no debe avanzar en el campo en que la ciencia médica arbitra con discrecionalidad cuál o cuáles de las técnicas o procedimientos pueden ser utilizados.

El derecho no resuelve las cuestiones médicas divididas y mientras lo obrado no desnude un accionar arbitrario, ilógico o abusivo no habrá responsabilidad (Morello, Augusto M. – Morello, Guillermo C., El derecho y las opciones médicas, JA 2002-III-641).

Estos conceptos doctrinarios están también arraigados en nuestra jurisprudencia.

La Suprema Corte de Justicia provincial ha señalado que el hecho de que un tratamiento médico sea objeto de disenso u opinión contraria no resulta suficiente para atribuir culpa, negligencia o imprudencia al profesional que se inclinó por aquél, aunque no se lograre lo esperado (Sup. Corte Bs. As. Ac. 81.491 fallo del 16/7/2003; Ac. 91.215 fallo del 5/4/2006).

La Cámara de La Plata, por su parte, expresó que las actividades propias del ejercicio legal de la medicina se sostienen en las ciencias médicas de naturaleza cultural y por ende lejanas a las calificadas como ciencias exactas, por lo que puede haber diferentes medios para perseguir el resultado de mejorar la salud del paciente siendo inclusive discutible, y no pacífico, el o los criterios de rigor científico que puedan avalar el uso de uno de ellos por sobre los otros posibles (C. 1º Civ. y Com. La Plata, sala 2º, ca. 236802 “ Adelnur de Molina c. Meroni, José s/ Ds. y ps.”  fallo del 12/6/2001).

En otro precedente, se hizo referencia a la discrecionalidad científica en el ejercicio de la medicina como derecho del profesional siempre y cuando se pruebe que la técnica elegida por el facultativo se adecua o corresponde con el diagnóstico debido a la misma, es científicamente explicable, aceptada y goza de aprobación en la doctrina médica autorizada (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 3º, ca. 106417 “ G., J. D. c. Clínica del Niño y otro s/ Ds. y ps.”  fallo del 15/6/2006).

Todo ello cobra mayor relevancia en el contexto de las obligaciones de medios y al momento de juzgar o analizar cuales fueron los seleccionados por el profesional para dar cumplimiento al débito obligacional. Con ello expuesto volvamos al caso.

Una de las razones por las que se ha intentado endilgar responsabilidad al galeno es por el método de inmovilización utilizado.

De la adecuación, o inadecuación, de tal método podremos concluir la correlativa existencia, o no, de culpa médica.

Y, por mi parte, coincido con la Sra. Juez de Grado que ella no ha quedado configurada.

Los elementos que gravitan, esencialmente, son las dos pericias.

La primera (del Dr. Schapira) y la segunda del cuerpo médico forense nacional (Dr. Divito).

A su respecto debo efectuar algunas consideraciones.

En cuanto a la especialidad del Dr. Schapira (ver fs. 781 punto d), la actora no lo objetó en el momento de su designación como “ perito médico traumatólogo”  (ver fs. 896/vta.); más allá de que el mismo lo aclare, o no, la convergencia de los recaudos que hacen a la especialidad es temática que, en nuestro medio, se acredita al incluirse al experto en las listas respectivas (cfe. arts. 458, 459 y ccdtes. C.P.C.C., arts. 4º, 5º, 11, 12 y ccdtes. Ac. 2728 S.C.B.A.).

Mientras tanto, no llego a advertir si el profesional del cuerpo médico forense tenía, o no, especialidad en traumatología, pues no se ordenó la designación de facultativo con tal especialidad (ver fs. 952) ni ello surge de su dictamen (ver fs. 972).

Y la especialidad del perito es un elemento de innegable gravitancia para justipreciar el dictamen (art. 474 del ritual) pues supone un bagaje de conocimientos extra en determinada rama del saber.

En cuanto a las operaciones practicadas por el Dr. Schapira, el mismo las detalla (fs. 762vta./763) y da los fundamentos de su opinión científica.

No cabe formularle objeciones genéricas sobre el particular.

Vamos a lo que aquí interesa.

Ambas pericias son coincidentes en cuanto a la existencia de una patología previa en el actor; concordantemente tenemos los dichos del testigo Blasnik y, lo fundamental, tal circunstancia no está controvertida.

También coinciden ambos peritos en cuanto a que la técnica operatoria por la que optó el codemandado Giosa era adecuada.

El primer perito ha puesto de manifiesto que cierto acortamiento (3cm.) era una consecuencia derivada de esta técnica operatoria; el perito del cuerpo médico forense no expuso nada en contrario y la explicación que el Dr. Schapira dio en tal sentido es lógica y razonable, por lo que haciendo él pleno valor probatorio (art. 474 del C.P.C.C.); incluso el codemandado, al absolver posiciones, plantea esta alternativa como consecuencia necesaria del acto operatorio.

Es inabordable por nosotros la cuestión del consentimiento informado (en tanto el tema no fue tempestivamente introducido, tal lo ya explicado por mi) no podemos predicar que exista responsabilidad derivada del acto operatorio llevado a cabo y el acortamiento del miembro que ineludiblemente derivó del mismo.

Realmente el nudo del problema (la cuestión dirimente que subyace a todo este pleito) está esencialmente referido a la discrecionalidad médica.

Lo que debemos determinar es si la elección del método de fijación efectuada por Giosa (grapas y yeso), y la complicación que el mismo presentó (al soltarse una grapa), denota -o no- comportamiento culposo de su parte.

A mi modo de ver, la respuesta negativa se impone.

El perito Schapira habló de varios métodos posibles y nos dijo que aquel por el cual optó el codemandado era uno de ellos, existiendo siempre un margen de posibilidad de complicación.

Incluso ha dado una explicación bastante razonable: el cirujano que opta por fijar con grapa y yeso está siendo respetuoso en cuanto a mantener, a ultranza, la indemnidad de los tejidos mientras que el que coloca una placa prefiere sacrificar más tejido en pro de mayor solidez, habiendo incluso métodos que sólo inmovilizan con yeso, sin elementos de fijación internos.

También consideró adecuada la forma en que se enyesó.

El segundo médico que intervino al actor (Corvalan), que aquí actuaría como testigo-técnico, también presentó este método como posible y nos habló de varias posibilidades de yesos.

Ambos médicos son especializados en traumatología.

Ante ello se contrapone los dichos del perito médico del Cuerpo Médico Forense; aclaro liminarmente que el hecho de que el juez capitalino haya entendido necesario el decreto de una medida para mejor proveer y la orden de facción de una nueva pericia no juzga ni prejuzga acerca de la atendibilidad de los dictámenes, lo que -como es lógico- es cuestión que recién podrá abordarse al momento de decidir, con una visión panorámica del plexo probatorio.

Ya en lo que hace a la pericia en sí misma ya he dicho que no surge de este expediente que el médico en cuestión fuera especialista en traumatología, lo que indudablemente incide para ponderar sus conclusiones.

Entrando al análisis de su dictamen, tenemos que el facultativo expresa que en muchos lugares del organismo se pueden utilizar grapas como método de fijación interna y, de hecho, se ha utilizado en el nivel femoral supracondíleo, aunque entiende que -a este nivel- este método ha caído en desuso actualmente, basándose en un trabajo publicado en una Revista extranjera en el año 1993.

Creo que no podemos juzgar la conducta del co demandado a través del lente de esta opinión pericial.

Lo que interesa, para juzgar la culpa médica, no es confrontar lo obrado en el pasado con los conocimientos actuales (el dictamen pericial data de 2005), debe operarse en base a los standards existentes (y exigibles) en el momento y lugar en que actuó el galeno.

Luego, pretender que el médico actuó mal (culposamente) por no tener en cuenta lo aconsejado escaso tiempo antes del acto quirúrgico (la publicación es de 1993 y la operación de 1994) en determinado informe publicado en una Revista extranjera (ni siquiera el perito nos cita una publicación local) es, a mi modo de ver, un exceso.

Pienso que no hay culpa ni negligencia de parte del co demandado; utilizó uno de los métodos viables en ese momento y la no obtención del resultado esperado no es causal suficiente para responsabilizarlo.

Reitero: se trata de una obligación de medios.

Violentaríamos la ya aludida discrecionalidad científica del médico si pretendiéramos ponernos en “ jueces galénicos” , sustituyendo su elección con una nuestra (y ex post facto, cuando es más fácil ver las cosas) más aun cuando el perito ha sido claro en cuanto a que otros métodos de fijación (las placas) no estaban exentos de potenciales efectos perjudiciales.

Digo, ya cerrando el punto, que los dichos de las testigos Ibarra y García en nada conmueven la conclusión que, se advertirá, ya viene perfilándose.

Si bien su declaración podría apreciarse como testigos-técnicos (art. 441 último párrafo del C.P.C.C.) ninguna de las dos tiene especialidad en traumatología (ambas lo reconocen, advirtiendo incluso García que opina acerca del método de fijación aunque no es su especialidad).

Las circunstancias en las que la primera tomó contacto con el actor son, para decirlo de algún modo, bastante singulares y me hacen dudar de la veracidad de sus asertos (arts. 384 y 456 del ritual).

No me parece razonable que un facultativo de Hospital Público le deje su teléfono particular a los pacientes que acuden a una única consulta; tampoco parece razonable la consulta del actor en un nosocomio capitalino (lejano a su domicilio) para luego afirmar, cuando se le da el diagnóstico, que se atendería por su obra social y en un lugar más cercano a su domicilio; la apreciación de Ibarra nos marca un acortamiento del miembro (10cm.) de justo el doble del real (5 cm.); por último no dejo de advertir sus significativos dichos cuando habla de las placas de fs. 67/78 y dice que “ se advierte la colocación de una placa con cinco tronillos, la reducción la encizallamiento y la alineación de ambos trazos fracturarios del fémur”  (fs. 543vta.) contraponiendo lo expuesto por ambos peritos en el sentido de lo fallido (e innecesario) del segundo acto operatorio.

De la declaración de García poco extraemos, más aun cuando nos está refiriendo diversas indicaciones que contrariarían las de Giosa y que ella misma dice haber efectuado solo en forma “ verbal”  al paciente para que éste las transmitiera a su médico.

Al margen de ello, lo fundamental es que ninguna de las dos testigos tiene incumbencia profesional idónea para avalar y sostener que el método de fijación utilizado era inadecuado (cuando las pruebas que ya he analizado nos están demostrando lo contrario).

Me queda, entonces, por analizar la última imputación que la actora ha formulado al médico accionado: la indicación prematura de realización de rehabilitación kinesiológica.

El perito Schapira ha dicho, con fundamentos, justamente lo contrario: que cuanto antes se inicie la rehabilitación es mejor.

La conclusión se perfila lógica y razonable, no existiendo elementos de prueba que la contradigan (de hecho, el médico forense no ha dicho lo contrario).

Por lo que le acuerdo plena eficacia acreditativa (art. 474 del C.P.C.C.).

En suma: ninguna de las razones esgrimidas en la demanda son, a mi modo de ver, suficientes como para considerar culposo el accionar del codemandado.

De otro costado, he dicho más arriba que ambas codemandadas habían esgrimido la cuestión del abandono de tratamiento y el cambio de profesional.

Entre los hechos atribuibles al paciente (y capaces de fracturar el nexo causal entre la atención médica prestada y el daño acaecido) está el abandono de tratamiento; el paciente hace abandono de tratamiento cuando su conducta impide en forma evidente y definitiva que el profesional siga su intervención clínica de tal modo que no puedan reflexionar sobre el caso ni corregir el curso del tratamiento.

Es necesario que la interrupción del seguimiento asistencial dependa de la voluntad del paciente, que no medie un deber profesional de identificación y búsqueda del paciente, que no existan presunciones de desatención previa o razones valederas que justifiquen la pérdida de confianza del paciente hacia la calidad de la atención brindada (Costa, Enzo Fernando, La interrupción del nexo causal en la responsabilidad médica. Responsabilidad profesional del médico por el hecho ajeno en AA.VV. Daños, La responsabilidad civil por mala praxis profesional, El Derecho-Depalma, 2000, ps. 26 y 27).

En cada caso concreto habrá de determinar las razones que llevaron al paciente a cambiar de profesional.

Es así que no será lo mismo el caso en el cual un paciente ante un cuadro de desmejoramiento de la salud y ante la falta de respuesta adecuada por parte del profesional atendiente decide cambiar de médico que otro en el cual un tratamiento que viene siendo bien llevado es interrumpido para cambiar sin razón alguna.

Dada la falta de respuesta satisfactoria del tratamiento y ante un eventual daño habrá que investigar a fondo la relación causal para precisar si el daño obedeció al cambio de médico tratante o bien a la negligencia del primer profesional; en este supuesto, constatada la negligencia del primer profesional interviniente, nada impide que este sea responsabilizado civilmente aun cuando a posteriori el paciente haya cambiado de profesional.

En síntesis: el mero cambio de profesional tratante de por si no es motivo para exculpar al médico que haya atendido en primer término al paciente (Vázquez Ferreyra, Roberto A., Otro fallo sobre responsabilidad civil de los obstetras. Obligaciones de medios y resultado. Interrupción de tratamiento y cambio de profesional interviniente, LA LEY, 1997-C, 50).

En el caso concreto, viene reconocido ya por el actor en su demanda el cambio de profesional.

Y ambos peritos han sido coincidentes en lo inadecuado de la segunda intervención llevada a cabo por el Dr. Corvalan, generadora de un acortamiento ulterior del miembro; paralelamente el perito médico traumatólogo nos ha dicho que el acortamiento era reversible (ver fs. 769) lo que se condice con las afirmaciones del demandado que dice haber presentado tal alternativa (ver fs. 256 último párrafo): o sea este daño era solucionable pero el actor cambió de profesional, quien llevó a cabo una intervención inadecuada.

En suma, y concluyendo, de todo el acortamiento del miembro (5cm.) una parte sustancial (3 cm.) es consecuencia ineludible del acto operatorio, no reflejando mala praxis; otra parte (1 cm.) es atribuible al segundo (e inadecuado) acto operatorio, por lo que no responsabiliza al codemandado Giosa (ni tampoco a Medic Gem´s en tanto en la demanda sólo se reclamó a su respecto por el accionar de Giosa y no por el de Corvalan); y una última parte (1cm.) es atribuible al desprendimiento de la grapa y sus consecuencias, pero -como ya lo he concluido- la elección del método de fijación no es suficiente para responsabilizar al codemandado, pues la alternativa que adoptó era una de las posibles en el contexto del paradigma médico al momento de la operación.

De este modo, considero que no se han configurado los presupuestos de la responsabilidad médica, con lo cual -inacreditada la mala praxis- la demanda no puede prosperar.

4) Consecuentemente, entiendo que la sentencia apelada, en cuanto rechaza la demanda, debería confirmarse, con imposición de costa de Alzada a la actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.) y diferimiento de la regulación de honorarios profesionales (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).

Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta por la afirmativa.

El doctor Ferrari dijo:

En diversos votos como Juez de este Tribunal, ya liderando el Acuerdo ya compartiendo la opinión de mis colegas (causas N° 39.421, R.S. 198/04; 45.548, R.S. 49/05; 50.551, R.S. 320/05) he dejado expuesta mi posición respecto a la responsabilidad médica; en prieto raconto, transita por los siguientes andariveles:

a) Adhiero sin cortapisas conceptuales a la postura doctrinaria conforme la cual la obligación del médico frente al paciente es una obligación contractual de “ medios”  y no de “ resultados” .

b) Contractual por cuanto requiere como antecedente un pacto escrito o no, entre el galeno y su paciente, por lo cual aquel compromete su actividad médica; y el tema no es baladí si tenemos en cuenta el plazo de prescripción liberatoria (arts. 4023 del C.C.A.) que muta la obligación civil en natural (art. 515 del C.C.A.); en caso excepcionales se ha dado la posibilidad de transitar el camino de lo extracontractual.

c) Y tal obligación del médico es de “ medios”  no de “ resultados” ; el profesional del arte de curar, deudor de la obligación, debe dinamizar en pos del paciente, acreedor de la obligación, actividad idónea, eficiente, prudente e integral para lograr la curación, pero de ninguna manera está constreñido al logro de ese objetivo; no asegura un “ opus” ; debe conducirse con idóneo quehacer para lo cual la ciencia medica lo ha habilitado; es más: de “ lege data”  le está vedado asegurar la curación, fijar los plazos para la misma, pregonar tratamientos infalibles, so pena de incurrir en faltas con condigna sanción (arts. 20 inc. 1°, 2º y 5º ley 17.132).

Extensa sería la cita de los doctrinarios foráneos y nacionales que con sus enseñanzas avalan lo dicho: Demogue, Rene, “ Traite del obligations en general”  T° V pág. 538; Mazeaud Tunc, “ Tratado teórico práctico de la responsabilidad delictual y contractual”  traducido por Luis Alcalá Zamora y Castillo, T° I, pág. 125; Salvat Raymundo, “ Tratado de Derecho civil Argentino-Obligaciones en General T° I pág. 32; Alsina Atienza en J.A. 1958-III pág. 592; Bueres Alberto, “ La responsabilidad civil de los médicos”  T° I, pág. 148; Ghersi, Carlos “ Responsabilidad por prestación medico asistencial” , pág. 25.

Y de no menos extensión serían las citas de los pronunciamientos jurisprudenciales que anidan en los repertorios de fallos, en consonancia con lo dicho.

No dejo de señalar que existen supuestos excepcionalísimos en los cuales la actividad médica linda con el aseguramiento de un resultado: análisis de laboratorio, cirugías embellecedoras; pero en todo caso tales supuestos de excepción (que habría de examinar en cada caso particular) no hacen más que confirmar el aforismo conforme al cual la excepción confirma la regla.

Se trata de casos singulares en los cuales la división conceptual entre medio y resultado no concreta una diferenciación apreciable: si correcta e idónea fue la dinamización del “ medio”  devienen el “ resultado” ; será el judicante, en cada caso particular, quien deberá apreciar las circunstancias del mismo y, en base a tal apreciación, aplicar el Derecho.

d.- Importante tema a tratar es la caracterización la culpa medica como factor de atribución de responsabilidad al deudor de la obligación de medios.

No existe “ especificidad”  o “ especialidad”  de la culpa médica; la misma debe juzgarse a través de los dispuesto por los arts. 512, 902 y 909 del Código de Vélez; debe tenerse en cuenta la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, modo, lugar y tiempo (art. 512); la graduación de la obligación de obrar con prudencia y pleno conocimiento del quehacer que se desarrolla lo que potencia las consecuencia previsibles del actuar (art. 902) y la muy especial relación entre médico y paciente presidida por la confianza de este hacia aquel inspirada en el saber profesional del galeno (art. 909).

Comparto in totum el enfoque del jurista platense Rubén Compagnucci de Casso (“ La culpa en la responsabilidad médica”  en La Ley, 1994-A, 277): “ el médico responde de toda negligencia, imprudencia o impericia, cuya apreciación deberá hacerse en abstracto y tomando como modelo de comparación el arquetipo del ‘ buen profesional’ : ni el mejor, ni el superhombre de Nietzche, ni un héroe; pero tampoco el peor, el descuidado, el ignorante, el desidioso o desaprensivo” ; todo ello en función de la ya comentada preceptiva a la cual hiciera referencia en el párrafo anterior teniendo en cuenta que cuando está en juego la vida humana el descuido, la imprudencia y la impericia adquieren extrema gravedad; en igual sentido se ha expedido la generalidad de la jurisprudencia (Cám. Nac. Civil, Sala B 11/9/85 autos Olsauskas de Argamasilla c. Municipalidad en La Ley, 1986-A, 413; Sala “ C”  10/12/91 autos “ Borra c. Municipalidad”  en J.A. 1982-III-12; Corte Suprema de la Nación, fallo del 13/10/89 autos “ Amante c. Asociación Mutual Transporte Automotor”  en J.A. 1990-II-126; esta Sala causas citadas en el encabezamiento).

e.- El onus probandi de la culpa médica corresponde al acreedor que la alega (art. 375 del C.P.C.C.); no se produce la inversión de la carga de la prueba, no es el médico quien debe probar que ha actuado con ajuste a lo dispuesto por los arts. 51, 902 y 909 del C.C.A.; es el paciente quien debe demostrarlo; y para ello tiene a su alcance variedad de cursos probatorios que debidamente dinamizados pueden llevar a demostrar el incumplimiento del facultativo: la pericial médica, sus explicaciones, las posiciones del encartado, la testimonial de quienes han tenido directo conocimiento de lo actuado, la historia clínica que es obligación del médico haber realizado en forma clara y precisa.

Y aquí me detengo: así como en la jurisdicción los expedientes “ hablan”  y el judicante debe escucharlos en las prácticas médicas la que “ habla”  es la “ historia clínica” ; la misma debe documentar en forma cronológicamente clara, legible y coherente toda la actuación del médico; constituye un elemento de evaluación para el perito y para el juez; la actuación del médico no puede ser displicente, debe ser veraz, documentar detalladamente las prácticas, ser legible y entendible, no contener enmendaduras conceptuales, estar firmada y aclarada la identidad de quien la signa; en caso contrario, en ausencia de dicho instrumento o si el mismo adolece de las falencias antes referidas, será el médico quien debe justificar probatoriamente su omisión en la confección de tal instrumento, lo cual se emparenta con la teoría de las cargas probatorias dinámicas; ello no implica invertir genéricamente la carga de la prueba y aplicar aquella teoría: implica que ante la falencia de la Historia Clínica el médico debe acreditar su “ buen actuar” , debe justificar y demostrar lo que la Historia Clínica debió claramente decir, deberá justificar el incumplimiento a tal obligación; ello sin perjuicio de las restantes probanzas que se traigan a juicio: será el judicante en función de los dispuesto en el art. 384 del C.P.C.C. quien deberá evaluar el plexo probatorio total adunado a los autos. He de finiquitar estas reflexiones trayendo a colación dos antecedentes; uno jurisprudencial, el otro doctrinario; el jurisprudencial el fallo dictado por esta Sala, autos “ Acosta c. Clínica Indarte”  del 10/4/1990; dijo allí la Sala que: “ … Los que llevaron a cabo la tarea tienen el ineludible deber de detallar los pasos que fueron dando en la Historia Clínica; si esta, como en autos, peca de insuficiente sobre aspectos esenciales, que impiden prácticamente a la perito actuante pese a lo intenso de su labor explicar tramos esenciales de la práctica desarrollada en la Clínica demandada, las omisiones y defectos que contiene deben incidir sobre las acciones del recurrente y no sobre la actora” ; el doctrinario: la opinión del actual colega de la Sala II del Tribunal, Dr. Juan Manuel Castellanos conforme a la cual “ la falta de la historia clínica constituirá una presunción iuris tantum en contra del médico; si existe historia clínica su valor probatorio deberá compadecerse con las restantes pruebas”  (Buena y Mala Práctica Médica, p. 45).

f) Y siempre en el aspecto genérico del tema he de verter breves conceptos sobre el onus probandi de la responsabilidad médica que hemos visto es carga del paciente.

Va de suyo que la probattio probattisima sobre el particular es la prueba pericial pues allega al Juez conocimientos científicos que este por lo general no tiene (art. 457 del C.P.C.C.); ello no implica que el judicante se encuentre fatalmente constreñido a aceptar las conclusiones del dictamen pericial; tiene la facultad-obligación de evaluarlo, de acuerdo a las reglas de la sana critica, de la lógica, del común acontecer y de las restantes pruebas de autos, e incluso apartarse fundadamente de sus conclusiones; así surge de “ lege data”  de lo normado por los arts. 474, 384 y ccdtes. del C.P.C.C.

En base a tales premisas, y compartiendo totalmente la buena evaluación del plexo probatorio que efectúa el Dr. Jorda, coincido -por sus mismos fundamentos- con la propuesta que formula tendiente a la confirmación del fallo en crisis. Voto, entonces, por la afirmativa.

Autos y Vistos:Considerando: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. Costas de Alzada, a la apelante vencida (art. 68 C.P.C.C.). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77). — RobertoCamiloJorda.— FelipeAugustoFerrari.

 

 

 

 

Resolución 9/2004.DEFENSA DEL CONSUMIDOR.Contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga y de servicios financieros y/ o bancarios. Cláusulas que serán consideradas abusivas. Contratos en curso de ejecución.

Secretaría de Coordinación Técnica

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Resolución 9/2004

Contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga y de servicios financieros y/ o bancarios. Cláusulas que serán consideradas abusivas. Contratos en curso de ejecución.

Bs. As., 16/1/2004

VISTO el Expediente Nº S01:0038883/2003 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de lo establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, es función de la Autoridad de Aplicación vigilar que los contratos de adhesión o similares no contengan cláusulas que puedan ser consideradas abusivas en los términos del Artículo 37 de la citada ley.

Que cabe consignar que el Artículo 43 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor prevé que la Autoridad de Aplicación posee, entre otras facultades, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor mediante el dictado de resoluciones como la que por este acto se propicia.

Que con el objeto de mejorar la metodología en cuanto a la fiscalización y control de dichas cláusulas, se dictó la Resolución N° 53 de fecha 21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION.

Que con los fines de reafirmar la tutela inhibitoria sustancial que veda la mencionada inclusión esta SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION estimó conveniente modificar la precitada resolución, dictando a tal efecto la Resolución Nº 26 de fecha 13 de agosto de 2003.

Que, de acuerdo a lo establecido en la normativa precedentemente citada, la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en su carácter de Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 41 de la Ley N° 24.240 y el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003, puede determinar aquellos casos de excepción en los que no se considerará cláusula abusiva la que otorga al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, de acuerdo a pautas y criterios objetivos, a la vez que puede prever requisitos adicionales para casos especiales en lo referido a las rescisiones unilaterales incausadas en los contratos de consumo.

Que en ese sentido para el caso de los servicios de medicina prepaga se recepta el criterio de la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

Que resulta necesario precisar los aspectos referidos para los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios, conforme su naturaleza y atento el carácter dinámico de sus prestaciones.

Que para el caso de los contratos de servicios de medicina prepaga resulta conveniente contemplar, la situación del beneficiario, para el caso que se produzca el cese de la prestación de los servicios originada en un contrato de tipo corporativo o similar, celebrado entre el proveedor del servicio y un tercero.

Que para el caso de contratos de servicios financieros y/o bancarios, en atención a su especificidad y a los servicios que por conexidad son contratados, en especial en materia asegurativa, conviene establecer previsiones al respecto con la finalidad de proteger los intereses económicos de los consumidores.

Que también, respecto de los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios, que sean de plazo determinado y se encuentren en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se podrá adecuar su duración en virtud de las previsiones de la presente resolución.

Que, asimismo, resulta conveniente establecer un plazo determinado a los fines de adecuar los contratos mencionados en la presente resolución a las pautas que se prevén en los Anexos de la misma.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43, inciso a) y concordantes de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

Artículo 1° — Cuando los contratos de consumo previstos en el Artículo 1° de la Resolución N° 53 de fecha 21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION, modificada por la Resolución N° 26 de fecha de 13 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA dependiente MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios, lo dispuesto en el Anexo de la mencionada Resolución N° 53/2003 de la ex-SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION, resultará complementado, y en su caso modificado en lo específico, respectivamente, por lo previsto en los Anexos I, II y III, que en DOS (2) Planillas cada uno de ellos integran la presente resolución.

Art. 2º — Respecto de los contratos de consumo referidos en el Artículo 1° de la presente resolución, que sean de plazo determinado y se encuentren en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se podrá adecuar su duración en virtud de las previsiones de la misma.

Art. 3º — Respecto de los contratos de consumo referidos en el Artículo 1º de la presente resolución, prorrógase desde su vencimiento y hasta el 1 de mayo de 2004 el plazo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° 53 de fecha 21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION, modificada por la Resolución N° 26 de fecha 13 de agosto de 2003 de esta SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA.

Art. 4º — La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Leonardo Madcur.

ANEXO I

En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, serán consideradas abusivas las cláusulas que:

a) Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes requisitos:

I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos en el contrato. Los cambios previstos podrán obedecer a causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías o prestaciones, debiendo el contrato contener los criterios y/o parámetros objetivos dentro de los cuales pue- dan efectuarse las modificaciones, siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio en la relación entre las partes.

II. Los mismos revistan carácter general y no estén referidos a un consumidor en particular.

III. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un desmedro en la calidad de los servicios comprometidos al momento de contratar.

IV. Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario, con antelación no inferior a SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

b) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor.

c) Establezcan el cese de la prestación de los servicios originados en un contrato celebrado por el proveedor y un tercero, cuando tal prestación tenga origen en una contratación de carácter corporativo o similar, o provenga de una relación laboral entre el consumidor y el tercero contratante con el proveedor, sea porque se hubiere rescindido o resuelto tal contrato o porque hubiere cesado el vínculo entre el consumidor y el tercero que diera origen a las prestaciones, y no se prevea que el consumidor tendrá derecho a que se le brinde cobertura a través de una contratación directa con el proveedor.

En tal caso los únicos requisitos que podrán establecerse, para que el consumidor acceda a uno de los planes ofrecidos por el proveedor, mediante el pago del precio establecido para el plan de que se trate, serán que:

I. El consumidor no se encuentre en mora respecto de obligaciones asumidas directamente por él con el proveedor.

II. El consumidor haya sido beneficiario de los servicios por un periodo determinado, no pudiendo exigirse un lapso mayor a DOS (2) años.

III. La notificación que el consumidor deba efectuar al proveedor para contratar los servicios en forma directa se curse en un plazo determinado que no podrá ser inferior a TREINTA (30) días de haberse producido la baja del servicio corporativo o similar.

En los supuestos contemplados en el presente inciso, cuando se hubiere omitido prever en el contrato la situación del consumidor, se entenderá que éste tiene derecho a continuar la relación con el proveedor en los términos aquí establecidos.

ANEXO II

En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de comunicaciones móviles, serán consideradas abusivas las cláusulas que:

a) Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes requisitos:

I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos en el contrato.

II. Los mismos revistan carácter general y no estén referidos a un consumidor en particular.

III. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un desmedro respecto de los servicios comprometidos al momento de contratar.

IV. Se determinen criterios y/o parámetros objetivos dentro de los cuales la modificación pueda producirse y siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio en la relación entre las partes.

V. Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario, con antelación no inferior a SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

b) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor, excepto en relación con los celebrados por tiempo indeterminado, los cuales sólo podrán rescindirse sin causa, previa notificación al consumidor, cursada con una antelación no menor a SESENTA (60) días.

ANEXO III

En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios financieros y/o bancarios, serán consideradas abusivas las cláusulas que:

a) Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes requisitos:

I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos en el contrato.

II. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un desmedro respecto de los servicios comprometidos al momento de contratar.

III. Se determinen criterios y/o parámetros objetivos dentro de los cuales la modificación pueda producirse y siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio en la relación entre las partes.

IV Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario, con antelación no inferior a SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

b) Cuando en contratos cuya duración sea superior a los SESENTA (60) días y se hubiere previsto la renovación automática, no establezcan la obligación del proveedor de notificar al consumidor con una antelación no inferior a SESENTA (60) días, los cargos por renovación u otros que, con carácter variable, se hallaren previstos en el contrato. Quedan exceptuados los contratos de depósitos a plazo fijo cualquiera fuera su duración.

c) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor, excepto en relación con los celebrados por tiempo indeterminado, los cuales sólo podrán rescindirse sin causa, previa notificación al consumidor, cursada con una antelación no menor a SESENTA (60) días, salvo que las normas que regulen específicamente la actividad determinen un plazo distinto.

d) Cuando por la naturaleza del servicio se encuentre prevista, accesoriamente, la contratación de un seguro y el proveedor no ofrezca al consumidor la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras.

Ley 24.754.MEDICINA PREPAGA.Establécese que las empresas o entidades que presten dichos servicios deberán cubrir, como mínimo, determinadas «prestaciones obligatorias » dispuestas por las obras sociales.

MEDICINA PREPAGA

Ley 24.754

Establécese que las empresas o entidades que presten dichos servicios deberán cubrir, como mínimo, determinadas «prestaciones obligatorias » dispuestas por las obras sociales.

Sancionada : Noviembre 28 de 1996.

Promulgada de Hecho : Diciembre 23 de 1996.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º- A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente ley , las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo , en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas «prestaciones obligatorias » dispuestas por obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660,23.661 y 24. 455, y sus respectivas reglamentaciones.

ARTICULO 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SECIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES , A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

ALBERTO R. PIERRI- CARLOS F. RUCKAUF – Esther H. Pereyra Arandía de Perez Pardo – Edgardo Piuzzi.

Ley de Obesidad, a la Bulimia y a la Anorexia nerviosa. Ley 26.396.TRASTORNOS ALIMENTARIOS

TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Ley 26.396

Declárase de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.

ARTICULO 2º — Entiéndase por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.

ARTICULO 3º — Créase el Programa Nacional de Prevención y Control de los trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:

a) Instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios, en particular:

1. Sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;

2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;

3. Sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del consumidor;

b) Disminuir la morbimortalidad asociada con estas enfermedades;

c) Formular normas para la evaluación y control contra los trastornos alimentarios;

d) Propender al desarrollo de actividades de investigación;

e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;

f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes padecen estas enfermedades;

g) Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al padecimiento de los trastornos alimentarios;

h) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en las acciones previstas por el presente programa;

i) Promover y coordinar, con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación de programas similares a nivel local;

j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de crecimiento.

ARTICULO 4º — El Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la presente ley, coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.

La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para que en cada una de las jurisdicciones funcione al menos UN (1) centro especializado en trastornos alimentarios.

ARTICULO 5º — Inclúyanse a los trastornos alimentarios en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica —SINAVE—, o en el que, en el futuro, corresponda.

ARTICULO 6º — El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social:

a) La incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar saludable.

b) La capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:

1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria.

2. Detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación y/o derivación.

c) La realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos de vida no saludables.

ARTICULO 7º — El Ministerio de Salud auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que contribuyan al conocimiento de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos alimentarios, y las formas de prevención.

ARTICULO 8º — El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local.

ARTICULO 9º — Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.

ARTICULO 10. — La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en particular de las mujeres.

ARTICULO 11. — La publicidad y/o promoción, a través de cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda «El consumo excesivo es perjudicial para la salud».

ARTICULO 12. — Queda prohibida la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o licenciado en nutrición.

ARTICULO 13. — El Ministerio de Salud podrá requerir al responsable del producto alimentario publicitado o promocionado, la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo, sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.

ARTICULO 14. — Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de VEINTIUN (21) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.

ARTICULO 15. — Quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

ARTICULO 16. — La cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley Nº 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley Nº 23.661, las demás obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades.

ARTICULO 17. — Los proveedores de bienes o servicios con destino al público en general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto establezca el Poder Ejecutivo.

Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº 23.592.

ARTICULO 18. — El Poder Ejecutivo, dispondrá las medidas necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción, cuenten con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen obesidad. Asimismo gestionará ante los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de normas de similar naturaleza.

ARTICULO 19. — Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.

La autoridad de aplicación elaborará periódicamente un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en conjunto con las autoridades provinciales. También se informará de los adelantos e investigaciones que sobre las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel oficial o con becas oficiales.

ARTICULO 20. — El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo humano que tengan entre sus insumos grasas ‘trans’ lleven en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: ‘El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial para la salud’.

ARTICULO 21. — Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la misma.

Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.

ARTICULO 22. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO. —REGISTRADA BAJO EL Nº 26.396— JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Decreto 1395/2008

Obsérvanse los artículos 5º, 11, 20 y 21 de la Ley Nº 26.396. Promulgación.

Bs. As., 2/9/2008

VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 13 de agosto de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Proyecto de Ley se declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.

Que, asimismo, se determina que debe entenderse por trastornos alimentarios, a la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.

Que, por otra parte, se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de los trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, detallándose los objetivos del mismo.

Que el artículo 5º del Proyecto de Ley incluye a los trastornos alimentarios en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica —SINAVE—, o en el que, en el futuro, corresponda.

Que el SINAVE tiene por objeto la detección temprana y monitoreo de brotes o modalidades epidemiológicas de enfermedades que impliquen un riesgo para la población y que, por lo tanto, requieran la inmediata intervención para su control, siendo además, por tales características, de notificación obligatoria.

Que los trastornos alimentarios y las enfermedades vinculadas mencionadas en la norma sancionada no cumplen con ese criterio, toda vez que el mismo atiende a razones que se relacionan con la magnitud, gravedad del daño, vulnerabilidad, impacto social, régimen sanitario internacional y compromisos internacionales.

Que en virtud de ello, los trastornos alimentarios no constituyen una modalidad epidemiológica de las que, conforme los criterios señalados, deben incluirse en el SINAVE.

Que en consecuencia, corresponde observar el artículo 5º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 23.696.

Que el artículo 11 del Proyecto de Ley establece que la publicidad y/o promoción, a través de cualquier medio de difusión, de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda «El consumo excesivo es perjudicial para la salud».

Que la clasificación de «nutrientes esenciales» no es clara y no tiene un sustento científico.

Que resulta difícil encontrar ejemplos de un alimento que por sí solo cumpla con los requisitos de elevado contenido calórico y pobre en nutrientes esenciales. No existe un valor o un umbral que clasifique a un alimento como de «elevado o bajo valor energético», cada alimento aporta una cierta cantidad de calorías por porción, y de acuerdo a las necesidades diarias de energía se pueden consumir más o menos porciones de ese alimento.

Que, desde un punto de vista estrictamente normativo, el Código Alimentario Argentino (CAA) expresa en su artículo 221: «En la publicidad que se realice por cualquier medio deberá respetarse la definición, composición y denominación del producto establecido por el presente Código».

Que, al rotular a determinados alimentos con la frase «El consumo excesivo es perjudicial para la salud», se estarían modificando las normativas MERCOSUR en materia de rotulado de alimentos (Resoluciones GMC Nros. 26/03, 44/03, 46/03, 47/03).

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde observar el artículo 11 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Que el artículo 20 del Proyecto de Ley establece que el Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo humano que tengan entre sus insumos grasas «trans» lleven en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: «El consumo de grasa «trans» es perjudicial para la salud».

Que el Código Alimentario Argentino contiene las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los alimentos destinados a consumo humano, armonizado según las modificaciones incorporadas como consecuencia de la internalización de normas emanadas del MERCOSUR.

Que, en tal sentido, debe tenerse en cuenta que el Capítulo V del CAA incorporó, a través de la Resolución Conjunta ex SPRyRS 149/05 y SAGPyA 683/05, el Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados —Resolución GMC 26/03— y el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados —Resolución GMC 46/03—.

Que corresponde tener en cuenta asimismo la Resolución Conjunta ex SPRyRS 150/05 y SAGPyA 684/05, que incorporó al referido Código el «Reglamento Técnico MERCOSUR de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del Rotulado Nutricional» —Resolución GMC 47/03—.

Que si se estimara necesario actualizar o modificar algún aspecto del Código Alimentario Argentino, el artículo 6º inciso b) del Decreto Nº 815/99 faculta a la Comisión Nacional de Alimentos a proponer la actualización del mismo recomendando las modificaciones que resulte necesario introducirle para mantener su permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando como referencia las normas internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.

Que, por otra parte, las normas de rotulación aplicables a los alimentos, mediante las cuales se actualizó el Código Alimentario Argentino, son normas MERCOSUR incorporadas por los Estados Partes a sus ordenamientos jurídicos (Resoluciones GMC Nros. 26/03, 46/03 y 47/03), por lo que no es posible modificar las reglamentaciones sin el acuerdo de dichos Estados Partes.

Que, atendiendo a la preocupación generada por los efectos del estilo de vida y la dieta que contribuyeron a la alta incidencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares, los países del MERCOSUR elaboraron las mencionadas Resoluciones que fueron, como ya se expresara, incorporadas al Código Alimentario Argentino por Resoluciones Conjuntas ex SPRyRS 149/2005 y SAGPyA 683/2005 y ex SPRyRS 150/2005 y SAGPyA 684/2005, respectivamente.

Que, en virtud de ello es dable hacer notar la conflictividad potencial que existiría entre la redacción del artículo 20 del Proyecto de Ley sancionado y el Código Alimentario Argentino, armonizado según las reglas emanadas del MERCOSUR.

Que en consecuencia, corresponde observar el artículo 20 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Que el artículo 21 del Proyecto de Ley faculta al Poder Ejecutivo, a dictar las disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la norma, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la misma.

Que, al respecto, Marienhoff, sostiene que los reglamentos delegados «Son los que emite el Poder Ejecutivo en virtud de una atribución o habilitación que le confiere expresamente el Poder Legislativo». Asimismo, señala que «…a la emisión de reglamentos delegados debe restringírsela o limitársela, en beneficio de las libertades públicas; y que «deben limitarse a desarrollar principios básicos contenidos en la ley que hace la delegación. Tales reglamentos tienen un doble límite: uno inmediato, que es la ley de referencia, otro mediato, que es la Constitución, cuyos principios, en lo atiente a la materia delegada y a la extensión de la delegación, deben ser respetados por el delegante.» (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 267).

Que, además, agrega que «la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION acepta que el reglamento delegado pueda emitirse en nuestro país, sin que ello implique agravio a texto o principio alguno de orden constitucional. Pero supedita la validez de esos reglamentos a ciertas condiciones: las facultades normativas otorgadas al Poder Ejecutivo deben serlo dentro de un ámbito cierto y determinado expresamente. Ultimamente, con referencia a materia punitiva (legislación de policía), circunscribió aún más el ámbito de los decretos delegados» (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 269).

Que, por otra parte, expresa que «…el acto que emita el Ejecutivo como consecuencia de esta delegación legislativa, desde que integra la respectiva ley, participa de los caracteres de ésta; en consecuencia, dicho acto podría ser enjuiciado por los mismos medios por los que podría serlo la ley que integra (verbigracia, podría ser tachado de inconstitucional, si existiere tal vicio). Si la ley que efectúa la delegación se refiere a una facultad indelegable —por ejemplo, creación de impuestos o configurando delitos, etc.—, y el Ejecutivo emitiere un acto creando impuestos o configurando delitos, tanto la ley que contenga esa delegación, como el acto del Ejecutivo que le dio curso, pueden ser objetados de inconstitucionales». (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 274).

Que, «al emitir un reglamento, el órgano Ejecutivo debe respetar la llamada «reserva de la ley», en cuyo mérito ha de abstenerse de estatuir sobre materias reservadas a la competencia del legislador. En ese orden de ideas, no podría establecer impuestos, configurar delitos y establecer penas…» (Tratado de Derecho Administrativo Tomo I pág. 282).

Que además, señala que «Las autoridades administrativas, nacionales o provinciales, cualquiera fuera su jerarquía o rango, carecen de imperio para configurar o crear figuras contravencionales o faltas. Tal configuración o creación debe ser, indefectiblemente, obra del legislador: el Poder Ejecutivo —y con mayor razón sus subordinados— tan sólo podrá reglamentar esa ley, a los efectos de su ejecución o cumplimiento, pero cuidando siempre de no alterar su espíritu» (Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV pág. 560).

Que, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, en el caso «Mouviel, Raúl Oscar y otros» (Fallos CSJN 237:626) ha expresado: «… es una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso» (Fallos 136:200); que «toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca» (Fallos 178:355); y que «la configuración de un delito, por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 de la CN). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18 de la CN). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido» (Fallos 191:245).

«Que conforme a esta doctrina, la «ley anterior» de la garantía constitucional citada y del principio «nullum crimen, nulla poena sine lege», exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo (Fallos 148:430). En el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la Constitución y que se apoya fundamentalmente en el principio de la división de los poderes, el legislador no puede simplemente delegar en el Poder Ejecutivo o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables. Tampoco al Poder Ejecutivo le es lícito, so pretexto de las facultades reglamentarias que le concede el art. 99, inc. 2 de la CN, sustituirse al legislador y por supuesta vía reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía constitucional del art. 18 de la CN».

Que, en el mismo sentido se ha pronunciado la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION en el dictamen 244:833: «Esta Procuración del Tesoro ya ha señalado antes de ahora la improcedencia de plasmar conductas punibles penalmente por medio de normas administrativas, en mérito a la flagrante trasgresión que ello supone a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional (v. Dictámenes 188:85)».

Que, en consecuencia, corresponde observar el artículo 21 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvense los artículos 5º, 11, 20 y 21 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Art. 2º — Con las salvedades establecidas en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.396.

Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — Carlos R. Fernández. — Julio M. De Vido. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — María G. Ocaña. — Juan C. Tedesco.

Ley 24.455.Prestaciones obligatorias que deberán incorporar aquellas recipendarias del fondo de redistribución de la Ley N°23.661. OBRAS SOCIALES

OBRAS SOCIALES

Ley 24.455

Prestaciones obligatorias que deberán incorporar aquellas recipendarias del fondo de redistribución de la Ley N°23.661.

Sancionada : Febrero 8 de 1.995.

Promulgada: Marzo 1 de1.995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley.

ARTCULO 1°- Todas las Obras Sociales y Asociaciones de Obras Sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley 23.660, recipendarias del fondo de redistribución de la Ley 23.661, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:

a) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos y los que padecen el síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) y/o las enfermedades intercurrentes;

b) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes;

c) La cobertura para los programas de prevención del SIDA y la drogadicción.

ARTICULO 2°- Los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación mencionados en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 23.737 deberán ser cubiertos por la obra social de la cual es beneficiaria la persona a la que se le aplica la medida de seguridad curativa. En estos casos el Juez de la causa deberá dirigirse a la obra social que corresponda a fin de indicarle la necesidad y condiciones del tratamiento.

ARTICULO 3°- Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud y Acción Social elaborarán los programas destinados a cubrir las contingencias previstas en el artículos 1 de la presente. Estos deberán ser presentados a la ANSSAL para su aprobación y financiación, rigiendo su obligatoriedad a partir de ellas.

La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las leyes 23.660 y 23.661.

ARTICULO 4°- El control del cumplimiento de los recaudos exigidos en el artículo 1° de la presente se efectuará por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

ARTICULO 5°- La presente ley tendrá ejecutoriedad, previa existencia en el Presupuesto General de la Nación del período de que se trata de partidas específicas destinadas a sus fines.

ARTICULO 6°- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.

ARTICULO 7°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. ALBERTO PIERRI – EDUARDO MENEM – Juan Estrada – Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Ley 24.193.TRASPLANTES DE ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS.

TRASPLANTES DE ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS

Ley 24.193

Disposiciones Generales. De los Profesionales. De los Servicios y Establecimientos. De la Previa Información Médica a Dadores y Receptores. De los Actos de Disposición de Organos o Materiales Anatómicos provenientes de Personas. De los Actos de Disposición de Organos o Materiales Anatómicos Cadavéricos. De las Prohibiciones. De las Penalidades. De las Sanciones y Procedimientos Administrativos. Del Instituto Nacional Unico Coordinador de Ablación y Implante (INCUCAI). De las Medidas Preventivas y Actividades de Inspección. Del Procedimiento Judicial Especial. Disposiciones Varias.

Sancionada: Marzo 24 de 1993.

Promulgada Parcialmente: Abril 19 de 1993.

Ver Antecedentes Normativos

El Senado y la Cámara de Diputados de la República Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

I — DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º — La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República.

Exceptúase de lo previsto por la presente, los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano con salvedad de la obtención y preservación de células progenitoras hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos, que quedará regida por esta ley.

Entiéndense alcanzadas por la presente norma a las nuevas, prácticas o técnicas que la autoridad de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos en seres humanos. Considérase comprendido al xenotransplante en las previsiones del párrafo precedente cuando cumpliera las condiciones que oportunamente determinare la autoridad de aplicación:

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

(Expresión «material anatómico» sustituida por el término «tejidos», por art. 1° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 2º — La ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se considerarán de técnica corriente y no experimental.

La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance médico-científico.

II — DE LOS PROFESIONALES

ARTICULO 3º — Los actos médicos referidos a trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente, por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales recaudos.

ARTICULO 4º — Los equipos de profesionales médicos estarán a cargo de un jefe, a quien eventualmente reemplazará un subjefe, siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.

ARTICULO 5º — Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal.

ARTICULO 6º — La autorización a jefes y subjefes de equipos y profesionales será otorgada por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la cual deberá informar de la gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin de mantener la integridad del sistema.

ARTICULO 7º — Los médicos de instituciones públicas o privadas que realicen tratamientos de diálisis deberán informar semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la nómina de pacientes hemodializados, sus condiciones y características.

ARTICULO 8º — Todo médico que diagnosticare a un paciente una enfermedad susceptible de ser tratada mediante un implante, deberá denunciar el hecho a la autoridad de contralor dentro del plazo que determine la reglamentación.

III — DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS

ARTICULO 9º — Los actos médicos contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente por parte del establecimiento de que cuenta con la adecuada infraestructura física e instrumental, así como con el personal calificado necesario en la especialidad, y el número mínimo de médicos inscriptos en el registro que prescribe el artículo 3, conforme lo determine la reglamentación. La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de establecimientos que no hubieren cumplido con los expresados recaudos.

ARTICULO 10. — La inscripción a que se refiere el artículo 9º tendrá validez por períodos no mayores de dos (2) años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional, y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos. La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la renovación de inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los requisitos de este artículo.

ARTICULO 11. — Los establecimientos inscriptos conforme a las disposiciones de los artículos 9º y 10 llevarán un registro de todos los actos médicos contemplados en la presente ley que se realicen en su ámbito. La reglamentación determinará los requisitos de ese registro.

ARTICULO 12. — Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley, no podrán efectuar modificaciones que disminuyan las condiciones de habilitación.

IV — DE LA PREVIA INFORMACION MEDICA A DADORES Y RECEPTORES

ARTICULO 13. — Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que detente su guarda, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de ablación e implante —según sea el caso—, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor.

En caso de que los donantes y receptores no se opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y condiciones previstos por el artículo 21 de la ley 24.193 y modificatoria.

Luego de asegurarse que la información ha sido comprendida por los sujetos destinatarios de la misma, dejarán a la libre voluntad de cada uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. Del cumplimiento de este requisito, de la decisión del dador, de la del receptor y de la del representante legal cuando correspondiere, así como de la opinión médica sobre los mencionados riesgos, secuelas, evolución, limitaciones y mejoría, tanto para el dador como para el receptor, deberá quedar constancia documentada de acuerdo con la normativa a establecerse reglamentariamente.

De ser incapaz el receptor o el dador en el caso de transplante de médula ósea, la información prevista en este artículo deberá ser dada, además, a su representante legal.

En los supuestos contemplados en el Título V el lapso entre la recepción de la información y la operación respectiva no podrá ser inferior a CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 21, respecto de donantes cadavéricos, la información será suministrada a las persona s que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente artículo, al solo efecto informativo.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

V — DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O MATERIALES ANATOMICOS PROVENIENTES DE PERSONAS

ARTICULO 14. — La extracción de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente ley, estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

La reglamentación establecerá los órganos y materiales anatómicos que podrán ser objeto de ablación, excepto los incluidos especialmente en esta ley.

ARTICULO 15. — Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren nacido hijos.

En todos los casos será indispensable el dictamen favorable del equipo médico a que se refiere el artículo 3º.

De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado, un ejemplar de las cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro será remitido dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la ablación a la autoridad de contralor. Ambos serán archivados por un lapso no menor de diez (10) años.

En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los menores de dieciocho (18) años —previa autorización de su representante legal— podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el citado precepto.

El consentimiento del dador o de su representante legal no puede ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no será practicada.

La retractación del dador no genera obligación de ninguna clase.

ARTICULO 16. — En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante estarán a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.

Las entidades encargadas de la cobertura social o empresas privadas de medicina prepaga deberán notificar fehacientemente a sus beneficiarios si cubre o no sus gastos.

ARTICULO 17. — Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma, se regirán por las disposiciones que sobre protección de enfermedades y accidentes inculpables establezcan los ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos que rijan la actividad del dador, tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.

ARTICULO 18. — Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o materiales anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.

Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de dador cadavérico, la autoridad de contralor podrá disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previstos en la presente ley.

VI — DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O MATERIALES ANATOMICOS CADAVERICOS

ARTICULO 19. — Toda persona podrá en forma expresa:

1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo.

2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos.

3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley —implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación —.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 19 BIS: — La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de DIECIOCHO (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado.

Este artículo entrará en vigencia transcurridos NOVENTA (90) días de ejecución de lo establecido en el artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de la ley 24.193.

(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 19 TER: — En caso de fallecimiento de menores de DIECIOCHO (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.

El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la documentación respectiva.

La falta de consentimiento de alguno de los padres eliminará la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor.

En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.

De todo lo actuado se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el Director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción establecida en el artículo 29.

(Artículo incorporado por art. 6° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 20. — Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas en el artículo 19 de las personas capaces mayores de DIECIOCHO (18) años son los siguientes:

a) Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai);

b) Registro Nacional de las Personas (Renaper);

c) Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas;

d) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a través de los organismos jurisdiccionales y de los establecimientos asistenciales públicos y privados habilitados a tal fin;

e) Policía Federal;

f) Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima.

Las manifestaciones de aquellas personas que, ante la realización de cualquier trámite ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas, deseen expresarla, deberán ser receptadas por los funcionarios designados por los mencionados organismos a tal efecto y asentadas en el documento nacional de identidad del declarante.

Las instituciones consignadas en los incisos b), c), d) y e) deberán comunicar en forma inmediata al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) las manifestaciones de voluntad recibidas a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 inciso n).

El Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano capaz mayor de DIECIOCHO (18) años, expedirá en forma gratuita telegrama al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en el que conste la negativa del remitente a donar sus órganos y tejidos para después de su muerte.

Las manifestaciones de voluntad ante cualquiera de los organismos mencionados no podrán tener costo alguno para el declarante.

La reglamentación podrá establecer otras formas y modalidades que faciliten las expresiones de voluntad.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.326 B.O. 26/12/2007)

ARTICULO 21. — En caso de muerte natural, y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse de las siguientes personas, en el orden en que se las enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales, testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma.

a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida;

b) Cualquiera de los hijos mayores de DIECIOCHO (18) años;

c) Cualquiera de los padres;

d) Cualquiera de los hermanos mayores de DIECIOCHO (18) años;

e) Cualquiera de los nietos mayores de DIECIOCHO (18) años;

f) Cualquiera de los abuelos;

g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive;

h) Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive;

i) El representante legal, tutor o curador;

Conforme la enumeración establecida precedentemente y respetando el orden que allí se establece, las personas que testimonien o den cuenta de la última voluntad del causante que se encuentren en orden más próximo excluyen el testimonio de las que se encuentren en un orden inferior. En caso de resultar contradicciones en los testimonios de las personas que se encuentren en el mismo orden, se estará a lo establecido en el artículo 19 bis.

La relación con el causante y el testimonio de su última voluntad, serán acreditados, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la: documentación respectiva, cuando correspondiere.

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 22. — En caso de muerte violenta la autoridad competente adoptará los recaudos tendientes a ubicar a las personas enumeradas en el artículo anterior a efectos que los mismos den cuenta o testimonien la última voluntad del causante, debiendo dejar debidamente acreditada la constancia de los medios y mecanismos utilizados para la notificación en tiempo y forma a los familiares a efectos de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del presunto donante.

El juez que entiende en la causa ordenará en el lapso de SEIS (6) horas a partir del fallecimiento la intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, a fin de dictaminar si los órganos o tejidos que resulten aptos para ablacionar no afectarán el examen autopsiano.

Aun existiendo autorización expresa del causante o el testimonio referido en el artículo 21 dentro de las SEIS (6) horas de producido el deceso, el juez informará al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o al organismo jurisdiccional correspondiente la autorización para llevar a cabo la realización de la ablación, a través de resolución judicial fundada, con especificación de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el mismo forense.

Una negativa del magistrado interviniente para autorizar la realización de la ablación deberá estar justificada conforme los requisitos exigidos en la presente ley.

En el supuesto de duda sobre la existencia de autorización expresa del causante el juez podrá requerir del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o del organismo jurisdiccional correspondiente los informes que estime menester.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 22 BIS. — El equipo de profesionales médicos a que se refiere el artículo 4º en ningún caso actuará juntamente con los médicos forenses, debiendo quedar a lo que resulte de la decisión judicial.

El jefe, subjefe o el miembro que aquéllas designen del equipo que realice la ablación deberá informar de inmediato y pormenorizadamente al juez interviniente:

a) Los órganos ablacionados en relación con los autorizados a ablacionar.

b) El estado de los mismos, como así también el eventual impedimento de ablacionar alguno de los órganos autorizados.

c) Las demás circunstancias del caso que establezca la reglamentación.

En el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores serán solidariamente responsables la totalidad de los profesionales integrantes del equipo de ablación.

El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante —INCUCAI— o el organismo jurisdiccional correspondiente deberá Informarle el destino dado a cada órgano o tejidos ablacionado, la identificación regional, el establecimiento asistencial al que va dirigido, el equipo responsable del transporte y los datos identificatorios del o de los pacientes receptores. (Expresión «material anatómico» sustituida por el término «tejidos», por art. 1° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

(Artículo incorporado por art. 2º de la Ley Nº 25.281 B.O. 02/08/2000)

ARTICULO 23. — El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta:

a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;

b) Ausencia de respiración espontánea;

c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas;

d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e irreversible.

ARTICULO 24. — A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.

La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23.

ARTICULO 25. — El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación estará obligado a:

a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la restauración estética del cadáver, sin cargo alguno a los sucesores del fallecido;

b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible, de haber solicitado los sucesores del fallecido la devolución del cadáver;

c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.

ARTICULO 26. — Todo médico que mediante comprobaciones idóneas tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos descriptos en el artículo 23, está obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación.

VII — DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 27. — Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse:

a) Sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley;

b) Sobre el cadáver de quien expresamente se hubiere manifestado en contrario para la ablación o en su caso, del órgano u órganos respecto de los cuales se hubiese negado la ablación, como asimismo cuando se pretendieren utilizar los órganos o tejidos con fines distintos a los autorizados por el causante. A tales fines se considerará que existe manifestación expresa en contrario cuando mediare el supuesto del artículo 21 de la presente ley. (Inciso sustituido por art. 10 de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

c) Sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en institutos neuropsiquiátricos;

d) Sobre el cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se hubiere verificado previamente la inexistencia de embarazo en curso;

e) Por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad, y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte.

Asimismo, quedan prohibidos;

f) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o materiales anatómicos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro;

g) La inducción o coacción al dador para dar una respuesta afirmativa respecto a la dación de órganos.

El consejo médico acerca de la utilidad de la dación de un órgano o tejido, no será considerado como una forma de inducción o coacción;

h) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley, sin previa autorización de la autoridad competente, conforme a lo que establezca la reglamentación.

VIII — DE LAS PENALIDADES

ARTICULO 28. — Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar:

a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos;

b) El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos, sean o no propios;

c) El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos o materiales anatómicos provenientes de personas o de cadáveres.

ARTICULO 29. — Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o materiales anatómicos de cadáveres.

ARTICULO 30. — Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o materiales anatómicos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 15, con excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente.

ARTICULO 31. — Será reprimido con multa de quinientos a cinco mil pesos ($ 500 a $ 5.000) y/o inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años:

a) El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 20;

b) El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 7º;

c) Quien no diere cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15.

ARTICULO 32. — Será reprimido con multa de cinco mil a cien mil pesos ($ 5.000 a $ 100.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 26, o a las del artículo 8º.

En caso de reincidencia, la inhabilitación será de cinco (5) años a perpetua.

ARTICULO 33. — Cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente Título han percibido sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del valor de lo percibido.

ARTICULO 34. — Cuando los autores de las conductas penadas en el presente Título sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad.

Cuando las dichas conductas se realicen de manera habitual, las penas se incrementarán en un tercio.

IX — DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 35. — Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las siguientes sanciones graduables o acumulables, según la gravedad de cada caso:

a) Apercibimiento;

b) Multas de diez mil a un millón de pesos ($ 10.000 a $ 1.000 000);

c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta cinco (5) años;

d) Clausura temporaria o definitiva, parcial o total, del establecimiento en infracción;

e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el artículo 3º por un lapso de hasta cinco (5) años;

f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la profesión a los médicos y otros profesionales del arte de curar que practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente ley, sin la habilitación de la autoridad sanitaria.

En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá ser definitiva.

ARTICULO 36. — Las sanciones previstas en el artículo anterior serán publicadas, en su texto íntegro y durante dos días seguidos, en dos diarios de circulación en el lugar donde se halle el establecimiento sancionado, a cuyo cargo estará la publicación, consignándose en la misma un detalle de su naturaleza y causas, y los nombres y domicilios de los infractores.

ARTICULO 37. — Las direcciones y administraciones de guías, diarios, canales de televisión, radioemisoras y demás medios que sirvan de publicidad de las actividades mencionadas en esta ley que les den curso sin la autorización correspondiente, serán pasibles de la pena de multa establecida en el artículo 35, inciso b).

ARTICULO 38. — Las sanciones establecidas en el artículo 35 prescribirán a los dos años y la prescripción quedará interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.

ARTICULO 39. — Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la responsabilidad del imputado.

ARTICULO 40. — Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria dicte en virtud de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, podrán interponerse los recursos que en las normas procesales se contemplen o establezcan.

ARTICULO 41. — La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.

ARTICULO 42. — El producto de las multas que por esta ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional, ingresará al Fondo Solidario de Trasplantes.

X — DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI)

ARTICULO 43. — El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), creado por Ley 23.885, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, está facultado para ejecutar el ciento por ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba. Su fiscalización financiera y patrimonial estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, y se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables que le serán elevados trimestralmente.

ARTICULO 44. — Serán funciones del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):

a) Estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de los órganos y materiales anatómicos para la implantación de los mismos en seres humanos —provenientes de cadáveres humanos y entre seres humanos— y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como todo método de tratamiento y selección previa de pacientes que requieran trasplantes de órganos, y las técnicas aplicables a su contralor;

b) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la habilitación de establecimientos en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización de profesionales que practiquen dichos actos, habilitación de bancos de órganos y de materiales anatómicos;

c) Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación y demás normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes afines a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su legislación y acción al cumplimiento de estos fines;

d) Intervenir los organismos jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento de lo establecido por la presente ley;

e) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), normas para la suspensión y/o revocación de una habilitación, cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y garantías de seguridad, eficacia y calidad de funcionamiento, el uso indebido u otras irregularidades que determine la reglamentación;

f) Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar que los establecimientos donde se realizan las actividades comprendidas en la presente ley, se ajusten a ésta y su reglamentación;

g) Proponer, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la intervención por parte de los organismos jurisdiccionales, hasta la resolución definitiva de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente ley con peligro para la salud o la vida de las personas;

h) Realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados con la temática, como labor propia o a solicitud de organismos oficiales o privados, percibiendo los aranceles que a tal efecto fije la reglamentación de la presente ley;

i) Promover la investigación científica, mantener intercambio de información, y realizar publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto;

j) Evaluar publicaciones y documentaciones e intervenir en la autorización de investigaciones que se realicen con recursos propios dirigidas a la tipificación de donantes de órganos, desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos en cirugía experimental, perfusión y conservación de órganos, e investigaciones farmacológicas tendientes a la experimentación y obtención de drogas inmunosupresoras;

k) Determinar si son apropiados los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento y transporte de órganos, de acuerdo a las normas que reglan la materia;

l) Asistir a los organismos provinciales y municipales responsables del poder de policía sanitaria en lo que hace a la materia propia de las misiones y funciones del Instituto, a requerimiento de aquéllos, pudiendo realizar convenios con los mismos y con entidades públicas o privadas con el fin de complementar su acción;

m) Proveer la información relativa a su temática al Ministerio de Salud y Acción Social, para su elaboración y publicación, con destino a los profesionales del arte de curar y las entidades de seguridad social;

n) Coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, así como también la recepción y envío de los mismos a nivel internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:

1) Registro de personas que hubieren manifestado su oposición a la ablación de sus órganos y/o tejidos.

2) Registro de personas que aceptaron la ablación o condicionaren la misma a alguno de sus órganos o a algunos de los fines previstos en la presente ley.

3) Registro de manifestaciones de última voluntad, en las condiciones del artículo 21 en el que conste la identidad de la persona que testimonia y su relación con el causante.

4) Registro de destino de cada uno de los órganos o tejidos ablacionados con la jerarquía propia de los registros confidenciales bajo secreto médico.

(Inciso n) sustituido por art. 11 de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ñ) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizada la lista de espera de receptores potenciales de órganos y materiales anatómicos en el orden nacional, coordinando su acción con organismos regionales o provinciales de similar naturaleza;

o) Entender en las actividades dirigidas al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos y supervisar la correcta determinación del diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción con organismos regionales y provinciales;

p) Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines de contralor y estadísticos;

q) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente ley en el orden nacional. (Inciso q) sustituido por art. 11 de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

r) Proponer normas y prestar asistencia técnica a los organismos pertinentes en la materia de esta ley;

s) Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes.

t) Proponer a la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), las modificaciones o inclusiones que considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por dicho ente;

u) Asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos;

v) Celebrar convenios con entidades privadas para su participación en el sistema;

w) Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de la población respecto de la problemática de los trasplantes;

x) Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la presente ley y su reglamentación.

ARTICULO 45. — El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estará a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y un director, designados por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;

b) El vicepresidente será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);

c) El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con destacada trayectoria en la temática, cuya evaluación estará a cargo de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;

d) Los miembros del directorio durarán CUATRO (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más.

Tendrán dedicación de tiempo completo y no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto, entidad o institución vinculado con el objeto de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 46. — Corresponde al directorio:

a) Dictar su reglamento interno;

b) Aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversiones, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio. En el presupuesto de gastos no se podrá destinar más de un diez por ciento (10 %) para gastos de administración;

c) Asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones;

d) Fijar las retribuciones de los miembros del directorio; designar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto, y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva;

e) Efectuar contrataciones de personal para la realización de labores extraordinarias o especiales que no puedan ser realizadas con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

f) Delegar funciones en el presidente, por tiempo determinado.

ARTICULO 47. — Corresponde al presidente:

a) Representar al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos;

b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que prevalecerá en caso de empate;

c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a representantes de sectores interesados cuando se traten temas específicos de su área de acción;

d) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor;

e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión;

f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste;

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directorio.

ARTICULO 48. — En el ámbito del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) funcionarán dos Consejos Asesores, de carácter honorario, que se conformarán según lo determine la reglamentación de la presente ley:

a) un consejo asesor de pacientes integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas;

b) un consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones científicas, las universidades, otros centros de estudios e investigación y otros organismos regionales o provinciales de naturaleza similar a este instituto, y un representante de cada región sanitaria de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Acción Social al respecto, incluyendo a la provincia de La Pampa dentro de la Región Patagónica, y un representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 49. — Créase el Fondo Solidario de Trasplantes, el que se integrará con los siguientes recursos:

a) La contribución del Estado Nacional, mediante los créditos que le asigne el presupuesto de la Nación;

b) El producto de las multas provenientes de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en la presente ley;

c) El fondo acumulativo que surja de acreditar:

1) (Apartado derogado por art. 1º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

2) (Apartado derogado por art. 1º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

3) (Apartado derogado por art. 1º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

4) El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra.

5) Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado Nacional o de las provincias, de entidades oficiales, particulares o de terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a solventar su funcionamiento.

6) Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los de su presupuesto anual asignado, no utilizados en el ejercicio.

(Ultimo párrafo derogado por art. 2º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

ARTICULO 50.(Artículo derogado por art. 3º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

ARTICULO 51. — Los recursos del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán depositados en una cuenta especial a su orden creada a estos efectos y destinados prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se realicen para tratamiento trasplantológico en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura social, como así también a fomentar la procuración de órganos y materiales anatómicos necesarios a los fines de esta ley.

Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deberán disponer la creación de servicios de trasplantes de órganos en instituciones públicas de adecuada complejidad en sus respectivas áreas programáticas.

(Ultimo párrafo derogado por art. 4º del Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993)

ARTICULO 52. — Los cargos técnicos del personal del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán cubiertos previo concurso abierto de títulos y antecedentes.

XI — DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTIVIDADES DE INSPECCION

ARTICULO 53. — La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma el ejercicio de las actividades previstas por esta ley, podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos.

ARTICULO 54. — Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá adoptar las siguientes medidas preventivas:

a) Si se incurriera en actos u omisiones que constituyeran un daño o peligro para la salud de las personas se procederá a la clausura total o parcial de los establecimientos o servicios en que los mismos ocurrieran, o a ordenar suspender los actos médicos a que refiere esta ley. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor de ciento ochenta (180) días.

b) Clausurar los servicios o establecimientos que funcionen sin la correspondiente autorización.

c) Suspensión de la publicidad en infracción.

ARTICULO 55. — A los efectos de lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la presente ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento de los tribunales federales o provinciales competentes.

XII — DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL

ARTICULO 56. — Toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o materiales anatómicos será de competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En el orden federal se sustanciará por el siguiente procedimiento especial:

a) La demanda deberá estar firmada por el actor y se acompañarán todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la legitimidad del pedido. No será admitido ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del actor será siempre personal, sin perjuicio del patrocinio letrado.

b) Recibida la demanda, el Juez convocará a una audiencia personal la que se celebrará en un plazo no mayor de tres días a contar de la presentación de aquélla.

c) La audiencia será tomada personalmente por el Juez y en ella deberán estar presentes el actor, el Agente Fiscal, el Asesor de Menores en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un asistente social, los que serán designados previamente por el Juez. Se podrá disponer además la presencia de otros peritos, asesores o especialistas que el Juez estime conveniente. La inobservancia de estos requisitos esenciales producirá la nulidad de la audiencia.

d) Del desarrollo de la audiencia se labrará un acta circunstanciada, y en su transcurso el Juez, los peritos, el Agente Fiscal, y el Asesor de Menores en su caso, podrán formular todo tipo de preguntas y requerir las aclaraciones del actor que consideren oportunas y necesarias.

e) Los peritos elevarán su informe al Juez en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste podrá además, en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria que estime conveniente.

f) De todo lo actuado se correrá vista, en forma consecutiva, al Agente Fiscal y al Asesor de Menores, en su caso, quienes deberán elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro (24) horas.

g) El Juez dictará sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite procesal del inciso anterior.

h) En caso de extrema urgencia, debidamente acreditada, el Juez podrá establecer por resolución fundada plazos menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días y horas inhábiles.

i) La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo producirá la nulidad de todo lo actuado.

j) La resolución que recaiga será apelable en relación, con efecto suspensivo. La apelación deberá interponerse de manera fundada en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el Juez elevará la causa al superior en el término de veinticuatro (24) horas de recibida la misma. El tribunal resolverá el recurso en el plazo de tres (3) días.

El Agente Fiscal sólo podrá apelar cuando hubiere dictaminado en sentido contrario a la resolución del Juez.

k) Este trámite estará exento del pago de sellados, tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.

ARTICULO 57. — El incumplimiento del Juez, del Agente Fiscal o del Asesor de Menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior, se considerará falta grave y mal desempeño de sus funciones.

ARTICULO 58. — Invítase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a las de este capítulo.

XIII — DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 59. — El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Hasta tanto, mantendrán su vigencia los decretos 3011/77, 2437/91 y 928/92 y demás normas reglamentarias, en todo lo que no se oponga a la presente ley.

ARTICULO 60. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará la reglamentación que establezca los recaudos para la realización de ablaciones de córneas de los cadáveres depositados en la Morgue Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente ley.

Invítase a las provincias a dictar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a la del presente artículo.

ARTICULO 61. — El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las funciones y facultades que por esta ley se asignan a las autoridades de contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza hasta tanto los mismos sean creados y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse cargo de dichas funciones.

ARTICULO 62. — El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y si así este último lo dispusiere por medio del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), una intensa campaña señalando el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos a efectos de informar a la población el alcance del régimen que por la presente ley se instaura. Autorízase al Ministerio de Salud y Ambiente a celebrar convenios con otras entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales para el mejor cumplimiento de este objetivo.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTICULO 63. — Deróganse las Leyes 21.541 y sus modificatorias 23.464 y 23.885.

ARTICULO 64. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

(Nota Infoleg: El Decreto Nº 773/93 B.O. 26/04/1993 promulgó la presente Ley con algunas observaciones.)

Anexo I

Mercadería P.A.NCE D.I. (%)
Filtro hemodializador 8421.29.600 5
Catéteres 9018.39.900 5
Riñón artificial 9018.90.980 5
Equipo tubular estéril para hemodiálisis 9018.39.900 5
Solución fisiológica (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13
Solución dextrosada (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13
Solución de carbonato de sodio (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13
Solución clorurada hipertónica (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13
Solución glucosada hipertónica (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13
Ciclosporina A (dosificada) 3004.90.970 5
Deltisona B (dosificada) 3004.39.990 13
Azatioprina (dosificada) 3004.90.330 5
Suero antilinfocítico (en ampollas) 3002.10.190 5
Anticuerpos monoclonales (dosificados) 3002.10.219 5
Pitresina (droga pura sin dosificar) 2937.99.900 5
Dopamina (droga pura sin dosificar) 2922.29.900 5
Solución de Beltzer (bolsa de 1000 cm3) 3004.90.999 13

 

Antecedentes Normativos

– Artículo 20 sustituido por art. 7° de la Ley 26.066 B.O. 22/12/2005. Vigencia: a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial;

– Artículo 22 sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.281 B.O. 02/08/2000;

– Artículo 27, inciso b) sustituido por art. 3º de la Ley Nº 25.281 B.O. 02/08/2000.

Ley Nº 23.277.EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGIA

EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGIA

Ley Nº 23.277

Ambito y Autoridad de Aplicación. Condiciones para su ejercicio. Inhabilidades e incompatibilidades. Derechos y obligaciones. Prohibiciones.

Sancionada: Setiembre 27 de 1985.

Promulgada de Hecho: Noviembre 6 de 1985.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

Del ejercicio profesional. Ambito y autoridad de aplicación

ARTICULO 1º — El ejercicio de la psicología, como actividad profesional independiente en la Capital Federal, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quedará sujeta a las disposiciones de la presente ley.

El control del ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula respectiva se realizará por la Secretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación.

ARTICULO 2º — Se considera ejercicio profesional de la psicología, a los efectos de la presente ley, la aplicación y/o indicación de teorías, métodos, recursos, procedimientos y técnicas específicas en:

a) El diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas;

b) La enseñanza y la investigación;

c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designaciones de autoridades públicas, incluso nombramientos judiciales;

d) La emisión, evacuación, expedición, presentación de certificaciones, consultas, asesoramiento, estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes.

ARTICULO 3º — El psicólogo podrá ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas en otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su asistencia profesional.

TITULO II

De las condiciones para el ejercicio de la profesión

ARTICULO 4º — El ejercicio de la profesión de psicólogos sólo se autorizará a aquellas personas que:

1. Posean título habilitante de licenciado en psicología otorgado por universidad nacional, provincial o privada habilitada por el Estado, conforme a la legislación o título equivalente reconocido por las autoridades pertinentes.

2. Posean título otorgado por universidades extranjeras que haya sido revalidado en el país.

3. Tengan título otorgado por universidades extranjeras que en virtud de tratados internacionales en vigencia haya sido habilitado por universidad nacional.

4. También podrán ejercer la profesión:

a) Los extranjeros con título equivalente, que estuviesen en tránsito en el país y fueran oficialmente requeridos en consulta para asuntos de su especialidad. La autorización para el ejercicio profesional será concedida por un período de seis meses, pudiendo prorrogarse.

b) Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación, docencia y asesoramiento. Esta habilitación no autoriza al profesional extranjero para el ejercicio independiente de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido requerido.

ARTICULO 5º — El ejercicio profesional consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre profesional a terceros, sean éstos psicólogos o no.

TITULO III

Inhabilidades e incompatibilidades

ARTICULO 6º — No podrán ejercer la profesión:

1. Los condenados por delitos contra las personas, el honor, la libertad, la salud pública o la fe pública, hasta el transcurso de un tiempo igual al de la condena, que en ningún caso podrá ser menor de dos años.

2. Los que padezcan enfermedades psíquicas graves y/o infecto-contagiosas mientras dure el período de contagio.

TITULO IV

De los derechos y obligaciones

ARTICULO 7º — Los profesionales que ejerzan la psicología podrán:

1. Certificar las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones de diagnósticos referentes a los estados psíquicos de las personas en consulta.

2. Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera.

ARTICULO 8º — Los profesionales que ejerzan la psicología están obligados a:

1. Aconsejar la internación en establecimiento público o privado de aquellas personas que atiendan y que por los trastornos de su conducta signifiquen peligro para sí o para terceros; así como su posterior externación.

2. Proteger a los examinados, asegurándoles que las pruebas y resultados que obtenga se utilizarán de acuerdo a normas éticas y profesionales.

3. Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencias.

4. Guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad profesional sobre aspectos físicos, psicológicos o ideológicos de las personas.

5. Fijar domicilio profesional dentro del territorio de la Capital Federal, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

TITULO V

De las prohibiciones

ARTICULO 9º — Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la psicología:

1. Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier otro medio físico y/o químico destinado al tratamiento de los pacientes.

2. Participar honorarios entre psicólogos o con cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho a presentar honorarios en conjunto por el trabajo realizado en equipo.

3. Anunciar o hacer anunciar actividad profesional como psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos; prometer resultados en la curación o cualquier otro engaño.

ARTÍCULO 10. — Deróganse los artículos 9º y 91 de la norma de facto 17.132, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y cinco.

JUAN C. PUGLIESE EDISON OTERO
Carlos A. Bravo Antonio J. Macris

Registrada bajo el Nº 23.277

LEY 23.661.SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.Creación. Ambito de aplicación. Beneficiarios. Administración del Seguro

SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD

LEY 23.661

Creación. Ambito de aplicación. Beneficiarios. Administración del Seguro. Agentes del Seguro. Financiación. Prestaciones del Seguro. Jurisdicción, infracciones y penalidades. Participación de las Provincias. Disposiciones transitorias.

Sancionada diciembre 29 de 1988.

Promulgada Enero 5 de 1989.

Buenos Aires, 20/01/89

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDO EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

Del ámbito de aplicación

ARTICULO 1º.- Créase el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. El seguro se organizará dentro del marco de una concepción integradora del sector salud donde la autoridad pública afirme su papel de conducción general del sistema y las sociedadas intermedias consoliden su participación en la gestión directa de las acciones, en consonancia con los dictados de una democracia social moderna.

ART. 2º.- El seguro tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva.

Se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten y se regirán por lo establecido en la presente ley, su reglamentación y la ley de Obras Sociales, en lo pertinente.

ART. 3.- El seguro adecuará sus acciones a las políticas que se dicten e instrumenten a través del Ministerio de Salud y Acción Social.

Dichas políticas estarán encaminadas a articular y coordinar los servicios de salud de las obras sociales, de los establecimientos públicos y de los prestadores privados en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país. Se orientarán también a asegurar adecuado control y fiscalización por parte de la comunidad y afianzar los lazos y mecanismos de solidaridad nacional que dan fundamento al desarrollo de un seguro de salud.

ART. 4.- La Secretaría de Salud de la Nación promoverá la descentralización progresiva del seguro en las jurisdicciones provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

A ese efecto, las funciones, atribuciones y facultades que la presente ley otorga a la Secretaría de Salud de la Nación y a la Administración Nacional del Seguro de Salud podrán ser delegadas en las aludidas jurisdicciones mediante la celebración de los convenios correspondientes.

CAPITULO II

De los Beneficiarios

ART. 5.- Quedan incluídos en el seguro:

a) Todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales.

b) Los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que fija la reglamentación y el respectivo régimen legal complementario en lo referente a la inclusión de productores agropecuarios.

c) Las personas que, con residencia permanente en el país, se encuentren sin cobertura médico-asistencial por carecer de tareas remuneradas o beneficios previsionales, en las condiciones y modalidades que fije la reglamentación.

ART. 6.- El personal dependiente de los gobiernos provinciales y sus municipalidades y los jubilados, retirados y pensionados del mismo ámbito no serán incluídos obligatoriamente en el seguro. Sin embargo podrá optarse por su incorporación parcial o total al seguromediante los correspondientes convenios de adhesión.

Los organismos que brinden cobertura asistencial al personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad y el organismo que brinde cobertura asistencial al personal del Poder Legislativo de la nación y/o a los jubilados, retirados y pensionados de dichos ámbitos podrán optar por su incorporación total o parcial al seguro mediante los correspondientes convenios de adhesión.

CAPITULO III

De la Administración del Seguro

ART. 7.- La autoridad de aplicación del seguro será la Secretaría de Salud de la nación. En su ámbito, funcionará la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), como entidad estatal de derecho público con personalidad jurídica y autarquía individual, financiera y administrativa.

En tal carácter está facultada para ejecutar el ciento por ciento (100%) de los ingresos genuinos que perciba.

La fiscalización financiera patrimonial de la Administración Nacional del Seguro de Salud, prevista en la Ley de Contabilidad, se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables, los que serán elevados mensualmente al Tribunal de Cuentas de la Nación.

ART. 8.- Corresponde a los agentes del seguro y a las entidades que adhieran al mismo el cumplimiento de las resoluciones que adopten la Secretaría de Salud de la Nación y la ANSSAL en ejercicio de las funciones, atribuciones y facultades otorgadas por la presente ley.

ART. 9.- La ANSSAL tendrá la competencia que le atribuye la presente ley en lo concerniente a los objetivos del seguro, promoción e integración del desarrollo de las prestaciones de salud y la conducción y supervisión del sistema establecido.

ART. 10.- La ANSSAL estará a cargo de un directorio integrado por un (1) presidente y catorce (14) directores. El presidente tendrá rango de subsecretario y será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Salud y Acción social. Los directores serán siete (7) en representación del Estado Nacional, cuatro (4) en representación de los trabajadores organizados en la Confederación General del Trabajo, uno (1) en representación de los empleadores y uno (1) en representación del Consejo Federal de Salud. Este último tendrá como obligación presentar, como mínimo dos (2) veces al año, un informe sobre la gestión del Seguro y la administración del Fondo Solidario de Redistribución.

Los directores serán designados por la Secretaria de Salud de la nación, en forma directa para los representantes del Estado, a propuesta de la Confederación General del Trabajo los representantes de los trabajadores organizados, el del Consejo Federal de Salud a propuesta del mismo, y a propuesta de las organizaciones que nuclean a los demás sectores, de acuerdo con el procedimiento que determine la reglamentación.

ART. 11.- Los directores durarán dos (2) años en sus funciones, podrán ser nuevamente designados por otros períodos de ley y gozarán de la retribución que fije el Poder ejecutivo Nacional.

Deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades ni incompatibilidades civiles o penales. Serán personal y solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de sus funciones.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, será reemplazado por uno de los directores estatales, según el orden de prelación de su designación.

ART. 12.- Corresponde al presidente:

a) Representar a la ANSSAL en todos sus actos;

b) Ejercer las funciones, facultades y atribuciones y cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley, su reglamentación y disposiciones que la complementen;

c) Convocar y presidir las reuniones del directorio en las que tendrá voz y voto el que prevalecerá en caso de empate;

d) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a un representante de sectores interesados, no representados en el directorio, cuando se traten temas específicos de su área de acción;

e) Convocar y presidir las reuniones del consejo asesor y de la comisión, permanente de concertación, que crea la presente ley;

f) Aplicar apercibimientos y multas de hasta cuatro (4) veces el monto mínimo, según lo establecido en el artículo 43 de la presente ley;

g) intervenir en lo atinente a la estructura orgánica funcional y dotación de personal del organismo;

h) Adoptar todas las medidas que, siendo competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a la consideración en la sesión inmediata;

i) Delegar funciones en otros miembros del directorio o empleados superiores del organismo.

ART. 13.- Corresponde al directorio:

a) Dictar su reglamento interno;

b) Intervenir en la elaboración del presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuenta de inversiones y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio;

c) Designar a los síndicos y fijarles su remuneración;

d) Asignar los recursos del Fondo Solidario de Redistribución dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones;

e) Intervenir en la elaboración y actualización de los instrumentos utilizados para la regulación de efectores y prestadores;

f) Dictar las normas que regulen las distintas modalidades en las relaciones contractuales entre los agentes del seguro y los prestadores;

g) Autorizar inscripciones y cancelaciones en el Registro Nacional de Agentes del Seguro;

h) Aplicar las sanciones previstas en el artículo 43 de la presente ley;

i) Delegar funciones en el presidente por tiempo determinado;

j) Aprobar la estructura orgánica funcional, dictar el estatuto, escalafón y fijar la retribución de los agentes de la ANSSAL;

k) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución.

ART. 14.- En el ámbito de la ANSSAL, funcionará un Consejo Asesor que tendrá por cometido asesorarlo sobre los temas vinculados con la organización y funcionamiento del seguro y proponer iniciativas encuadradas en sus objetivos fundamentales.

Estará integrado por los representes de los agentes del seguro, de las entidades adherentes inscriptas como tales, de las entidades representativas mayoritarias de los prestadores y representantes de las jurisdicciones que hayan celebrado los convenios que establece el artículo 48.

Podrán integrarlo además representantes de sectores interesados, no representados en el directorio de la ANSSAL, a propuesta del propio Consejo Asesor, con el carácter y en las condiciones que determine la reglamentación.

El Consejo Asesor elaborará su reglamento de funcionamiento el que será aprobado por el directorio de la ANSSAL.

Los integrantes del Consejo Asesor no percibirán remuneración por parte de la ANSSAL.

CAPITULO IV

De los Agentes del Seguro

ART. 15.- Las obras sociales comprendidas en la Ley de Obras Sociales serán agentes naturales del seguro, así como aquellas otras obras sociales que adhieran al régimen de la presente ley.

ART. 16.- Las entidades mutuales podrán integrarse al seguro, suscribiendo los correspondientes convenios de adhesión con la Secretaría de Salud de la Nación. En tal caso las mutuales se inscribirán en el Registro Nacional de Agentes del Seguro tienen respecto de sus beneficiarios y del sistema.

ART. 17.- La ANSSAL, llevará un Registro Nacional de agentes del Seguro, en el que inscribirá:

a) A las obras sociales comprendidas en la Ley de Obras Sociales;

b) A las asociaciones de obras sociales;

c) A otras obras sociales que adhieran el régimen de la presente ley;

d) A las entidades mutuales inscriptas en las condiciones del artículo anterior.

Formalizada la inscripción expedirá un certificado que acredita la calidad de agente del seguro.

La inscripción, habilitará el agente para aplicar los recursos destinados a las prestaciones de salud, previstos en la ley de Obras Sociales.

ART. 18.- Los agentes del seguro, cualquiera sea su naturaleza, dependencia y forma de administración, deberán presentar anualmente a la ANSSAL para su aprobación, en el tiempo y forma que establezca la reglamentación;

a) El programa de prestaciones médico-asistenciales para su beneficiarios;

b) El presupuesto de gastos y recursos para la ejecución del mencionado programa.

La ANSSAL resolverá dentro de los treinta (30) días hábiles inmediatos a su presentación la aprobación, observaciones o rechazo de las proposiciones referidas en los inciso precedentes. Transcurrido el plazo antes señalado sin resolución expresa, se considerarán aprobadas las propuestas.

Asimismo deberán enviar para conocimiento y registro de la ANSSAL;

1. La memoria general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior.

2. Copia legalizada de todos los contratos de prestaciones que celebre durante el mismo período.

ART. 19.- La ANSSAL designará síndicos que tendrán por cometido la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios de los agentes del seguro vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Estas sindicaturas serán colegiadas y cada una de ellas podrá abarcar más de un agente del seguro.

Su actuación será rotativa con un máximo de cuatro años de funciones en un mismo agente del seguro.

Los síndicos podrán ser removidos por ANSSAL y percibirán la remuneración que la misma determine, con cargo a su presupuesto.

La ANSSAL establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de la sindicatura.

ART. 20.- Las resoluciones de los órganos de conducción deberán ser notificados a la sindicatura dentro de los cinco (5) días hábiles de producidas. Esta, en igual plazo deberá expedirse y en caso de efectuar observaciones las mismas deberán ser fundadas y podrán ser recurridas ante la ANSSAL de acuerdo al siguiente procedimiento.

1.- En el término de cinco (5) días hábiles subsiguientes a la notificación de la observación, el agente del seguro elevará a la ANSSAL la actuación observada y los fundamentos para su insistencia, sin que ello implique la suspensión de la ejecutoriedad de la resolución cuestionada.

2.- El directorio de la ANSSAL deberá resolver la cuestión planteada dentro de los diez (10) días hábiles de recepcionadas las actuaciones, notificando al agente la decisión adoptada, la que será irrecurrible en sede administrativa.

Vencido el plazo antes mencionado, y no mediando resolución expresa, quedará firme el acto observado.

La sindicatura podrá asistir a las sesiones del órgano conductivo del agente del seguro, con voz pero sin voto, y sus opiniones deberán constar en las respectivas actas.

CAPITULO V

De la financiación

ART. 21.- El Sistema Nacional del Seguro de Salud, para garantizar las prestaciones a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, contará con:

a) La cobertura de prestaciones que tienen que dar a sus beneficiarios las obras Sociales, a la que destinarán como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos en los términos del artículo 5 de la Ley de Obras Sociales, que a tal fin serán administrados y dispuestos por aquéllos.

b) Los aportes que se determinen en el Presupuesto General de la Nación, discriminados por jurisdicción adherida, y los de éstas, con destino a la incorporación de la población sin cobertura y carente de recursos. A tal efecto, y a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, se creará en el ámbito de la Secretaria de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Acción social, una cuenta especial, a través de la cual se recepcionarán las contribuciones del Tesoro nacional con destino al Fondo Solidario de Redistribución, como contrapartida de lo que las jurisdicciones adheridas aporten en igual sentido en sus respectivos ámbitos, dándose apertura a las partidas necesarias en el presupuesto de gastos de dicha Secretaría.

La base de cálculo que deberá tenerse en cuenta en la elaboración del Presupuesto General de la nación para dotar de recursos a la cuenta antes indicada, será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor promedio del ingreso por aportes y contribuciones que, por cada beneficiario obligado, recibieran las obras sociales de las jurisdicciones adheridas durante sus respectivos ejercicios presupuestarios del año inmediato anterior, a valores constantes, multiplicado por la población sin cobertura y carente de recursos que se estime cubrir en sus respectivos ámbitos por período presupuestario. El cincuenta por ciento (50%) que corresponde aportar a las jurisdicciones adheridas se considerará cumplido con lo invertido en sus presupuestos de salud para la atención de carenciados de sus respectivos ámbitos. En dicho presupuesto deberá individualizarse la partida originada para atender a carenciados.

El convenio de adhesión previsto en el artículo 48, siguientes y concordantes establecerá, a su vez, la responsabilidad de las partes y los mecanismos de transferencia;

c) El aporte del Tesoro Nacional que, según las necesidades adicionales de financiación del seguro, determine el Presupuesto General de la Nación;

d) Con las sumas que ingresen al Fondo Solidario de Redistribución.

ART. 22.- En el ámbito de la ANSSAL funcionará, bajo su administración y como cuenta especial, un Fondo Solidario de Redistribución ;que se integrará con los siguientes recursos:

a) El diez por ciento (10%) de la suma de las contribuciones y aportes que preveen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley de Obras Sociales. Para las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios el porcentaje mencionado precedentemente será del quince por ciento (15%) de dicha suma de contribuciones y aportes;

b) El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza a que se refiere la última parte del artículo 16 de la Ley de Obras Sociales;

c) Los reintegros de los préstamos a que se refiere el artículo 24 de la presente ley ;

d) Los montos reintegrados por apoyos financieros que se revoquen con más su actualización e intereses;

e) El producido de las multas que se apliquen en virtud de la presente ley;

f) Las rentas de las inversiones efectuadas con recursos del propio fondo;

g) Los subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que corresponda ingresar al Fondo Solidario de Redistribución;

h) Los aportes que se establezcan en el Presupuesto General de la Nación, según lo indicado en los incisos b) y c) del artículo 21 de la presente ley;

i) Con el cinco por ciento (5%) de los ingresos que por todo concepto, perciba el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;

j) Los aportes que se convengan con las obras sociales de las jurisdicciones, con las asociaciones mutuales o de otra naturaleza que adhieran al sistema;

k) Los saldos del Fondo de Redistribución creado por el artículo 13 de la ley 22.269, así como los créditos e importes adeudados al mismo.

ART. 23.- La recaudación y fiscalización de los aportes, contribuciones y recursos de otra naturaleza destinados al Fondo Solidario de Redistribución lo hará la ANSSAL directamente o a través de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, conforme a lo que determine la reglamentación, sin perjuicio de la intervención de organismos provinciales o municipales que correspondieren.

En caso de que la recaudación se hiciere por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, la ANSSAL podrá controlar y fiscalizar directamente a los obligados el cumplimiento del pago con el Fondo Solidario de Redistribución.

ART. 24.- Los recursos del Fondo Solidario de Redistribución serán destinados por la ANSSAL;

a) Los establecidos en el inciso b) del artículo 21 de la presente ley, para brindar apoyo financiero a las jurisdicciones adheridas, con destino a la incorporación de las personas sin cobertura y carentes de recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 inciso b) de la presente ley;

b) Los demás recursos:

1.- Para atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la ANSSAL con un límite de hasta el cinco por ciento (5%) que podrá ser elevado hasta el seis por ciento (6%) por decreto del Poder Ejecutivo, en cada período presupuestario, a propuesta fundada del directorio de la ANSSAL.

2.- Para su distribución automática entre los agentes en un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%), deducidos los recursos correspondientes a los gastos administrativos y de funcionamiento de la ANSSAL, con el fin de subsidiar a aquéllos que, por todo concepto, perciban menores ingresos promedio por beneficiario obligado, con el propósito de equiparar niveles de cobertura obligatoria, según la reglamentación que establezca la ANSSAL.

3.- Para apoyar financieramente a los agentes del seguro, en calidad de préstamos, subvenciones y subsidios, de conformidad con las normas que la ANSSAL dicte al efecto.

4.- Para la financiación de planes y programas de salud destinados a beneficiarios del seguro.

5.- Los excedentes del fondo correspondiente a cada ejercicio serán distribuidos entre los agentes del seguro, en proporción a los montos con que hubieran contribuido durante el mismo período, en las condiciones que dicte la ANSSAL y exclusivamente para ser aplicados al presupuesto de prestaciones de salud.

CAPITULO VI

De las prestaciones del seguro

ART. 25.- Las prestaciones del seguro serán otorgadas de acuerdo con las políticas nacionales de salud, las que asegurarán la plena utilización de los servicios y capacidad instalada existente y estarán basadas en la estrategia de la atención primaria de la salud y descentralización operativa, promoviendo la libre elección de los prestadores por parte de los beneficiarios, donde ello fuere posible.

ART. 26.- Los agentes del seguro mantendrán y podrán desarrollar los servicios propios existentes en la actualidad. Para desarrollar mayor capacidad instalada deberán adecuarse a las normativas que la ANSSAL y la Secretaría de Salud de la Nación establezcan.

Asimismo articularán sus programas de prestaciones médico asistenciales con otras entidades del seguro, procurando su efectiva integración en las acciones de salud con las autoridades sanitarias que correspondan. En tal sentido, los servicios propios de los agentes del seguro estarán disponibles para los demás beneficiarios del sistema, de acuerdo con las normas generales que al respecto establezca la Secretaría de Salud de la nación o el directorio de la ANSSAL, y las particulares de los respectivos convenios.

ART. 27.- Las prestaciones de salud serán otorgadas por los agentes del seguro según las modalidades operativas de contratación y pago que normatice la ANSSAL de conformidad a lo establecido en los artículos 13, inciso f) y 35 de esta ley, las que deberán asegurar a sus beneficiarios servicios accesibles, suficientes y oportunos.

ART. 28.- Los agentes del seguro deberán desarrollar un programa de prestaciones de salud, a cuyo efecto la ANSSAL establecerá y actualizará periódicamente, de acuerdo a lo normado por la Secretaría de Salud de la nación, las prestaciones que deberán otorgarse obligatoriamente, dentro de las cuales deberán incluirse todas aquéllas que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas. Asimismo, deberán asegurar la cobertura de medicamentos que las aludidas prestaciones requieran.

ART. 29.- La ANSSAL llevará un Registro Nacional de Prestadores que contraten con los agentes del seguro, que será descentralizado progresivamente por jurisdicción, a cuyo efecto la ANSSAL convendrá la delegación de sus atribuciones en los organismos que correspondan. La inscripción en dicho registro será requisito indispensable para que los prestadores puedan celebrar contrato con los agentes del seguro.

Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores:

a) Las personas físicas, individualmente o asociada con otras:

b) Los establecimientos y organismos asistenciales públicos y privados;

c) Las obras sociales, agentes del seguro, cooperativas o mutualidades que posean establecimientos asistenciales;

d) Las asociaciones que representen a profesionales de la salud o a establecimientos asistenciales que contraten servicios en nombre de sus miembros;

e) Las entidades y asociaciones privadas que dispongan de recursos humanos y físicos y sean prestadores directos de servicios médico asistenciales.

Cada prestador individual, sea persona física, establecimiento o asociación, no podrá figurar más de una vez en el Registro.

No podrán inscribirse en el Registro ni recibir pago por prestaciones otorgadas al seguro, las personas o entidades que ofrezcan servicios a cargo de terceros.

ART. 30.- Los hospitales y demás centros asistenciales dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se incorporarán al seguro en calidad de prestadores, en las condiciones que determina la reglamentación.

ART. 31.- La Secretaría de Salud de la Nación establecerá las definiciones y normas de acreditación y categorización para profesionales y establecimientos asistenciales sobre cuya base la ANSSAL fijará los requisitos a cumplir por parte de las personas o entidades que se inscriban en el Registro Nacional de Prestadores.

La aplicación de dichas normas así como su adaptación a las realidades locales, serán convenidas por la Secretaría de Salud de la nación con las jurisdicciones adheridas.

ART. 32.- La inscripción en el Registro Nacional de Prestadores implicará para los prestadores la obligación de respetar las normas y valores retributivos que rijan las contrataciones con los agentes del seguro, mantener la prestación del Servicio en las modalidades convenidas durante el lapso de inscripción y por un tiempo adicional de sesenta (60) días corridos y ajustarse a las normas que en ejercicio de sus facultades, derechos y atribuciones establezca la ANSSAL.

ART. 33.- Las prestaciones de salud garantizadas por la presente ley, que sean comprometidas por los prestadores de servicio durante el lapso y según las modalidades convenidas con los agentes del Seguro, se consideran servicio de asistencia social de interés público.

La interrupción de las prestaciones convenidas -sin causa justificada- se considerará infracción en los términos del inciso b) del artículo 42 de la presente ley.

ART. 34.- La Secretaría de Salud de la Nación aprobará las modalidades, los nomencladores y valores retributivos para la contratación de las prestaciones de salud, los que serán elaborados por la ANSSAL.

ART. 35.- A los fines dispuestos precedentemente, funcionará en el ámbito de la ANSSAL la Comisión Permanente de Concertación, que será presidida por uno de sus directores e integrada por representantes de los agentes del seguro y de las entidades representativas mayoritarias de los prestadores en el ámbito nacional o provincial, cuyo número y proporción fijará el directorio de la ANSSAL.

La Comisión Permanente de Concertación participará en la elaboración de las normas y procedimientos a que se ajustará la prestación de servicios y las modalidades y valores retributivos.

La ANSSAL dictará el reglamento de funcionamiento de la citada comisión, el que preverá la constitución ;de subcomisiones y la participación de la autoridad sanitaria correspondiente.

En los casos que la Comisión Permanente de Concertación deba considerar aspectos relativos a distintas ramas profesionales y actividades de atención de la salud podrá integrar, con voz pero sin voto, al correspondiente representante para el tratamiento del tema.

La Comisión Permanente de Concertación funcionará como paritaria periódica a los efectos de la actualización de los valores retributivos.

Cuando no se obtengan acuerdos el presidente de la ANSSAL actuará como instancia de conciliación y si subsistiera la diferencia laudará el ministro de Salud y Acción Social.

ART. 36.- La política en materia de medicamentos será implementada por el Ministerio de Salud y Acción Social de acuerdo con las atribuciones que al efecto determina la legislación vigente.

ART. 37.- Las normas referidas al régimen de prestaciones de salud del seguro serán de aplicación para las entidades mutuales que adhieran al régimen de la presente ley.

CAPITULO VII

De la jurisdicción, infracciones y penalidades

ART. 38.- La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la Ley de Obras Sociales.

ART. 39.- La ANSSAL y los agentes del seguro estarán exentos del pago de tasas y contribuciones nacionales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo nacional gestionará una exención similar de los gobiernos provinciales.

ART. 40.- A instancia de la ANSSAL, previo traslado por diez (10) días hábiles al agente del seguro cuestionado, la Secretaría de Salud de la nación podrá requerir al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de la entidad cuando se produzcan en ella acciones u omisiones que por su carácter o magnitud impidan o alteren su funcionamiento en cuanto a las prescripciones de la presente ley. Al mismo tiempo la ANSSAL deberá disponer los mecanismos sumarios que permitan la continuidad y normalización de las prestaciones de salud.

ART. 41.- Será reprimido con prisión de un mes a seis años el obligado que dentro de los quince (15) días corridos de intimado formalmente no depositare los importes previstos en los incisos b), d) y e) del artículo 19 de la Ley de Obras Sociales, destinados al Fondo Solidario de Redistribución.

Cuando se tratare de personas jurídicas, sociedades, asociaciones y otras entidades de derecho privado, fallidos o incapaces, la pena corresponderá a los directores, gerentes o representantes responsables de la omisión.

Los órganos de recaudación establecidos en la presente ley y los agentes del seguro deberán formular la denuncia correspondiente o asumir el carácter de parte querellante en las causas penales que se sustancien con motivo de lo dispuesto en este artículo.

La justicia federal será competente para conocer sobre los delitos previstos en el presente artículo.

ART. 42.- Se considera infracción:

a) La violación de las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, las normas que establezcan la Secretaría de Salud de la Nación, la ANSSAL y las contenidas en los estatutos de los agentes del seguro;

b) La violación por parte de los prestadores de las condiciones contenidas en las contrataciones de los servicios;

c) La negativa de un ataque del seguro a proporcionar la documentación informativa y demás elementos de juicio que la ANSSAL o los síndicos requieran en el ejercicio de sus funciones, derechos y atribuciones;

d) El incumplimiento de las directivas impartidas por las autoridades de aplicación;

e) La no presentación en tiempo y forma de los programas, presupuestos, balances y memorias generales y copia de los contratos celebrados, a que hace referencia el artículo 18 de la presente ley.

ART. 43.- Las infracciones previstas en el artículo anterior acarrearán las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multa desde una (1) vez el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para Trabajadores en relación de dependencia, vigente al momento de hacerse efectiva la multa, y hasta cien (100) veces, dicho monto.

La multa se aplicará por cada incumplimiento comprobado a los agentes del seguro;

c) Suspensión de hasta un año a cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores.

Para la aplicación de cada una de las sanciones y su graduación se tendrán en cuenta la gravedad y reiteración de las infracciones.

ART. 44.- El juzgamiento de las infracciones previstas en el artículo anterior se hará conforme al procedimiento que establezca la ANSSAL que deberá asegurar el derecho de defensa y el debido proceso.

La suspensión o cancelación de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores que se menciona en el artículo anterior tendrá efecto para todos los agentes del seguro.

ART. 45.- Sólo serán recurridas las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 43 de la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas, fehacientemente y en domicilio legal del agente del seguro o del prestador.

Será irrecurrible la sanción de multa que no exceda de cuatro (4) veces el monto mínimo fijado en el inciso b) de dicho artículo.

Será competente para conocer el recurso la Cámara Federal que corresponda de acuerdo con el domicilio del recurrente.

El recurso se deducirá ante la Secretaría de Salud de la Nación con la expresión de su fundamento. Interpuesto el recurso las actuaciones se elevarán inmediatamente al tribunal correspondiente, pudiendo en el mismo acto, la Secretaría de Salud de la Nación, contestar los agravios del recurrente.

ART. 46.- La ANSSAL podrá delegar en las jurisdicciones que hayan adherido al seguro la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas en el artículo 42 de la presente ley y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique.

ART. 47.- El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualización adeudados al Fondo Solidario de Redistribución y de las multas establecidas por la presente ley, se hará por la vía de ejecución fiscal prevista en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por el presidente de la ANSSAL. Las acciones para el cobro de los créditos indicados en el párrafo anterior, prescribirán a los diez (10) años.

CAPITULO VIII

De la participación de las Provincias

ART. 48.- Las jurisdicciones que adhieran al Sistema administrarán el seguro dentro de su ámbito, a cuyo efecto celebrarán los respectivos convenios con la Secretaría de Salud de la Nación.

La adhesión de las distintas jurisdicciones implicará la articulación de sus planes y programas con lo que la autoridad de aplicación establezca, y el cumplimiento de las normas técnicas y administrativas del seguro, sin perjuicio de la adecuación que se requiera para su utilización local.

ART. 49.- La adhesión al Sistema Nacional del Seguro de Salud implicará para las distintas jurisdicciones:

a) incorporar en su ámbito, en las condiciones que se hayan determinado según lo previsto en el inciso b) del artículo 5 de la presente ley, a los trabajadores autónomos del régimen nacional con residencia permanente en la jurisdicción que no sean beneficiarios de otros agentes del seguro, y a los pertenecientes a los regímenes de su respectivo ámbito, si los hubiere;

b) Incorporar en su ámbito a las personas indicadas en el inciso c) del artículo 5 de la presente ley, a cuyo efecto recibirán apoyo financiero del Tesoro nacional a través del Fondo Solidario de Redistribución por un monto igual al que la provincia aporte a esta finalidad.

Este apoyo financiero se hará efectivo con los recursos de la cuenta especial a que hace referencia el inciso b) del artículo 21 de la presente ley, en forma mensual, en función de la población que se estime cubrir y con sujeción a las demás condiciones que se establezcan en los respectivos convenios;

c) Administrar sobre la base de las normas generales del sistema, el Registro de Prestadores para la provincia, a cuyo fin establecerá las normas particulares y complementarias que resulten menester.

d) Aplicar en su ámbito las normas de acreditación y categorización para profesionales y establecimientos de salud que serán requisito para la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores;

e) Participar en el Fondo Solidario de Redistribución a través del organismo que se determine, efectuando las contribuciones previstas en al inciso j) del artículo 22 de la presente ley y recibiendo los apoyos financieros referidos en el artículo 24 de esta ley;

f) Establecer y coordinar dentro de su ámbito una subcomisión de la Comisión Permanente de Concertación sujeta a la aprobación de ésta, con representantes de los agentes del seguro y de los prestadores propuestos por sus organizaciones representativas mayoritarias

g) Suministrar la información que le sea requerida por la ANSSAL en relación con la administración y desarrollo en su ámbito del Sistema Nacional del Seguro de Salud;

h) Ejercer las demás facultades, atribuciones a funciones que se le deleguen según el convenio de adhesión y cumplir con las obligaciones que le imponga el mismo.

ART. 50.- Las jurisdicciones que asuman la administración del Sistema Nacional del Seguro de Salud en su respectivo ámbito determinarán el organismo a cuyo cargo estarán dichas funciones.

CAPITULO IX

Disposiciones transitorias

ART. 51.- Las autoridades de la ANSSAL asumirán sus funciones en un plazo máximo e improrrogable de noventa (90) días corridos a partir de la promulgación de la presente ley, lapso dentro del cual el Poder Ejecutivo reglamentará el artículo 10. Mientras tanto, las funciones y atribuciones previstas para la ANSSAL serán asumidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).

ART. 52.- Los directores que a partir de la sanción de esta ley sean designados para integrar el directorio de la ANSSAL cesarán automáticamente el día 10 de diciembre de 1989. Podrán ser designados nuevamente por el plazo y en las demás condiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente.

ART. 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.- Juan Carlos Pugliese.- Victor H. Martínez.- Carlos A. Bravo.- Antonio J. Macris.

Decreto Nº 16/89

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación Nº 23661, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.- Alfonsín.- José H. Jaunarena.

LEY 4534 (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARTE DE CURAR.Con las modificaciones introducidas por las Leyes 5755, 6137 y 10606 y el Decreto 6473/44.

LEY 4534 (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

 

FUENTE: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-4534.html

 

Con las modificaciones introducidas por las Leyes 5755, 6137 y 10606 y el Decreto 6473/44.

 

NOTA: Ver Ley 6598 (ref. exceptúa de las disposiciones del art 19 de la presente a las sociedades mutualistas y organizaciones sindicales o gremiales en cuanto a las instalaciones de farmacias.

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

CAPITULO I

 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARTE DE CURAR.

 

ARTÍCULO 1°: El ejercicio de la medicina, farmacia, odontología, bioquímica, obstetricia, veterinaria, bacteriología y demás ramas del arte de curar, queda sujeto a lo que percibe la presente ley a los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, con intervención de la Dirección General de Higiene, a quien corresponde velar por su cumplimiento.

ARTÍCULO 2°: Para el ejercicio de cada una de las profesiones a que hace referencia el artículo anterior, es requisito indispensable: título habilitante expedido o autorizado por Universidad Nacional o provinciales o escuelas oficiales de la Nación o de la Provincia, inscripto en la Dirección General de Higiene, previa identificación personal, registro de la firma y fijación del domicilio en que se ejercerá.

            Las profesiones conexas, no sujetas aún al requisito del diploma oficial, deben ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo con intervención de la Dirección General de Higiene, a cuyo cargo queda, en las ramas que creyese conveniente, y mientras no la establezcan las universidades nacionales, la creación de escuelas especiales obligatorias, que expedirán certificados para autorizar su ejercicio.

CAPITULO II

 

DE LOS MÉDICOS (DOCTORES EN MEDICINA)

ARTÍCULO 3°:  Los doctores en medicina que llenen los requisitos del artículo 2° de la presente ley, quedan obligados a:

a) Prescribir, en castellano, en formularios impresos con su nombre, profesión y domicilio. Las fórmulas serán firmadas y fechadas e indicarán el uso.

b) Extender los certificados de defunción, de los pacientes fallecidos bajo su asistencia, en formularios que proveerá la Dirección General de Higiene, debiendo expresar la causa de la muerte y demás datos de identificación y estadísticos que le sean requeridos.

c) Denunciar las enfermedades infecto-contagiosas que signifiquen un peligro para la salud pública y clasificadas como tales, de acuerdo a las disposiciones que dicte al respecto la Dirección General de Higiene.

ARTÍCULO 4°:  Declárese incompatible el ejercicio simultáneo de la farmacia y la medicina. Los médicos que preparen especialidades medicinales y aquellos  que sean propietarios o accionistas de establecimientos e institutos que elaboren o expendan productos de esa naturaleza u otros agentes terapéuticos, no podrán ejercer su profesión.

ARTÍCULO 5°:  Queda prohibido a los que ejerzan la medicina, asociarse, para la asistencia de enfermos, con personas que no estén legalmente autorizadas para hacerlo, sea por carecer de título habilitante, sea por haber sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por infracción a la presente ley.

ARTÍCULO 6°:  Ejerce ilegalmente la profesión de médico, aquel que, sin llenar los requisitos del artículo 2° de la presente ley, anunciarse, prescribiese, administrase o aplicase habitualmente medicamentos, drogas, lentes para anteojos, aparatos correctivos o curativos, hierbas, aguas, o cualquier  medio, método o agente destinado al tratamiento de enfermedades o a la conservación de la salud, aún a título gratuito; así como el examen de enfermos, la ejecución de curaciones u operaciones quirúrgicas, el desempeño de puestos públicos de carácter técnico o la presentación de informes periciales de esta índole.

ARTÍCULO 7°:  El texto de los anuncios profesionales, de los médicos, sanatorios o institutos de asistencia pública, debe ser previamente autorizado por la Dirección General de Higiene. Será considerado acto de ejercicio ilegal por los profesionales, la prestación del título o consultorio, el uso de título falso o que no haya sido obtenido, rivalidando o autorizado en universidad del país; el anuncio o promesa de curación de cualquier enfermedad en un plazo determinado; el anuncio de agentes terapéuticos de efecto infalible o de procedimientos secretos o misteriosos, la expedición de certificados por los que se exalten o elogien las propiedades o virtudes de medicamentos o agentes terapéuticos, la publicación de falsos éxitos, de estadísticas o hechos inexactos, o de cualquier otro engaño.

ARTÍCULO 8°:  Prohíbese la partición clandestina de honorarios entre profesionales  que ejerzan la medicina y demás ramas del arte de curar así como también cualquier remuneración que, con igual carácter, perciban de droguerías, farmacias, casas de ópticas, casas de ortopedia u otros establecimientos semejantes.

ARTÍCULO 9°:  El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias relativas al funcionamiento de las casas de sanidad y sociedades de asistencia médica de cualquier carácter que fuesen, en forma que asegure dentro de ellas el cumplimiento de las prescripciones legales sobre el ejercicio de las profesiones a que se refiere esta ley y la regularidad de los servicios que prestan dentro de las diversas especialidades profesionales.

ARTÍCULO 10°: El Colegio de Médicos de la Provincia asesorará a la Dirección General de Higiene en las cuestiones relacionadas con la moral y ética profesional. A este solo efecto, se le asigna personería permanente.

ARTÍCULO 11°: Las infracciones al presente capítulo y a su reglamentación no calificadas por el Código Penal, serán castigadas de acuerdo con la naturaleza, gravedad o reincidencia en el hecho; con apercibimiento, multa de doscientos a dos mil pesos moneda nacional ($200 a 2.000 m/n), suspensión temporaria o inhabilitación en el ejercicio profesional. La pena será publicada en dos diarios o periódicos del domicilio del infractor, durante diez días, por cuenta del mismo.

            Las sanciones serán aplicadas por la Dirección General de Higiene. El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento más eficaz para hacer efectivas dichas sanciones.

ARTÍCULO 12°: La Dirección General de Higiene recibirá las denuncias de los directamente damnificados o de cualquier otra persona o asociación que vele por los prestigios profesionales, en especial, del Colegio de Médicos de la Provincia, disponiendo, dentro de las 24 horas de su recepción, la instrucción del correspondiente sumario.

ARTÍCULO 13°:  El sumario estará a cargo de un inspector sumariante, profesional, designado por la Dirección General de Higiene, que podrá actuar con la cooperación de la policía, que, en estos casos y mientras dure la instrucción, acatará y realizará todas las diligencias que el instructor considere necesarias para la mejor constatación de los hechos. La instrucción del sumario no podrá prolongarse por más de ocho días.

ARTÍCULO 14°: Terminada la instrucción, el sumario será elevado a resolución de la Dirección General de Higiene, la que, después de oír al acusado, deberá dictaminar de acuerdo con las constancias acumuladas, dentro de los diez días subsiguientes. De la resolución del Director de Higiene podrá recurrirse, en última instancia, ante el Juez del Crimen en turno del Departamento Judicial, en cuya jurisdicción se hubiesen cometido los hechos, previo depósito de la multa.

CAPITULO III

 

DEL EJERCICIO DE LA FARMACIA

ARTÍCULO 15°:  Sólo podrán ejercer la profesión de farmacéutico los que se encuentren en las condiciones especificadas en el artículo 2° de esta ley.

ARTÍCULO 16°:  Derogado por ley 10.606

ARTÍCULO 17°:  Derogado por ley 10.606

ARTÍCULO 18°:  Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 19°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 20°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 21°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 22°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 23°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 24°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 25°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 26°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 27°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 28°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 29°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 30°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 31°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 32°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 33°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 34°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 35°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 36°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 37°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 38°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 39°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 40°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 41°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 42°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 43°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 44°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 45°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 46°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 47°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 48°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 49°: Derogado por ley 10.606

 

ARTÍCULO 50°: Derogado por ley 10.606

ARTÍCULO 51°: Derogado por ley 10.606

ARTÍCULO 52°: Derogado por ley 10.606

CAPITULO IV

 

DEL EJERCICIO DE LA ODONTOLOGÍA

 

ARTÍCULO 53°: Solo podrán ejercer la odontología, aquellos que hubieran obtenido el título de “dentistas” o “doctores en odontología” y llenen los requisitos del art. 2° de la presente ley.

ARTÍCULO 54°: Ejerce ilegalmente la profesión de dentista o doctor en odontología, aquel que sin llenar los requisitos del artículo 53 de la presente ley, anunciase, prescribiese, administrase o aplicase habitualmente medicamentos y drogas, aparatos restauradores, correctores o reguladores de los dientes (Ortodoncia), aguas, electricidad, o cualquier medio, método o agente, destinados al tratamiento de las enfermedades de la especialidad, aún a título gratuito; así como el examen de enfermos, la ejecución de curaciones u operaciones quirúrgicas, administración de anestesia local o general de corta duración, el desempeño de puestos públicos de carácter técnico o la presentación de informes periciales de esta índole.

ARTÍCULO 55°: Declárese incompatible el ejercicio simultáneo de la farmacia y la odontología, así como la asociación entre farmacéuticos y dentistas.

ARTÍCULO 56°:  El texto de los anuncios profesionales de los dentistas o doctores en odontología, y consultorios o clínicas dentales, debe ser previamente autorizado por la Dirección General de Higiene. Será considerado acto de ejercicio ilegal por los profesionales, la prestación de título o consultorio, el uso de título falso o que no haya sido obtenido revalidado o autorizado en Universidad del país; el anuncio o promesa de curación de cualquier enfermedad en un plazo determinado; el anuncio de agentes terapéuticos de efectos infalibles o de procedimientos secretos o misteriosos, la expedición de certificados por los que exalten o elogien las propiedades o virtudes de medicamentos o agentes terapéuticos, la publicación de falsos éxitos, de estadísticas o hechos inexactos, o de cualquier otro engaño.

ARTÍCULO 57°:  Queda prohibido a los que ejerzan la odontología, asociarse para asistencia de enfermos con personas que no estén legalmente autorizadas para hacerlo, sea por carecer de título habilitante, sea por haber sido suspendidas en el ejercicio profesional por infracción a la presente ley.

ARTÍCULO 58°: Los consultorios atendidos por dos o más dentistas, deberán hacer figurar el nombre, título y hora de atención de cada uno de los profesionales del mismo, en la chapa anunciadora exterior.

ARTÍCULO 59°:  Los establecimientos de asistencia odontológica, las clínicas dentales escolares y de los hospitales, sean oficiales o particulares, estarán bajo la dirección de un profesional, debiendo su funcionamiento ser autorizado por la Dirección General de Higiene.

ARTÍCULO 60°:  Derogado por ley 6137.

ARTÍCULO 61°:  Derogado por ley 6137.

ARTÍCULO 62°:  Las infracciones al presente capítulo y a su reglamentación, no penadas por el Código Penal, serán castigadas de acuerdo con la naturaleza, gravedad o reincidencia en el hecho: con apercibimiento, multa de doscientos a dos mil pesos moneda nacional ($200 a 2.000 m/n), suspensión temporaria o inhabilitación en el ejercicio profesional.

            La pena será publicada en dos diarios o periódicos del domicilio del infractor, durante diez días, por cuenta del mismo. Las sanciones serán aplicadas por la Dirección General de Higiene. El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento más eficaz para hacer efectivas dichas sanciones.

ARTÍCULO 63°:  Creada que sea la Asociación o Colegio Odontológico de la Provincia de Buenos Aires, ésta asesorará a la Dirección General de Higiene en las cuestiones relacionadas con la moral y ética profesional).

CAPITULO V

(Ver Ley 11745 Ejercicio Profesional de Obstétrica)

 

DEL EJERCICIO DE LA OBSTETRICIA

ARTÍCULO 64°:  Solo podrán ejercer la obstetricia las parteras que se encuentran en las condiciones especificadas en el artículo 2° de la presente ley.

ARTÍCULO 65°:  Las parteras diplomadas deberán ostentar como anuncio indispensable y obligatorio en el frente de la causa, una chapa uniforme de acuerdo con el modelo autorizado por la Dirección General de Higiene, con las siguientes inscripciones: Partera… Matrícula número …, Sello de la dirección General de Higiene.

            No se podrá ejercer sin este requisito en consultorios, casas de maternidad, particulares o en público.

ARTÍCULO 66°:  El texto de los anuncios profesionales de las parteras y casa de maternidad deben ser previamente autorizados por la Dirección General de Higiene.

ARTÍCULO 67°:  Corresponde a las parteras prestar asistencia a la mujer en estado de embarazo, parto y puerperio normales, quedando obligadas a instilar en las conjuntivas de ambos ojos de cada recién nacido una gota de solución de nitrato de plata al dos (2) por ciento para prevenir la ceguera. La constatación de cualquier anormalidad las obliga a requerir asistencia médica. En dicho caso, sólo podrá continuar con su asistencia bajo la dirección del facultativo.

ARTÍCULO 68°:  Las parteras que infrinjan las disposiciones del artículo anterior, sufrirán multa de cien a trescientos pesos moneda nacional ($100 a 300 m/n), sin perjuicio de la responsabilidad penal.

ARTÍCULO 69°:  Las salas de maternidad de hospitales, sanatorios, internados y salas de primeros auxilios contarán con la profesional que establece el artículo 64 de esta ley.

ARTÍCULO 70°:  Prohíbese a las parteras:

a) Interrumpir la gestación por cualquier razón, provocando el aborto.

b) Practicar la extracción digital o instrumental del huevo.

c) Reducir el útero retroverso o prolapsado.

d) Aplicar pesarios en útero vacío u ocupado.

e) Corregir prestaciones desviadas.

f) Hacer versiones por maniobras internas o mixtas, tanto en feto vivo como muerto, cualquiera que fuera el estado de la madre.

g) Efectuar alumbramientos artificiales, cuando deba introducirse la mano en la cavidad uterina, para extraer todo o parte de los anexos retenidos, pudiendo hacerlo únicamente cuando la vida de la enferma corra peligro y el recurso médico tarde en llegar.

h) Reducir manual o instrumentalmente el cordón prolapsado pulsátil, pudiendo hacerlo únicamente cuando no haya posibilidad de hallar un médico.

i) Hacer la tentativa de dilatación del cuello, aún con el fin de facilitar el parto.

j) Practicar en cualquier caso el raspaje del útero.

k) Reducir el útero invertido.

l) Practicar irrigaciones intrauterinas ni por prescripción médica.

m) Cortar el frenillo lingual.

n) Practicar inyecciones sin prescripción médica y aplicar inyecciones mediante las cuales se pretenda acelerar el parto. Sin perjuicio de la acción criminal que corresponda, toda infracción a este artículo será penada con multa de cien a mil pesos moneda nacional ($100 a 1.000 m/n).

ARTÍCULO 71°:  Las casas de parteras en que se reciban pensionistas serán consideradas como casas de sanidad y como tales sujetas a la inspección de  la Dirección General de Higiene.

Las parteras que reciban pensionistas para ser asistidas sin conocimiento de la Dirección General de Higiene serán penadas con multa de cien a doscientos pesos moneda nacional ($100 a 200 m/n).

CAPITULO VI

 

DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA.

ARTÍCULO 72°:  (Texto según Decreto 6473/44) Sólo podrán  ejercer la medicina veterinaria aquellos que hubieren obtenido el título de veterinario o doctor en medicina veterinaria y reúna los requisitos del artículo 2° de la presente ley. Los infractores del presente artículo serán penados con multa de cien pesos moneda nacional ($ 100 %) a mil pesos moneda nacional ($ 1000 %), o arresto equivalente a un (1) día por cada diez pesos moneda nacional ($ 10 %) de multa no satisfecha.

ARTÍCULO 73°:  Considérase ejercicio de la medicina veterinaria:

a) El tratamiento y curación de los animales.

b) La aplicación de vacunas, sueros y líquidos diagnósticos a los mismos con las excepciones del artículo 76.

c) La presentación de peritaje sobre el estado de animales domésticos, productos y subproductos derivados de la ganadería, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley número 3.960 y decreto reglamentario número 203.

d) El desempeño de cargos públicos para los que se requieran conocimientos de materias dictadas en los cursos de la Facultad de Veterinaria.

e) Hacer peritajes sobre haciendas y productos pecuarios ordenados por cualquiera de las reparticiones públicas.

f) La expedición de todo certificado de sanidad de productos y subproductos ganaderos.

g) La fiscalización sanitaria de los alimentos de origen animal; la policía sanitaria de los animales; el contralor del comercio de carnes; el estudio permanente de las afecciones patológicas que afectan la salud de los animales; las preparaciones bacteriológicas para ser aplicadas en el hombre o en los animales; el estudio del valor sanitario de los alimentos de origen animal destinados al consumo público como también la tutela y protección de las industrias animales.

ARTÍCULO 74°:  Los médicos y veterinarios podrán regentear y tener la dirección técnica de laboratorios biológicos donde se preparen tuberculinas, sueros, vacunas, productos opoterápicos u otros similares o se efectúan análisis y reacciones biológicos, con expedición de los certificados respectivos respectivos, destinados a la medicina humana o veterinaria y la dirección técnica de laboratorios donde se preparen sarnífugos, parasiticidas, desinfectantes, materiales de curación e implementos de medicina veterinaria.

ARTÍCULO 75°:  Los peritajes y tasaciones de hacienda y productos derivados en los casos en que por las leyes deberán efectuarse en juicio, serán hechas por médicos veterinarios, solamente en los casos de disconformidad de las partes a que se refiere el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 76°:  La aplicación de sueros, vacunas y líquidos reveladores, podrán ser efectuada por cualquier persona en los animales de su propiedad, pero no en los ajenos, sin autorización expresa de la Dirección General de Higiene.

ARTÍCULO 77°:  Las farmacias no podrán despachar recetas destinadas a uso veterinario, sin la firma de un profesional de los citados en el artículo 72. A este efecto, la Dirección General de Higiene, publicará periódicamente la nómina de los médicos veterinarios en ejercicio y la hará llegar a las farmacias. Los propietarios de farmacia que infrinjan esta disposición, serán penados con multas de cincuenta pesos la primera vez, cien pesos la segunda y clausura del establecimiento en caso de reiteración.

ARTÍCULO 78°:  Los médicos veterinarios están obligados a denunciar a las autoridades sanitarias la aparición de cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Los que no den cumplimiento a esta disposición sufrirán multa de cincuenta pesos moneda nacional.

ARTÍCULO 79°:  Ninguna casa de comercio podrá ofrecer servicios veterinarios que no sean los de su propietario, director técnico o razón social, que integre un médico veterinario. Los contraventores sufrirán penas de arresto o multa de cincuenta pesos moneda nacional por cada vez.

ARTÍCULO 80°:  El Círculo Médico Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, asesorará a la Dirección General de Higiene en las cuestiones relacionadas con la moral y ética profesional. A este solo efecto se le asigna personería permanente.

CAPITULO VII

 

DEL EJERCICIO DE LA KINESIOLOGÍA

 

ARTÍCULO 81°:  Derogada por ley 5755.

ARTÍCULO 82°:  Derogada por ley 5755.

ARTÍCULO 83°:  Derogada por ley 5755.

ARTÍCULO 84°:  Las nurses, enfermeros, diplomados en primeros auxilios y demás personas egresadas de las escuelas correspondientes, debidamente autorizados, visarán igualmente su diploma, en la Dirección General de Higiene, y sólo podrán ejercer su oficio, bajo la indicación y control de un médico.

CAPITULO IX

 

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 85°:  Los análisis clínicos, químicos y bacteriológicos, sólo podrán ser practicados por los médicos especializados, por los doctores en bioquímica, doctores en química y farmacia o farmacéuticos, veterinarios especializados y bacteriólogos de acuerdo con los planes de estudio de cada carrera y con la reglamentación que dicte la Dirección General de Higiene.

ARTÍCULO 86°:  El Director General de Higiene queda obligado a remitir al Fiscal del Crimen en turno, todas las actuaciones sumariales de orden penal, a fin de que éste formule la acusación correspondiente.

ARTÍCULO 87°:  Los delitos contra la salud pública a que se refiere el artículo 208 del Código Penal, serán competencia de la Justicia del Crimen.

ARTÍCULO 88°:  Las multas provenientes de infracciones de la presente ley, serán obladas directamente de la Dirección General de Higiene la que las destinará a los hospitales que funcionen en las localidades donde se hubieran cometido las infracciones o, en su defecto, a las respectivas salas de primeros auxilios.

ARTÍCULO 89°:  Quedan derogadas las leyes números 3.561, de 24 de julio de 1914, que reglamenta el ejercicio de la medicina, farmacia, obstetricia, etcétera y las disposiciones contenidas en la Ley número 4.070 que reglamenta el ejercicio de la medicina veterinaira, que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 90°:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis.

 

Ley N° 23.660.OBRAS SOCIALES

OBRAS SOCIALES

Ley N° 23.660

Régimen de aplicación

Sancionada: Diciembre 29 de 1988.

Promulgada: Enero 5 de 1989

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

Artículo 1° — Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley:

a) Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo;

b) Los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes de la Nación;

c) Las obras sociales de la administración central del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados; (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 23890 B.O. 30/10/90).

d) Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado;

e) Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios;

f) Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas y las que fueron originadas a partir de la vigencia del artículo 2° inciso g) punto 4 de la ley 21.476;

g) Las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación;

h) Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido por la presente ley.

Art. 2° — Las obras sociales comprendidas en los incisos c), d) y h) del artículo 1 funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y tendrán el carácter de sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas; las obras sociales señaladas en los incisos a), e) y f) de dicho artículo funcionarán con individualidad administrativa, contable y financiera y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el inciso 2 del segundo apartado del artículo 33.

Las obras sociales señaladas en el inciso b) del artículo 1, creados por leyes especiales al efecto, vigentes a la sanción de la presente ley, mantendrán sus modalidades administrativas, contables y financieras conforme a las leyes que le dieron origen, con las salvedades especificadas en los artículos 37, 38, 39 y 40 de la presente ley.

Art. 3° — Las obras sociales destinarán sus recursos en forma prioritaria a prestaciones de salud. Deberán, asimismo, brindar otras prestaciones sociales.

En lo referente a las prestaciones de salud formarán parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud -en calidad de agentes naturales del mismo- sujetos a las disposiciones y normativas que lo regulan.

Art. 4° — Las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza y forma de administración presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del seguro, la siguiente documentación ante la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL):

a) Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;

b) Presupuesto de gastos y recursos para su funcionamiento y la ejecución del programa;

c) Memoria general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior;

d) Copia legalizada de todos los contratos de prestaciones de salud que celebre durante el mismo período, a efectos de confeccionar un registro de los mismos.

Art. 5° — Las obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado en jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios.

Las obras sociales que recauden centralizadamente deberán remitir mensualmente el setenta por ciento (70%) de lo recaudado en cada jurisdicción para atender las necesidades de salud de sus beneficiarios residentes en la misma jurisdicción. Asimismo asegurarán en sus estatutos mecanismos de redistribución regional solidaria que asegure el acceso de sus beneficiarios a los servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo.

Art. 6° — Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley, como agentes del Seguro de Salud, deberán inscribirse en el registro que funcionará en el ámbito de la ANSSAL y en las condiciones que establezca la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud y su decreto reglamentario.

El cumplimiento de este requisito será condición necesaria para aplicar los fondos percibidos con destino a las prestaciones de salud.

Art. 7° — Las resoluciones que adopten la Secretaría de Salud de la Nación y la ANSSAL, en ejercicio de las funciones, atribuciones y facultades otorgadas por la legislación, serán de cumplimiento obligatorio para las obras sociales, exclusivamente en lo que atañe a su condición de agentes del Seguro de Salud.

Art. 8° — Quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales:

a) Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; (Inciso sustituido por Art. 2° de la Ley N° 23.890 B.O. 30/10/1990).

b) Los jubilados y pensionados nacionales y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;

c) Los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales.

Art. 9° — Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:

a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;

b) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación.

La Dirección Nacional de Obras Sociales podrá autorizar, con los requisitos que ella establezca, la inclusión como beneficiarios, de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso se fija un aporte adicional del uno y medio por ciento (1.5%) por cada una de las personas que se incluyan.

Art. 10. — El carácter de beneficiario otorgado en el inciso a) del artículo 8 y en los incisos a) y b) del artículo 9 de esta ley subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, con las siguientes salvedades:

a) En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres (3) meses, contados de su distracto, sin obligación de efectuar aportes;

b) En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción de remuneración, sin obligación de efectuar aportes;

c) En caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración, éste mantendrá su carácter de beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho plazo, podrá optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador;

d)En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares del trabajador, éste podrá optar por mantener durante el lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del empleador;

e) Los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el carácter de beneficiarios durante el período de inactividad y mientras subsista el contrato de trabajo cumpliendo durante ese período con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente ley. Este derecho cesará a partir del momento en que, en razón de otro contrato de trabajo, pasen a ser beneficiarios titulares en los términos previstos en el artículo 8 inciso a) de la presente ley;

f) En caso que el trabajador deba prestar servicio militar obligatorio por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales, durante el período que aquél no perciba remuneración por esta causa mantendrá la calidad de beneficiario titular, sin obligación de efectuar aportes;

g) La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener su calidad de beneficiaria durante el período de la misma, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente ley;

h) En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario mantendrán el carácter de beneficiarios, por el plazo y en las condiciones del inciso a) de este artículo. Una vez vencido dicho plazo podrán optar por continuar en ese carácter, cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular. Este derecho cesará a partir del momento en que por cualquier circunstancia adquieran la calidad de beneficiarios titulares prevista en esta ley.

En los supuestos de los incisos precedentes, el mantenimiento de la calidad de beneficiario del trabajador en relación de dependencia se extiende a su respectivo grupo familiar primario.

La autoridad de aplicación facultada para resolver los casos no contemplados en este artículo, como también los supuestos y condiciones en que subsistirá el derecho al goce de las prestaciones, derivados de los hechos ocurridos en el período durante el cual el trabajador o su grupo familiar primario revestían la calidad de beneficiarios, pudiendo ampliar los plazos de las coberturas cuando así lo considere.

Art. 11. — Cada obra social elaborará su propio estatuto conforme con la presente ley y las normas que se dicten en consecuencia, el que presentará ante la Dirección Nacional de Obras Sociales para su registro.

Art. 12. — Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones:

a) Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen. Serán conducidas y administradas por autoridad colegiada que no supere el número de cinco (5) integrantes, cuyos miembros serán elegidos por la asociación sindical con personería gremial signataria de los convenios colectivos de trabajo que corresponda, a través de su secretariado nacional, consejo directivo nacional o asamblea general de delegados congresales, conforme al estatuto de la obra social sindical. No existirá incompatibilidad en el ejercicio de cargos electivos entre las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley y la correspondiente asociación sindical;

b) Las obras sociales e institutos de administración mixta, creados por leyes especiales al efecto, vigentes a la sanción de la presente ley, continuarán desarrollando sus funciones conforme a las disposiciones legales que le dieron origen, con las salvedades especificadas en los artículos 37, 38, 39 y 40 de la presente ley;

c) Las obras sociales de la administración central del Estado Nacional y de sus organismos autárquicos y descentralizados serán conducidas y administradas por un presidente propuesto por la Subsecretaría de Salud de la Nación, cuatro (4) vocales en representación del Estado propuestos por el respectivo organismo autárquico o descentralizado que corresponda y cuatro (4) vocales en representación de los beneficiarios que serán propuestos por la asociación sindical, con personería gremial pertinente. Todos serán designados por el Ministerio de Salud y Acción Social; (Inciso sustituido por Art. 3° de la Ley N° 23.890 B.O. 30/10/1990).

d) Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado serán conducidas y administradas por un directorio integrado según las normas del inciso c). En estos casos la mitad de los vocales estatales serán designados a propuesta de la respectiva empresa. El presidente será designado por el Ministerio de Salud y Acción Social;

e) Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios serán administradas por una autoridad colegiada de hasta cinco (5) miembros en representación de los beneficiarios designados conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos;

f) Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas -a la fecha de la presente ley- serán administradas de conformidad con lo dispuesto en los respectivos acuerdos o disposiciones mientras dure su vigencia;

g) Las asociaciones de obras sociales serán conducidas y administradas por cuerpos colegiados que no superen el número de siete (7) miembros elegidos por las obras sociales integrantes de la asociación;

h) Las obras sociales que adhieran a la presente ley mantendrán su propio régimen de administración y gobierno.

Art. 13. — Los miembros de los cuerpos colegiados de conducción de las obras sociales deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades e incompatibilidades civiles ni penales, su mandato no podrá superar el término de cuatro (4) años y podrán ser reelegidos.

Serán personal y solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de las funciones de conducción y administración de dichas entidades.

Art. 14. — Las obras sociales podrán constituir asociaciones de obras sociales que abarquen los beneficiarios residentes en el ámbito de funcionamiento de la asociación e integren sus recursos a fin de otorgar las prestaciones médico-asistenciales que corresponda a su calidad de agentes del Seguro de Salud.

Constituida la asociación tendrá la misma capacidad, derechos y obligaciones que las obras sociales en cuanto actúan en calidad de agentes del Seguro de Salud.

Art. 15. — Cuando la Administración Nacional del Seguro de Salud realice tareas de control y fiscalización en las obras sociales, en ejercicio y dentro de las facultades comprendidas por los artículos 7, 8, 9, 21 y concordantes de la Ley del Seguro Nacional de Salud, aquéllas facilitarán el personal y elementos necesarios para el cumplimiento de la aludida misión.

Art. 16. — Se establecen los siguientes aportes y contribuciones para el sostenimiento de las acciones que deben desarrollar las obras sociales según la presente ley:

a) Una contribución a cargo del empleador equivalente al cinco por ciento (5 %) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia; (Inciso sustituido por art. 23 de la Ley N° 25.239 B.O. 31/12/1999).

(Nota Infoleg: por art. 80 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/3/2002, se restituye la alícuota en concepto de contribución patronal al Sistema de Obras Sociales)

b) Un aporte a cargo de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia equivalente al tres por ciento (3%) de su remuneración. Asimismo, por cada beneficiario a cargo del afiliado titular, a que se refiere el artículo 9 último apartado, aportará el uno y medio por ciento (1.5%) de su remuneración;

c) En el caso de las sociedades o empresas del Estado, la contribución para el sostenimiento de la obra social no podrá ser inferior, en moneda constante, al promedio de los doce (12) meses anteriores a la fecha de promulgación de la presente ley.

Asimismo, mantendrán su vigencia los aportes de los jubilados y pensionados y los recursos de distinta naturaleza destinados al sostenimiento de las obras sociales determinados por leyes, decretos, convenciones colectivas u otras disposiciones particulares.

Mantienen su vigencia los montos o porcentajes de los actuales aportes y/o contribuciones establecidos en las convenciones colectivas de trabajo u otras disposiciones, cuando fueren mayores que los dispuestos en la presente ley, como así también los recursos de distinta naturaleza a cargo de las mismas partes o de terceros, destinados al sostenimiento de las obras sociales.

Art. 17. — Las contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza que se mencionan en el artículo anterior no podrán ser aumentados sino por ley.

Art. 18. — A los fines del artículo 16 de la presente ley, se entiende por remuneración la definida por las normas del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

A los efectos de establecer los aportes y contribuciones, la remuneración no podrá ser inferior a la fijada en disposiciones legales o convenios colectivos de trabajo o a la retribución normal de la actividad de que se trate.

Establécese que, a los efectos de los beneficios que otorga la presente ley, los aportes y contribuciones deberán calcularse para los casos de jornadas reducidas de trabajo, sobre una base mínima igual a ocho horas diarias de labor calculadas conforme a la categoría laboral del beneficiario titular y en base al convenio colectivo de trabajo de la actividad de que se trate, aplicándose sobre veintidós (22) días mensuales de dicha jornada mínima, para el personal jornalizado.

Para el personal mensualizado, los aportes y contribuciones mínimos serán calculados sobre las remuneraciones establecidas en los convenios colectivos de trabajo para la actividad y de acuerdo a la categoría laboral del trabajador, en base a la cantidad de doscientas horas mensuales, salvo autorización legal o convención colectiva de trabajo que permita al empleador abonar una retribución menor.

Art. 19. — Los empleadores, dadores de trabajo o equivalentes en su carácter de agentes de retención deberán depositar la contribución a su cargo junto con los aportes que hubieran debido retener -al personal a su cargo-, dentro de los quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que se deba abonar la remuneración:

a) A la orden de la Obra Social que corresponda, el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta PESOS UN MIL ($ 1.000.-) inclusive, y del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) cuando dichas remuneraciones superen los PESOS UN MIL ($ 1.000.-). Para el caso de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, dicho porcentaje será del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta PESOS UN MIL ($ 1.000.-) inclusive, y del OCHENTA POR CIENTO ($ 80%) cuando superen ese tope; (Inciso sustituido por art. 21 del Decreto Nacional N° 486/2002 B.O. 13/2/2002)

b) Conforme los niveles remunerativos mencionados, el DIEZ POR CIENTO (10%) o el QUINCE POR CIENTO (15%), respectivamente, de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, el QUINCE POR CIENTO (15%) o el VEINTE POR CIENTO (20%), respectivamente, de la suma a depositarse se destinarán al Fondo Solidario de Redistribución, a la orden de las cuentas recaudadoras que determine la reglamentación. (Inciso sustituido por art. 21 del Decreto Nacional N° 486/2002 B.O. 13/2/2002)

c) El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente ley en su artículo 16, a la orden de la obra social correspondiente;

d) El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente ley en su artículo 16 a la orden de la ANSSAL, en los mismos términos que los indicados en el inciso b) precedente;

e) Cuando las modalidades de la actividad laboral lo hagan conveniente, la autoridad de aplicación podrá constituir a entidades en agentes de retención de contribuciones y aportes calculados sobre la producción, que equivalgan y reemplacen a los calculados sobre el salario, a cuyo efecto aprobará los convenios de corresponsabilidad suscriptos entre dichas entidades y las respectivas obras sociales.

Art. 20. — Los aportes a cargo de los beneficiarios mencionados en los incisos b) y c) del artículo 8 serán deducidos de los haberes jubilatorios de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo transferirse a la orden de la respectiva obra social en la forma y plazo que establezca la reglamentación.

Art. 21 — Para la fiscalización y verificación de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los responsables y obligados, los funcionarios e inspectores de la Dirección Nacional de Obras Sociales y de las obras sociales tendrán, en lo pertinente, las facultades y atribuciones que la ley asigna a los de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

Las actas de inspección labradas por los funcionarios e inspectores mencionados en el párrafo anterior hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido.

Art. 22. — Las obras sociales destinarán a sus gastos administrativos, excluidos los originados en la prestación directa de servicio, hasta un ocho por ciento (8%) de sus recursos brutos deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. La reglamentación establecerá el plazo dentro del cual las obras sociales deberán ajustarse a esa proporción de gastos administrativos.

Art. 23. — Los fondos previstos por la presente ley como también los que por cualquier motivo correspondan a las obras sociales deberán depositarse en instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales y serán destinados exclusivamente a la atención de las prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que demande su funcionamiento.

Las reservas y disponibilidades de las obras sociales sólo podrán ser invertidas en operaciones con las instituciones bancarias mencionadas en el párrafo anterior y/o en títulos públicos, con garantía del Estado, que aseguren una adecuada liquidez conforme a lo que determine la reglamentación.

Art. 24. — El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales, y de las multas establecidas en la presente ley se hará por la vía de apremio prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las obras sociales o los funcionarios en que aquéllas hubieran delegado esa facultad.

Serán competentes los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. En la Capital Federal será competente la Justicia Nacional del Trabajo.

Las acciones para el cobro de los créditos indicados en el párrafo anterior prescribirán a los diez (10) años.

Art. 25. — Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría de Coordinación de Salud y Acción Social- la Dirección Nacional de Obras Sociales que actuará como autoridad de aplicación de la presente ley, con jurisdicción sobre las obras sociales del artículo 1°.

Art. 26. — La Dirección Nacional de Obras Sociales tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Actuará también como organismo de control para los aspectos administrativos y contables de las obras sociales.

Art. 27. — Para el cumplimiento de estos fines tendrá las siguientes atribuciones:

1° Requerirá y aprobará la memoria anual y balances de las obras sociales.

2° Requerirá y suministrará información adecuada para el mejor contralor de las obras sociales a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y a la ANSSAL.

3° Propondrá al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento.

En este caso, cuando la denuncia provenga de la ANSSAL, por incumplimiento de sus obligaciones como agentes del seguro, se instrumentarán mecanismos sumarios para asegurar las prestaciones de salud garantizadas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

4° Llevará un Registro de Obras Sociales en el que deberán inscribirse todas las obras sociales comprendidas en la presente ley, con los recaudos que establezca la autoridad de aplicación.

5° A los efectos de la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y demás normas complementarias, la Dirección Nacional de Obras Sociales podrá solicitar de las obras sociales la información necesaria, su ampliación y/o aclaraciones. Sin perjuicio de ello podrá requerir a la ANSSAL la colaboración de su sindicatura para que, constituida en la entidad, constate y/u obtenga la información que expresamente le recabe la Dirección Nacional de Obras Sociales.

6° Resolver los conflictos sobre encuadramiento de los beneficiarios de las obras sociales, determinando el destino de los aportes y contribuciones.

Art. 28. — Las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias o las que establezca el órgano de aplicación harán pasibles a las obras sociales de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por otras leyes:

a) Apercibimiento;

b) Multa desde una (1) vez el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, hasta cien (100) veces el monto del haber mínimo de dicha jubilación vigente al momento de hacerse efectiva la multa;

c) Intervención.

El órgano de aplicación dispondrá las sanciones establecidas en los incisos a) y b), graduándolas conforme a la gravedad y reiteración de las infracciones y la prevista en el inciso c) será dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

La intervención de la obra social implicará la facultad del interventor de disponer de todos los fondos que le correspondan en virtud de esta ley y se limitará al ámbito de la misma.

Art. 29. — Solamente serán recurribles las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 28 de esta ley dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas por el órgano de aplicación o desde la publicación del acto pertinente por el Poder Ejecutivo Nacional, en su caso, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo o la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal a opción del recurrente. El recurso deberá interponerse y fundarse dentro del término aludido ante el órgano de aplicación, el que remitirá las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.

En las jurisdicciones provinciales, será competente la Cámara Federal con jurisdicción en el domicilio del sancionado.

La sanción prevista en el artículo anterior, inciso c), será recurrible al solo efecto devolutivo.

Art. 30. — Los bienes pertenecientes a la administración central del Estado, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, para estatales o de administración mixta afectados a la prestación de los servicios médico-asistenciales del Seguro Nacional de Salud, serán transferidos a la obra social correspondiente.

Art. 31. — Dispónese la condonación de la deuda que las obras sociales y las asociaciones de obras sociales mantienen con el Instituto Nacional de Obras Sociales (Fondo de Redistribución) por los conceptos enumerados en el artículo 21 inciso c) de la ley 18610 y artículo 13 incisos a) y b) de la ley 22.269, contraída hasta el último día del mes inmediato anterior al de la fecha de promulgación de la presente.

Art. 32. — Los bienes afectados al funcionamiento de las obras sociales cuyo dominio pertenezca a una asociación sindical de trabajadores continuarán en el patrimonio de la asociación, pero las respectivas obras sociales no reconocerán usufructos a título oneroso por la utilización de dichas instalaciones, quedando a cargo de la obra social los gastos de mantenimiento, administración y funcionamiento.

Art. 33. — Las obras sociales del régimen de la ley 22.269 actualmente existente, cualquiera sea su naturaleza jurídica, continuarán en su desenvolvimiento durante el período de la adecuación a las disposiciones de la presente ley.

Art. 34. — Las obras sociales deberán adecuarse al régimen de la presente ley dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de su vigencia. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional si las circunstancias lo hicieren necesario.

Art. 35. — Durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta ley y la normalización de las obras sociales, la administración de las mismas será:

a) En las obras sociales sindicales correspondientes a sindicatos que estén normalizados, dichos sindicatos designarán un administrador que será reconocido por la Dirección Nacional de Obras Sociales como representante legal de la obra social.

Del mismo modo se procederá a medida que las demás asociaciones sindicales completen su normalización institucional;

b) Las obras sociales constituidas por leyes especiales se normalizarán conforme a lo dispuesto por esta ley, dentro de los cien (100) días corridos contados a partir del siguiente al de su promulgación.

c) Las obras sociales de la administración central del Estado nacional sus organismos autárquicos y descentralizados y del Poder Judicial serán conducidas por una comisión normalizadora conformada de acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 12 de esta ley y presidida por un representante del Estado;

d) En las obras sociales del personal de dirección, las actuales autoridades serán las encargadas de continuar con la administración debiendo cumplimentar los recaudos de esta ley.

Art. 36. — Las autoridades provisionales a que hace referencia el artículo anterior procederán a elaborar los estatutos de la obra social, que elevarán para su registro a la Dirección Nacional de Obras Sociales, de acuerdo con las normas que ésta dicte.

Art. 37. — Sustitúyese el artículo 5° de la ley 19.772, el que queda así redactado:

Artículo 5° – La dirección y administración de la obra social estará a cargo de un directorio, designado por el Ministerio de Salud y Acción Social, con observancia de los recaudos previstos en el artículo 7° de la presente ley, integrado por un presidente, un vicepresidente y cuatro directores, todos ellos a propuesta de la Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina y dos directores en representación del Estado. El Ministerio de Salud y Acción Social deberá designar a los integrantes del directorio conforme al párrafo anterior, dentro del término de treinta (30) días de recibida la propuesta.

Art. 38. — Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.299, el que quedará redactado así:

Artículo 4° – La administración del Instituto estará a cargo de un consejo de administración el que será integrado por un presidente propuesto por el consejo de administración, seis (6) vocales en representación del personal de la industria del vidrio y sus actividades afines, cinco (5) de los cuales provendrán del sindicato obrero y uno (1) por el sindicato de empleados, dos (2) vocales en representación de los empleadores, que serán propuestos por entidades suficientemente representativas de la industria del vidrio y afines y dos (2) vocales en representación del Estado, propuestos por la Secretaría de Estado de Salud de la Nación.

Todos ellos serán designados por el Ministerio de Salud y Acción Social.

Los vocales podrán ser reemplazados por sus representados, en cuyo caso el nuevo vocal ejercerá su mandato hasta la finalización del período que le correspondiere al sustituido.

Art. 39. — Sustitúyese el artículo 5° de la ley 19.032, modificada por sus similares 19.465; 21.545; 22.245 y 22.954, el que queda así redactado.

Artículo 5° – El gobierno y administración del Instituto estarán a cargo de un directorio integrado por un presidente en representación del Estado y doce (12) directores, cuatro (4) en representación de los beneficiarios, dos (2) en representación de los trabajadores activos y seis (6) en representación del Estado, designados todos ellos por el ministerio de Salud y Acción Social.

La designación de los directores en representación de los beneficiarios se hará a propuesta de las entidades representativas y deberán ser jubilados o pensionados del Régimen Nacional de Previsión.

La designación de los directores en representación de los trabajadores activos, se hará a propuesta de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.

El presidente y los directores durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos y gozarán de la remuneración que establezca el Presupuesto.

Art. 40. — Sustitúyense los artículos 5° y 7° de la ley 19.518, los que quedan así redactados:

Artículo 5° – El Instituto será dirigido y administrado por un directorio integrado por un (1) presidente, un (1) vicepresidente, doce (12) directores y un (1) síndico.

Artículo 7° – Los directores del Instituto serán designados por el Ministerio de Salud y Acción Social a propuesta de las siguientes entidades: uno (1) por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, uno (1) por la Asociación de Cooperativas y Mutualidades de Seguro, uno (1) por la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización, uno (1) por la Asociación de Aseguradores Extranjeros en la Argentina, seis (6) por la asociación profesional de trabajadores con personería gremial representativa de las actividades comprendidas y dos (2) en representación del Estado, a propuesta de la Secretaría de Salud de la Nación.

El síndico será designado por el Ministerio de Salud y Acción Social a propuesta de la ANSSAL.

Art. 41. — Las obras sociales por convenio a que se refiere el artículo 1′ inciso f), existentes en la actualidad, continuarán desarrollando su actividad dentro del sistema de la presente ley, salvo que dentro del plazo de noventa (90) días cualquiera de las partes denunciara el respectivo acuerdo ante la Dirección Nacional de Obras Sociales.

Art. 42. — A partir de la fecha de promulgación de la presente ley las funciones y atribuciones previstas para la Dirección Nacional de Obras Sociales serán asumidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), hasta tanto se reglamente esta ley y comience a funcionar el nuevo organismo.

El personal del Instituto Nacional de Obras Sociales tendrá garantizada su continuidad laboral en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Art. 43. — Los integrantes de los directorios de las obras sociales comprendidas en el inciso b) del artículo 1′ de la presente ley podrán o no ser confirmados en sus cargos por las autoridades constitucionales que asuman en el año 1989. Tanto los confirmados como los reemplazantes completarán los períodos legales que en cada caso corresponda.

Art. 44. — Deróganse las leyes 18.610, 22.269, decretos y toda otra disposición que se oponga a lo regulado por la presente ley.

Art. 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. — JUAN CARLOS PUGLIESE. — VICTOR H. MARTINEZ. — Carlos A. Bravo. — Antonio J. Macris.

Antecedentes Normativos

– Art. 19, inc. a) sustituido por art. 16 del Decreto Nacional N° 446/2000 B.O. 6/6/2000.

– Art. 19, inc. b) sustituido por art. 16 del Decreto Nacional N° 446/2000 B.O. 6/6/2000.