BENEFICIOS PARA DISCAPACITADOS LEY 24308 INSTALACION DE COMERCIOS PEQUEÑOS.

Ley 24308; CONCESIONES PARA LA INSTALAC. DE PEQUEÑOS COMERCIOS
Sancionada el 23 de diciembre de 1993 Promulgada el 11 de enero de 1994

1. Ver artículo 11 de la Ley 22431.

2. Mantiénese la vigencia de las concesiones otorgadas a personas discapacitadas en virtud de la Ley 13926, el Decreto 11703/61, la Ley 22431 y los Decretos 498/83 y 140/85.

Las normas municipales sobre la materia o actos administrativos se ajustarán a los términos de la presente ley.

3. Establécese prioridad para los ciegos y/o disminuidos visuales en el otorgamiento de concesiones de uso para la instalación de pequeños comercios en las reparticiones públicas y dependencias privadas que cumplen un servicio público.

4. Si por cambio de edificio o desplazamiento de personal se produjera una mengua en la actividad comercial que provoque menoscabo en la productividad, el concesionario podrá pedir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su reubicación en otra dependencia.

Esta cuestión deberá resolverse en el plazo máximo de noventa (90) días.

5. Cuando se disponga la privatización de empresas prestadoras de servicios públicos, el pliego respectivo incluirá la obligación del adquirente de respetar los términos de la presente ley.

6. El concesionario deberá abonar los servicios que usará, y un canon que será establecido en relación al monto de lo pagado por los servicios.

7. En todos los casos el concesionario mantiene la propiedad de las obras que haya realizado para la instalación del comercio.

8. El comercio debe ser ubicado en lugar visible, de fácil acceso para el personal que trabaje en la repartición y para los concurrentes al establecimiento. El espacio para la instalación del comercio debe ser lo suficientemente amplio para desarrollar con comodidad la actividad.

9. La determinación de los artículos autorizados para la venta deberá ser amplia, para posibilitar así, una mayor productividad económica al concesionario.

10. El concesionario deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, horarios y demás normas de atención que se establezcan en el respectivo acto de concesión.

11. El responsable de la repartición no permitirá la venta de productos por parte de personas ajenas a la concesión, que pueden ser expendidos por el concesionario. El incumplimiento de lo prescripto determinará para el concesionario la responsabilidad establecida en el artículo 1112 del Código Civil.

12. El funcionario que disponga el desplazamiento arbitrario de un concesionario discapacitado será responsable frente al damnificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1112 del Código Civil.

13. Las concesiones otorgadas en virtud de la presente se extinguen:

a) Por renuncia del concesionario;

b) Por muerte del mismo;

c) Por caducidad en virtud del incumplimiento de obligaciones inherentes a la concesión.

14. En caso de muerte del titular, la caducidad no producirá efectos cuando, dentro de los treinta (30) días del fallecimiento solicite hacerse cargo del comercio:

a) el ascendiente, descendiente o cónyuge siempre y cuando se trate de personas discapacitadas;

b) el concubino o concubina discapacitado, que acredite cinco (5) años de convivencia o descendencia común;

c) el cónyuge o concubino progenitor de hijos menores comunes con el titular fallecido siempre que careciere de otra ocupación o empleo. En tal caso podrá continuar la concesión por un plazo máximo de un (1) año.

15. La falta de ejercicio personal de la concesión será sancionada con su caducidad y la de su inscripción en el Registro de Concesionarios.

16. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá instrumentar dentro de los noventa (90) días de la vigencia de la presente ley, un registro tomando razón de los lugares ya adjudicados por los organismos.

Llevará asimismo los siguientes registros:

a) De concesionarios;

b) De aspirantes;

c) De lugares disponibles.

17. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictará cursos para los aspirantes a instalar pequeños comercios, respecto de sus técnicas de explotación y administración.

18. Las instituciones bancarias oficiales, podrán arbitrar los medios necesarios a fin de establecer líneas de créditos especiales, para la instalación o ampliación de pequeños comercios dentro de los lugares establecidos por esta ley.

19. El Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la Dirección de Integración del Discapacitado, podrá otorgar subsidios para la iniciación en la actividad laboral.

20. Comuníquese al Poder Ejecutivo

Ley 24308
Concesión otorgada a Discapacitados para explotar pequeños negocios

BUENOS AIRES, 23 de Diciembre de 1993

BOLETIN OFICIAL, 18 de Enero de 1994

Vigentes

GENERALIDADES

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 20

TEMA

DISCAPACITADOS-CONCESION DE USO-OBLIGACIONES DELCONCESIONARIO (ADMINISTRATIVO)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

artículo 1:

ARTICULO 1 – (Nota de redacción) (MODIFICA LEY 22.431)

artículo 2:

ARTICULO 2 – Mantiénese la vigencia de las concesiones otorgadasa personas discapacitadas en virtud de la Ley 13.926, el Decreto 11703/61, la Ley 22.431 y los Decretos 498/83 y 140/85. Las normas municipales sobre la materia o actos administrativos seajustarán a los términos de la presente ley.

Ref. Normativas: Ley 13.926Ley 22.431Decreto Nacional 498/83

artículo 3:

ARTICULO 3 – Establécese prioridad para los ciegos y/odisminuidos visuales en el otorgamiento de concesiones de uso parala instalación de pequeños comercios en las reparticiones públicasy dependencias privadas que cumplen un servicio público.

artículo 4:

ARTICULO 4 – Si por cambio de edifico o desplazamiento depersonal se produjera una mengua en la actividad comercial queprovoque menoscabo en la productividad, el concesionario podrápedir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su reubicación enotra dependencia. Esta cuestión deberá resolverse en el plazo máximo de noventa (90)días.

artículo 5:

ARTICULO 5 – Cuando se disponga la privatización de empresasprestadoras de servicios públicos, el pliego respectivo incluirá laobligación del adquirente de respetar los términos de la presenteley.

artículo 6:

ARTICULO 6 – El concesionario deberá abonar los servicios queusare, y un canon que será establecido en relación al monto de lopagado por los servicios.

artículo 7:

ARTICULO 7 – En todos los casos el concesionario mantiene lapropiedad de las obras que haya realizado para la instalación delcomercio.

artículo 8:

ARTICULO 8 – El comercio debe ser ubicado en lugar visible, defácil acceso para el personal que trabaje en la repartición y paralos concurrentes al establecimiento. El espacio para la instalacióndel comercio debe ser lo suficientemente amplio para desarrollarcon comodidad la actividad.

artículo 9:

ARTICULO 9 – La determinación de los artículos autorizados parala venta deberá ser amplia, para posibilitar así, una mayorproductividad económica al concesionario.

artículo 10:

ARTICULO 10. – El concesionario deberá cumplir las disposicionesvigentes en materia de higiene, seguridad, horarios y demás normasde atención que se establezcan en el respectivo acto de concesión.

artículo 11:

ARTICULO 11. – El responsable de la repartición no permitirá laventa de productos por parte de personas ajenas a la concesión, quepueden ser expendidos por el concesionario. El incumplimiento de loprescrito determinará para el funcionario la responsabilidadestablecida en el artículo 1112 del Código Civil.

Ref. Normativas: Código Civil Art.1112

artículo 12:

ARTICULO 12. – El funcionario que disponga el desplazamientoarbitrario de un concesionario discapacitado será responsablefrente al damnificado, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 1112 del Código Civil.

Ref. Normativas: Código Civil

artículo 13:

ARTICULO 13. – Las concesiones otorgadas en virtud de lapresente se extinguen: a) Por renuncia del concesionario; b) Por muerte del mismo; c) Por caducidad en virtud del incumplimiento de obligacionesinherentes a la concesión.

artículo 14:

ARTICULO 14. – En caso de muerte del titular, la caducidad noproducirá efectos cuando, dentro de los treinta (30) días delfallecimiento solicite hacerse cargo del comercio: a) El ascendiente, descendiente o cónyuge siempre y cuando setrate de personas discapacitadas; b) El concubino o concubina discapacitado, que acredite cinco (5)aÑos de convivencia o descendencia común; c) El cónyuge o concubino progenitor de hijos menores comunes conel titular fallecido siempre que careciere de otra ocupación oempleo. En tal caso podrá continuar la concesión por un plazomáximo de un (1) año.

artículo 15:

ARTICULO 15. – La falta de ejercicio personal de la concesiónserá sancionada con su caducidad y la de su inscripción en elRegistro de Concesionarios.

artículo 16:

ARTICULO 16. – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialdeberá instrumentar dentro de los noventa (90) días de la vigenciade la presente ley, un registro tomando razón de los lugares yaadjudicados por los organismos. Llevará asimismo los siguientes registros: a) De concesionarios; b) De aspirantes; c) De lugares disponibles.

artículo 17:

ARTICULO 17. – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialdictará cursos para los aspirantes a instalar pequeños comercios,respecto de sus técnicas de explotación y administración.

artículo 18:

ARTICULO 18. – Las instituciones bancarias oficiales, podránarbitrar los medios necesarios a fin de establecer líneas decréditos especiales, para la instalación o ampliación de pequeñoscomercios dentro de los lugares establecidos por esta ley.

artículo 19:

ARTICULO 19. – El Ministerio de Salud y Acción Social, a travésde la Dirección de Integración del Discapacitado, podrá otorgarsubsidios para la iniciación en la actividad laboral.

artículo 20:

ARTICULO 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

PIERRI-MENEM-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Piuzzi

PROTECCION LEGAL A EPILEPTICOS. LEY 25404 ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA.REGLAMENTACION DE DICHA LEY Decreto 53/2009

 

BREVE SÍNTESIS Y OBJETIVOS DE LA LEY: En la ley se contemplan tres aspectos fundamentales: el derecho de los pacientes a recibir la medicación antiepiléptica en forma gratuita, cuando carecen de cobertura social. La no discriminación laboral, escolar o social.

EMPLEO DEL EPILÉPTICO:  siempre y cuando se posea un certificado médico de aptitud laboral (que puede extenderlo el médico que habitualmente lo atiende  en dicho certificado si fuere necesario se indicarán las limitaciones) , SI ES IDONEO Y se le negare un puesto en virtud de su enfermedad, se estará cometiendo un acto ilegal y se incurrirá en una discriminación en los términos de la ley 23.592 que establece la penalización de actos discriminatorios.

EDUCACIÓN DEL EPILEPTICO: También en este caso si se impidiera el acceso a la educación EN CUALQUIERA DE SUS NIVELES sobre la base del padecimiento de la epilepsia se estaría cometiendo un acto discriminatorio y será penalizado conforme lo establecido en la ley 23.592.

LEY 25404
ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA

BUENOS AIRES, 7 de Marzo de 2001

BOLETIN OFICIAL, 03 de Abril de 2001

Vigentes

GENERALIDADES

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONENLA NORMA13

TEMA

DERECHOS HUMANOS-EPILEPSIA-DISCRIMINACION-DISCRIMINACIONPOR ENFERMEDAD-SALUD PUBLICA-OBRAS SOCIALES

El Senado y Cámara de Diputados dela Nación Argentinareunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

artículo 1:

ARTICULO 1 – La presente ley garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requiere su condición de tal.

artículo 2:

ARTICULO 2 – La epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 7.

artículo 3:

ARTICULO 3 – Todo paciente epiléptico tiene derecho a acceder a la educación en sus distintos niveles sin limitación alguna que reconozca como origen su enfermedad.

artículo 4:

ARTICULO 4 – El paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna.

artículo 5:

ARTICULO 5 – El desconocimiento de los derechos emergentes de los artículos 2 y 3 de la presente ley será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley N 23.592.

Ref. Normativas: Ley 23.592

artículo 6:

ARTICULO 6 – Las prestaciones médico asistenciales a que hace referencia la presente ley quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio aprobado por resolución N 939/00 del Ministerio de Salud, sin perjuicio de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las leyes N 22.431 y N 24.901 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Ref. Normativas: Ley 22.431Ley 24.901

artículo 7:

ARTICULO 7 – El médico tratante extenderá al paciente, a requerimiento de éste, una acreditación de su aptitud laboral, en la que se indicarán, si fuere necesario, las limitaciones y las recomendaciones del caso.

artículo 8:

ARTICULO 8 – En toda controversia judicial o extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de los profesionales afectados al programa a que se refiere el artículo 9 de la presente, el que no podrá ser suplido por otras medidas probatorias.

artículo 9:

ARTICULO 9 – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa especial en lo relacionado con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia,prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedaden sus aspectos médicos, sociales y laborales;b) Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permitanel mejor cumplimiento del objeto de la presente;c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país;d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar la discriminación de los pacientes; e) Prestar colaboración científica y técnica a las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a fin de elaborar sus programas regionales; f) Promover la concertación de acuerdos internacionales, especialmente con los países signatarios del Tratado deAsunción, para la formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley; g) Realizar convenios de mutua colaboración en la materia, con lasautoridades provinciales y dela Ciudadde Buenos Aires;h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médico asistencialy carentes de recursos económicos la provisión gratuita de lamedicación requerida;i) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto enla presente y su reglamentación.

artículo 10:

ARTICULO 10. – Déjase sin efecto toda norma que se oponga a lo dispuesto en la presente.

artículo 11:

ARTICULO 11. – Los gastos que demande la presente se tomarán de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud.

artículo 12:

ARTICULO 12. – Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a dictar para el ámbito de sus respectivas jurisdicciones normas de similar naturaleza.

artículo 13:

ARTICULO 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

PASCUAL-LOSADA-Aramburu-Oyarzún

 

Decreto 53/2009

Marco regulatorio uniforme para el diagnóstico y tratamiento de las personas que padecen epilepsia.

Bs. As., 27/1/2009

VISTO la Ley Nº 25.404 y el Expediente Nº 2002- 1689/04-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma legal, sobre protección para Las personas que padecen epilepsia, contiene las medidas tendientes a asegurar la atención de las mismas evitando su discriminación en el orden laboral, sanitario, educacional, constituyendo así un valioso instrumento para asegurar la atención sanitaria de los aludidos pacientes.

Que se hace necesario establecer un marco regulatorio uniforme para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos de que se trata.

Que las prestaciones que brindan actualmente las jurisdicciones a los pacientes con epilepsia son de carácter variable, heterogéneo y de acuerdo a las disponibilidades de cada una de ellas.

Que tal situación tiene su explicación en que no existe un marco regulatorio único para adoptar los criterios de diagnóstico y de tratamiento correspondientes, carencia que el texto legal y el presente Decreto reglamentario pretenden subsanar.

Que mediante la incorporación de dichos pacientes al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA, aprobado por la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº 201, del 9 de abril de 2002, se asegura a los pacientes con cobertura a través de los agentes del Seguro de Salud la provisión de drogas específicas para la citada patología.

Que por otra parte, resulta imprescindible extender la atención y provisión de medicamentos a la población de todo el territorio nacional, afectada por dicha enfermedad y que no cuenta con cobertura médica.

Que, en tal sentido, el artículo 9º de la Ley Nº 25.404 establece que «el PODER EJECUTIVO, por intermedio del MINISTERIO DE SALUD en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa especial en lo relacionado con la epilepsia», estableciendo, entre los objetivos del mismo asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida.

Que en ese orden de ideas resulta oportuno disponer que los Gobiernos de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES puedan adherir a las disposiciones de la Ley Nº 25.404 y a la presente reglamentación.

Que es necesario que los principios contemplados en la Ley, destinados a evitar la discriminación de las personas con epilepsia, resulten operativos, como así también que se promueva la divulgación de las características reales de la enfermedad.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

 

 

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Entiéndese por discriminación, a los fines del artículo 1º de la Ley Nº 25.404, toda invocación que expresa o implícitamente restrinja a la persona que padece epilepsia, el pleno ejercicio de sus derechos en orden a obtener o conservar un empleo, como así también el de acceder al ejercicio de cargos públicos. De igual modo, deberá tener libre acceso a los servicios educativos de salud, y cualquier otro servicio público de carácter asistencial o promocional.

Art. 2º — Sin reglamentar.

Art. 3º — Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 25.404, el MINISTERIO DE EDUCACION será la autoridad de aplicación de las disposiciones del artículo 3º de la Ley, con apoyo de las pertinentes autoridades del MINISTERIO DE SALUD en lo que pudiere corresponder.

Art. 4º — La autoridad de aplicación asistirá a las jurisdicciones que no tengan capacidad para desarrollar programas para la atención de pacientes epilépticos o no cuenten con programas propios a ese fin. Dicha asistencia comprende la práctica de diagnósticos y la provisión de drogas de primera y segunda elección a pacientes epilépticos sin cobertura médico asistencial y carentes de recursos económicos, de acuerdo al listado de medicamentos que, para los citados pacientes establecerá el MINISTERIO DE SALUD Las drogas de primera y segunda elección serán suministradas a través de la Red Sanitaria Jurisdiccional, siendo el diagnóstico de la enfermedad efectuado por profesionales médicos pertenecientes a la citada Red y acreditados por dicho programa. El MINISTERIO DE SALUD establecerá las líneas de acción presupuestaria pertinentes para el otorgamiento de las drogas de segunda elección, en los casos en que no tuvieren cobertura desde un programa específico de la autoridad sanitaria jurisdiccional.

El aprovisionamiento de medicamentos y demás elementos de diagnóstico y tratamiento para cubrir las necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos será financiado con los créditos específicos destinados a la seguridad social y, los de otros sistemas de medicina privada.

Art. 5º — Para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 25.404, actuará el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, creado por la Ley Nº 24.515 y sus modificatorias.

Art. 6º — Las prestaciones médico asistenciales que incorpora la Ley Nº 25.404 al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO se extienden al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA (PMOE) aprobado por la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº 201, del 9 de abril de 2002, sus modificatorias y demás normas complementarias.

Art. 7º — El profesional que tuviere a su cargo el otorgamiento del certificado de aptitud laboral deberá tener en cuenta el tipo de epilepsia de las personas solicitantes, así como la naturaleza de las tareas a desarrollar o las que se encuentra desarrollando, de manera tal que su ejercicio no ponga en peligro la integridad física del interesado o la de terceros.

Para la postulación, ingreso y desempeño laboral, público o privado, serán tenidas en cuenta las aptitudes consignadas en la acreditación expedida por el médico tratante.

Art. 8º — SIN REGLAMENTAR.

Art. 9º — El Programa a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 25.404 se desarrollará en el ámbito de la SECRETARIA DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS del MINISTERIO DE SALUD. Constitúyese en su seno una Comisión Técnica con el objeto de brindar asesoramiento en las cuestiones relacionadas con la materia de la presente ley, cuyos integrantes serán designados por la Autoridad de Aplicación, y desempeñarán su cometido con carácter ad-honorem sin perjuicio de las remuneraciones que perciban por sus respectivos cargos.

El MINISTERIO DE SALUD efectuará un relevamiento en las distintas jurisdicciones del territorio nacional a efectos de identificar cuáles cuentan con programas propios para el tratamiento de la epilepsia e instará, a través del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA), a todas las jurisdicciones a desarrollar programas en ese sentido.

De igual modo el MINISTERIO DE SALUD, con acuerdo de la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional respectiva, impulsará las acciones tendientes a unificar los criterios de accesibilidad, equidad y calidad de los Programas en cada una de ellas.

Los programas a crearse en las jurisdicciones provinciales o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES deberán procurar el cumplimiento de la normativa del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA.

El MINISTERIO DE SALUD a través del citado PROGRAMA deberá establecer la normatización del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con epilepsia, en el plazo de UN (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de la presentereglamentación.

Art. 10. — SIN REGLAMENTAR.

Art. 11. — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a los créditos asignados a las partidas del presupuesto de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.

Art. 12. — La Autoridad de Aplicación invitará a los Gobiernos de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las disposiciones de la Ley Nº 25.404 y de la presente reglamentación.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — María G. Ocaña.

LEGISLACION ARGENTINA SOBRE ESTUPEFACIENTES. LEY DE ESTUPEFACIENTES 23737.

 

 

 

 

 

 Decreto 3540/44, declara obligatoria la denuncia de todo caso comprobable de intoxicación causada por estupefacientes.

· Resolución 424/80, prohibe dar muestras gratis de estupefacientes y psicotrópicos.

· Ley 17565, establece las normas para el funcionamiento de farmacias, con multas actualizadas en la Ley 22728.

· Ley 20785, bienes objeto de secuestro en causas penales.

· Leyes 17818, 18346, 19303, de elaboración y expendio de psicofármacos y estupefacientes, con sus modificaciones, la primera de las mencionadas, por la Ley 22599; y la Ley 19303, por la Ley 22597 y por la 23737.

· Ley 20771/74, Ley Federal de Drogas, modificada por la Ley 21566 (Incineración de estupefacientes) y por la Ley 23737.

· Ley 22415, Código Aduanero, artículo 866: Contrabando de Estupefacientes.
· Código Civil, artículos 152 bis, 482 y 144.

· Decreto 365/86, insumos y productos químicos utilizados en la obtención de estupefacientes.

· Decreto 2064/91, control de precursores para elaboración de estupefacientes.

· Decreto 722/91, estableciendo que productos deben ser considerados estupefacientes.

· Ley General de Migraciones 22439

· Ley 23515, (artículo 203 del Código Civil), sobre matrimonio, trata la separación personal por adicción a las drogas del cónyuge.

· Ley 23930, relacionada con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogodependencia y la Lucha contra el Narcotráfico

1
LEY 23737
(Actualizada por Ley 26.052)
TENENCIA, SUMINISTRO Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES
ARTICULO 1°: Reemplazase el artículo 204 del Código Penal por el siguiente
texto:
Artículo 204: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que
estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare
en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa
de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo de la receta de
aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser
comercializados sin ese requisito.
ARTICULO 2°: Incorporase como artículo 204 bis del Código Penal el siguiente
texto:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere
por negligencia, la pena será de multa de trescientos australes a seis mil
australes.
ARTICULO 3°: Incorporase como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente
texto:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa de seiscientos australes a doce mil
australes el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o
vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de medicamentos,
omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno
de los hechos previstos en el artículo 204.
ARTICULO 4°: Incorporase como artículo 204 quáter del Código Penal el
siguiente texto:
Artículo 204 quáter: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el
que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta
médica para su comercialización.
ARTICULO 5°: Será reprimido con reclusión o prisión de quince años y multa
de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino
ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir
estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su
producción o fabricación.
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o
fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o
de en pago, o almacene o transporte;
d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir
estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las
distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte.
2
e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título
oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de
tres a doce años y multa de tres mil a ciento veinte mil australes.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien
desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o
habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de
cinco a quince años.
(Párrafo incorporado por Art. 1° de Ley 24.424) En el caso del inc. a) cuando
por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja
inequívocamente que ella esta destinada a obtener estupefacientes para
consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán
aplicables los Arts. 17, 18 y 21.
(Párrafo incorporado por Art. 1° de ley 26.052 de fecha 31-08-2005) “En el
caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o
facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás
circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y, si
correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.”
ARTICULO 6°: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años
y multa de seis mil a quinientos mil australes el que introdujera al país
estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias
primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una
presentación correcta ante la aduana y posteriormente altera ilegítimamente su
destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión,
cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán
destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo
ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se
aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años.
ARTICULO 7°: Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años y
multa de treinta mil a novecientos mil australes, el que organice o financie
cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5° y 6°
Precedentes.
ARTICULO 8°: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años y
multa de seis mil a trescientos mil australes e inhabilitación especial de cinco a
doce años, el que estando autorizado para la producción, fabricación,
extracción, preparación, importación, exportación, distribución o venta de
estupefacientes los tuviere en cantidades distintas de las autorizadas; o
prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o
disimulen sustancias estupefacientes, y al que aplicare, entregare, o vendiere
estupefacientes sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.
3
ARTICULO 9°: Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de tres
mil a cincuenta mil australes e inhabilitación especial de uno a cinco años, el
médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera,
suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la
terapéutica o en dosis mayores de las necesarias.
Si los hiciera con destino ilegítimo la pena de reclusión o prisión será de cuatro
a quince años.
ARTICULO 10°: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y
multa de tres mil a cincuenta mil australes el que facilitare, aunque sea a título
gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos
previstos por los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que
facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
En caso que el lugar fuera un local de comercio se aplicará la accesoria de
inhabilitación para ejercer el comercio por el tiempo de la condena, la que se
elevará al doble del tiempo de la misma si se tratare de un negocio de
diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá
decretar preventivamente la clausura del local.
ARTICULO 11°: Las penas previstas en los artículos precedentes serán
aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas
puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:
a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de
personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de
dieciocho años o en perjuicio de éstos;
b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia,
intimidación o engaño;
c) Si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para
cometerlos;
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la
prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un
funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de
éstos;
e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un
establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención,
institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen
espectáculos o diversiones públicas o en otros lugares a los que
escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas,
deportivas o sociales;
f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de
establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones
específicas.
ARTICULO 12°: Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de
seiscientos a doce mil australes;
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes,
o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
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ARTICULO 13°: Si se usaren estupefacientes para facilitar o ejecutar otro
delito, la pena prevista para el mismo se incrementará en un tercio del mínimo
y del máximo. No pudiendo exceder del máximo legal de la especie de pena de
que se trate.
ARTICULO 14°: Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de
trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefaciente.
La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad
y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso
personal.
ARTICULO 15°: La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado
natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como
infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.
ARTICULO 16°: Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o
psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una
medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de
desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará
por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen.
ARTICULO 17°: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se
acreditase que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del
autor y que el mismo depende física o psíquicamente de estupefacientes, el
juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una
medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y
rehabilitación.
Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena.
Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable
de recuperación, deberá aplicársela la pena y continuar con la medida de
seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.
ARTICULO 18°: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si durante el
sumario se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso
personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad
del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes,
con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo
necesario para su desintoxicación y se suspenderá el trámite del sumario.
Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si
transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado
no obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la
causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el
tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad.
ARTICULO 19°: La medida de seguridad que comprende el tratamiento de
desintoxicación y rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18 se llevará
a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de
instituciones bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas
5
periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por
la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente
la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma pública.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare
su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí
mismo a los demás.
El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los
aspectos médicos. Psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y
de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación
o alternativamente, según el caso.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa,
computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la
pena. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la
prescripción de la acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para
disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los
demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación
de los artículos 16,17 y 18.
ARTICULO 20°: Para la aplicación de los supuestos establecidos en los
artículos 16, 17 y 18 el juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre
el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas
drogas que integra al delito para que el tratamiento de rehabilitación en ambos
casos, sea establecido en función de nivel de patología y del delito cometido, a
los efectos de la orientación terapéutica más adecuada.
ARTICULO 21°: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no
dependiere física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un
principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir
la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que
judicialmente se determine.
Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa
especializado, relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia
indebida de estupefacientes, que con una duración mínima de tres meses, la
autoridad educativa nacional o provincial, complementará a los efectos del
mejor cumplimiento de esta ley.
La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los
tribunales del país con competencia para la aplicación de la presente de la ley,
cuando éstos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado
satisfactorio por falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la
pena en la forma fijada en la sentencia.
ARTICULO 22°: Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de
recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21 si después de un lapso
de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una reinserción social
plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá
librar de oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y
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Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida
de estupefacientes.
ARTICULO 23°: (Sustituido por Art. 2° de Ley 24.424) Será reprimido con
prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de cuatro a ocho años el
funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad
funcional sobre el control de la comercialización de estupefacientes, que no
ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u
omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquellos le impartieren
sus superiores jerárquicos.
ARTICULO 24°: El que sin autorización o violando el control de la autoridad
sanitaria, ingrese en la zona de frontera delimitada por ley, precursores o
productos químicos aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes,
será reprimido con multa de tres mil a seiscientos mil australes, inhabilitación
especial de uno a cinco años y comiso de la mercadería en infracción, sin
perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.
Los precursores, y productos químicos serán determinados en listas que, por
decreto, el Poder Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar
periódicamente.
ARTICULO 25°: (Derogado por Art. 29° de Ley 25.246).
ARTICULO 26°: En la investigación de los delitos previstos en la ley no habrá
reserva bancaria o tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá
ser ordenado por el juez de la causa.
La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación
de los hechos previstos en esta ley.
ARTICULO 26°bis: (Incorporado por Art. 3 de Ley 24.424). La prueba que
consista en fotografías, filmaciones o grabaciones, será evaluada por el tribunal
en la medida en que sea comprobada su autenticidad.
ARTICULO 27°: En todos los casos en que el autor de un delito previsto en
esta ley lo cometa como agente de una persona jurídica y la característica
requerida para el autor no la presente éste sino la persona jurídica, será
reprimido como si autor presentare esa característica.
ARTICULO 28°: El que públicamente imparta instrucciones acerca de la
producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido
con prisión de dos a ocho años.
En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social
explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier
elemento de uso libre.
ARTICULO 29°: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años en el
que falsificare recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos
supuestos o con datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la
matrícula; quien las suscribiere sin facultad para hacerlo o quien las aceptare
teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad. En el caso
7
que correspondiere se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el
comercio por el doble de tiempo de la condena.
ARTICULO 29°bis: (Incorporado por Art. 4° de Ley 24.424). Será reprimido
con reclusión o prisión de un año a seis años, el que tomare parte en una
confabulación de dos o mas personas, para cometer alguno de los delitos
previstos en los Arts. 5, 6, 7, 8, 10 y 25 de la presente ley, y en el Art. 866 del
Código Aduanero.
La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus
miembros realice actos manifiestamente reveladores de la decisión común de
ejecutar el delito para el que se habían concertado.
Quedará eximido de pena el que revelare la confabulación a la autoridad antes
de haberse comenzado la ejecución del delito para el que se le había formado,
así como el que espontáneamente impidiera la realización del plan.
ARTICULO 29° ter: (Incorporado por Art. 5 de Ley 24.424). A la persona
incursa en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en el Art. 866
del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del
mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del
proceso o con anterioridad a su iniciación:
a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los
hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos
suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un
significativo progreso de la investigación.
b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas,
precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o
cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos
en esta ley.
A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información
que permita desbaratar una organización dedicada a la producción,
comercialización o tráfico de estupefacientes.
La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de
inhabilitación.
ARTICULO 30°: (Modificado por Art. 1° de Ley 24.112) El juez dispondrá la
destrucción, por la autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en
infracción o elementos destinados a su elaboración a no ser que perteneciera a
un tercero no responsable o salvo que puedan ser aprovechados por la misma
autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L., Erithoxylon coca Lam y
Cannabis sativa L., Se destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para
determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias,
muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
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La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público
dentro de los cinco días siguientes de haberse practicado las correspondientes
pericias y separación de muestras, en presencia del juez o el secretario del
juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder
Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta
que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario,
testigos y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para
la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y
que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía
conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
ARTICULO 31°: Efectivos de cualesquiera de los organismos de seguridad y
de la Administración Nacional de Aduanas podrán actuar en jurisdicción de las
otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores de
esta ley o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con la
misma, debiendo darse inmediato conocimiento al organismo de seguridad del
lugar.
Los organismos de seguridad y la Administración Nacional de aduanas
adoptarán un mecanismo de consulta permanente y la Policía Federal
Argentina ordenará información que le suministren aquéllos, quienes tendrán
un sistema de acceso al banco de datos por una eficiente lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes en todo el país.
Mantendrán su vigencia los convenios que hubiesen celebrado los organismos
de seguridad, la Administración Nacional de Aduanas y demás entes
administrativos con el objeto de colaborar y aunar esfuerzos en la lucha contra
el narcotráficos y la prevención del delito del abuso de droga.
ARTICULO 31° bis: (Incorporado por Art. 6 de Ley 24.424) Durante el curso
de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito
previsto en esta ley o en el Art. 866 del Código Aduanero, de impedir su
consumación, de lograr la individualización o detención de los autores,
partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba
necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de
la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las
fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:
a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan
entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el Art.
866 del Código Aduanero, y
b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley
o en el Art. 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa
identidad con la actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y
con la debida seguridad.
La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de
inmediato en conocimiento del juez.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto
secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la
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información personal del agente encubierto, este declarará como testigo, sin
perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el Art. 31
quinqués.
ARTICULO 31° ter: (Incorporado por Art. 7 de Ley 24.424) No será punible el
agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la
actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad
física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a
otro.
Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará
saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma
reservada, recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo,
el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.
ARTICULO 31°quater: (Incorporado por Art. 8 de Ley 24.424). Ningún
agente de las fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como agente
encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente
desfavorable para ningún efecto.
ARTICULO 31°quinqués: (Incorporado por Art. 9 de Ley 24.424). Cuando
peligre la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto
por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre
permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de
servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro
igual al que le corresponda a quien tenga dos grados más del que él tiene.
En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del Art. 33 bis.
ARTICULO 31°sexies: (Incorporado por Art. 10° de Ley 24.424). El
funcionario o empleado público que indebidamente revelare la real o nueva
identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el
domicilio de un testigo o imputado protegido, será reprimido con prisión de dos
a seis años, multa de diez mil a cien mil pesos e inhabilitación absoluta
perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o
inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro
conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno a cuatro años,
multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación especial de res a diez años.
ARTICULO 32°: Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el
éxito de la investigación, el juez de la causa podrá actuar en ajena jurisdicción
territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que
entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del
lugar. Además, las autoridades de prevención deben poner en conocimiento del
juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas, poniendo a
disposición del mismo las personas detenidas a fin de que este magistrado
controle si la privación de la libertad responde estrictamente a las medidas
ordenadas.
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Constatado este extremo el juez del lugar podrá a los detenidos a disposición
del juez de la causa.
ARTICULO 33°: El juez de la causa podrá autorizar a la autoridad de
prevención que postergue la detención de personas o el secuestro de
estupefacientes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas
puede comprometer el éxito de la investigación.
(Párrafo incorporado por Art. 11 de Ley 24.424). El juez podrá incluso
suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita de
estupefacientes y permitir su salida del país, cuando tuviere seguridades de
que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino. Esta
medida deberá disponerse por resolución fundada, haciéndose constar, en
cuanto sea posible, la calidad y cantidad de la sustancia vigilada como así
también su peso.
ARTICULO 33°bis: (Incorporado por Art. 12 de Ley 24.424). Cuando las
circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para
la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese
colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas
especiales de protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso
consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la
provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de
domicilio y ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda
quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
ARTICULO 34°: (Sustituido por Art. 2 de Ley N° 26.052 del 31-08-2005). Los
delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia
federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su
competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a
continuación:
1.Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite
estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
2.Artículo 5º penúltimo párrafo.
3.Artículo 5º Ultimo párrafo.
4.Artículo 14.
5.Artículo 29.
6.Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
ARTICULO 34°bis: (Incorporado por Art. 13 de Ley 24.424). Las personas
que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el Art. 866 del Código
Aduanero, se mantendrán en el anonimato.
ARTICULO 35°: Incorporase a la ley 10903 como artículo 18 bis el siguiente:
Artículo 18 bis: En todos los casos en que una mujer embarazada diera a luz
en el transcurso del proceso o durante el cumplimiento de una condena por
infracción a la ley de estupefacientes, la madre deberá, dentro de los cinco días
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posteriores al nacimiento someter al hijo a una revisación médica especializada
para determinar si presenta síntomas de dependencia de aquellos.
La misma obligación tendrá el padre, el tutor y el guardador.
Su incumplimiento será penado con multa de ciento veinte a novecientos
australes y el juez deberá ordenar la medida omitida.
ARTICULO 36°: Si como consecuencia de infracciones a la presente ley, el
juez de la causa advierte que el padre o la madre han comprometido la
seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad de sus hijos menores,
deberá remitir los antecedentes pertinentes al juez competente para que se
resuelva sobre la procedencia de las previsiones del artículo 307, inciso 3ro.
Del Código Civil.
ARTICULO 37°: Reemplazase los artículos 25 y 26 de la ley 20655 por los
siguientes:
Artículo 25: Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un
delito más severamente penado, el que suministrare a un participante en una
competencia deportiva, con su consentimiento o sin él, sustancia estimulantes
o depresivas tendientes a aumentar o disimular anormalmente su rendimiento.
La misma pena tendrá el participante de una competencia deportiva que usare
algunas de estas sustancias o consistiere su aplicación por un tercero con el
propósito indicado en el párrafo anterior.
Artículo 26.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare
un delito más severamente penado, el que suministrare sustancias
estimulantes o depresivas a animales que intervengan en competencias con la
finalidad de aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento.
La misma pena se aplicará a quienes dieren su consentimiento para ello o
utilizaren los animales para una competencia con conocimientos de esa
circunstancia.
ARTICULO 38°: Incorporase como artículo 26 bis de la ley 20.655 el siguiente:
Artículo 26 bis: Si las sustancias previstas en los artículos anteriores fueren
estupefacientes, se le aplicará:
1. En el caso del primer párrafo del artículo 25, reclusión o prisión de cuatro
a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes.
2. En el caso del segundo párrafo del artículo 25, prisión de un mes a cuatro
años.
3. Para el supuesto del artículo 26, prisión de un mes a cuatro años y multa
de tres mil a cincuenta mil australes.
ARTICULO 39°: (Sustituido por Art. 6 de Ley N° 26.052 del 31-08-2005).
Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria
decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los
beneficios económicos a que se refiere el artículo 30. Los bienes o el producido
de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes,
su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.
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El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta
ley. Asimismo, el mismo destino se le dará a los bienes decomisados o al
producido de su venta, por los delitos previstos en la sección XII, Título I de la
Ley 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean estupefacientes,
precursores o productos químicos.
En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades
competentes entregarán las multas, los beneficios económicos y los bienes
decomisados o el producido de su venta a que se refieren los párrafos
precedentes, conforme lo establecido por esta ley.“En las causas de
jurisdicción provincial las multas, los beneficios económicos y los bienes
decomisados o el producido de su venta, corresponderá a la provincia.
ARTICULO 40°: Modificase el último párrafo del Código Penal por el siguiente
texto:
El término "estupefacientes" comprende los estupefacientes, psicotrópicos y
demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que
se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por
decreto del Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 41°: Hasta la publicación del decreto por el Poder Ejecutivo
nacional a que se refiere el artículo anterior, valdrán como ley complementaria
las listas que hubiese establecido la autoridad sanitaria nacional en virtud de lo
dispuesto por el artículo 10 de la ley 20771, que tuviesen vigencia en la fecha
de promulgación de la presente ley.
ARTICULO 42°: El Ministerio de Educación y Justicia en coordinación con el
Ministerio de Salud y Acción Social y las autoridades educacionales y sanitarias
provinciales, considerarán en todos los programas de formación de
profesionales de la educación, los diversos aspectos del uso indebido de droga,
teniendo presente las orientaciones de los tratados internacionales suscritos
por el país, las políticas y estrategias de los organismos internacionales
especializados en la materia, los avances de la investigación científica relativa
a los estupefacientes y los informes específicos de la Organización Mundial de
la Salud.
Sobre las mismas pautas, desarrollarán acciones de información a los
educandos, a los grupos organización de la comunidad y a la población en
general.
ARTICULO 43°: El Estado nacional asistirá económicamente a las provincias
que cuenten o contaren en el futuro con centros públicos de recuperación de
los adictos a los estupefacientes.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el presupuesto nacional una
partida destinada a tales fines.
Asimismo proveerá de asistencia Técnica a dichos centros.
ARTICULO 44°: Las empresas o sociedades comerciales que produzcan,
fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos
autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados
ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de
estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en
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la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo nacional y que deberá
mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades
registradas.
En este registro deberán constar la producción anual, las ventas, su destino
geográfico y uso, así como todos los datos necesarios para ejercer su
adecuado control, tanto en las etapas de producción como de comercialización
de las sustancias o productos y su ulterior utilización.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con inhabilitación
especial de un mes a tres años y multa de mil a cien australes.
Las sustancias o productos químicos serán los que haya determinado o
determine el Poder Ejecutivo nacional mediante listas que serán actualizadas
periódicamente.
ARTICULO 45°: Derogado por Ley 23975, Art. 3 (B.O. 17/9/91)
ARTÍCULO 46º: Deróganse los artículos 1ro. Y a 11 inclusive de la Ley 20771
y sus modificatorias.
ARTÍCULO 47º: Comuníquese, etcétera.
L. 9643 - Warrants y certificados de depósito (Con las modificaciones
introducidas por la ley 23479)

 

 

 

 

LEY 17.818 – Lista oficial de Estupefacientes y Psicotrópicos.

Ley 17.818

REGLAMENTADA POR DECRETO 7250/68
MODIFICADA POR RESOL. 2622/88 MODIFICA LISTAS I,II,III,IV; RESOL. 2127/84 MODIF. LISTA I; RESOL. 1965/83 MODIF. POR RESOL. 2622/88 MODIF. LISTAS I, II, III y IV; DISP. 21/81 MODIF. LISTA I; RESOL. 3103/77 MODIF. LISTAS II, III; RESOL. 2908/69 MODIF. RESOL.1965/83 Y RESOL. 2622/88; MODIF. LISTA I; DECR. 341/92 MODIF. SANCIONES PECUNARIAS; LEY 22599 SUSTITUYE INC. B. ART.23; DISP. ANMAT 4861/96 ACTUALIZA LISTAS I, II, III y IV. MODIFICADA POR DISP. ANMAT 7487/97, INCORPORA REMIFENTANILO A LA LISTA 1.

LEY Nº 17.818 julio 29 de 1968

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: A los efectos de la presente ley, de implicación en todo el territorio de la República, se considerarán estupefacientes:

a) Las sustancias, drogas y preparados enunciados en las listas anexas (Naciones Unidas- Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961, que forman parte de la presente ley;

b) Aquellas otras que, conforme a estudios y dictámenes propios o a recomendaciones de los organismos internacionales, la autoridad sanitaria nacional resuelva incluir en las mismas.

A tales fines la autoridad sanitaria nacional publicará periódicamente la nómina de estupefacientes sujetos a fiscalización y control y las eventuales modificaciones de las listas.

Artículo 2º: La importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio de estupefacientes quedan sujetos a las normas de la presente ley.

Artículo 3º: Queda prohibida la producción fabricación, exportación, importación, comercio y uso de los estupefacientes contenidos en la lista IV de la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluídos los experimentos clínicos con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria.

CAPITULO II
ESTIMACIONES

Artículo 4º: La autoridad sanitaria nacional establecerá anualmente para todo el país y en las fechas que cada caso determine:

a) La estimación de consumo de estupefacientes con fines médicos y científicos.

b) La cantidad de estupefacientes a utilizar en la elaboración de otros estupefacientes, preparados de la lista III y de sustancias derivadas a las que no se aplicará la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961;

c) La estimación ajustada a lo previsto en el artículo 25 de la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961- de las necesidades de adormidera (Papaver Somníferum L) para la eventual autorización de su cultivo;

d) La existencia de estupefacientes al 31 de diciembre del año anterior al que se refieren las previsiones;

e) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las existencias especiales;

f) La cantidad necesaria de los distintos estupefacientes para fines de exportación.

La autoridad sanitaria nacional podrá fijar durante el año para el cual se han establecido las necesidades, una previsión complementaria, en aquellos casos en que razones de excepción así lo aconsejen.

CAPITULO III
IMPORTACION Y EXPORTACION

Artículo 5º: Solo podrán ser importados, exportados y reexportados los estupefacientes comprendidos en el artículo 1º, por puertos o aeropuertos bajo jurisdicción de la Aduana de la Capital Federal, exceptuando hojas de coca para expendio legítimo en la región delimitada por la autoridad sanitaria nacional, las que podrán también ser importadas por las Aduanas de la frontera con la República de Bolivia.

Las autoridades aduaneras no permitirán el despacho de ninguno de los estupefacientes enumerados en el artículo 1º sin intervención previa de la autoridad sanitaria nacional.

Artículo 6º: Para la importación de los estupefacientes comprendidos en el artículo 1º de esta ley será indispensable obtener, en caso y para cada uno de ellos, un certificado oficial otorgado por la autoridad sanitaria nacional de conformidad, con las especificaciones; señaladas en la Convención Única sobre estupefacientes del año 1961, el que será confeccionado de acuerdo al modelo establecido por la Comisión de estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El certificado de importación será extendido por triplicado y se le dará el siguiente destino:

a) Original, se entregará al interesado;

b) Duplicado, lo remitirá la autoridad sanitaria nacional a los organismos competentes del país exportador;

c) Triplicado, será archivado por la autoridad sanitaria nacional.

El certificado oficial de importación caducará a los ciento ochenta (180) días de la fecha de su emisión.

Artículo 7º: Para la exportación o reexportación de estupefacientes será indispensable obtener en cada caso y para cada uno de ellos, un certificado oficial otorgado por la autoridad sanitaria nacional, de conformidad a las especificaciones señaladas en la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961.

El certificado oficial de exportación o reexportación caducará a los sesenta (60) días de la fecha de emisión. Dichos certificados serán extendidos por cuadruplicado y se les dará el siguiente destino:

a) Original, se entregará al interesado;

b) Duplicado, lo remitirá la autoridad sanitaria nacional a la Dirección Nacional de Aduanas, la que se lo restituirá cuando la operación haya sido efectuada;

c) Triplicado, lo remitirá la autoridad sanitaria nacional a los organismos competentes del país que haya extendido el certificado de importación;

d) Cuadruplicado, será archivado por la autoridad sanitaria nacional.

Artículo 8º: Los estupefacientes en tránsito deberán ser amparados por un certificado oficial, que la autoridad sanitaria nacional extenderá por cuadruplicado, previa presentación de los certificados oficiales de exportación e importación otorgados por las autoridades de los países de donde procedan y a donde se dirijan los estupefacientes.

Al certificado oficial de tránsito, se le dará el siguiente destino:

a) Original, se entregará al interesado;

b) Duplicado, lo remitirá la autoridad sanitaria nacional a la Dirección Nacional de Aduanas, la que se lo restituirá cuando los estupefacientes del territorio argentino;

c) Triplicado, lo remitirá la autoridad sanitaria nacional a los organismos competentes del país importador;

d) Cuadruplicado, será archivado por la autoridad sanitaria nacional.

Los estupefacientes en tránsito no podrán ser sometidos a manipulación alguna que pueda alterar su naturaleza, como tampoco modificar su embalaje sin autorización previa de la autoridad sanitaria nacional.

La autoridad sanitaria nacional queda facultada para autorizar cambio de destino, de acuerdo a las especificaciones de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961.

Artículo 9º: Solo podrán importar, exportar o reexportar estupefacientes las personas habilitadas por la autoridad sanitaria nacional.

La autoridad sanitaria nacional establecerá los registros que deberán llevar dichas personas, foliados y rubricados por aquella, en que constarán todos los datos sobre cantidades, países de procedencia y destino y todo otro que se establezca reglamentariamente.

Artículo 10º: Las instituciones de investigación científica podrán importar estupefacientes, a esos fines, en las condiciones que determine la autoridad sanitaria nacional, de conformidad con las especificaciones de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961.

CAPITULO IV
ELABORACION NACIONAL

Artículo 11º: Los establecimientos habilitados para la elaboración de estupefacientes deberán obtener de la autoridad sanitaria nacional autorización especial, en la que se especificará las drogas que podrán elaborar.

Para los derivados de la morfina, tales especificaciones podrán otorgarse en su equivalente en morfina base anhídrica.

Artículo 12º: La autoridad sanitaria nacional fijará anualmente para cada establecimiento autorizado una cuota a la previsión anual establecida por el artículo 4º para el país.

Artículo 13º: Los establecimientos habilitados para elaborar estupefacientes deberán inscribir diariamente sus operaciones en registros especiales, foliados y rubricados por la autoridad sanitaria nacional, haciendo constar en los mismos, fecha, nombre del proveedor, clase y cantidad de materias primas ingresadas, así como también todos aquellos estupefacientes que se elaboren o expendan.

Los establecimientos habilitados solo podrán expender sus productos a quienes estén autorizados por la autoridad sanitaria para la adquisición de los mismos.

La autoridad sanitaria nacional verificará la cantidad y calidad de los estupefacientes obtenidos por establecimientos habilitados para su elaboración.

CAPITULO V
COMERCIO INTERIOR

Artículo 14º: La enajenación, por cualquier título, de estupefacientes destinados al comercio o a la industria farmacéutica, solo podrán efectuarse mediante formularios impresos de acuerdo al modelo aprobado por la autoridad sanitaria nacional, en los que deberá consignarse: especificación de la droga o preparado, cantidades, unidad o tipo de envase y ser firmados y fechados.

El formulario se confeccionará por triplicado y se le dará el siguiente destino:

a) Original, será remitido juntamente con los estupefacientes y archivado por el adquiriente;

b) Duplicado, será remitido a la autoridad sanitaria en el plazo que ésta establezca;

c) Triplicado, quedará en poder del cedente.

Artículo 15º: Los estupefacientes podrán ser adquiridos en las condiciones que cada caso se determinan, por:

a) Laboratorios habilitados y autorizados para elaborar medicamentos que contengan estupefacientes;

b) Droguerías y farmacias habilitadas;

c) Hospitales o establecimientos de asistencia médica con farmacia habilitada;

d) Hospitales o establecimientos de asistencia médica sin farmacia habilitada;

e) Instituciones científicas previamente autorizadas al efecto por las autoridades sanitarias.

En los casos del inciso a) los laboratorios deberán llevar un registro especial foliado y rubricado por la autoridad sanitaria competente, en el que asentarán la cantidad de estupefacientes, adquiridos, fecha, nombre del proveedor y las cantidades invertidas para cada partida elaborada y el número de unidades de cada producto obtenido.

Su expendio deberá ser igualmente registrado indicando fecha, cantidades o unidades y nombre del adquiriente. Los libros registros deberán ser exhibidos a la autoridad sanitaria a su solo requerimiento.

En los casos del inciso b) y c), las droguerías y farmacias deberán llevar un libro registro de entrada y salida de estupefacientes, foliado y rubricado por la autoridad sanitaria competente, en el que se asentará diariamente con la firma del director técnico, la cantidad de sustancias, preparados, fórmulas y unidades de especialidades ingresadas y expedidas y los datos de identificación del destinatario. Las recetas deberán archivarse de acuerdo a lo establecimiento en los artículos 16 y 17.

En los casos del inciso d), los establecimientos podrán adquirir los medicamentos o preparados con estupefacientes con la firma del director médico. El pedido deberá ser previamente visado por la autoridad sanitaria competente.

Dichas entidades deberán consignar diariamente en registros especiales foliados y rubricados por la autoridad sanitaria, la cantidad de los preparados y unidad de las especialidades adquiridas, estableciendo donde se adquirieron, nombre del paciente, del médico que prescribió su aplicación, fecha y dosis instituida.

El director médico del establecimiento firmará diariamente tales registros.

En los casos del inciso e), las instituciones científicas deberán obtener autorización previa de las autoridades sanitarias, llevar un libro de entrada y salida de los estupefacientes, y documentar el uso dado a los mismos.

CAPITULO VI
DESPACHO AL PUBLICO

Artículo 16º: Las preparaciones y especialidades medicinales que:

a) Contengan estupefacientes contenidos en la lista I de la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961 excepto la resina de Cannabis, el concentrado de paja de adormidera y la heroína; y

b) Los de la lista II que superen las concentraciones establecidas en la lista III, solo podrán ser prescriptas por profesionales médicos matriculados ante autoridad competente, mediante recetas extendidas en formularios especializados, conforme al modelo aprobado por la autoridad sanitaria nacional.

La receta deberá ser manuscrita por el médico en forma legible y señalando la denominación o la fórmula y su prescripción, con las cantidades expresadas en letras, debiendo constar nombre, apellido y domicilio del enfermo. Para despachar estas recetas, el farmacéutico deberá numerarlas, seguir el número de asiento en el libro recetario, sellarlas, fecharlas y firmarlas en su original y duplicado. Este deberá remitirlo dentro de los ocho (8) días de expendio a la autoridad sanitaria.

Las recetas a las que se refiere el presente artículo, las despachará el farmacéutico una única vez. Los originales deberán ser copiados en el libro recetario y archivados por el director técnico durante dos (2) años.

Estas recetas podrán ser destruidas una vez cumplido el término señalado, previa intervención de la autoridad sanitaria, la que labrará acta sobre tal circunstancia.

El movimiento de estupefacientes deberá consignarse diariamente en libro foliado y rubricado por autoridad sanitaria competente.

Artículo 17º: Los estupefacientes enumerados en la lista III podrán despacharse en las farmacias por receta médica manuscrita, fechada y firmada por el médico.

Artículo 18º: En ningún caso podrán expenderse recetas cuya cantidad de estupefacientes exceda la necesaria para administrar, según la dosis diaria instituida hasta diez (10) días de tratamiento.

Artículo 19º: Para la prescripción de sobredosis se deberán seguir las indicaciones de la Farmacopea Nacional subrayándose las dosis con dos líneas y escribiéndolas con letras.

Para aquellos casos de orden médico excepcional, se procederá en la forma indicada en el párrafo anterior, debiendo además el médico informar a la autoridad sanitaria sobre la identidad del paciente.

Artículo 20º: Las preparaciones galénicas con cocaína destinadas por el médico a ser utilizadas en su actividad profesional, deberán ser prescriptas en formularios oficializados, certificando el médico el destino de las mismas.

Artículo 21º: Los veterinarios que acrediten ante la autoridad sanitaria estar matriculados por autoridad competente, podrán prescribir estupefacientes que solo podrán ser usados en veterinaria. Deberán figurar en esas recetas el nombre y domicilio del propietario del animal, fecha y dosis, y ser formuladas por duplicado.

La receta deberá ser previamente visada por la autoridad sanitaria y archivado el original por el farmacéutico, quien deberá remitir el duplicado a la autoridad sanitaria.

La receta deberá transcribirla el farmacéutico en el libro recetario y consignada en el registro especial.

CAPITULO VII
APROVISIONAMIENTO EN MEDIOS DE TRANSPORTE

Artículo 22º: La autoridad sanitaria nacional reglamentará las condiciones de aprovisionamiento y administración de estupefacientes en medios de transporte de matrícula nacional.

También reglamentará las condiciones de aprovisionamiento eventual en territorio argentino de naves y aeronaves de matrícula extranjera.

CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES

Artículo 23º: Las infracciones a las normas de la presente ley y su reglamentación, siempre que no estén consideradas en el código penal, serán sancionadas:

a) Con apercibimiento;

b) Con multas de $ 10.000 a $ 400.000;

c) Con la clausura, total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o reiteración de la infracción, del establecimiento en que ella se hubiere cometido;

d) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la actividad o profesión de un lapso de hasta tres (3) años;

e) El comiso de los efectos o productos en infracción o de los compuestos en que intervengan dichos elementos o sustancias.

La autoridad sanitaria podrá graduar las sanciones previstas precedentemente, aplicándola separada o acumulativamente según la gravedad de la falta, de acuerdo a la trascendencia desde el punto de vista y/o en virtud de los antecedentes del imputado.

Artículo 24º: En los casos de reincidencia en las infracciones, la autoridad sanitaria podrá además inhabilitar al infractor por el término un (1) mes a cinco (5) años, según los antecedentes del mismo, la gravedad de la falta y su proyección desde el punto de vista sanitario.

Artículo 25º: El producto de las multas aplicadas por la autoridad sanitaria nacional ingresará al Fondo Nacional de Salud, dentro del cual se contabilizará por separado y deberá destinarse a funciones de fiscalización o policía sanitaria.

El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales se ingresará de acuerdo a lo que en las respectivas jurisdicciones se disponga al efecto, con análogo destino al expresado en el párrafo precedente.

CAPITULO IX
DE LA PRESCRIPCION

Artículo 26º: Las infracciones a ésta ley y a sus reglamentos prescribirán a los dos (2) años; los actos de procedimiento administrativo o judicial interrumpirán la prescripción.

CAPITULO X
DEL PROCEDIMIENNTO

Artículo 27º: Las infracciones a ésta ley o a sus reglamentaciones cometidas en territorio de jurisdicción federal, o que surtan efectos en él o que afecten al comercio interjurisdiccional, serán sancionadas por la autoridad sanitaria nacional previo sumario, con audiencia de prueba y defensa a los presuntos infractores y conforme al procedimiento que se establecerá mediante decreto reglamentario. Las constancias del acta labrada en forma, que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de responsabilidad del imputado.

Artículo 28º: Las resoluciones imponiendo cualquiera de las sanciones previstas por ésta ley, serán apelables ante las respectivas Cámaras Federales de Apelación y en Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, según sea el lugar de comisión de la infracción. El curso deberá interponerse con expresión concreta de agravios dentro de los cinco (5) días de notificarse la resolución administrativa, y se concederá al solo efecto devolutivo, salvo cuando la pena sea de clausura o inhabilitación, en que se concederá con efecto suspensivo.

Tratándose de multas hasta de cien mil pesos ($ 100.000) moneda nacional, será condición de la apelación el previo ingreso de su importe,

Artículo 29º: La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por vía de apremio, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria expedido por el organismo de aplicación.

Artículo 30º: Los funcionarios encargados de la vigilancia de las disposiciones de esta ley o a sus reglamentaciones, tendrán facultades para proceder al secuestro de los elementos probatorios; para disponer la intervención de la mercadería en infracción, nombrando depositario, o la clausura preventiva del establecimiento cuando ello fuera indispensable para el mejor curso de la investigación.

Para el cumplimiento de su cometido el organismo de aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, secuestrar documentación y libros y solicitar de los jueces componentes órdenes de allanamiento.

Artículo 31º: Esta ley y su reglamentación se aplicará y hará cumplir por las autoridades sanitarias nacionales o provinciales en su respectiva jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la autoridad sanitaria nacional podrá concurrir para hacer cumplir dichas normas en cualquier parte del país.

Artículo 32º: El Poder Ejecutivo Nacional y el de cada una de las provincias, reglamentará las normas de procedimiento para la aplicación de las sanciones de la presente ley en su respectiva jurisdicción.

Artículo 33º: Comuníquese; publíquese; desé a la Dirección General del Registro Oficial y archívese. -ONGANIA ¿ Conrado Ernesto Bauer.

Mensaje al Excelentísimo señor Presidente

En su Resolución Nº 689 del 28 de julio de 1958, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió, de conformidad con el párrafo 4º del artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas y con las disposiciones de la Resolución Nº 366 de la Asamblea General, de fecha 3 de Diciembre de 1949, convocar una conferencia de plenipotenciarios para que aprobara una Convención Unica sobre Estupeacientes, a fin de reemplazar con un solo instrumento los tratados multilaterales existentes en la materia, reducir el número de órganos internacionales creados por tratados que se ocupaban exclusivamente en dicha fiscalización y tomar medidas para fiscalizar la producción de las materias de los estupefacientes.

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una Convención Unica sobre Estupefacientes se celebró en la Sede de las Naciones Unidas del 24 de enero al 25 de marzo de 1961.

Como resultado de sus deliberaciones, recogidas en las actas de la Conferencia Plenaria y en actas e informes de los comités, la Conferencia aprobó y abrió a la firma la Convención Unica sobre estupefacientes del año 1961. Además, la Conferencia aprobó las cinco resoluciones que figuran como anexo al Acta Final.

La República Argentina, por Decreto- Ley Nº 7672 del 13 de septiembre de 1963 (convalidado por la ley 16478), aprobó la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961, y resulta por lo tanto necesario adecuar la legislación en todo el ámbito del territorio nacional, a lo estipulado en el citado Convenio.

Por todo lo expuesto el Ministerio de Bienestar Social espera que el proyecto de ley que se eleva cuente con la aprobación del Excelentísimo Señor Presidente.

LISTAS

Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista I

1) Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4-4-difenilheptanol

2) Alfacetilmetadol (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4-4-difenilheptanol)

3) Alfameprodina (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina)

4) Alfametadol (alfa-6-dimetilamino-4-4-difenil-3-heptanol)

5) Alfaprodina (alfa-1.3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)

6) Alilprodina ( 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipeperidina)

7) Anileridina (éster etílico del ácido 1-para amino fenetil 4 fenilpiperidina 4 carboxílico)

8) Benzetidina (éster etílico del ácido 1-( 2 benziloxietil ) 4 fenilpiperidina 4carboxílico.

9) Benzilmorfina ( 3 benzilmorfina)

10) Betacetilmetadiol (beta 3 acetoxi 6 dimetilamino 4,4 difenil heptanol)

11) Betameprodina (beta 3 etil 1 metil 4 fenil 4 propionoxipiperidina)

12) Betametadol (beta 6 dimetilamino 4,4 difenil 4 heptanol)

13) Betaprodina (beta 1-3 dimetil 4 fenil 4 proponoxipiperidina)

14) Cannabis y su resina y los extractos y tinturas de la cannabis

15) Cetobemidona (4 meta hidroxifenil 1 metil 4 propionilpiperidina)

16) Clonitazeno ( 2 para clorobenzil 1 dietilaminoetil 5 nitrobenzimidazol)

17) Coca ( hojas de)

18) Cocaína ( éste metílico de benzoilecgonina)

19) Concentrado de paja de adormidera ( el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para la concentración de sus alcaloides en el momento en que pasa al comercio)

20) Desomorfina ( dihidrodeoximorfina)

21) Dextromoramida ( (+) 4 ( 2 metil 4 oxo 3,3 difenil 4 ( 1 pirolidinil) butil) morfino)

22) Diampromida ( N- ( 2 ( metilfenetilamino ) propil ) propionanilido)

23) Dimetiltiambuleno ( 3 dimetilamino 1-1 di ( 2 tienil ) 1 buteno

24) Dihidro morfina

25) Dimenoxadol ( 2 dimetilaminoetil 1 etoxi 1,1 difenil acitato)

26) Dimefeptanol ( 6 dimetilamino 4,4 difenil 3 heptanol)

27) Dimetiltiambuteno ( 3 dimetilamino 1,1 di ( 2 tienil 1 buteno)

28) Butirato de dioxafetilo ( etil 4 morfolino 2 2 difenil butirato)

29) Difenoxilato (éster etílico del ácido 1 ( 3 ciano 3,3 difenil propil ) 4 difenil piperidina 4 carboxílico)

30) Dipipanona ( 4,4 difenil 6 piperidino 3 heptanona)

31) Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.

32) Etilmetiltiambuteno ( 3 etilmetilamino 1,1 de ( 2¿tieneil ) 1 buteno)

33) Etonitazena ( 1 dietilaminoetil 2 para etoxibenzil 5 nitrobenzimidazol)

34) Fenadoxona ( 6 morfino 4,4 difenil 3 heptanona)

35) Fenampromida ( N ( Metil 2 piperidinoetil) propionanilido)

36) Fenazocina ( 2¿hidroxi 5,9 dimetil 2 fenetil 2,7 benzomorfán)

37) Fenomorfán ( 3 hidroxi N fenetilmorfinán)

38) Fenoperidina ( éster etílico del ácido 1 ( 3 hidroxi 3 fenilpropil ) 4 fenilpiperidina 4 carboxílico)

39) Furetidina ( éster etílico del ácido 1 ( 2 tetrahidrofurfuriloxietil) 4 fenilpiperidina 4 carboxílico)

40) Heroína ( diacetilmorfina)

41) Hidrocodona ( dihidrocodeinona)

42) Hidromorfinol ( 14 hidroxidihidromorfina)

43) Hidromorfona ( dihidromorfinona)

44) Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4 meta hidroxifenil 1 metilpiperidina 4 carboxílico)

45) Isometadona ( 6 dimetilamino 5 metil 4,4 difenil 3 hexanona)

46) Levometorfán ( (-) 3 metoxi N metilmorfinán)

47) Levomoramida ( (-) 4 ( 2 metil 4 oxo 3,3 difenil 4 ( 1 pirrolidinil)) morfolino)

48) Leforfanol ( (-) 3 hidroxi N metilmorfinán)

49) Metazocina ( 2¿ hidroxi 2,5,9 trimetil 6,7 benzomorfán)

50) Metadona ( 6 dimetílamino 4,4, difenil 3 heptanona)

51) Metildesorfina ( 6 metil delta 6 deoximorfina)

52) Metildihidromorfina ( 6 metildihidromorfina) 1 metil 4 fenilpiperidina 4 carboxílico (ácido)

53) Metopón ( 5 metildihidromorfinona)

54) Morderidina (éster etilico del ácido 1 ( 2 morfolinoetil) 4 fenipipeidina 4 carboxílico)

55) Morfina

56) Morfina Metobromide y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente

57) Morfina N óxido

58) Morfina ( miristilbenzilmorfina)

59) Nicomorfina (3,6 dinicotinilmorfina)

60) Norlevorfanol ( (-) 3 hidroximorfinaán)

61) Normetadona ( 6 dimetilamino 4,4 difenil 3 hexanona)

62) Normorfina ( dimetilmorfina)

63) Opio

64) Oxicodona ( 14 hidroxidihidrocodeinona)

65) Oximorfona ( 14 hidroxidihidromorfina)

66) Petidina ( éster etílico del ácido 4 fenil 1 ( 3 fenilamino propil)

67) Proheptazina ( 1,3 dimetil 4 fenil 4 propionoxiazacicloheptano)

68) Properidina ( éster isopropílico del ácido 1 metil 4 fenilpiperidina 4 carboxílico)

69) Racemetorfán ( (+-) 3 metoxi N metilmorfinán)

70) Racemoramida ( (+- 4 ( 2 metil 4 oxo 3,3 difenil 4 ( 1 pirrolidinil) butil morfolino)

71) Racemorfán ( (+-) 3 hidroxi N metilmorfinán)

72) Tebacón ( acetildihidrocodeinona)

73) Tebaína

74) Trimeperidina ( 1,2,5 trimetil 4 fenil 4 propionoxipiperidina y

Los isómeros a menos que estén expresamente exceptuados de los estupefacientes de esta lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.

Los ésteres y éteres, a menos que figuren en otra lista, de los estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos ésteres o éteres.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluso las sales de ésteres, éteres e isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

Enumeración de los estupefacientes incluidos en la lista II

a) Acetildihidrocodeína

b) Codeína ( 3 metilmorfina)

c) Dextropropixifeno ( (+) 4 dimetilamino 3 metil 1,2 difenil 2 propionoxibutano)

d) Dihidrocodeína

e) Etilmorfina ( 3 etilmorfina)

f) Norcodeína ( N demetilcodeína)

g) Folcodina (Morfolinilentilmorfina) y

Los isómeros a menos que estén expresamente exceptuados de los estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluso las sales de los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

Enumeración de los estupefacientes incluídos en la lista III

Preparados de:

v Acetildihidrocodeína

v Codeína

v Dextropropoxífeno

v Dihidrocodeína

v Etilmorfina

v Folcodina y

v Norcodeína
En los casos que:

a) Estén mezclados con uno a varios ingredientes más, de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública; y

b) Su contenido de estupefaciente no exceda de 100 miligramos por unidad posología y el concentrado no exceda del 2,5% en los preparados no divididos.

2) Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,10 % de cocaína calculado como base de cocaína y los preparados de opio o de morfina que no contengan más del 0,20 % de morfina calculado en morfina base anhidra y estén mezclados con uno o varios ingredientes más de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.

3) Los preparados sólidos de difenoxilato que no contengan más de 2,5 miligramos de difenoxilato calculado como base y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina por unidad de dosis.

4) Pulvis ipecacuanhue et opii compositus 10 % de polvo de jopoio.

10 % de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80 % de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.

5) Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.

Enumeración de los estupefacientes incluidos en la lista IV

a) Cannabis y su resina

b) Cetobemidona ( 4 meta hidrxifenil 1 metil 4 propionilpiperidina)

c) Desomorfina (dihidrodeoximorifina)

d) Heroína ( diacetilmorfina)

Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta lista, siempre que sea posible formar dichas sales

Ley de Regulación de la Cadena de Frío de los Medicamentos (Ley 26.492)Decreto 248/2009

Ley de Regulación de la Cadena de Frío de los Medicamentos (Ley 26.492)

Sancionada: Marzo 11 de 2009
Promulgada: Marzo 26 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: LEY DE REGULACION DE LA CADENA DE FRIO DE LOS MEDICAMENTOS

ARTICULO 1º: En un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente ley, todos los medicamentos de uso humano o veterinario, conteniendo principios activos termolábiles, deberán tener incorporado un testigo de temperatura en el envase individual, de carácter indeleble, inalterable e irreversible, que permita verificar que dicho producto no ha perdido la cadena de frío al momento de llegar al consumidor.

ARTICULO 2º: El testigo será incorporado por la fábrica y deberá permanecer en el medicamento hasta la unidad de consumo individual.

ARTICULO 3º: Para las presentaciones multidosis, el testigo deberá permanecer en el envase, de manera que el consumidor pueda verificar que en el producto en su poder no se interrumpió la cadena de frío, desnaturalizando o inactivando las propiedades originales del medicamento.

MEDICAMENTOS
Decreto 248/2009
Obsérvase y Promúlgase la Ley Nº 26.492

LEY DE HIPOACUSIA. Ley 25.415. PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA

PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA

Ley 25.415

Creación del citado Programa en el ámbito del Ministerio de Salud. Prestaciones obligatorias que deberán brindar las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y entidades de medicina prepaga.

Sancionada: Abril 4 de 2001
Promulgada parcialmente: Abril 26 de 2001

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º– Todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesitare.

ARTICULO 2º– Será obligatoria la realización de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad de aplicación conforme al avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida.

ARTICULO 3º– Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta Ley, las que quedan incorporadas de plena derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica.

ARTICULO 4º– Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:

a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia;

b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las campañas de educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la concientización sobre la importancia de la realización de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la inmunización contra la rubéola y otras enfermedades inmunoprevenibles;

c) Planificar la capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;

d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;

e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos necesarios para la realización de los diagnósticos que fueren necesarios;

f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura médico- asistencial;

g) Establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas para acreditar los servicios y establecimientos incluídos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de grado de las hipoacusias.


ARTICULO 5º– El Ministerio de Salud realizará las gestiones necesarias para lograr la adhesión de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires a la presente ley.

ARTICULO 6º– Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que quedan a cargo de las entidades mencionadas en el artículo 3º se financiarán con los créditos correspondientes a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud.

ARTICULO 7º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.

– REGISTRADA BAJO EL Nº 24.415
– RAFAEL PASCUAL- FELIPE SAPAG-
– Luis Flores Allende- Juan José Canals.

NOTA: El texto en negrita fue observado.

Decreto Nº 469/2001

Bs. As., 26/4/2001

VISTO el Proyecto de Ley 25.415, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 4 de Abril de 2001, y

CONSIDERANDO

Que por el Proyecto de Ley citado en el Visto, se crea el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD.

Que el mencionado Proyecto de Ley establece como obligatoria la realización de los estudios que se determinen para la detección temprana de la hipoacusia a todo niño recién nacido y hasta el tercer mes de vida.

Que además se establecen los objetivos del PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION TEMPRANA Y ATENCION DE LA HIPOACUSIA, los cuales de acuerdo al artículo 6º se financiarán con créditos correspondientes a la partida presupuestaria del MINISTERIO DE SALUD, con excepción de los que quedan a cargo de las Obras Sociales, Asociaciones de Obras Sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga.

Que resulta de público conocimiento la restricción presupuestaria impuesta a los gastos del Estado Nacional.

Que la citada restricción del gasto dificulta al MINISTERIO DE SALUD la adecuada satisfacción de los distintos programas que desarrolla.

Que, como consecuencia de ello, la creación de un nuevo programa de asistencia como el sometido a análisis, implicaría un incremento en el presupuesto del citado Ministerio.

Que, atento la restricción del gasto, la atención de los gastos provenientes del nuevo programa a implementarse, podría significar una disminución de los créditos que se asignan a otros programas sociales.

Que teniendo en cuenta que las Jurisdicciones Provinciales no han delegado en la Nación la gestión de los servicios y sistemas de atención de la Salud, resulta aconsejable en materia de financiamiento del sistema mantener la responsabilidad compartida y solidaria a través de acuerdos entre el MINISTERIO DE SALUD y las distintas Jurisdicciones Provinciales que garanticen la calidad, oportunidad y racionalidad de los esquemas terapeúticos financiados con fondos públicos y el control de gestión y seguimiento estadístico y epidemiológico del programa.

Que sobre la base de lo expresado precedentemente, resulta necesario observar el artículo 6º del Proyecto de Ley Nº 25.415.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

Artículo 1º– Obsérvase el artículo 6º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.415

Artículo 2º– Con la salvedad establecida en el artículo precedente, cúmplase, promúlguese y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.415.

Artículo 3º– Dese cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Artículo 4º– Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese- DE LA RUA- Chrystian G. Colombo- Héctor J. Lombardo- Ramón B. Mestre- Patricia Bullrich- Adalberto Rodríguez Giavarini- Andrés G. Dellich- Domingo F. Cavallo- Jorge E. De La Rua- Carlos M. Bastos- José H. Jaunarena

SALUD PUBLICA Decreto 528/2011 . REGLAMENTACION DE LA LEY 26588 LEY DE CELIACOS

SALUD PUBLICA
Decreto 528/2011
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.588 que declara de Interés Nacional
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca.
Bs. As., 4/5/2011
VISTO el Expediente Nº 1-2002-15.365/10-4 del Registro del MINISTERIO DE SALUD y la
Ley Nº 26.588, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.588 se declaró de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Que la enfermedad celíaca es una condición permanente de intolerancia al gluten contenido
en diversos alimentos, que ocurre en individuos genéticamente predispuestos, y se
manifiesta como una enteropatía mediada por mecanismos inmunológicos, cuyo único
tratamiento disponible, hasta el momento, es una dieta libre de gluten. En este sentido, la
detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para evitar
complicaciones secundarias de esta patología.
Que mediante Resolución Nº 1560 de fecha 27 de noviembre de 2007, el MINISTERIO DE
SALUD ha creado el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD
CELIACA, con el objeto de contribuir a la promoción de la detección temprana de la
enfermedad celíaca y fortalecer el Sistema Nacional de Control de Alimentos en lo referente a
alimentos libres de gluten.
Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE  MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA (ANMAT), organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos del MINISTERIO DE SALUD, por medio del INSTITUTO
NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) es el organismo encargado de autorizar, registrar,
controlar y fiscalizar la calidad y sanidad de los alimentos incluyendo los suplementos
dietarios, así como los materiales en contacto con los alimentos, en coordinación con las
jurisdicciones sanitarias federales y sus delegaciones.
Que el Decreto Nº 815 de fecha 26 de julio de 1999 establece el SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL DE ALIMENTOS, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código
Alimentario Argentino.
Que la mencionada normativa crea, además, la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS
(CONAL) como organismo asesor, de apoyo y  de seguimiento del SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL DE ALIMENTOS, encargada de velar por el cumplimiento del Código Alimentario
Argentino, así como de proponer su actualización. Esta Comisión está integrada por UN (1)
representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; UN (1) representante de la Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos del MINISTERIO DE SALUD; UN (1) representante de la autoridad de
aplicación de las Leyes Nº 22.802 y Nº 24.240 (Subsecretaría de Defensa del Consumidor de
la  Secretaría  de  Comercio  Interior  del  MINISTERIO  DE  ECONOMIA  Y  FINANZAS  PUBLICAS);
DOS (2) representantes del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA); DOS (2) representantes de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT); y TRES (3)
representantes de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Que, en este sentido, la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) resulta el ámbito
adecuado para consensuar y definir las características y condiciones que deben reunir los
alimentos, esto es, por ejemplo, determinar qué cantidad de gluten de trigo, avena, cebada
y centeno (TACC) debe poseer un alimento para ser considerado "libre de gluten", y de esta
forma asesorar al MINISTERIO DE SALUD en el dictado de la norma conveniente.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2) de la
CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.588 que "DECLARA DE INTERES
NACIONAL LA ATENCION MEDICA, LA INVESTIGACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA, LA
CAPACITACION PROFESIONAL EN LA  DETECCION TEMPRANA, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELIACA" que como ANEXO I, forma parte integrante del
presente Decreto.
Art. 2º — El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou. — Juan
L. Manzur.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.588
ARTICULO 1º.- Sin reglamentar.
ARTICULO  2º.-  Facúltase  al  MINISTERIO  DE  SALUD, como Autoridad de Aplicación de la
presente ley, a dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias para
garantizar el pleno funcionamiento de lo previsto por la ley que se reglamenta.
ARTICULO 3º.- Facúltase a la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) —creada por
Decreto Nº 815 de fecha 26 de julio de 1999— para que determine las características que
debe reunir un alimento para ser considerado "libre de gluten", y recomiende su
normatización al MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 4º.- Los productos que posean las características determinadas por la COMISION
NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL), conforme al artículo precedente, se rotularán con la
denominación del producto que se trate seguido de la leyenda "libre de gluten" con
caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad, debiendo incluir además el símbolo que la
mencionada Comisión establezca oportunamente.
ARTICULO 5º.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), mediante el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL),
confeccionará, actualizará y hará público el registro de alimentos libres de gluten.
ARTICULO 6º.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), por medio del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS
(INAL), coordinará acciones con los laboratorios de bromatología provinciales, a fin de
elaborar una Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y el control de los productos
alimenticios libres de gluten, la que será propuesta a la Autoridad de Aplicación como marco
regulatorio para la elaboración de dichos alimentos.
ARTICULO 7º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 8º.- El MINISTERIO DE SALUD articulará con la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual —creada por la Ley Nº 26.522— y los organismos que
correspondan, las acciones necesarias a fin de verificar el cumplimiento del artículo que se
reglamenta.
ARTICULO 9º.- Las obras sociales y entidades que se mencionan en el artículo que se
reglamenta brindarán una cobertura a sus afiliados del SETENTA POR CIENTO (70%) de la
diferencia del costo de las harinas y premezclas libres de gluten respecto de aquellas que
poseen gluten, por tratarse de una enfermedad crónica.
A tal efecto, el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) establecerá las cantidades de
harinas y premezclas que deben consumir las personas celíacas en base a criterios
nutricionales, las que deberán ser cubiertas mensualmente por las entidades previstas en el
artículo que se reglamenta. Estos productos deberán encontrarse inscriptos en el registro de
alimentos libres de gluten previsto en el artículo 5° de la presente reglamentación.
ARTICULO  10.-  El  MINISTERIO  DE  DESARROLLO SOCIAL determinará el procedimiento a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que se reglamenta.
ARTICULO  11.-  El  Programa  Nacional  de  Detección  y  Control  de  la  Enfermedad  Celíaca  —
creado por Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1560 de fecha 27 de noviembre de
2007— tendrá a su cargo el desarrollo de un plan de promoción de la investigación científica
en materia de celiaquía, actuando como espacio de coordinación entre diferentes
instituciones.
Del mismo modo, tendrá a su cargo la elaboración de un plan de acción para el desarrollo de
contenidos educativos que contribuyan a la capacitación, perfeccionamiento y actualización
de conocimientos básicos sobre la enfermedad, promoviendo la conciencia y articulando
intersectorialmente.
ARTICULO 12.- Instrúyese a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), a fin de que eleve a la Autoridad de
Aplicación las modificaciones necesarias para la adaptación dispuesta por el artículo que se
ACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), para que por medio del INSTITUTO
NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) ordene  las acciones correspondientes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que se reglamenta.
reglamenta.
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- Sin reglamentar.
ARTICULO 15.- Instrúyese a la ADMINISTR

LEY 26588 // LEY CELIACA.(2009)

L E Y  C E L Í A C A
Aprobada por Diputados y Senadores
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Diciembre 2009
1. Artículo 1°- Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnostico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
2. Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
3. Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (T.A.C.C.) que contengan por unidad de medida de los productos alimenticios para ser clasificados libres de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan la Autoridad de Aplicación fijará la disminuciòn paulatina de la toxicidad.
4. Art. 4°.- Los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda “libre de gluten” y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación.
5. Art. 5°.- El Ministerio de Salud debe llevar un registro de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, que actualizará en forma bimestral y publicará una vez al año, por los medios que determine la autoridad de aplicación.
6. Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe promover el cumplimiento de las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, coordinando acciones con los laboratorios de bromatología.
7. Art. 7º.- Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “libre de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
8. Art. 8º.- Los productores, importadores o cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º, deben difundirlos, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión la leyenda “libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe ser informada visual y sonoramente.
9. Art. 9º.- Las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación , la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación , las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con Celiaquía, que comprende la detección, el diagnostico, el seguimiento y el tratamiento de la misma, incluyendo las harinas y premezclas libres de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de aplicación.
10. Art. 10º.- El Ministerio de Desarrollo Social debe promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con Celiaquía que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación.
11. Art. 11.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las Universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe promover la investigación sobre la Celiaquía, con el objeto de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico, y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos, con el objeto de promover la concientización sobre la Celiaquía y con los organismos públicos nacionales competentes promover medidas de incentivo para el acceso a los alimentos libres de gluten.
12. Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe adaptar las disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo establecido por la presente ley en el plazo de NOVENTA (90) días de su publicación oficial.
13. Art. 13.- Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de la leyenda “libre de gluten” en envases o envoltorios de productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufacturas que se establezcan para la elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “libre de gluten”, de productos alimenticios que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
d) La falta de prestación total o parcial de la cobertura asistencial prevista en el artículo 9º , por parte de las entidades allí mencionadas;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las obligaciones establecidas, cometidas en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los incisos anteriores.
14. Art. 14.- Las infracciones a la presente ley, serán sancionados con:
a) apercibimiento;
b) publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo Nacional en forma anual conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC –, desde PESOS MIL ($ 1000) a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas se destinará a las campañas de difusión y capacitación establecidas en la presente ley.
15. Art. 15.- La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido.
Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
16. Art. 16.- Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
17. Art. 17.- Deróganse las leyes 24827 y 24953
18. Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutiv

LEY 26687.Regulación de la «»publicidad, promoción y consumo»» de los productos elaborados con tabaco.

 

Una Ley que venimos Pidiendo , tuvo poca publicidad en los medios, hay que hacerla cumplir, Ciudadanos, denunciar en la autoridad de aplicacion cuando veamos incumplimiento es tarea de todos.

 

LEY 26687

PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.)

Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Deróganse las Leyes N° 23.344 y su modificatoria Ley N° 24.044.

Sanción: 01/06/2011; Promulgación: 13/06/2011; Boletín Oficial 14/06/2011.

 

El Senado y Cámara de Diputados reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º.- La presente ley regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo.

Art. 2º.- Son objetivos de la presente ley:

a) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;

b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco;

c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo;

d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;

e) Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de productos elaborados con tabaco.

Art. 3º.- Quedan comprendidos en los alcances de esta ley todos los productos elaborados con tabaco, y los que sin serlo puedan identificarse con marcas o asociarse con ellos, de origen nacional o importados.

Art. 4º.- A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Consumo de productos elaborados con tabaco: El acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o sostener encendido un producto elaborado con tabaco;

b) Productos elaborados con tabaco: Los preparados que utilizan total o parcialmente como materia prima tabaco y son destinados a ser fumados, chupados, masticados, aspirados, inhalados o utilizados como rapé;

c) Humo de tabaco: La emanación que se desprende por la combustión de un producto elaborado con tabaco;

d) Publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente el consumo de productos elaborados con tabaco;

e) Control de productos elaborados con tabaco: Las diversas estrategias de reducción de la demanda y los daños asociados al consumo de productos elaborados con tabaco, con el objeto de mejorar la salud de la población;

f) Patrocinio de marca de productos elaborados con tabaco: Toda forma de contribución a cualquier acto, actividad, persona física o jurídica, pública o privada, con el fin, o a los efectos de promover la marca de un producto elaborado con tabaco;

g) Empaquetado de productos elaborados con tabaco: Se aplica a todo envase, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos elaborados con tabaco en su formato de venta al consumidor final;

h) Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio destinado al acceso público, tanto del ámbito público como privado, cubierto por un techo y confinado por paredes, independientemente de que la estructura sea permanente o temporal;

i) Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector cerrado dentro de un edificio o establecimiento, fijo o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan actividades laborales;

j) Medios de transporte público de pasajeros: Todo tipo de vehículo que circule por tierra, aire o agua utilizado para transportar pasajeros, con fines comerciales;

k) Clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco: Toda entidad constituida con la finalidad exclusiva de ofrecer un ámbito para degustar o consumir productos elaborados con tabaco;

l) Ingredientes: Cualquier sustancia o cualquier componente distinto de las hojas y otras partes naturales o no procesadas de la planta de tabaco que se use en la fabricación o preparación de un producto elaborado con tabaco y que siga estando presente en el producto terminado, aunque sea en forma modificada, incluidos el papel, el filtro, las tintas y los adhesivos;

m) Comunicación directa: Aquella que no es visible o accesible al público en general, y que está dirigida al público mayor de edad, identificado por el documento de identidad de cada uno de los que hayan aceptado en forma fehaciente recibir tal información.

Capítulo II

Publicidad, promoción y patrocinio

Art. 5º.- Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

Art. 6º.- Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la publicidad o promoción que se realice:

a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados con tabaco, conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley;

b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados con tabaco;

c) A través de comunicaciones directas a mayores de dieciocho (18) años, siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya verificado su edad.

Art. 7º.- En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción:

a) Fumar causa cáncer;

b) Fumar causa enfisema pulmonar;

c) Fumar causa adicción;

d) Fumar causa impotencia sexual;

e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;

f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte;

g) La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo;

h) Fumar causa muerte por asfixia;

i) Fumar quita años de vida;

j) Fumar puede causar amputación de piernas.

En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que produce el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje por la autoridad de aplicación de esta ley.

Art. 8º.- Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión.

Art. 9º.- Encomiéndase a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, conforme a lo previsto en el artículo 81 inciso j) de la ley 26.522, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción, de acuerdo a lo establecido en el Título VI de la misma norma, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación de la presente ley.

Capítulo III

Empaquetado de los productos elaborados con tabaco

Art. 10.- Los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del consumo de productos elaborados con tabaco, de conformidad con el listado expuesto en el artículo 7º de la presente, que será actualizado por la autoridad de aplicación con una periodicidad no superior a dos (2) años ni inferior a un (1) año.

Art. 11.- Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán consignados en cada paquete y envase individual de venta al público de los productos elaborados con tabaco. El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de una (1) de las superficies principales expuestas. La imagen ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de la otra superficie principal. Las empresas industrializadoras de productos elaborados con tabaco lanzarán sus unidades al mercado, garantizando la distribución homogénea y simultánea de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la variedad que hubiere dispuesto la autoridad de aplicación para cada período.

Art. 12.- Los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco deberán incluir además, en uno (1) de sus laterales, información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.

Art. 13.- En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como “Light”; “Suave”, “Milds”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán”, o términos similares, así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.

Art. 14.- Prohíbese la colocación o distribución de materiales o envoltorios externos que tengan la finalidad de impedir, reducir, dificultar o diluir la visualización de los mensajes, imágenes o informaciones exigidas por esta ley.

Capítulo IV

Composición de los productos elaborados con tabaco

Art. 15.- La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos destinados al comercio en el mercado nacional, deben ajustarse a los estándares prescriptos por esta ley. A estos fines los productos mencionados deben emanar como máximo:

a) once miligramos (11 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma;

b) un miligramo con un décimo de miligramo (1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma;

c) once miligramos (11 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y diez miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo año de vigencia de la misma.

Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos y cigarritos se medirán según las normas ISO 4387; ISO 10315 e ISO 8454, respectivamente o las que en el futuro se dicten. La medición de agua se hará de acuerdo a la norma ISO 10362-1, o la que en el futuro se dicte.

La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono se comprobarán según la norma ISO 8243 o las que en el futuro se dicten.

Los laboratorios que realicen las mediciones deberán poseer acreditación bajo la norma ISO 17.025, o las que en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados en las normas anteriormente mencionadas.

Art. 16.- El Ministerio de Salud, basándose en estándares, que estén aceptados internacionalmente, establecerá:

a) Los métodos de verificación de los estándares conforme lo normado en el artículo anterior;

b) La información que los fabricantes deberán proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los ingredientes utilizados en los productos elaborados con tabaco; de modo tal que queden protegidos los secretos industriales y de fórmulas de los fabricantes;

c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de acuerdo a criterios científicos objetivos y estándares internacionales, que los mismos incrementan la toxicidad total inherente de los productos bajo análisis.

Capítulo V

Venta y distribución

Art. 17.- Queda prohibida la venta, exhibición, distribución y promoción por cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:

a) Establecimientos de enseñanza de todos los niveles, estatales y privados;

b) Establecimientos hospitalarios y de atención de la salud, públicos y privados;

c) Oficinas y edificios públicos;

d) Medios de transporte público de pasajeros;

e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y estadios.

Art. 18.- Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier título, de productos elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18) años para su consumo o para el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor deberá verificar la edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del documento que la acredite.

Art. 19.- El responsable de la venta, distribución, promoción y entrega por cualquier título, de productos elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 según corresponda a su actividad.

Art. 20.- En el interior de los lugares de expendio de productos elaborados con tabaco, así como en los puntos de venta, distribución y entrega por cualquier título, deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución, promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años”, y el número de la presente ley.

Art. 21.- Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega, por cualquier título de productos elaborados con tabaco:

a) En paquetes abiertos;

b) En paquetes cerrados con menos de diez (10) unidades;

c) A través de máquinas expendedoras;

d) Por cualquier medio que impida verificar la edad del receptor.

Art. 22.- Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega por cualquier título, de artículos y productos, de uso y consumo corriente que aun no siendo productos elaborados con tabaco, puedan identificarse o asociarse con ellos a través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de productos elaborados con tabaco.

Capítulo VI

Protección ambiental contra el humo de productos elaborados con tabaco

Art. 23.- Se prohíbe fumar en:

a) Lugares de trabajo cerrados protegidos por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo;

b) Lugares cerrados de acceso público;

c) Centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones donde se realicen prácticas docentes en cualquiera de sus formas;

d) Establecimientos de guarda, atención e internación de niños en jardín maternal y de adultos en hogares para ancianos;

e) Museos y bibliotecas;

f) Espacios culturales y deportivos, incluyendo aquellos donde se realicen eventos de manera masiva;

g) Medios de transporte público de pasajeros;

h) Estaciones terminales de transporte;

i) Áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco generen un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales inflamables, estaciones de expendio de combustibles, sitios de almacenamiento de los mismos o materiales explosivos o similares;

j) Cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público, en forma libre o restringida, paga o gratuita, no incluido en los incisos precedentes.

Las personas no fumadoras tendrán el derecho de exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo local o establecimiento, conmine al infractor a cesar en su conducta.

Art. 24.- Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo anterior:

a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso de público en forma libre o restringida, paga o gratuita, mientras no se trate de establecimientos de atención de la salud o de enseñanza, excluidos los del ámbito universitario;

b) Los lugares de trabajo cerrados privados sin atención al público y sin empleados que cumplan funciones en esa misma dependencia;

c) Los clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco o tabaquerías con áreas especiales habilitadas por autoridad competente.

Art. 25.- En los lugares en que rija la prohibición de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar escrita en forma legible y prominente, en letreros de un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de lado colocados en un lugar visible, en letras negras sobre fondo blanco, con las demás características que establezca la reglamentación.

Art. 26.- La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de correo electrónico, que deberán ser difundidos a través de los medios masivos de comunicación y expuestos en forma visible en los lugares de venta de los productos elaborados con tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo.

Capítulo VII

Autoridad de aplicación

Art. 27.- Será autoridad de aplicación de la presente en el orden nacional el Ministerio de Salud.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias. A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales.

La autoridad de aplicación ejercerá su función sin perjuicio de la competencia de otros organismos en sus áreas específicas. En tal sentido el Ministerio de Salud actuará con el apoyo de los Ministerios de Educación, de Economía y Finanzas Públicas, de Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de Medios de Comunicación.

Capítulo VIII

Educación para la prevención

Art. 28.- La autoridad de aplicación deberá formular programas de prevención y abandono del consumo de productos elaborados con tabaco, destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su voluntad de participar en acciones contra el tabaquismo.

Art. 29.- La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de Educación, promoverá la realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de productos elaborados con tabaco.

Art. 30.- Las carreras profesionales relacionadas con la salud deberán incluir en sus contenidos curriculares el estudio e investigación de las patologías vinculadas con el tabaquismo, su prevención y tratamiento.

Art. 31.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con el fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo de productos elaborados con tabaco.

Asimismo se pondrá especial énfasis en el peligro que significa el tabaquismo tanto para la mujer embarazada y la madre lactante, como para la salud de su hijo.

Capítulo IX

Sanciones

Art. 32.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder:

a) Multa en moneda de curso legal, equivalente al valor al consumidor final de entre doscientos cincuenta (250) y un mil (1000) paquetes de veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en los Capítulos V y VI. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos (2500) paquetes con las mismas características;

b) Multa en pesos equivalente al valor de venta al consumidor final de diez mil (10.000) a cien mil (100.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor valor comercializado en el país, en caso de violación de lo dispuesto en los Capítulos II, III y IV. En caso de reincidencia, la multa se puede elevar hasta el valor equivalente a un millón (1.000.000) de paquetes de los antes enunciados;

c) Decomiso y destrucción de los materiales y los productos elaborados o comercializados que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;

d) Clausura del local, institución o cualquier otro establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.

Art. 33.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales.

El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción será destinado al financiamiento de los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley. Las sanciones establecidas en el artículo precedente podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad o reiteración.

Art. 34.- Las sanciones que se establecen por la presente ley serán aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando correspondiere, sin perjuicio de la competencia de otros organismos en la materia.

Art. 35.- El Ministerio de Salud creará un registro nacional de infractores de esta ley, y lo mantendrá actualizado coordinando sus acciones con las demás jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de esta ley.

Capítulo X

Disposiciones finales

Art. 36.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se financiará con los recursos provenientes de:

a) El producido de las multas establecidas;

b) Las sumas que a esos fines se asignen en el Presupuesto de la Administración Nacional;

c) Las donaciones y legados que se efectúen con ese destino específico.

Art. 37.- La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, con excepción de lo dispuesto por los artículos 10, 11, 12 y 13, que lo harán un (1) año después.

Art. 38.- La instrumentación de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º empezará a regir a partir de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

Art. 39.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.

Art. 40.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada.

Art. 41.- Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria ley 24.044.

Art. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. – REGISTRADO BAJO EL N° 26.687 –

José J. B. Pampuro; Eduardo A. Fellner; Enrique Hidalgo; Juan H. Estrada.

 

Ley 25.584 Prohíbese en los establecimientos de Educación Pública toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas

EY 25584 

PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.)

Educación 

Prohíbese en los establecimientos de educación pública toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas.

Sanción: 11/04/2002; Promulgación: 02/05/2002; Boletín Oficial 07/05/2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º – Se prohíbe a los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de educación pública de todo el país, en todos los niveles del sistema y de cualquier modalidad, la adopción de acciones institucionales que impidan o perturben el inicio o prosecución normal de sus estudios a las estudiantes en estado de gravidez o durante el período de lactancia y a los estudiantes en su carácter de progenitores. Las autoridades educativas del respectivo establecimiento estarán obligadas, en cuanto a la estudiante embarazada, a autorizar los permisos que, en razón de su estado sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como la del ser durante su gestación y el correspondiente período de lactancia.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley 25.808 – B.O. 28/11/2003)

ARTICULO 2º – El Ministerio de Educación de la Nación se compromete, con la autoridad educativa jurisdiccional correspondiente, a hacer pública toda práctica irregular referida en el artículo 1°, dando el curso administrativo o judicial adecuado.

ARTICULO 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS.

– REGISTRADA BAJO EL N° 25.584 –

EDUARDO O. CAMAÑO. – MARCELO E. LOPEZ ARIAS. – Eduardo D. Rollano. – Juan C. Oyarzún.