DECRETO 66/2019 La legalizacion de la Estafa . OSDE SWISS MEDICAL SE APROVECHAN

 Inconstitucionalidad del

Decreto 66/2019.

 

Con decreto 66/2019 pueden las Prepagas hacer lo que quieren ??

La unica defensa va a ser el art 4 de LDC siendo que no indican expresamente cuanto van a ser los aumentos por rango etario nunca en los contratos

El Decreto destruye lo dispuesto por el art 12 y 17 de la ley 28682 como así su decreto reglamentario 1993/2011.  Esta modificación en la reglamentación atenta contra el espíritu de la Ley. De acuerdo a lo establecido en los considerandos del nuevo decreto, las modificaciones introducidas tienen como objetivo “compatibilizar, en forma razonable, las disposiciones legales con la realidad y el dinamismo intrínseco y propio del sector de la Medicina Prepaga”. Si bien son bienvenidos los cambios que buscan introducir mayor dinamismo a la burocracia pública, el “espíritu” de la ley de 2011 es ejercer la regulación de las Empresas de Medicina Prepaga evitando abusos contra sus afiliados. Cualquier cambio en la reglamentación de la ley debería fortalecer ese objetivo, aún más teniendo en cuenta que las empresas de medicina prepaga han hecho, con frecuencia, caso omiso a la legislación vigente. Además de legalizar una estafa, este tipo de maniobra rompe con la independencia de los poderes del Estado, ya que el Ejecutivo no puede producir cambios (mediante modificación de la reglamentación) en una ley aprobada por el Congreso Nacional “blanqueando”, de esta manera, las acciones de incumplimiento de la norma llevadas a cabo por las entidades reguladas. Si el actual gobierno quiere flexibilizar la regulación de las Empresas de Medicina Prepaga, debería llevar el tema a un debate público en el Congreso Nacional y proponer los cambios que crea pertinente para la aprobación de una legislación nueva. Uno de los artículos que no se cumplieron desde 2011 es el 17, que establecía que “la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema”. Una vez ingresado “la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los 65 años de edad y que no cuenten con 10 años de antigüedad continua en la misma entidad”.Según el cálculo realizado a principios del 2019  por la Fundación Soberanía Sanitaria, mediante un relevamiento de mercado, señala que “los afiliados que, en el momento de la sanción de la Ley 26.682 y su decreto reglamentario, tenían entre 20 y 34 años han sufrido un aumento por cambio de grupo etario”. El incumplimiento de lo que dice el artículo 17 original “habría afectado al menos a 1.600.000 personas en estos últimos seis años”, una cifra que constituye “el 26 por ciento de los usuarios de medicina prepaga del país”. En todos los casos, el incremento ilegal que pagaron en todos estos años, “representaba cerca de un tercio del valor de la cuota”. Una estimación de lo que los usuarios pagaron de más desde 2011 hasta enero de 2019, cuando se modificó la reglamentación para “blanquear la estafa”, surge que las prepagas reunieron “una facturación adicional de 1.985 millones de pesos por mes”.En el informe se resaltó que “toda esta ilegalidad y abuso” de las empresas desde 2011 “ha sido premiada con un ‘blanqueo’ realizado por la nueva reglamentación decretada por el Poder Ejecutivo”. En suma, se trata de “un decreto que legaliza la estafa” porque el 22 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial el decreto 66/2019, que modifica varios artículos del decreto de reglamentación original.

 

 

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